Sobre la adquisición del 82.16 % de las acciones de la empresa Triple A por parte de la Alcaldía de Barranquilla a través de la empresa Alumbrado Público de Barranquilla (APBAQ), el Distrito de Barranquilla se defendió ante los cuestionamientos que realizó el secretario de Transparencia del Gobierno Nacional, Andrés Idarraga, quien aseguró que la compra de las acciones se había hecho bajo la participación de un tercero a través de ‘un mico’ en la modificación del código de extinción de dominio este año 2022.
La alcaldía de Barranquilla señaló que la adquisición responde a una recuperación estratégica de un activo que pertenece a los barranquilleros, realizándose bajo el amparo de las normas vigentes, confirmando que la empresa Triple A volvió a tener mayor participación pública para mejorar los servicio de acueducto, aseo y alcantarillado en el área metropolitana de Barranquilla.
"Lo que nosotros observamos es la posibilidad, que se discutió con el Gobierno del ex presidente Iván Duque, de aplicar una figura que se trata de una enajenación directa entre entidades públicas, en la que hay una prevalencia que demuestra que el interés le corresponde a la entidad territorial, en este caso a la Alcaldía de Barranquilla", detalló Adalberto Palacio, secretario jurídico de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.
Así mismo, Palacio acotó que dicha operación de compra se dio bajo los términos contemplados en la ley: "El Distrito de Barranquilla es el encargado del suministro de los servicios públicos y por eso acudimos a esa ley, bajo aprobación del mismo ex presidente Iván Duque, quién inspeccionó todo el proceso de compra de las acciones", explicó.
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Por su parte, mencionó que el Distrito de Barranquilla cuenta con una participación accionaria del 14.5%, a lo que se suma el trámite de adquisición de la compra de acciones, que le devolverían otro 82.16% de las mismas.
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Cabe mencionar que los cuestionamientos que entregó Andrés Idarraga, secretario de Transparencia del Gobierno, se dieron en el marco de una entrevista realizada ante un medio radial nacional, en la que aseguró que en dicha compra hubo omisiones en el comité técnico y que, precisamente a través de lo que llamó ‘un mico’ en la modificación del código de extinción de dominio, legalizaron que un tercero (privado) se involucrara en la negociación de dichas acciones.
Además, explicó que lo grave no fue la compra por un "irrisorio" valor de $565.000 millones de pesos, sino que, además, se embargaron las acciones de Inassa, lo que conllevaría a un detrimento patrimonial y a privatizar el derecho al agua, aseo y alcantarillado de los usuarios.
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