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La primera visita del presidente Gustavo Petro al departamento del Atlántico, luego de un mes desde su posesión, estuvo marcada por una agenda de anuncios, propuestas y requerimientos a ministros, gobernadores y alcaldes del país para atender la crítica ola invernal que arreciará con más fuerza durante el último trimestre de este año 2022.
Durante su arribo al municipio de Santa Lucía, Atlántico, en el marco de la Mesa de Concertación Ampliada para socializar el megaproyecto del Canal del Dique con alcaldes, gobernadores del Caribe y comunidades ribereñas al afluente; el Gobierno Nacional confirmó que tras el estudio de algunos requerimientos ambientales, será necesario aplazar la fecha de adjudicación de la APP para el próximo 27 de septiembre.
El presidente Gustavo Petro aseguró que concebir el megaproyecto del Canal del Dique desde las obras que se plantearon en el pasado “no servirá de nada”, ya que la agudeza del cambio climático obligaba a tomar decisiones de otro tipo, señalando que tal vez la matriz del proyecto tenga que ser replanteada.
“¿No es el momento acaso de una emergencia? Pero si vamos a vivir un episodio peor que en el 2010 en términos de clima, entonces el país necesariamente tiene que entrar en una emergencia económica”, sostuvo.
Así las cosas, mientras se debaten las obras necesarias para determinar la reformulación del proyecto del Canal del Dique, el presidente Gustavo Petro entregó instrucciones en términos inmediatos. Entre ellos, la creación de Comités de Riesgo en municipios ribereños al Canal del Dique para identificar las zonas en las que se hará necesaria la reubicación de sus comunidades a través de Mapas de Riesgo, alistando políticas para mitigar el hambre durante los próximos tres meses de intensas lluvias.
Sin embargo, posiciones encontradas se generan entre las comunidades ribereñas al Canal Del Dique, ya que líderes campesinos y comunitarios piden ser incluidos en las mesas técnicas para que se garantice el componente social de la obra, al tiempo que solicitan trabajos inmediatos para evitar una tragedia ambiental.
“Cuando entendamos que es una visión integral la que se debe tejer en torno a la APP del Dique, sabremos que también puede ser un gran factor de atraso por la falta de un componente social”, aseguró Fernando Marimón, líder comunitario en el sur del Atlántico.
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Por su parte, Alexander Jordán, líder campesino y veedor comunitario; aseguró que “siempre estamos asustados por los embates del Canal del Dique y no podemos permitirnos volver a las calles de Barranquilla como indigentes porque estamos en riesgo de inundaciones”.
Hablan los gobernadores de la región Caribe.
A la Mesa de Concertación Ampliada también se sumaron las voces de los gobernadores de Bolívar, Sucre y Atlántico, quienes emitieron una serie de propuestas para llevar a mejor término el megaproyecto de la APP del Dique.
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La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, pidió la construcción de una infraestructura metálica para evitar un boquete como el del año 2010 a la altura del municipio de Santa Lucía, además de dos ‘diques’ de contención a la altura de las compuertas en Manatí y Repelón.
“Hoy nuestra gente está sufriendo. Por ende, tenemos tres proyectos de mitigación que van desde la construcción de una infraestructura metálica para evitar un boquete como el del 2010, hasta la puesta en marcha de dos ‘diques’ de contención a la altura de las compuertas en Manatí y Repelón. Eso aliviaría mucho y protegería la zona donde están las compuertas del Embalse de Guájaro. Por último, que la represa sea atendida”.
Por otro lado; el gobernador de Bolívar, Vicente Blel, propuso la creación de múltiples sedes del SENA entre los departamentos de Bolívar y Atlántico, para capacitar a las comunidades que quieran trabajar en el proyecto, teniendo en cuenta que serán cerca de 60.000 empleos los que generaría el megaproyecto.
“No tenemos como atender la emergencia. Las comunidades reclaman mayor inversión en la mitigación del efecto que amenaza a 22 de los 34 municipios de Bolívar. En este proyecto se van a generar 60 mil empleos y queremos una sede del SENA en cada municipio, para que los empleos que se generen, sean ocupados por habitantes del Atlántico y Bolívar”, propuso.
Jenny Lindo, gobernadora (e) de Sucre, pidió revisar que la sedimentación de las obras no llegue hasta el Golfo de Morrosquillo, mostrando su interés por ser parte del megaproyecto, sumarse y aportar recursos.
“Sucre quiere ser parte del proyecto del Canal del Dique. Solo queremos que el proyecto “se dé pero no así”. Que los sedimentos que actualmente están llegando no continúen arrastrándose hasta el Golfo de Morrosquillo. Las comunidades de Sucre deben ver beneficios en este megaproyecto, precisó.
Por último, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes precisó que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo informará el número de habitantes en alto grado de riesgo que tendrán que ser reubicados “con urgencia”, anunciando que el próximo 27 de septiembre se conocerá la decisión final.
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Obras en el sector de Cara e’ Gato, en La Mojana.
En medio de la Mesa de Concertación Ampliada para socializar el proyecto del Canal del Dique en el municipio de Santa Lucia, sur del Atlántico, el presidente Gustavo Petro se refirió a las obras del sector de Cara e' Gato, en La Mojana, asegurando que la suspensión de ellas respondían a una decisión institucional para salvaguardar los derechos de los campesinos.
El jefe de estado señaló que el 10 % de los propietarios contaban con más del 80 % de la tierra, asegurando que la obra valorizaría justamente la tierra de ''terratenientes' y no reivindicaría a las poblaciones campesinas que viven inundadas.
“No podemos continuar con esos trabajos. Los campesinos no serán los dueños de la tierra, porque estaremos valorizándole la tierra a un pequeño grupo de terratenientes”, indicó.
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Además, el dirigente aseguró que pese al plan de inversión de $1.2 billones de pesos implementado por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, no se mitigó el riesgo por inundaciones, lo que obligaría a trabajar sin modelos de obras pasadas.
Ante la tragedia humanitaria que vive el sector de La Mojana, el presidente Gustavo Petro ordenó reubicar a las familias damnificadas de las inundaciones en predios que de encuentren en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ya sea en zonas rurales o en las ciudades.
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