La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP lanzó un protocolo con el cual se busca apoyar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el Canal del Dique. Este protocolo incorpora un enfoque territorial, étnico y de género y la Fiscalía atenderá cualquier hallazgo de interés forense, en coordinación con la unidad de búsqueda.“En la jurisdicción ponemos en el centro a las víctimas, este es un ejercicio de justicia. La JEP viene aquí a reconocer sus dolores y a decirles que en nombre del Estado venimos a reconocer lo que ustedes han vivido y reconocer las luchas de búsqueda de sus seres queridos”, señaló el presidente de la JEP, el magistrado Roberto Vidal durante la audiencia en Calamar, Bolívar.El plan lo deberán implementar las entidades del sector transporte, en diferentes proyectos de infraestructura. De esta manera se busca establecer el universo de víctimas de desaparición forzada en la zona, realizar diligencia de exhumación y ubicar posibles sitios de disposición de cuerpos esqueletizados."Por primera vez, gracias a las órdenes dadas por la jurisdicción, las autoridades nacionales del sector transporte, la comunidad, las víctimas, las entidades con competencia en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la empresa privada acordaron un mecanismo conjunto para la garantía de los derechos de las víctimas de desaparición forzada", señaló el magistrado Alejandro Ramelli, relator de la medida cautelar de Canal del Dique.Por su parte, el magistrado Raúl Eduardo Sánchez, quien es presidente de la sección, explicó que la sección ha realizado 1.530 exhumaciones en las cuales han podido identificar 81 personas."Estos pasos llevan a la reconciliación nacional, a la verdad y a la sanción que tanto piden las víctimas del conflicto armado", explicó Sánchez.
Agilizar los trámites de la licencia ambiental del macroproyecto del Canal del Dique es el llamado vehemente que al unísono hicieron el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y los alcaldes de Luruaco, Campo de la Cruz, Candelaria, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucía y Suan.El gobernador recordó que “la ANI LA solicitó que el proyecto debe contar con licencia ambiental, pero Cormagdalena, el dueño del instrumento ambiental, impugnó dicha resolución”. Criticó que “hasta el momento la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no se ha pronunciado sobre esta impugnación, lo que sigue retrasando y perdiendo tiempo valioso para el inicio del proyecto”."Estamos requiriendo una acción urgente por parte del Ministerio de Ambiente, para que expidan de una vez los términos de referencias para poder iniciar los trámites de la licencia ambiental del megaproyecto 'Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique'", agregó el gobernador del Atlántico.El pronunciamiento de Verano se dio durante una audiencia pública en Barranquilla sobre la socialización del proyecto 'Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique', el cual tiene como objetivo evidenciar las acciones y planes de contingencia frente a la llegada del Fenómeno de La Niña a esta zona del país.Allí, la Agencia Nacional de Infraestructura también expresó que está a la espera de que la ANLA se pronuncie frente al tema del licenciamiento ambiental para poder proceder. Además. se dio el pronunciamiento de Carolina Barbanti, vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI."Igualmente, desde el Ministerio del Ambiente hemos contado con la disposición de la señora ministra, para poder trabajar de manera expedita en las situaciones que se presenten y lo más importante es evitar que se presenten emergencias como inundaciones, y el tema de licenciamiento, la semana entrante una vez definido podemos proceder.". dijo.El megaproyecto, que le fue adjudicado a la empresa Sacyr el 7 de diciembre de 2022, está contemplado para ser ejecutado por etapas, en un período estimado de 15 años y con una inversión 3,1 billones de pesos, recursos distribuidos entre obras, operación y mantenimiento.
En buenas cantidades y con la presión suficiente empezó a llegar el agua potable a los habitantes de los municipios de Manatí y Candelaria, y de los corregimientos de Carreto y Leña, para quienes instalaron un nuevo sistema de bombeo en la zona de captación del Canal del Dique.Este sistema capta hasta 120 litros de agua por segundo, los cuales viajan 14 kilómetros hasta el acueducto regional del sur del Atlántico para su procesamiento y de allí son distribuidos a las casas, donde la comunidad ya empezó a percibir un mejor servicio del agua potable en medio de una larga sequía."Antes era muy difícil, porque no llegaba el agua, pero ahora gracias a Dios está llegando con normalidad y con bastante fuerza", expresó una usuaria.Edwin Ortiz, jefe de Unidad de Aqualia, explicó que, a pesar de la defraudación o robo de agua que se produce en el camino, gracias a este nuevo equipo hoy día están ingresando 101 litros de agua por segundo al acueducto para su inmediato tratamiento y distribución."Ese caudal nos permitirá brindar agua 24/7 al municipio de Manatí y, así mismo llevar el servicio a todos los habitantes de Candelaria diariamente", afirmó Ortiz.Sobre los nuevos equiposEstos nuevos equipos tienen el reto de mantener la prestación del servicio de agua potable en momentos en que el río Magdalena, a la altura del sur del Atlántico, registra niveles de apenas 1.74 metros, según la más reciente medición practicada este miércoles desde la estación San Pedrito de Suan.
Bajo monitoreo permanente se encuentran las 14 bocatomas instaladas en el departamento del Atlántico, específicamente sobre el río Magdalena y el Canal del Dique, con el fin de supervisar el abastecimiento de agua potable en los municipios del departamento.A su vez, en el Atlántico se mantienen activos todos los planes de contingencia, pues esta semana los niveles del río Magdalena tuvieron una tendencia a la baja y, si bien en las últimas horas aumentaron dos centímetros, estos apenas alcanzaron 1.60 metros durante la última medición de este viernes en la estación San Pedrito, ubicada en el sur del departamento, a la altura del municipio de Suan.Lady Ospina, secretaria de Agua del Atlántico, advirtió que si el río desciende por debajo de 1.50 metros, el departamento estará “en condiciones muy críticas para garantizar la prestación del servicio”.Luego, la preocupación podría incrementarse un poco más si se tiene en cuenta que una sequía prolongada llevaría al río Magdalena a niveles por debajo de un metro."Si la temporada seca se extiende, tal como lo ha manifestado en repetidas ocasiones el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, podríamos estar llegando a un río de hasta 90 centímetros, según los monitoreos que hemos hecho en la estación San Pedrito y, de esta manera, tendríamos una situación de desabastecimiento muy fuerte". Vale recordar que, debido a los bajos niveles que viene registrando el río Magdalena desde que inició el 2024, en los municipios de Luruaco y Suan, en el sur del departamento del Atlántico, ya empezó a implementarse el racionamiento de agua para garantizar que, de alguna manera, todos los habitantes puedan acceder al servicio público.
Al término de la reunión en Barranquilla para analizar los avances del megaproyecto del Canal del Dique durante este sábado, 23 de marzo, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, no se mostró muy de acuerdo con la polémica propuesta hecha por el presidente Gustavo Petro sobre el cobro de un impuesto de valorización, en el marco de las obras de recuperación del Canal del Dique. Aunque Verano de La Rosa reconoció que no hizo parte de la agenda del día, sí manifestó tener “ciertas consideraciones” frente a la misma porque, de llegarse a presentar el cobro de un impuesto de valorización, los recursos deben ser reinvertidos en el mismo departamento en el que se recaudaron."Ojalá no se cobrara esa valorización pero, lo único que sí queremos, es que si se va a cobrar una valorización tiene que ser bajo una condición de que esos recursos sean reinvertidos en el mismo territorio en el que se paga", dijo Verano.Sin embargo, el que sí se mostró visiblemente molesto fue el senador del Partido Centro Democrático, Carlos Meisel, quien aseguró que una región como el Caribe, que padece de tantas necesidades, no podía cargar con el cobro de un nuevo impuesto."Yo la verdad es que no estoy de acuerdo con eso y le hago un llamado a la ciudadanía para que nos unamos. Aquí no podemos nosotros, en una región como el Caribe con tantas necesidades, que nos vengan a colocar más cargas. No entiendo por qué todo el tema de valorización quieren empezarlo aquí en el Caribe", dijo.En este sentido, el congresista de la Bancada Caribe propuso “unir fuerzas” porque, sumado al cobro de valorización de la vía Barranquilla - Cartagena, tampoco se pueden omitir las altas tarifas de energía eléctrica que hoy tienen en jaque el bolsillo de más de 11 millones de ciudadanos.Como se recordará, éste proyecto es una de las obras fluviales más importantes del país, la cual tendrá una inversión de más de $3,25 billones de pesos y estará a cargo de la empresa Sacyr Colombia SAS. De la obra, además, se espera que brinde solución a los problemas de inundaciones periódicas a poblaciones de 19 municipios de cuatro departamentos.Se plantea que este mega-proyecto tenga una longitud total intervención de 116 kilómetros, que comprende la hidrovía, entre Calamar y la bahía de la ciudad de Cartagena.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, indicó desde Barranquilla que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) tiene la responsabilidad de definir las obras que requieren licenciamiento ambiental, en el marco del megaproyecto que contempla las obras de restauración de los ecosistemas del Canal del Dique.Sus palabras, que se dieron al término de la reunión convocada en la capital del Atlántico para analizar los avances del billonario proyecto, se derivaron de las profundas preocupaciones que sigue generando su puesta en marcha que, aunque ya adjudicado a la firma Sacyr, continúa despertando tensiones entre diferentes actores sociales, políticos, económicos y hasta ambientales.Siendo así, la alta funcionaria indicó que aún existe “alta incertidumbre” frente a los impactos ambientales que tendrían tres Parques Nacionales Naturales de nuestro país y otros ecosistemas aledaños en la margen del Canal del Dique."Hoy tienen alta incertidumbre los impactos ambientales y que, además, por potencialmente afectar un Parque Nacional es objeto legal de licencia. En este sentido, explicamos todo eso a los actores, pues es un proceso permanente de manejo de riesgos, de procesos contractuales, pero también de un escenario de generación de oportunidades", dijo Muhamad.La funcionaria también destacó que entre las tareas trazadas está la de buscar la asesoría de una comisión de expertos que faciliten la superación de obstáculos que pueden frenar el megaproyecto y lograr consensos concretos; llevar a la estructuración de un documento Conpes como herramienta para la transformación social y económica de la región; y la propuesta de que sea la RAP Caribe la que se encargue de la gerencia integral.Además, también precisó que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) solicitó en el contrato que se adelante la actualización de la línea base de todos los estudios que permitieron la adjudicación de la obra a la empresa de Ecosistemas del Canal del Dique, filial de la firma Sacyr, la cual deberá ser entregada a más tardar en agosto de éste 2024.“Tenemos 18 meses para seguir evaluando el proyecto, puesto que el contratista está actualizando la línea de base ambiental la cual debe entregarnos en el próximo mes de agosto, además debemos estar atentos a la resolución de unos recursos que interpusieron ante la ANLA sobre la licencia ambiental, decisión que se debe conocer a mediados del mes de mayo”, manifestó la ministra Muhamad.A su turno, el ministro de Transporte, William Camargo, ratificó la importancia del proceso de licenciamiento ambiental para conocer de qué manera se ejecutarán las obras que se tienen contempladas, teniendo en cuenta que el Gobierno nacional viene impulsando iniciativas de largo aliento hacia el 2050."La tarea es buscar consensos; poner todo en blanco y negro hasta lograr acuerdos y recursos de otros ministerios y de otras instancias”, anotó.Aunque los ministros reconocen que el proceso de licenciamiento ambiental podría representar un riesgo para el cumplimiento en los plazos del cronograma, no hay que descartar las acciones judiciales y/o solicitudes de audiencia pública que ralentizarían la ejecución de las obras.
La solicitud de licencia ambiental para el megaproyecto del Canal del Dique es un hecho que quedó ratificado en resolución de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el pasado 29 de febrero. Desde Cartagena, el director de la ANLA, Rodrigo Negrete, aseguró que esta exigencia no es un tema “caprichoso” sino un requisito de ley para cualquier proyecto que impacte los Parques Naturales de Colombia, como es este caso.Negrete señaló que actualmente hay información deficiente y desactualizada, incluso de hace 15 años, sobre el impacto ambiental que generaría el traslado de sedimentos principalmente a las ciénagas y el Golfo de Morrosquillo.“Tenemos una información desactualizada, deficiente, insuficiente, no integral, que no mira los impactos que genera el proyecto (…) Por ejemplo, la carga de sedimento que se ingresa al canal del Dique, del rio Magdalena, a Calamar, hoy se descarga en la ciénaga, en la bahía de Cartagena y en la bahía de Barbacoas, fundamentalmente. El proyecto es cero sedimentos a estas dos bahías, pero podríamos trasladar entonces ese problema de los sedimentos hacia las ciénagas”, explicó.El director de la ANLA sostuvo que el proyecto tiene más incertidumbres que respuestas sobre el manejo de estos sedimentos, un impacto ambiental, que afirma, no ha sido dimensionado.“Nos preocupa la incertidumbre que hay de ese impacto ambiental, no todo es maravilloso como lo están planteando, hay impacto ambiental, el proyecto es necesario y estamos de acuerdo que se requiere para el país, el Gobierno esta comprometido en eso, pero este proyecto genera un impacto que hoy no está dimensionado de manera adecuada, y eso nos preocupa”, afirmó.Acerca del tiempo en que se podría tener lista y aprobada dicha licencia ambiental, para evitar retrasos en el inicio de las obras como han señalado alcaldes y gobernadores del área de influencia del proyecto, Negrete aseguró que esto va depender estrictamente del concesionario pero que el trámite se podría extender hasta 2025.“El tiempo va depender de que Sacyr tenga los estudios de impacto ambiental (…) tenemos información de más de 15 años, es como si tú plantearas una mega autopista pero no sabes que va debajo de ella, eso es parte del problema que tenemos (…) tenemos es desinformación, más que la certeza, y la licencia ambiental tiene un fin preventivo”, sostuvo.A su vez, detalló el funcionario que el concesionario del megaproyecto puede adelantar obras que no requieren licenciamiento en esta etapa de preconstrucción como de protección frente a inundaciones y las vías dique.“La preocupación de los gobernadores y de alcaldes y de las comunidades locales de posibles inundaciones, no dependen de la licencia ambiental de este proyecto, esas obras de pueden hacer en cualquier momento sin necesidad de licencia ambiental, por supuesto tendrán que tramitar los permisos y autorizaciones, no pueden indagarse a la ANLA una situación que pueda representarse en una inundación”, puntualizó.
Tras reunirse con el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y los gobernadores de Bolívar, Yamil Arana; Atlántico, Eduardo Verano; y Sucre, Lucy Inés García; la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ratificó que la licencia ambiental será un requisito para el inicio de las principales obras del megaproyecto del Canal del Dique.La jefe de la cartera de medioambiente explicó que el instrumento ambiental que utilizó la empresa Sacyr, contratista del megaproyecto, no permite medir los impactos que se van a generar, por ejemplo, con los sedimentos que serán desviados al departamento de Sucre, y los ecosistemas de tres parques naturales.“Esto realmente es para tener un proyecto de calidad, no un proyecto que resuelva un problema en la bahía de Cartagena y genere un problema en el departamento de Sucre, un proyecto en donde se tenga en cuenta el bienestar de las comunidades y un proyecto responsable, para eso es la licencia ambiental”, señaló.Entretanto, la ministra de Ambiente sostuvo que en 15 días se llevará a cabo una segunda mesa de trabajo en la que se definirá un cronograma para este licenciamiento.La ministra de Ambiente, además, puntualizó que el contratista tiene 18 meses, de los cuales ya han corrido siete, para ajustar aspectos importantes del proyecto, en este caso el trámite de licencia ambiental.“El contratista tiene 18 meses antes de iniciar la obra para adecuar diseños, mirar estudios, pedir los permisos ambientales (…) Es utilizar ese tiempo en paralelo para el trámite de la licencia ambiental, y tenemos un compromiso los gobernadores, el alcalde, todo el sistema ambiental, y el sector transporte , de coordinarnos y articularnos para que podamos hacerlo de la forma más eficiente pero con mucha rigurosidad y calidad”, agregó.A su vez, la ministra de Ambiente fue enfática en que esta no es una 'traba' para el megaproyecto de restauración ambiental del Canal del Dique.“Lo que estamos buscando es más garantías para un proyecto de calidad, garantías para el ambiente de la región y garantías para las comunidades; entonces más que una traba tiene que verse como mejorar la calidad del proyecto”, puntualizó.”No creo que podamos eludir la licencia”: gobernador del AtlánticoEl gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien junto al alcalde de Cartagena, lidera esta convocatoria de mesa de trabajo junto a la minambiente, aseguró que se deben aprovechar estos meses para sacar adelante la licencia, y que en este es importante que el Ministerio de Transporte y todas las demás entidades se vinculen a este proyecto.“Esperamos que podamos agilizar todo lo que tenga ver con la licencia ambiental, no creo que podamos eludir la exigencia de licencia, y eso es así, estamos en una situación en la que el contratista debe ajustar los tiempos, aprovechar los 18 meses que le da el contrato para hacer todas estas tareas, y hacer la licencia ambiental en el tiempo que está requerido”, dijo.Por su parte el alcalde, Dumek Turbay, describió la reunión con la jefe de la cartera de ambiente como un espacio importante que permitió despejar dudas y aportar claridad sobre el futuro del proyecto.“La reunión es importante se despejan muchas dudas; se acaban comentarios, la licencia ambiental es necesaria, es lo que hoy podemos decir, y frente a esto tenemos que trabajar ya (…) Hay una fase de tiempo que está corriendo que está a cargo del contratista, es decir quedamos en manos del contratista, y se debe hacer la tarea. El acuerdo de Estado que se consolida el día de hoy es que todos vamos a aportar lo propio, hacer el esfuerzo para que en los 11 meses que le hacen falta al contratista de la primera fase, que son 18 meses, el contratista pueda hacer la tarea”, detalló.El mandatario cartagenero estuvo de acuerdo con la ministra Muhamad en que el proyecto debía garantizar el equilibrio para todas las regiones, y además propuso un amplio mecanismo ciudadano que permita tener la licencia lista y aprobada a diciembre de 2024.
En Campo de la Cruz, Manatí, Suan y otros pueblos del departamento del Atlántico, los cuerpos de agua que dependen del río Magdalena, el más importante del país, están casi secos y el agua potable empieza a faltar debido a la intensa sequía causada por el fenómeno de El Niño.Lucio Ávila, un campesino de 45 años que toda su vida ha trabajado en fincas ubicadas en el distrito de riego de Manatí, observa con preocupación que cada día los niveles del Magdalena y del Canal del Dique siguen bajando y la tierra de la que vive está cada vez más seca."Bajo, bajo, el nivel está bastante bajo. En años anteriores el Canal del Dique apenas comenzaba a bajar para este tiempo y hoy apenas estamos empezando febrero y mira por donde va", dice a EFE preocupado por la escasez de agua en una zona en la que sus habitantes viven de la agricultura y la ganadería, actividades que hoy no son productivas.Lucha por el agua potableA menos de 10 kilómetros de allí, en la bocatoma del acueducto de Campo de la Cruz, pueblo que se abastece del río Magdalena, trabajadores con maquinaria pesada rompen la tierra para hacer un canal que lleve agua a los 24.000 habitantes del pueblo que literalmente se mueren de sed.La situación es tan dramática debido a la merma casi total del caudal de uno de los brazos del río Magdalena que la alcaldesa de Campo de la Cruz, Vanesa Torres, declaró el estado de 'calamidad pública' para atender la emergencia."Por el momento, con los trabajos que se están adelantando hay una solución provisional al tema de suministro a Campo de la Cruz, pero si el nivel del río Magdalena sigue bajando al ritmo que lleva, en dos semanas ya no tendríamos agua", explica a EFE el secretario de Planeación de ese municipio, Lewis Rafael Valencia.En la explanada en la que se convirtió un brazo del río, el operario de una excavadora retira arena para tratar de conectarlo nuevamente con el cauce principal y hacer un trasvase para que el agua vuelva a correr."El río se retiró y la barcaza en donde está el sistema de captación quedó sobre lodo y no había manera de enviar agua potable a Campo de la Cruz y el corregimiento de Bohórquez", explicó Valencia.Según el funcionario, la falta de lluvias también ha provocado incendios forestales que han quemado unas 14 hectáreas."Este punto de Campo de la Cruz es el más crítico, vamos a garantizar que no haya desabastecimiento total ni en la cabecera municipal, ni en el corregimiento de Bohórquez", manifestó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, en una visita que hizo al pueblo el miércoles.Bajo nivel del ríoSegún la estación de monitoreo del Instituto Nacional de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en el punto donde nace el Canal del Dique, los niveles del Magdalena han descendido desde noviembre pasado más de cuatro metros, lo que supone un problema muy grave para los acueductos que se surten del río.Ese panorama se repite en varias partes del país pero se torna más grave en los pueblos del sur del Atlántico, que tienen una estrecha relación con el Magdalena, ya próximo a su desembocadura, y con el Canal del Dique."Al momento, 233 municipios de 16 departamentos presentan desabastecimiento de agua potable. De estos, 16 ya tienen racionamiento del líquido y hay 602 más con susceptibilidad de sufrir afectaciones", advirtió la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd).Karolai Calvo, alcaldesa de Suan, otra población a orillas del río Magdalena, explica que aunque con el acueducto tomaron acciones preventivas "que nos permiten funcionar adecuadamente, en el sector rural hay serios problemas porque los cultivos se están afectando por la falta de agua".Calvo se refirió a la necesidad de apoyo para el suministro de agua potable a zonas rurales que no cuentan con abastecimiento, en especial a los distritos de riego de Santa Lucía y Suan.Desde el atracadero de lanchas de Suan, algunos habitantes observan un planchón cargado con siete camiones que pasa por el río con dificultad debido al bajo nivel del agua, que hace seis meses estaba por encima de los seis metros y hoy tiene una profundidad de solo 1,97 metros.Los habitantes no dejan de comparar esta situación con la de hace casi 14 años cuando esa región de mil kilómetros cuadrados ubicada entre el río Magdalena y el Canal del Dique, en la que viven cerca de 120.000 personas, fue arrasada por las inundaciones causadas por el fenómeno de La Niña, opuesto al de El Niño, que ahora amenaza con matarlos de sed. EFE
Los devastadores efectos que viene provocando el fenómeno de El Niño mantiene con desabastecimiento parcial de agua potable al municipio de Manatí, Atlántico, desde que arrancó este primer mes del 2024, pues ante la preocupante reducción en los niveles del río Magdalena y Canal del Dique, la captación del líquido ha sido prácticamente nula para esta población que concentra más de 65.000 habitantes.La situación parece más crítica para los barrios Buenos Aires, La Piñuelita, El Cementerio y El Piñango, donde tuvieron que ser enviados cinco carrotanques para el suministro de agua potable, pues el líquido que están utilizando para realizar sus actividades cotidianas se han visto obligados a sacarlo de un pozo cercano.Elda Moreno, una de las afectadas del barrio Buenos Aires, aseguró que dicha contingencia ha sido recurrente en los más de 15 años que lleva viviendo en el sector. "No hay agua para nada, nos levantamos y es un desespero porque no tenemos para hacer café ni para bañarnos. Esta situación se ha mantenido así porque yo tengo de 15 a 20 años viviendo por acá y con el fenómeno de El Niño ni gota de agua nos llega". Por su parte, Nilson Fontalvo, campesino de Manatí, advirtió que hasta los cultivos se estarían perdiendo por cuenta de la intensa sequía que los azota desde finales del 2023, teniendo en cuenta que los canales de drenaje no tienen ni una gota de agua en estos momentos."Los canales de drenjae están totalmente secos, la subestación de 'Boquitas' está seca; así como estamos sufriendo en el casco urbano de municipio, en zona rural también padecemos la misma tragedia. Todos los animales están afectados, los cultivos, todo". La emergencia llevó a que desde el Concejo Municipal se pidiera convocar un Comité de Gestión del Riesgo e, incluso, no descartan llamar a un debate de control político a la empresa Aqualia, encargada del suministro de agua potable en el sur del Atlántico, para que rinda informes sobre los planes de contingencia que se encuentran activos para atender la emergencia por desabastecimiento. ¿Qué responde la empresa Aqualia?En respuesta a los requerimientos, la empresa Aqualia manifestó que en estos momentos se tienen instaladas cinco barcazas para la captación de agua entre los municipios de Campo de la Cruz, Manatí, Candelaría, Santa Lucía, Repelón y Luruaco; siendo las secciones del Atlántico más afetadas por cuenta del desabastecimiento de agua. Así mismo, siguen atendiendo con el envío de carro-tanques más de 50 poblaciones, entre veredas y corregimientos, en los municipios de Campo de la Cruz, Manatí y Candelaria, pues por lo elevada de las zonas donde se está presentando la crisis no alcanza a llegar el agua potable. Edwin Ortíz, jefe de Unidad de Aqualia Atlántico, indicó que "en ese plan de contingencia comenzamos con algunas actividadas con la instalación de barcazas o estacions flotantes en el río Magdalena y el Canal del Dique para garantizar el suministro de agua potable con la captación de agua". Así mismo, Ortíz fue enfático en señalar que "es habitual que todas las Administraciones Municipales nos convoquen para los detalles de nuestra gestión y, podemos decirles, que las acciones que hemos realizado en los municipios con mayores problemas de captación hemos podido mantener el servicio, el desabastecimiento no ha sido total".
Luego de la inauguración realizada este viernes a lo largo del Rio Senna en París, este sábado, con la participación de cuatro deportistas colombianos en igual número de disciplinas, continuará la programación de los Juegos Olímpicos París 2024.Debuta el judo colombiano en París 2024La judoca Erika Lasso será la primera que tendrá acción este sábado en las justas en la capital francesa. Su participación comenzará, con la fase preliminar, a partir de las 3:00 de la mañana hora de Colombia y 10 de la mañana hora de Francia. De avanzar, la deportista, que participará en la modalidad de 48 kilogramos femenino, pasaría a participar del bloque final, que se desarrollará desde las 9 de la mañana de Colombia, es decir, las 4 de la tarde de París.Colombia, presente en el skate olímpico en París 2024Luego, desde las 5:00 de la mañana, el turno será para el skater colombiano Jhancarlos González, quien disputará la fase eliminatoria. De clasificarse a la final, esta se disputará desde las 10 de la mañana de Colombia.En paralelo, también desde las 5:00 de la mañana de Colombia -12 del mediodía en París-, debutará en el tenis femenino la cucuteña María Camila Osorio. Su rival en esa primera fase será Jeļena Ostapenko, tenista de Letonia.La competencia para los colombianos este sábado en París 2024 cerrará con la gimnasia artística, disciplina en la que se presentará, desde las 8:30 de la mañana de Colombia, Ángel Barajas, quien participará de las justas con apenas 17 años y quien logró el cupo durante su participación en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística de Doha.
Se estima que cerca de 200 millones de personas a nivel global padecen de osteoporosis, una enfermedad que provoca una fractura por fragilidad cada tres segundos. La osteoporosis se caracteriza por la pérdida de masa y calidad ósea, aumentando la fragilidad y el riesgo de sufrir fracturas. Esta condición, usualmente silenciosa y sin signos o síntomas evidentes, se manifiesta cuando eventos simples como una caída al caminar, un golpe al viajar en auto o un acceso de tos pueden producir una fractura por fragilidad.Según la Dra. Geraldine Altamar, médica internista-geriatra y presidenta de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral (ACOMM), el cuidado de los huesos debe comenzar desde temprana edad. Por lo tanto, es crucial identificar a las personas en riesgo de sufrir osteoporosis para prevenir la primera fractura y, en caso de ocurrir, evitar las subsiguientes.Las mujeres en menopausia, personas mayores de 50 años con factores de riesgo como fracturas previas, antecedentes familiares de fractura de cadera, pérdida significativa de altura, enfermedades que disminuyen la masa ósea como artritis reumatoidea, diabetes mellitus, menopausia prematura o el uso de corticoesteroides, pertenecen al grupo en riesgo. Cuando una persona tiene osteoporosis, debe considerar un tratamiento y cuidado para toda la vida debido a que es una condición crónica que puede afectar significativamente la calidad de vida del paciente y su núcleo familiar.Consejos para la osteoporosisEs importante consultar al médico para obtener un diagnóstico y seguir un control estricto por parte de un profesional de la salud. Además, se deben consumir dosis adecuadas de calcio y vitamina D, mantener una dieta balanceada, evitar el consumo de alcohol y tabaco, aumentar la actividad física y exponerse de manera segura al sol. Siguiendo estas recomendaciones, se puede manejar eficazmente la osteoporosis y reducir el riesgo de fracturas futuras.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga aseguró que, luego de recuperar más de 600 celulares, contactará a cada uno de los dueños de estos equipos móviles para regresárselos, eso sí, siempre que hayan realizado la respectiva denuncia“Con software y hardware maliciosos (que) los delincuentes modificaban la información de los equipos móviles, cambiando su número IMEI, y eliminaban la información que tenían los celulares”, confirmó el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Estos delincuentes operaban en el 2 y el piso 16 de un edificio ubicado en el barrio Alarcón de la ciudad, utilizaban bloqueadores de frecuencia de señal para que la Policía no diera con el lugar evitando así el seguimiento y rastreo de estos equipos de telefonía móvil. Desde allí, "se hacían pasar como trabajadores de las empresas móviles y contactaban a los dueños y les decían que necesitaban su correo y el código enviado para bloquear definitivamente el celular, afirmó el comandante de Policía Henry Yesid Bello Cubides, quien dio un agradecimiento especial “a todas las personas que hicieron el proceso de denuncia ya que esto permitió que las autoridades realizaran la trazabilidad del caso.Una de las víctimas de estos delincuentes aseguró que su celular fue robado por un mototaxista en el barrio San francisco de Bucaramanga, y otro afectado manifestó que su celular le había costado $1.700.000 que tuvo que terminar de pagar sin poderlo utilizar.Una mujer de 26 años era la encargada del cosquilleo, otro hombre utilizaba la modalidad de raponazo conduciendo una motocicleta en la ciudad.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.