Continúan generándose reacciones en torno a la propuesta presentada por el Gobierno Nacional frente al cobro por concepto de valorización sobre el desarrollo de las obras contenidas en la APP del Canal del Dique, a la que se suman voces de los alcaldes del sur del Atlántico, quienes han asegurado que se debe tener mayor claridad con el tema, en aras de conocer el impacto que podría tener en las comunidades. Es así como la próxima semana se llevará a cabo una reunión conjunta entre cinco alcaldes del sur del Atlántico: Repelón, Campo de La Cruz, Manatí, Santa Lucía y Suán, con el objetivo de estructurar un documento que será enviado al presidente de La República, Gustavo Petro, el cual contará con el aval de los alcaldes de algunos municipios de Bolívar, que posiblemente se puedan ver cobijados con el cobro. El alcalde de Campo de La Cruz, Richard Gómez, sostuvo que la decisión del Gobierno Nacional podría tener un impacto negativo en los municipios del sur del Atlántico debido a las dinámicas de pobreza que se registran para pequeños ganaderos y agricultores, lo que agravaría la situación económica de los pueblos, pues la mayoría de las familias no cuentan "ni siquiera con una unidad agrícola establecida"."Ellos pueden venir y corroborar que aquí las familias no tienen, en su mayoría, ni siquiera una unidad agrícola. Nosotros no contamos con grandes terratenientes, por eso estamos solicitando claridad en el tema y pedimos un encuentro con el presidente Gustavo Petro", expresó en diálogo con Blu Radio.Rehúsen Martínez, alcalde de Santa Lucía, Atlántico, sostuvo que "no existe claridad referente al cobro por concepto de valorización debido a la alta especulación que se ha generado por el tema", advirtiendo que los municipios del sur del departamento no cuentan con grandes cantidades de tierra.En tal sentido, esperan que antes del día miércoles de la próxima semana se pueda definir una fecha conjunta para establecer la hoja de ruta que tendrá la solicitud, la cual posiblemente se dé en el municipio de Santa Lucía, a la que arribarían alcaldes de los municipios de Bolívar. Le puede interesar:
El ministro de Transporte Guillermo Reyes, en entrevista con Blu Radio, reveló este miércoles que una vez empiecen las obras del Canal del Dique, adjudicado a finales del año 2022, los habitantes de Cartagena tendrán que pagar impuesto de valorización.“Apenas empecemos el proceso de construcción del Canal del Dique, incluso los habitantes de Cartagena van a tener que pagar valorización porque el tema del control de sedimentación beneficiará a sus habitantes. La valorización es justicia social. Todos tendrán que pagar una vez haya la reglamentación ”, puntualizó el ministro Reyes en Mañanas Blu.Este anuncio se dio justo cuando el ministro Guillermo Reyes dijo en Blu Radio que los propietarios de terrenos cercanos a obras viales, como dobles calzadas y que se beneficien de las mismas, pagarán impuesto de valorización.El ministro Reyes explicó que una cosa es usar la vía y pagar peaje y, otra, beneficiarse con el aumento del precio de los terrenos aledaños a carreteras.“¿A los campesinos y pequeños agricultores? Obviamente no. Pagarán predios que generen una mayor valorización por cuenta de la obra que hace el Estado”, dijo Reyes.Sobre lo anterior, el ministro de Transporte calificó a los dueños de tierras como “terratenientes”.“¿A quiénes van a clavar? A los terratenientes, a los dueños de las grandes tierras que se benefician con las obras. En la fórmula que vamos a sacar el que tenga menos tierra, probablemente no va a pagar, el que tenga más pagará más”, enfatizó.Finalmente, el ministro de Transporte Guillermo Reyes también aclaró que la fórmula para determinar a partir de qué tamaño los predios pagarían la valorización aún no se ha establecido.Escuche la entrevista completa aquí:Le puede interesar este contenido:
Los predios cercanos a obras viales, como dobles calzadas, pagarán valorización, un tema al que se refirió en Blu Radio el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.El ministro explicó que una cosa es usar la vía y pagar peaje y, otra, beneficiarse con el aumento del precio de los terrenos aledaños a carreteras. A la pregunta sobre a quiénes le cobrarán la valorización, Reyes dijo que a todos los proyectos existentes y nuevos, cuyos propietarios de terrenos que se beneficien de las obras.“¿A los campesinos y pequeños agricultores? Obviamente no. Pagarán predios que generen una mayor valorización por cuenta de la obra que hace el estado”, dijo tras aclarar que la fórmula para determinar a partir de qué tamaño los predios pagarían la valorización aún no se ha establecido.El ministro fue un poco más allá y reveló que incluso los predios aledaños al Canal del Dique en Cartagena tendrán que pagar valorización: “Apenas empecemos la construcción del Canal del Dique, incluso los habitantes de Cartagena van a tener que pagar valorización porque el tema del control de sedimentación beneficiará a sus habitantes”.El ministro dijo que los dueños de tierras son “terratenientes”: “¿A quiénes van a clavar? A los terratenientes, a los dueños de las grandes tierras que se benefician con las obras. En la fórmula que vamos a sacar el que tenga menos tierra, probablemente no va a pagar, el que tenga más pagará más. Eso es justicia social”¿Qué pasará con las comunidades alrededor del Canal del Dique mientras se construye el megaproyecto?La firma Sacyr se quedó finalmente con la adjudicación del megaproyecto del Canal del Dique , entregada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que arranquen las obras y se dé solución a las inundaciones en las comunidades que están cerca.Según explicó en Mañanas Blu William Camargo, presidente de la ANI, en el proceso que ya venía en curso solo se encontró “viable la propuesta de Sacyr” y fue con ese oferente con el que terminaron la adjudicación que estaba suspendida.“Parte de las obligaciones del concesionario en la unidad funcional cero es acompañar y prevenir situaciones que pueden generar riesgo, tanto para las obras como a las comunidades alrededor”, recalcó Camargo.Además, señaló que se reactivaron “meses de trabajo con las comunidades” y hay una “agenda abierta” para que el proyecto cubra las expectativas y así generar “oportunidades de desarrollo, inclusión y no propicie desplazamiento”.
La firma Sacyr se quedó finalmente con la adjudicación del megaproyecto del Canal del Dique, entregada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que arranquen las obras y se dé solución a las inundaciones en las comunidades que están cerca. Según explicó en Mañanas Blu William Camargo, presidente de la ANI, en el proceso que ya venía en curso solo se encontró “viable la propuesta de Sacyr” y fue con ese oferente con el que terminaron la adjudicación que estaba suspendida.“Tenemos proyectos con Sacyr desarrollados por la ANI que han sido exitosos, relativamente se han entregado en oportunidad”, mencionó sobre la polémica que creó en algunos sectores.Ahora, detalló, se deberán gestionar las actas de inicio e interventoría del proceso en aproximadamente cuatro meses, así como la evaluación de licencias ambientales y demás permisos que se requieran. Luego, 18 meses para la actualización de diseños, después el proceso de construcción de obras funcionales y luego 12 años de operación y mantenimiento.¿Qué pasará con las comunidades aledañas al Canal del Dique?“Parte de las obligaciones del concesionario en la unidad funcional cero es acompañar y prevenir situaciones que pueden generar riesgo, tanto para las obras como a las comunidades alrededor”, recalcó Camargo.Además, señaló que se reactivaron “meses de trabajo con las comunidades” y hay una “agenda abierta” para que el proyecto cubra las expectativas y así generar “oportunidades de desarrollo, inclusión y no propicie desplazamiento”.¿Por qué el Canal del Dique es estratégico para el país?“Es un corredor de 116 kilómetros, es de restauración ecológica que tiene mitigación de inundaciones y permite la navegabilidad sobre las aguas que conectan Calamar con la Bahía de Cartagena, son alrededor de 19 municipios”, aseveró el presidente de la ANI.Escuche la entrevista completa con William Camargo en Mañanas Blu:
Entre aplausos y cuestionamientos continúan moviéndose las reacciones en torno a la adjudicación de la APP del Canal del Dique por líderes en el sur del Atlántico. Esto luego de que la ANI decidiera entregarle en sus manos a la empresa Sacyr, el contrato de ejecución de las obras de mitigación y recuperación del afluente sobre la tarde de este miércoles en una audiencia pública desarrollada en Bogotá.Mientras que algunos líderes "ven con buenos ojos" que finalmente el Canal del Dique sea intervenido y restaurado para evitar una catástrofe ambiental por cuenta de los altos niveles; otros son los que siguen cuestionando la adjudicación a la empresa Sacyr, la cual, aseguran, no contaría con capacidad técnica en proyectos ambientales. Al menos es la posición que comparte William Lastra, presidente de las comunidades en el sur del Atlántico, quien asegura que el contrato se lo dieron "al mejor postor", pues considera que un proyecto de tal envergadura no puede quedar en manos de amiguismos para pagar favores políticos. "Esa empresa Sacyr no nos genera confianza porque no hay antecedentes técnicos de que haya desarrollado proyectos ambientales como una APP, sobre todo en el Canal del Dique. No queremos obras porque sí, pues lo que buscamos es que se desarrollen de manera adecuada para garantizar la tranquilidad de las comunidades a largo plazo", dijo.Otros líderes como Gustavo de la Rosa, inspector en el sur del Atlántico, aseguraron que el Canal del Dique cuenta con 12 puntos críticos que deben ser atendidos de manera inmediata para evitar posibles inundaciones ante los niveles de sus aguas, sin dejar de lado tampoco la preocupación que le genera la empresa Sacyr por la nula experiencia en megaproyectos ambientales."La compañía tiene el gran reto de comenzar a hacer las obras de mitigación que venimos reclamando en los doce puntos críticos que hemos identificado que continúan amenazando con inundaciones de manera inmediata. El proceso de intervención no debe dar espera, pues aunque disminuyeron las lluvias para este mes, estas seguirán hasta el otro año", señaló.Cabe recordar que el proyecto cuenta con una longitud total de 116 kilómetros entre Calamar y la bahía de Cartagena. La ejecución de las obras incluye, entre otros, un sistema de esclusas y compuertas para evitar la entrada no controlada de grandes cantidades de sedimentos y caudal. Asimismo, tanto la ejecución de la mega-obra como su respectiva operación y mantenimiento se hará a través de una concesión que tendrá un plazo de 15 años y, según los cálculos, se pronostica la generación de 61.766 empleos entre directos e indirectos en la zona.Otro compromiso adicional se adelanta con víctimas del conflicto armado en el área de influencia del proyecto, ya que en cumplimiento del auto emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la ANI avanza en la conformación de la Mesa Técnica para el diseño y redacción del protocolo arqueológico forense de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en marco del conflicto armado.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo ha sido la oposición de Álvaro Uribe en los 100 días del Gobierno de Petro:
Tres meses después de lo programado inicialmente por el Gobierno del expresidente Iván Duque, la agencia Nacional de Infraestructura, ANI, adjudicó el proyecto de APP Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.La firma que presentó interés para ejecutar las obras es la empresa Sacyr Colombia SAS, quien ahora tiene a cargo el megaproyecto que se encargará de la recuperación de ecosistemas ambientales y mitigar el impacto ante probables inundaciones beneficiando a 19 municipios de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre. La inversión será de 3,25 billones de pesos.“Después de un proceso en el que concurrieron varias entidades del estado. En el que se trabajó con las comunidades, en el que adicionalmente se incorporaron los lineamientos ambientales que las autoridades han integrado al proyecto, y también, luego de desatar dos procesos que tuvieron que ver, uno con justicia especial de paz y otro con medidas cautelares , tenemos una muy buena noticia para la zona norte del país, con la adjudicación de la APP del Canal del Dique”, expresó William Camargo Triana, presidente de la ANI.El proyecto tiene una longitud total de 116 km, que abarca la hidrovía, entre Calamar y la bahía de Cartagena. La ejecución de las obras incluye, entre otros, un sistema de esclusas y compuertas para evitar la entrada no controlada de grandes cantidades de sedimentos y caudal. La ejecución de estas obras, como su respectiva operación y mantenimiento, se hará a través de una concesión que tendrá un plazo de 15 años y según los cálculos estima la generación de 61.766 empleos entre directos e indirectos en la zona.Otro compromiso adicional se adelanta con víctimas del conflicto armado del área de influencia del proyecto, ya que en cumplimiento del auto emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, la ANI avanza en la conformación de la Mesa Técnica para el diseño y redacción del protocolo arqueológico forense de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en marco de la ejecución del proyecto.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Como un alivio para los habitantes del sur del Atlántico y del norte de Bolívar llegó la citación para la tarde de este miércoles 7 de diciembre de la audiencia de adjudicación de la APP del Canal del Dique. Con estas obras se espera mitigar el impacto de las inundaciones por la ola invernal. El encuentro está previsto que inicie a partir de las 2:00 de la tarde en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en la ciudad de Bogotá, donde se espera que finalmente se adjudique el megaproyecto del Canal del Dique.Hay que recordar que el proceso de este megaproyecto quedó suspendido de manera indefinida desde el pasado 27 de septiembre, cuando el Gobierno decidió revisarlo en detalle y aumentar los requerimientos ambientales dentro del mismo. "Lo que necesitamos es que revisen todos los puntos críticos y prioricen la zona de atención para evaluar los daños y lo que se requiere en materia de mitigación. Eso es urgente para proteger la población", dijo el líder Gustavo de la Rosa. Sobre el megaproyecto de la APP del Canal del DiqueEste proyecto está por $3,2 billones en medio de una alianza que contaría con una inversión pública y privada. De este monto, $2,3 billones serían para obras y $910.000 millones serían para su operación y mantenimiento, dentro del área de intervención previsto entre Calamar (Bolívar y la bahía de Cartagena. Los campesinos y residentes de esta zona ribereña afirman que lo primero que debe empezar a hacer la firma adjudicada son obras de mitigación en el sector donde se rompió el canal en 2010, así como en las zonas de la carretera Oriental, donde ya se presentan algunos riesgos.Le puede interesar este contenido:
Al encendido de turbinas en Hidroituango no solo le protestan en La Mojana, sino también en el sur del Atlántico, donde líderes campesinos de la zona están elaborando una acción popular para frenar el arranque total del proyecto sin que se desarrolle un plan de mitigación para esta zona del país y sin que se evalúe en detalle el efecto que tendrá esto.De acuerdo con Uriel Ávila, líder de la zona, será inminente el ingreso de grandes cantidades de agua al río Cauca, que posteriormente desembocarán en el río Magdalena y, a su vez, en el Canal del Dique, lo que generaría un incremento súbito de los niveles en zonas donde las comunidades ribereñas ya están inundadas.Explicó que con esto buscarán hacer respetar los derechos ambientales de los habitantes de la zona."En estos momentos con el río tenemos una altura que pone en riesgo a muchas comunidades, pues no estarían causando afectaciones solo río arriba sino también río abajo. No hay que desconocer que desde mayo hemos venido presentando altos niveles. Tenemos unos terraplenes debilitados. Lo que medimos es que analicen bien el tema", expone Ávila.Lo que sugieren los líderes es que para el encendido se espere un mes y medio o dos meses, para cuando los niveles se normalicen y no haya riesgo de romper los jarillones de protección con la fuerza del agua, siendo que ya hay 42 filtraciones en el dique de protección entre Repelón y Calamar, según denuncian los mismos campesinos.Le puede interesar:
Doce años han pasado desde aquel 30 de noviembre en el que el caudaloso río Magdalena no solo abrió un boquete de 240 metros de ancho en el Canal del Dique, sino que partió en dos al departamento del Atlántico y llenó de agua hasta el techo a las poblaciones de Santa Lucía, Campo de la Cruz, Manatí, Suan y Repelón.Más de 120.000 damnificados dejó esa tragedia anunciada y hoy el panorama vuelve a ser incierto ante los niveles del río que siguen aumentando conforme avanza la temporada de lluvias en el territorio nacional."Los niveles van subiendo más y más cada día. En menos de una semana aumentaron más de 10 centímetros y esto es una subida bastante considerable", indicó el alcalde de Suan, Danilo Orozco."Esto nos preocupa mucho porque aún falta bastante agua por llegar hasta acá", agregó.Como consecuencia de la presente ola invernal, en estos momentos está bajo el agua el 80 % de las hectáreas productivas que hay en las zonas rurales del sur del Atlántico.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
A través de la sentencia 129 de 2022, el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena ordenó levantar —de manera inmediata— la suspensión del proceso de la App del Canal del Dique, considerando que las solicitudes de la acción de tutela interpuesta por el consejo de Comunidades Negras de Hato Viejo, Bolívar, “fueron resueltas” y sería “un hecho superado”, tras considerar que no fueron incluidos en las mesas de socialización.En este acuerdo, firmado entre los accionantes, el Gobierno Nacional y Departamental, se estableció que pasadas dos semanas desde la adjudicación del proyecto, el Ministerio de Transporte y la ANI deben realizar visitas técnicas a fin de socializar el mismo.Frente a ello, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, señaló que el día martes la ANI emitirá un auto para reabrir los términos del proyecto, cuya decisión se tomaría entre el día miércoles, 16 de noviembre; o el jueves,17 de noviembre del presente año."Esta semana se tomará una decisión y, una vez esto ocurra, inmediatamente se tiene que dar inicio a las obras de mitigación, pues eso es lo que más esperan las comunidades", dijo Reyes.El ministro precisó que "en todo el proceso los actores fundamentales, quienes llevarán a cabo la intervención, serán las comunidades adyacentes al Canal del Dique, pues serán tenidas en cuenta en cada tramo de obra que se realice apenas inicien las obras de mitigación".Además, se ordenó adelantar las consultas previas para el debido proceso, que deben respetar los usos y costumbres de las diferentes etnias de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre.Recordemos que la App del Canal del Dique cuenta con una longitud total de intervención de 115,5 kilómetros, que abarcarán la hidrovía entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena.Asimismo, la ejecución incluirá obras que tienen prevista una inversión de $3.25 billones de pesos, beneficiando a ocho municipios del Atlántico, diez municipios de Bolívar y uno más en el departamento de Sucre.Le puede interesar: 'El Camerino'
Turistas, comerciantes y empleados de Provenza y Parque Lleras en Medellín insisten en que persiste la mendicidad de comunidades indígenas, con menores de edad, a pesar de los operativos adelantados por las autoridades.Aunque en las últimas horas la Alcaldía de Medellín, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía Nacional han hecho operativos la comunidad, los turistas y los comerciantes de la zona exclusiva de la ciudad advierten que por cada esquina o aceras que se pase, se observa una mujer indígena con un niño en brazos con fines lucrativos, por lo que advierten que la problemática está lejos de terminar, según relató Marcela Velázquez, una de las comerciantes del sector.“La verdad todos los días es frecuente ver a las indígenas pidiendo con los niños, a los venezolanos, eso se ve sobre todo con los extranjeros por acá pidiendo plata”, relató.Gloria Garzón, turista bogotana que está de visita por la ciudad también ha sido testigo de la problemática: “Pues si, muchos niños en las calles con su mamá, están viviendo, durmiendo y los por ahí en abandono”.En el último operativo realizado para combatir y controlar la mendicidad, el equipo interdisciplinario identificó un total de 26 menores de edad en posible estado de vulneración, varios de ellos pertenecientes a la población indígena que frecuenta El Poblado.Ante estos resultados, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero fue enfático en catalogar el uso de los menores de edad para pedir dinero como un delito.“Las personas que utilicen niños para pedir plata eso es instrumentalización de menores, esos niños que deberían estar en los colegios y que estas personas así sean indígenas los utilizan para pedir plata, deben pasar a buen manejo del Icbf”, aseguró el mandatario local.Por último, el alcalde Quintero pidió a los adultos responsables de estos niños que acaten las normas, incluyendo la que prohíbe la instrumentalización de las niñas, niños y jóvenes.Le puede interesar:
En próximos días comenzará a funcionar en Bucaramanga un moderno sistema de cremación de mascotas que cumple con todos los estándares nacionales e internacionales solicitados por las autoridades para la prestación de los servicios funerarios para perros y gatos.“Desde hace cuatro años comenzamos a ofrecer servicios funerarios para las mascotas en Santander. Sabemos lo sensible que es el tema cuando mueren nuestras mascotas. Eso genera un problema para las familias que acogieron al perro o al gato como un integrante más. Por eso decidimos construir un sistema de cremación que cumple con todas las especificaciones de salubridad y ambientales. La idea es ofrecer un servicio completo para acompañar a nuestras mascotas hasta el último momento después de su muerte”, manifestó a Blu Radio, José Mauricio Martinez, gerente de Jardines La Colina, empresa que tiene 51 años de experiencia en temas funerarios.Manifestó el empresario que en la parte sur del Parque Cementerio La Colina, ubicado en la vía a Lagos del Cacique, se encuentra la sede construida “para despedir a nuestras mascotas”.“Nosotros le entregamos las cenizas de la mascota a la familia que se encargará de su destino final. En nuestro club de mascotas hay más de 1.000 animales afiliados. Por el momento no estamos ofreciendo el servicio de bóveda”, aseveró el gerente de Jardines La Colina.Este es el primer sistema de cremación certificado en Santander para el manejo funerario de mascotas que mueren en el departamento.
Terminaron la reunión sobre las 10:00 a.m. los representantes de los conductores de buses de servicio público del municipio de Soacha con el alcalde del municipio, Juan Carlos Saldarriaga, en la que estaban buscando soluciones respecto al cese de actividades indefinido que comenzaron este martes 31 de enero sobre las 4:00 de la mañana.¿Qué decidieron? Terminaron el paro de los conductores de buses en Soacha, acordando una tarifa de $2.500 provisional mientras que los transportadores le definen a la administración municipal los parámetros y argumentos para que esta se mantenga o se modifique, a través de una mesa de diálogo que estará instalada hasta el próximo viernes.“Después de esta mesa el primer acuerdo es que las tarifas se van a mantener como ellos las tienen hoy que es el corredor Urga o Bogotá - Soacha $2.500 y el servicio urbano $1.300. Tenemos desde hoy una mesa técnica de trabajo para soportar de dónde sale esta nueva tarifa”, indicó Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de SoachaEl próximo viernes, 3 de febrero, de acuerdo con el alcalde, quedará definida la tarifa fija de transporte que regirá en Soacha, soportada en la norma y la ley que establece cuáles son los parámetros para la estructura tarifaria de servicio público para los usuarios en Soacha.Cristina Bustos, representante de los conductores de servicio público, indicó que la Alcaldía debe tener en cuenta los incrementos que han tenido los insumos como la gasolina, las llantas, los aceites y demás elementos que necesitan para seguir funcionando. Además, destacó que en ningún momento están imponiendo tarifas abusivas, ya que el incremento que hicieron ellos fue basado en los incrementos que se aplicaron en las tarifas de transporte de TransMilenio.
En La Mojana podría haber acuerdo este martes para que se levante la protesta sobre el puente San Jorge, entre Caucasia y Planeta Rica, que tiene más de 4 mil vehículos represados en la zona.Todo depende de los avances que logre demostrar Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre, a los 3.000 campesinos con los que se reúne para demostrar que tiene listo el contrato con el que se habilitarán las obras para iniciar el cierre del boquete de cara é gato, que cumple 18 meses. Así lo señala el líder de la manifestación Arnulfo Betancourt."En este momento lo que necesitamos es que nos digan quien es el contratista y cuándo inician los trabajos. Que nos muestren el contrato. Eso es viendo para creer porque como todo ha sido promesas y acuerdos incumplidos, lo que queremos es que ahora sí haya hechos y no más incumplimientos", señala el líder. La reunión inició hacia las 9:30 de la mañana, con el acompañamiento de Pava, de Lilia Solano, viceministra nacional para el diálogo social, y otros funcionarios del Gobierno, con los que buscan establecer una ruta de apoyo y acuerdos por La Mojana. De acuerdo con los manifestantes, aún no hay explicaciones por la no ejecución de trabajos en meses anteriores, pese a que se habían realizado compromisos para iniciar el cierre del boquete de cara é gato, el cual permitió la entrada de las aguas del río Cauca, durante la temporada invernal del 2021. Le puede interesar:
El año pasado el país se ‘sacudió’ de los efectos de la pandemia y logró recuperar 1.640.0000 empleos. Como resultado el desempleo pasó de 13.8% en el año 2021 a 11.2% en el año 2022.A pesar de la reducción Colombia todavía tiene un desempleo más alto que el que tuvo en los cinco años previos a la pandemia del COVID-19Las actividades que están siendo más dinámicas a la hora de generar puestos de trabajo son las actividades artísticas, el comercio y la industria.Aunque ningún sector de la economía destruyó puestos de trabajo en el año completo, cuando nos concentramos en el mes de diciembre aparecen algunas malas noticias. Por ejemplo en actividades administrativas.“Dentro de las actividades administrativas estamos viendo una reducción de las actividades que se relacionan con las actividades de seguridad privada”, explicó la directora del Dane, Piedad Urdinola.En menor medida también se redujeron en diciembre actividades como la contaduría y la consultoría financiera.Además el país vio una reducción de 121 mil empleos en el sector del comercio y unos 92 mil en el sector agrícola. Por otro lado las actividades de apoyo a la ganadería, y a la agricultura estaban presentando reducciones al cierre del año.Hoy en Colombia la ciudad con más desempleo es Arauca, que ya desbancó a Quibdó y solamente cinco ciudades del país tienen desempleo de un dígito: San Andrés, Leticia, Bucaramanga, San José del Guaviare y Mitú.También le puede interesar:
