En desacuerdo se mostraron algunos congresistas del del Atlántico respecto a que el grupo EPM asuma la operación de la empresa de servicios públicos Triple A, teniendo en cuenta que el contrato de compra/venta que el alcalde Jaime Pumarejo suscribió con la reconocida compañía antioqueña podría quedar en firme en el mes de diciembre.
Para el senador barranquillero Efraín Cepeda, por ejemplo, resultaría “ilógico” que una empresa dedicada al suministro de un servicio público esencial como lo es el agua potable pase a manos de un privado, señalando que la misma debe quedar a disposición de los barranquilleros de manera pública.
En este sentido, Cepeda no descarta que un nuevo acuerdo suscrito permita que los barranquilleros adquieran pequeños paquetes accionarios, para así evitar que el grupo EPM asuma el control de la empresa obteniendo la mayoría de sus acciones.
“Eso no lo podemos entregar a una empresa privada, que en este caso es EPM. La Triple A es de los barranquilleros y si se requieren recursos estoy seguro que con una suscripción de acciones muchos barranquilleros vamos a comprar un par de acciones, pero respaldo la idea de que la empresa quede en la capital del Atlántico”.
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La misma posición compartió el Representante a la Cámara por el Atlántico, Armando Zabaraín, quien aseguró que aunque reconocía la buena gestión que ha desarrollado el grupo EPM, la empresa Triple A no debe quedar bajo las operaciones de una empresa privada.
“Entregarle nuestra operación a EPM no sería lo ideal, pues se necesita una buena evaluación frente a que la empresa antioqueña asuma el control de la Triple A, pero no considero que sea viable para los barranquilleros, sobre todo porque se trata de un servicio público esencial”, explicó.
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Así las cosas, piden a los nuevos gobernantes priorizar la compra/venta de la empresa Triple A para garantizar que “no caiga en manos de privados” que puedan poner en peligro el suministro de agua potable.
¿Qué dicen los congresistas del Atlántico frente al ultimátum que envió el mercado mayorista a las empresas de energía, entre las que se encuentra Air-e?
Frente al ultimátum que envió el mercado mayorista a las empresas de energía sobre una posible suspensión en el suministro del servicio por presuntos incumplimientos de sus obligaciones, los congresistas advirtieron que esto podría desatar una “explosión social”.
En este sentido, aseguran que las hidroeléctricas “no tienen la autoridad moral” para ello, teniendo en cuenta que a las termoeléctricas les toca comprar un combustible “muy costoso” e importar otros insumos para lograr sus operaciones, lo que podría estar amarrado a los presuntos incumplimientos en los pagos a las generadoras.
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Siendo así, el senador Efraín Cepeda aseguró que la región Caribe podría responder duramente ante una eventual suspensión del servicio, de llegarse a presentar lo que han denominado “un apagón”.
“Yo creo que este es un tema de carácter nacional, pues la explosión social es un tema que se ve venir en la región Caribe, no está lejana, porque ante una eventual suspensión del servicio de energía eléctrica la región Caribe podría responder duramente”, dijo.
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Aunque tienen clara la importancia del cumplimiento de las obligaciones, urgen al Gobierno Nacional tomar acciones para evitar un daño que ponga en peligro el suministro de servicios esenciales para la región Caribe, teniendo en cuenta que la empresa Air-e beneficia a 1.2 millones de usuarios entre el Atlántico, Magdalena y La Guajira.
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