Concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, concusión, prevaricato por omisión y enriquecimiento ilícito, son los delitos que durante audiencia pública la fiscalía les imputó a los seis funcionarios del Inpec de la Cárcel Modelo que fueron capturados por estar vinculados a presuntos actos ilícitos dentro del penal.
Los hechos investigados habrían ocurrido entre el primero de junio del año 2021 y el 22 de abril del año 2022. De acuerdo con la Fiscalía, los funcionarios durante este tiempo conformaron una ‘sociedad criminal’ con la que habrían obtenido 300 millones de pesos producto del pago de dádivas que le exigían a los reclusos del patio 2 de la cárcel Modelo de Barranquilla, quienes a la vez eran extorsionaran por otros privados de la libertad, presuntamente con la venida del personal del Inpec hoy capturado.
"Al interior de esta estructura delincuencial ustedes desplegaron roles consistentes en permitir que los internos pudieran extorsionar a sus cohabitantes de carceletas y posteriormente desplegaron actos tendientes a procurar que los internos que estaban pagando estas cuotas extorsivas a los otros internos del plante, también les realizaran pagos de dádivas y entregas de elementos y servicios a efectos de garantizar que también tuvieran seguridad y habitabilidad al interior de dicho centro carcelario”, relató el fiscal.
Los graves actos de corrupción fueron denunciados por dos de los reclusos a los que supuestamente los miembros del Inpec extorsionaron. Ellos aseguraron a la fiscalía que les pedían dinero por una habitación, hasta para dejarles tener elementos de aseo y permitirles el ingreso de armas y droga.
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“Hay dos víctimas que denunciaron sus casos indicando que los funcionarios les pidieron extorsiones y permitieron que otros presos también se las realizaran. Ellos formularon quejas disciplinarias. Dicen que desde el mes de junio les fueron exigidas distintas preventas que inicialmente fueron de 30 millones de pesos, por ejemplo, para una habitación en una celda, una cama, una cobija, por permitirle visitas, elementos de aseo y por permitirle el ingreso de otros elementos como droga, armas de fuego o teléfonos”, dijo el fiscal durante la audiencia.
El fiscal aseguró que los funcionarios mientras ejercían labores de vigilancia en los patios permitían que se registraran las extorsiones y cuando asumían labores administrativas aguantaban las quejas de los internos para que estas no llegaran a los órganos de control, sin embargo una vez alertadas las autoridades, estos funcionarios presuntamente obstaculizaron la investigación trasladando a los detenidos que formularon las denuncias y los forzaron a cambiar sus versiones amenazándolos de muerte.
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Los imputados no se allanaron a los cargos y la audiencia de medida de aseguramiento fue aplazada para el miércoles 18 de octubre a las 2 de la tarde.
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