"La Guajira sin Gobernadora": editorial de Ley del Montes junio 8
Editorial de Óscar Montes en Vive Barranquilla.
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La sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección de Oneida Pinto Pérez como Gobernadora de La Guajira. Se trata de un hecho trascendental no sólo por el alto cargo desempeñado por la funcionaria destituida, sino porque La Guajira es uno de los departamentos con los peores indicadores sociales del país, como lo evidencia la muerte en los últimos años de decenas de niños por desnutrición. La corrupción es igualmente galopante en la bella Península.
En su fallo el Consejo de Estado consideró que Oneida Pinto violó el Régimen de Inhabilidades al desempeñarse como alcaldesa de Albania, La Guajira, dentro de los 12 meses anteriores a su inscripción como candidata de Cambio Radical a la Gobernación del Departamento.
Pinto fue elegida alcaldesa de Albania el 30 de octubre de 2011 para el período 2012-2015. Pero renunció al cargo el 21 de julio de 2014 y se inscribió como candidata a la Gobernación de La Guajira el 15 de junio de 2015.
De acuerdo con el alto tribunal, Pinto violó la Ley 617 de 2000, que establece que quien resulte elegido alcalde no podrá inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular mientras detente tal dignidad, ni tampoco dentro de los 12 meses siguientes.
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Contra dicho fallo no procede ningún recurso. De manera que el Gobierno deberá designar a un Gobernador encargado, mientras se realizan nuevas elecciones para escoger a quien suceda a Pinto Pérez en el cargo.
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Como se recuerda la elección de Oneida Pinto –así como todo lo relacionado con el aval de su candidatura y su inscripción como aspirante de Cambio Radical- estuvo rodeada de una gran controversia, por su presunta condición de “heredera política” del ex gobernador José Francisco “Kiko” Gómez, señalamientos que ella niega de forma categórica.
Inclusive, la propia inscripción de Pinto como candidata también se dio en medio de una polémica regional, porque desde ese momento se escucharon voces en el sentido de que estaría violando el Régimen de inhabilidades. A la postre, los hechos demostraron que quienes así lo denunciaron tenían razón.