El Consejo Nacional Electoral revocó la candidatura del exnarco Samuel Santander Lopesierra en su carrera por la Alcaldía de Maicao, debido a que este pagó una condena por narcotráfico en Estado Unidos. Las reacciones del también conocido hombre ‘Marlboro’ no se hicieron esperar entre sus simpatizantes, hasta tal punto de desafiar la decisión."Cualquier decisión que se tome nos van a derrotar en las urnas y para que esto quede claro y no se equivoquen, vamos hasta el 29 de octubre porque así lo exige la democracia", dijo Samuel Santander Lopesierra en medio un evento político.Vea el video aquí:El otro caso es el de la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, a quien también el Consejo Nacional Electoral le revocó su candidatura por la Alcaldía de Albania, por cuenta de fallos de responsabilidad fiscal. A través de sus redes dijo que sus aspiraciones siguen."Nos revocaron la inscripción, pero nosotros interpusimos unos recursos y, además de eso, utilizaremos los mecanismos que la ley Colombiana nos de para proteger mis derecho políticos".La exgobernadora de La Guajira también dijo que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares y que interpondrá una tutela.Le puede interesar:
La Fiscalía General de la Nación logró condena contra Yineth Adolfo Carrillo Pinto, quien sirvió de intermediario o tramitador en las diferentes irregularidades detectadas en dos contratos de adoquines de vías en Albania (La Guajira), cuyo valor ascendió a 12.590 millones de pesos.De acuerdo con los elementos de prueba, fueron desviados 5.901 millones de pesos de los contratos de adoquines para la campaña política de la entonces aspirante a la Gobernación de La Guajira, Oneida Pinto Pérez.En el periodo preelectoral y, al parecer, por solicitud de la candidata, los contratistas emplearon a 2.165 personas para que, presuntamente, trabajaran en las obras. En las verificaciones se constató que muchos de los vinculados nunca pertenecieron al proyecto, eran mujeres embarazadas o adultos mayores.En el curso de la investigación se estableció que Carrillo Pinto recibía órdenes directas de su familiar para intervenir en la ejecución de los contratos y realizar los trámites ilícitos para la apropiación de recursos públicos, entre otras supuestas anomalías.El procesado, primo de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, aceptó su responsabilidad en los hechos y suscribió preacuerdo con la Fiscalía asegurando que testificará contra la exfuncionaria. Un juez promiscuo de Maicao lo condenó a 33 meses y 15 días de prisión por el delito de falsedad ideológica en documento público.
Las reacciones ante la libertad por vencimiento de términos de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales por parte de personalidades colombianas y el círculo político del país.Concejales, representantes a la Cámara, senadores, entre otros, son algunas de las personalidades que se han pronunciado al respecto. Muchos de ellos, en contra de la decisión judicial.¿Cómo reacciona la política?El senador del Polo Democrático, Alexander López Maya, calificó de "putrefacto" al sistema judicial de Colombia por la decisión de dejar libre a Oneida Pinto.Por su parte, Diego Cancino, concejal de Bogotá, tildó de "cómplice de la corrupción" a la justicia colombiana.María José Pizzaro Rodríguez, representante a la Cámara por Bogotá, dijo sentirse "avergonzada" por la decisión judicial.La concejal de Bogotá, Heidy Sánchez Barreto, dijo que este tipo de decisiones "solo pasan en Colombia".El representante a la Cámara por Bogotá, Sergio Marín, también criticó a la Fiscalía.PersonalidadesEl periodista y escritor Jorge Rojas, también comentó sobre el caso Oneida Pinto.
Este martes quedó en libertad la polémica exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, por vencimiento de términos en uno de lo procesos por posibles actos de corrupción. En su momento, la fiscal del caso aseguró que cuando Pinto estaba en la alcaldía firmó un contrato por 6.675 millones de pesos para adoquinar las calles del municipio de Albania, pero por adiciones ese contrato llegó a 12.590 millones de pesos.Pinto, quien estaba recluida en una cárcel de Valledupar, continuará vinculada al proceso por presuntas irregularidades en un contrato suscrito entre 2010 y 2011.La exgobernadora, que estuvo prófuga por más de un año, se había entregado a las autoridades el 12 de julio de 2020. Desde septiembre de 2020 se encontraba recluida en una cárcel de Valledupar.
Tras estar un año prófuga de la justicia, la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto se entregó a las autoridades este domingo. El procedimiento se hizo con la presencia de la Defensoría del Pueblo, que estuvo como garante.En Mañanas BLU, Paola Andrea Meneses, fiscal delegada contra la Criminalidad Organizada, contó detalles de la entrega de Pinto, que se presentó de forma voluntaria a las autoridades en La Guajira para cumplir con una medida de aseguramiento.Asimismo, la fiscal habló sobre lo que le espera penalmente hablando a la exgobernadora y explicó por cuáles delitos deberá responder ante la justicia colombiana.Explicó que el 5 de julio de 2019, la Fiscalía logró la orden de captura en contra de la exgobernadora por presuntas pérdidas de más de 5.900 millones de pesos en un contrato para la construcción de adoquines en el municipio de Albania y hace tan solo una semana, el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Riohacha prorrogó por un año más la orden de detención en contra de la exmandataria.Asimismo, manifestó que Oneida Pinto, que ya se encuentra en Bogotá, es procesada por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.“Pinto está desde anoche en las instalaciones del búnquer de la Fiscalía. La audiencia para el control de legalidad sobre la captura será esta mañana. La señora Pinto fue imputada por tres delitos: peculado por apropiación, contrato sin requisitos legales y concierto para delinquir”, manifestó.En tal sentido, la fiscal aseguró que la exgobernadora se expone a una pena superior a los 10 años de prisión.“Estos tres son delitos graves y la pena, sin lugar a dudas, será superior a 10 años. Es importante señalar que en este momento existe otro proceso ante la delegada ante la Corte Suprema de Justicia que se está llevando a cabo en el juzgado 25 de Bogotá. Este caso está en etapa preparatoria y tiene que ver con hechos en la celebración de un convenio interadministrativo entre la alcaldía y el hospital San Rafael de Albania”, contó.*Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:
La entrega de la exgobernadora de la Guajira Oneida Pinto se produjo en el comando de Policía de Riohacha. El procedimiento se hizo con la presencia de la Defensoría del Pueblo, que estuvo como garante.Pinto se presentó de forma voluntaria a las autoridades en La Guajira para cumplir con una medida de aseguramiento.Lea también: "Ordenan captura por corrupción de Oneida Pinto, exgobernadora de La GuajiraEl 5 de julio del 2019, la Fiscalía logró la orden de captura en contra de la exgobernadora por presuntas pérdidas de más de 5.900 millones de pesos en un contrato para la construcción de adoquines en el municipio de Albania, y hace tan solo una semana, el Juzgado !uinto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Riohacha prorrogó por un año más la orden de detención en contra de la exmandataria.Oneida Pinto es procesada por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.La exgobernadora se encontraba prófuga de la justicia desde el 18 de junio del año 2019.
La exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, tendrá que responder en un juicio disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación por unas presuntas irregularidades en la licitación de un contrato por valor superior a los $20.453 millones.El objetivo del proyecto que fue adjudicado por la Gobernación era para la “implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en el departamento de La Guajira".El Ministerio Público encontró que, en la licitación No. 033 de 2015, se impusieron restricciones a algunas empresas relacionadas con la experiencia y la capacidad financiera que permitieron que solo un oferente se quedara con el millonario contrato, que quedó en manos de la compañía Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (Funtics).Lea también: ¿Por qué exgobernadora Oneida Pinto denunció a funcionarios de la Fiscalía? A este llamado hecho por la Procuraduría deberán responder otros funcionarios de la Gobernación de la época, como la exsecretaria de Educación Bely Géneco; al exdirector Operativo Gilbert Meza Cerchar, y el profesional universitario de la administración departamental Gerardo Cujia Mendoza, entre otros.La Procuraduría encontró que dicha acción pudo afectar el presupuesto del departamento y también se habrían violado la libre competencia y selección objetiva, entre otros. El ente recordó que los investigados tenían el deber de verificar que el proceso fuera adelantado siguiendo las reglas establecidas para el desarrollo de los procesos contractuales.
El juez 45 de control de garantías emitió orden de captura en contra de la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto Pérez, procesada por corrupción.Le puede interesar: “Que me cuide”: fiscal denuncia amenaza de abogado de Oneida PintoAl tomar la decisión, el juez se refirió a la gravedad de los hechos que investiga la Fiscalía y que están relacionados con un contrato para adoquinería en Albania que inició costando $6.675 millones y con adiciones terminó costando $12.590 millones. El funcionario judicial también tuvo en cuenta el riesgo que Pinto Pérez representa para el proceso, la sociedad, los testigos y el riesgo de fuga. También, tuvo en cuenta los argumentos de la Fiscalía, que al pedir que la exmandataria regresara a presión, aseguró que varios testigos en su contra han recibido amenazas e intimidaciones.“Se habría intentado presionar a unos testigos para que no declararan, siendo indicativo de una obstrucción a la justicia pues existe un riesgo latente, quizás para el peligro para la comunidad pese a que ya no tiene la calidad de servidora pública se desconoce por parte de este despacho si ha sido sancionada disciplinariamente o puede aspirar a un cargo lo que representaría un peligro para la sociedad", dijo el juez, que advirtió que las conductas son "graves y lesivas" En la decisión, también se compulsó copias en contra de Antonio Luis González, abogado de la exgobernadora, por su comportamiento indebido durante el curso de la diligencia judicial, que estuvo marcada por acusaciones del jurista a la fiscal Ángela Santana, que adelanta esta investigación.Escuche la noticia aquí:
En la audiencia de medida de aseguramiento contra la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, la fiscal del caso dijo que la sindicada aún está "vigente y podría alterar los materiales probatorios". Asimismo, habló de la dificultad en conseguir los testigos porque estos temen por su seguridad.La exgobernadora es señalada por, presuntamente, apropiarse de dineros concernientes a dos proyectos viales en Albania, La Guajira, los cuales tuvieron un costo cercano a los 12.595 millones de pesos. Según la Fiscalía, más de la mitad de esos recursos no fueron destinados a las construcciones en las vías.La representante del ente acusador reveló un testimonio entregado por William Bolaños, vinculado por la Fiscalía a la presunta banda criminal comandada por Pinto, en donde dijo que ella los había mandado a llamar y les habría dicho "que las cosas se iban a poner feas, que mientras ella arreglaba las cosas lo mejor era que nosotros huyéramos. Nos entregó 10 millones de pesos, el recurso lo entregan fuera de la Gobernación”.Por su parte, la fiscal del caso denunció presuntas amenazas que el abogado de Pinto le habría hecho."El señor Antonio Luis González, abogado de Oneida Pinto, me dice de antemano que La Guajira es una región muy complicada, que yo conozco los temas de seguridad, que me cuide, que habían matado a un abogado la semana pasada, pero que me cuide que yo soy muy joven", aseguró la fiscal.Tras más de tres horas de audiencia, decenas de pruebas entregadas por la Fiscalía y las graves afirmaciones en contra del abogado defensor, este tomó la palabra de manera arbitraria para exigirle respeto a la fiscal y pedir que se suspendiera la audiencia, aludiendo necesitar tiempo para analizar las evidencias. Por este motivo la diligencia fue aplazada para el próximo viernes en horas de la mañana.
Por presuntamente apropiarse de dineros de dos proyectos en La Guajira y crear una empresa criminal para tramitar y celebrar contratos, la Fiscalía le imputó seis cargos a la exgobernadora del departamento, Oneida Pinto.En audiencia de imputación en los juzgados de Paloquemao, el ente acusador señaló a la exgobernadora por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. La imputada no aceptó cargos.Lea también: Fiscalía pide que Oneida Pinto sea enviada nuevamente a la cárcelLos hechos habrían ocurrido entre agosto de 2010 y marzo de 2011 por contratos viales en Albania, La Guajira, con un valor aproximado de 12.595 millones de pesos."Más de la mitad de lo que se giró para la Alcaldía de Albania fue apropiado y no invertido", dijo la juez del caso.Lea también: Nuevas condenas en caso de corrupción contra exgobernadora Oneida PintoDurante la audiencia, la representante del ente acusador dijo que Oneida Pinto fue quien organizó la empresa criminal que ella misma lideraba y el segundo al mando era Yankeler Hernández Eraz, quien era el alcalde de Albania y se había desempeñado como conductor de ella. Finalmente, la fiscal concluyó que en esa época, "en Albania no se movía una hoja sin la autorización de Oneida Pinto".
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar las condiciones de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que pueda continuar cumpliendo su mandato de investigar graves crímenes del conflicto armado y luchar contra la impunidad.El pronunciamiento se conoció luego de una diligencia en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde exjefes de las FARC y máximos responsables de la fuerza pública participaron conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto, como parte del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP.El organismo destacó la participación de las víctimas y reconoció su papel central dentro del proceso de justicia transicional.Asimismo, calificó estas sanciones como un hito histórico para la justicia transicional colombiana y mundial.De acuerdo con el organismo, la implementación de estas medidas combina restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto.Para la ONU, estas actuaciones muestran la capacidad de la JEP para establecer patrones relacionados con graves crímenes, determinar responsabilidades e imponer sanciones a los máximos responsables.En ese contexto, la organización señaló que, tanto en esta etapa como en las siguientes, es fundamental garantizar las condiciones de funcionamiento de la JEP, con el propósito de que la Jurisdicción pueda cumplir sus objetivos frente a los graves crímenes cometidos durante el conflicto.
La Procuraduría lideró una mesa de trabajo con la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), en la que se analizaron las principales dificultades que enfrentan las comunidades y las empresas en estos territorios. Con el fin de fortalecer los espacios de diálogo con el sector de hidrocarburos para prevenir y atender los conflictos que se presentan en las regiones donde operan estas empresas.El encuentro contó con la participación de la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y de los procuradores regionales y provinciales de Arauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Putumayo y Santander.Uno de los puntos centrales fue la conflictividad relacionada con las demandas laborales, la contratación de bienes y servicios y el uso del territorio. A lo largo de los años, en distintas zonas con presencia de actividad petrolera se han registrado manifestaciones y reclamos de comunidades que buscan mayores oportunidades de empleo, participación en la contratación y beneficios asociados al desarrollo de estas actividades.Precisamente, estos reclamos están relacionados con una expectativa frecuente en los territorios: que la presencia de la industria de hidrocarburos se traduzca en desarrollo y oportunidades para las comunidades cercanas. Por esta razón, la Procuraduría busca que estas diferencias puedan ser atendidas mediante el diálogo y antes de que escalen a situaciones que afecten la convivencia o las actividades económicas.En la mesa también se abordaron las dificultades para manejar este tipo de situaciones y la necesidad de mejorar la coordinación entre las instituciones. Por lo que, se acordó fortalecer el intercambio de información y gestionar de manera oportuna los asuntos que puedan generar conflictividad en las regiones.Con esta estrategia, la Procuraduría busca anticiparse a los conflictos, fortalecer el diálogo con las comunidades y mejorar la articulación institucional en los territorios donde está presente el sector de hidrocarburos.
Colombia continúa en riesgo de racionamiento eléctrico por cuenta del fenómeno de El Niño y del atraso en la construcción de proyectos de generación y transmisión eléctrica en el país, advirtió este jueves la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, en un discurso ante las compañías de servicios públicos.Oficialmente el sistema eléctrico del país está operando bajo un estatuto especial para evitar el racionamiento de electricidad y para cuidar el nivel de los embalses de las hidroeléctricas en medio de la escasez de lluvias."Estamos como en la cuerda floja, yo tengo que decírselos. Este Gobierno y con todos ustedes vamos a hacer hasta lo imposible por pasar esto sin ningún racionamiento, pero también quiero decirles que estamos muy vulnerables", aseguró la funcionaria.El Niño en curso, apodado SuperNiño por algunos expertos, podría ser uno de los más intensos de las últimas décadas y ya está llevando a temperaturas récord en varias regiones del país. Por ejemplo, los niveles de los ríos en la región de Antioquia ya están alcanzando bajos niveles que preocupan a las autoridades, y hay 558 municipios con riesgos para el suministro de agua.Aunque la idea del Gobierno es aumentar la generación de energía en plantas térmicas, el sistema todavía no alcanza las metas propuestas.Los riesgos para el sector se acentúan con el hecho de que la energía en firme (es decir, energía que debe ser garantizada por las empresas) está ya un 8,6% por debajo de la demanda en el país, y esa demanda está creciendo con fuerza en lugar de moderarse."La demanda es lo único que nos queda", explicó la ministra.Además, hay poco margen de maniobra ante imprevistos. La importación de gas, que ya es el 30% del consumo nacional, está operando al límite, al igual que la infraestructura de varias compañías. La situación es tan compleja que, según la ministra, un 'tubo' que se dañe podría poner a todo el país en serios aprietos.
Alerta ambiental en Santa Fe de Antioquia por la muerte de decenas de peces en el río Tonusco. Autoridades en el Occidente antioqueño investigan las causas de la mortandad que ha generado preocupación entre la comunidad.Las autoridades en el municipio de Santa Fe de Antioquia se encuentran en máxima alerta debido a la masiva mortandad de peces que se reportó en los últimos días en el río Tonusco en donde misteriosamente comenzaron a aparecer muertas algunas especies.Aunque aún no se conoce con exactitud qué ocurrió en el afluente y si la lamentable situación se reportó por los bajos niveles de agua o por la presencia de algunos elementos tóxicos en el río, avanza la investigación de los expertos para determinar qué pasó con exactitud.A la espera de los resultados exactos que arrojen las autoridades ambientales que están al frente del caso, los comerciantes y personas del común en Santa Fe de Antioquia han mostrado su preocupación por la muerte de los peces que en muchas ocasiones suelen ser el sustento de decenas de familias en esta zona del Occidente antioqueño.Sin embargo, no es la única situación que ocurre en el municipio con la fauna, ya que en articulación con la Inspección de Policía, la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, la Secretaría de Gobierno y el Cuerpo de Bomberos, se realizó la aprehensión preventiva de 18 semovientes en el sector Los Tendidos.Según se ha conocido, los animales quedaron bajo disposición y custodia de la Administración Municipal, mientras se adelantan las actuaciones correspondientes para determinar si se configura una conducta constitutiva de maltrato animal.
Las personas que buscan empleo en Bello y el norte del Valle de Aburrá tendrán una nueva oportunidad para acceder a ofertas laborales este jueves 24 de septiembre. La jornada se realizará en Parque Fabricato y reunirá a 20 empresas.La feria de empleo contará con más de 2.000 vacantes disponibles para diferentes áreas y perfiles. La actividad es organizada en alianza entre Parque Fabricato, el SENA y la Alcaldía de Bello, según la información suministrada por los organizadores.Durante la jornada, los asistentes podrán conocer las ofertas laborales disponibles, presentar su hoja de vida y establecer contacto directo con representantes de las empresas participantes. Esto les permitirá acercarse a los diferentes procesos de selección.¿Cuándo será la feria de empleo en Bello?La Feria de Empleo de Fin de Año se llevará a cabo este jueves 24 de septiembre de 2026, entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.El evento tendrá como sede Parque Fabricato, en Bello, y contará con el acompañamiento del SENA y la Alcaldía de Bello. Los interesados podrán asistir durante el horario establecido para conocer las vacantes disponibles.¿Qué se necesita para participar?El principal requisito señalado por los organizadores para quienes quieran participar en esta jornada es llevar la hoja de vida actualizada.La recomendación es contar con el documento listo para presentarlo ante las empresas participantes, teniendo en cuenta que durante la feria se podrán establecer contactos relacionados con los procesos de contratación.Habrá nuevas jornadas de empleo en octubreLa actividad de este jueves no será la única jornada programada. De acuerdo con el comunicado, Parque Fabricato confirmó nuevas ferias de empleo para los días 8 y 22 de octubre.Estas jornadas hacen parte de un ciclo de actividades de empleabilidad previsto para el último trimestre del año, con el propósito de generar nuevos espacios de encuentro entre empresas y personas que buscan trabajo.Datos de la feria de empleo en BelloFecha: jueves 24 de septiembre de 2026.Horario: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.Lugar: Parque Fabricato, Bello.Vacantes: más de 2.000.Empresas: 20.Requisito: hoja de vida actualizada.Aliados: SENA y Alcaldía de Bello.