El Consejo Nacional Electoral revocó la candidatura del exnarco Samuel Santander Lopesierra en su carrera por la Alcaldía de Maicao, debido a que este pagó una condena por narcotráfico en Estado Unidos. Las reacciones del también conocido hombre ‘Marlboro’ no se hicieron esperar entre sus simpatizantes, hasta tal punto de desafiar la decisión."Cualquier decisión que se tome nos van a derrotar en las urnas y para que esto quede claro y no se equivoquen, vamos hasta el 29 de octubre porque así lo exige la democracia", dijo Samuel Santander Lopesierra en medio un evento político.Vea el video aquí:El otro caso es el de la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, a quien también el Consejo Nacional Electoral le revocó su candidatura por la Alcaldía de Albania, por cuenta de fallos de responsabilidad fiscal. A través de sus redes dijo que sus aspiraciones siguen."Nos revocaron la inscripción, pero nosotros interpusimos unos recursos y, además de eso, utilizaremos los mecanismos que la ley Colombiana nos de para proteger mis derecho políticos".La exgobernadora de La Guajira también dijo que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares y que interpondrá una tutela.Le puede interesar:
La Fiscalía General de la Nación logró condena contra Yineth Adolfo Carrillo Pinto, quien sirvió de intermediario o tramitador en las diferentes irregularidades detectadas en dos contratos de adoquines de vías en Albania (La Guajira), cuyo valor ascendió a 12.590 millones de pesos.De acuerdo con los elementos de prueba, fueron desviados 5.901 millones de pesos de los contratos de adoquines para la campaña política de la entonces aspirante a la Gobernación de La Guajira, Oneida Pinto Pérez.En el periodo preelectoral y, al parecer, por solicitud de la candidata, los contratistas emplearon a 2.165 personas para que, presuntamente, trabajaran en las obras. En las verificaciones se constató que muchos de los vinculados nunca pertenecieron al proyecto, eran mujeres embarazadas o adultos mayores.En el curso de la investigación se estableció que Carrillo Pinto recibía órdenes directas de su familiar para intervenir en la ejecución de los contratos y realizar los trámites ilícitos para la apropiación de recursos públicos, entre otras supuestas anomalías.El procesado, primo de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, aceptó su responsabilidad en los hechos y suscribió preacuerdo con la Fiscalía asegurando que testificará contra la exfuncionaria. Un juez promiscuo de Maicao lo condenó a 33 meses y 15 días de prisión por el delito de falsedad ideológica en documento público.
Las reacciones ante la libertad por vencimiento de términos de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales por parte de personalidades colombianas y el círculo político del país.Concejales, representantes a la Cámara, senadores, entre otros, son algunas de las personalidades que se han pronunciado al respecto. Muchos de ellos, en contra de la decisión judicial.¿Cómo reacciona la política?El senador del Polo Democrático, Alexander López Maya, calificó de "putrefacto" al sistema judicial de Colombia por la decisión de dejar libre a Oneida Pinto.Por su parte, Diego Cancino, concejal de Bogotá, tildó de "cómplice de la corrupción" a la justicia colombiana.María José Pizzaro Rodríguez, representante a la Cámara por Bogotá, dijo sentirse "avergonzada" por la decisión judicial.La concejal de Bogotá, Heidy Sánchez Barreto, dijo que este tipo de decisiones "solo pasan en Colombia".El representante a la Cámara por Bogotá, Sergio Marín, también criticó a la Fiscalía.PersonalidadesEl periodista y escritor Jorge Rojas, también comentó sobre el caso Oneida Pinto.
Este martes quedó en libertad la polémica exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, por vencimiento de términos en uno de lo procesos por posibles actos de corrupción. En su momento, la fiscal del caso aseguró que cuando Pinto estaba en la alcaldía firmó un contrato por 6.675 millones de pesos para adoquinar las calles del municipio de Albania, pero por adiciones ese contrato llegó a 12.590 millones de pesos.Pinto, quien estaba recluida en una cárcel de Valledupar, continuará vinculada al proceso por presuntas irregularidades en un contrato suscrito entre 2010 y 2011.La exgobernadora, que estuvo prófuga por más de un año, se había entregado a las autoridades el 12 de julio de 2020. Desde septiembre de 2020 se encontraba recluida en una cárcel de Valledupar.
Tras estar un año prófuga de la justicia, la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto se entregó a las autoridades este domingo. El procedimiento se hizo con la presencia de la Defensoría del Pueblo, que estuvo como garante.En Mañanas BLU, Paola Andrea Meneses, fiscal delegada contra la Criminalidad Organizada, contó detalles de la entrega de Pinto, que se presentó de forma voluntaria a las autoridades en La Guajira para cumplir con una medida de aseguramiento.Asimismo, la fiscal habló sobre lo que le espera penalmente hablando a la exgobernadora y explicó por cuáles delitos deberá responder ante la justicia colombiana.Explicó que el 5 de julio de 2019, la Fiscalía logró la orden de captura en contra de la exgobernadora por presuntas pérdidas de más de 5.900 millones de pesos en un contrato para la construcción de adoquines en el municipio de Albania y hace tan solo una semana, el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Riohacha prorrogó por un año más la orden de detención en contra de la exmandataria.Asimismo, manifestó que Oneida Pinto, que ya se encuentra en Bogotá, es procesada por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.“Pinto está desde anoche en las instalaciones del búnquer de la Fiscalía. La audiencia para el control de legalidad sobre la captura será esta mañana. La señora Pinto fue imputada por tres delitos: peculado por apropiación, contrato sin requisitos legales y concierto para delinquir”, manifestó.En tal sentido, la fiscal aseguró que la exgobernadora se expone a una pena superior a los 10 años de prisión.“Estos tres son delitos graves y la pena, sin lugar a dudas, será superior a 10 años. Es importante señalar que en este momento existe otro proceso ante la delegada ante la Corte Suprema de Justicia que se está llevando a cabo en el juzgado 25 de Bogotá. Este caso está en etapa preparatoria y tiene que ver con hechos en la celebración de un convenio interadministrativo entre la alcaldía y el hospital San Rafael de Albania”, contó.*Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:
La entrega de la exgobernadora de la Guajira Oneida Pinto se produjo en el comando de Policía de Riohacha. El procedimiento se hizo con la presencia de la Defensoría del Pueblo, que estuvo como garante.Pinto se presentó de forma voluntaria a las autoridades en La Guajira para cumplir con una medida de aseguramiento.Lea también: "Ordenan captura por corrupción de Oneida Pinto, exgobernadora de La GuajiraEl 5 de julio del 2019, la Fiscalía logró la orden de captura en contra de la exgobernadora por presuntas pérdidas de más de 5.900 millones de pesos en un contrato para la construcción de adoquines en el municipio de Albania, y hace tan solo una semana, el Juzgado !uinto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Riohacha prorrogó por un año más la orden de detención en contra de la exmandataria.Oneida Pinto es procesada por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.La exgobernadora se encontraba prófuga de la justicia desde el 18 de junio del año 2019.
La exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, tendrá que responder en un juicio disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación por unas presuntas irregularidades en la licitación de un contrato por valor superior a los $20.453 millones.El objetivo del proyecto que fue adjudicado por la Gobernación era para la “implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en el departamento de La Guajira".El Ministerio Público encontró que, en la licitación No. 033 de 2015, se impusieron restricciones a algunas empresas relacionadas con la experiencia y la capacidad financiera que permitieron que solo un oferente se quedara con el millonario contrato, que quedó en manos de la compañía Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (Funtics).Lea también: ¿Por qué exgobernadora Oneida Pinto denunció a funcionarios de la Fiscalía? A este llamado hecho por la Procuraduría deberán responder otros funcionarios de la Gobernación de la época, como la exsecretaria de Educación Bely Géneco; al exdirector Operativo Gilbert Meza Cerchar, y el profesional universitario de la administración departamental Gerardo Cujia Mendoza, entre otros.La Procuraduría encontró que dicha acción pudo afectar el presupuesto del departamento y también se habrían violado la libre competencia y selección objetiva, entre otros. El ente recordó que los investigados tenían el deber de verificar que el proceso fuera adelantado siguiendo las reglas establecidas para el desarrollo de los procesos contractuales.
El juez 45 de control de garantías emitió orden de captura en contra de la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto Pérez, procesada por corrupción.Le puede interesar: “Que me cuide”: fiscal denuncia amenaza de abogado de Oneida PintoAl tomar la decisión, el juez se refirió a la gravedad de los hechos que investiga la Fiscalía y que están relacionados con un contrato para adoquinería en Albania que inició costando $6.675 millones y con adiciones terminó costando $12.590 millones. El funcionario judicial también tuvo en cuenta el riesgo que Pinto Pérez representa para el proceso, la sociedad, los testigos y el riesgo de fuga. También, tuvo en cuenta los argumentos de la Fiscalía, que al pedir que la exmandataria regresara a presión, aseguró que varios testigos en su contra han recibido amenazas e intimidaciones.“Se habría intentado presionar a unos testigos para que no declararan, siendo indicativo de una obstrucción a la justicia pues existe un riesgo latente, quizás para el peligro para la comunidad pese a que ya no tiene la calidad de servidora pública se desconoce por parte de este despacho si ha sido sancionada disciplinariamente o puede aspirar a un cargo lo que representaría un peligro para la sociedad", dijo el juez, que advirtió que las conductas son "graves y lesivas" En la decisión, también se compulsó copias en contra de Antonio Luis González, abogado de la exgobernadora, por su comportamiento indebido durante el curso de la diligencia judicial, que estuvo marcada por acusaciones del jurista a la fiscal Ángela Santana, que adelanta esta investigación.Escuche la noticia aquí:
En la audiencia de medida de aseguramiento contra la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, la fiscal del caso dijo que la sindicada aún está "vigente y podría alterar los materiales probatorios". Asimismo, habló de la dificultad en conseguir los testigos porque estos temen por su seguridad.La exgobernadora es señalada por, presuntamente, apropiarse de dineros concernientes a dos proyectos viales en Albania, La Guajira, los cuales tuvieron un costo cercano a los 12.595 millones de pesos. Según la Fiscalía, más de la mitad de esos recursos no fueron destinados a las construcciones en las vías.La representante del ente acusador reveló un testimonio entregado por William Bolaños, vinculado por la Fiscalía a la presunta banda criminal comandada por Pinto, en donde dijo que ella los había mandado a llamar y les habría dicho "que las cosas se iban a poner feas, que mientras ella arreglaba las cosas lo mejor era que nosotros huyéramos. Nos entregó 10 millones de pesos, el recurso lo entregan fuera de la Gobernación”.Por su parte, la fiscal del caso denunció presuntas amenazas que el abogado de Pinto le habría hecho."El señor Antonio Luis González, abogado de Oneida Pinto, me dice de antemano que La Guajira es una región muy complicada, que yo conozco los temas de seguridad, que me cuide, que habían matado a un abogado la semana pasada, pero que me cuide que yo soy muy joven", aseguró la fiscal.Tras más de tres horas de audiencia, decenas de pruebas entregadas por la Fiscalía y las graves afirmaciones en contra del abogado defensor, este tomó la palabra de manera arbitraria para exigirle respeto a la fiscal y pedir que se suspendiera la audiencia, aludiendo necesitar tiempo para analizar las evidencias. Por este motivo la diligencia fue aplazada para el próximo viernes en horas de la mañana.
Por presuntamente apropiarse de dineros de dos proyectos en La Guajira y crear una empresa criminal para tramitar y celebrar contratos, la Fiscalía le imputó seis cargos a la exgobernadora del departamento, Oneida Pinto.En audiencia de imputación en los juzgados de Paloquemao, el ente acusador señaló a la exgobernadora por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. La imputada no aceptó cargos.Lea también: Fiscalía pide que Oneida Pinto sea enviada nuevamente a la cárcelLos hechos habrían ocurrido entre agosto de 2010 y marzo de 2011 por contratos viales en Albania, La Guajira, con un valor aproximado de 12.595 millones de pesos."Más de la mitad de lo que se giró para la Alcaldía de Albania fue apropiado y no invertido", dijo la juez del caso.Lea también: Nuevas condenas en caso de corrupción contra exgobernadora Oneida PintoDurante la audiencia, la representante del ente acusador dijo que Oneida Pinto fue quien organizó la empresa criminal que ella misma lideraba y el segundo al mando era Yankeler Hernández Eraz, quien era el alcalde de Albania y se había desempeñado como conductor de ella. Finalmente, la fiscal concluyó que en esa época, "en Albania no se movía una hoja sin la autorización de Oneida Pinto".
El Deportivo Independiente Medellín confirmó este miércoles la llegada de dos nuevos refuerzos para afrontar los retos deportivos del segundo semestre de la temporada. Se trata del delantero Jeison Medina y el defensor Alfonso Simarra, quienes se incorporan al plantel poderoso con el objetivo de fortalecer el ataque y la zona defensiva.Jeison Medina, delantero antioqueño nacido en Medellín, regresa a su ciudad para vestir la camiseta del DIM tras su paso por Liga Deportiva Universitaria de Quito. El atacante se ha consolidado en los últimos años como uno de los goleadores colombianos más regulares, gracias a su capacidad para definir y su constante aporte ofensivo.El club informó que Medina llega al Deportivo Independiente Medellín en condición de préstamo por un año, con opción de compra. Desde ahora integrará el plantel profesional y estará disponible para competir en los diferentes torneos que disputará el equipo durante la presente temporada."Con su olfato goleador, experiencia y compromiso, inicia una nueva etapa defendiendo los colores del Equipo del Pueblo", destacó el Medellín al oficializar la incorporación del atacante, a quien también le dio la bienvenida con el mensaje: "Que este sea el comienzo de muchos goles y alegrías junto a la Familia Roja".El segundo fichaje anunciado por el DIM fue el del defensor colombiano Alfonso Simarra, quien llega procedente de UCV de Venezuela para reforzar la última línea del conjunto antioqueño. El zaguero se suma al proyecto deportivo con la misión de aportar seguridad, fortaleza y solidez defensiva.A diferencia de Medina, Simarra firmó un contrato por las próximas dos temporadas con el Deportivo Independiente Medellín. El defensor ya hace parte del plantel profesional y comenzará de inmediato su proceso de adaptación para competir en el segundo semestre del año."Con ilusión y la responsabilidad que representa vestir esta camiseta, Simarra inicia una nueva etapa en su carrera defendiendo los colores del Poderoso", señaló el club en el anuncio oficial, en el que también le deseó éxitos en esta nueva etapa junto a la Familia Roja.Con la llegada de Jeison Medina y Alfonso Simarra, el Deportivo Independiente Medellín continúa reforzando su plantilla de cara a los desafíos del segundo semestre. La institución espera que ambos futbolistas aporten experiencia, rendimiento y competitividad para luchar por los objetivos deportivos en la Liga y las demás competencias del calendario.
El Gobierno nacional expidió el Decreto 0742 de 2026, con el que reglamenta por primera vez el cierre de minas en Colombia. La norma establece un marco para que la finalización de los proyectos mineros se realice bajo criterios ambientales, laborales, sociales, técnicos y financieros, e incorpora esta etapa como un requisito obligatorio dentro del ciclo de vida de la actividad minera.El decreto define cinco modalidades de cierre: progresivo, temporal, anticipado, final y cierre técnico gradual para la pequeña minería y los procesos de formalización. También determina que las medidas para el cierre deberán planearse desde la etapa de explotación y mantenerse durante el seguimiento posterior al cierre de cada proyecto.En materia laboral, la reglamentación exige la implementación de planes de transición para los trabajadores, procesos de concertación con organizaciones sindicales, programas de reconversión productiva, capacitación con el SENA y mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social durante el proceso de cierre.La norma también establece que los terrenos donde concluya la actividad minera podrán destinarse a proyectos de restauración ecológica, conservación de la biodiversidad, producción agropecuaria sostenible, generación de energías renovables, turismo, infraestructura comunitaria y otras actividades compatibles con el desarrollo territorial.De acuerdo con el Gobierno, el decreto articula las competencias de los ministerios de Minas y Energía, Ambiente y Trabajo para regular el cierre de minas y definir responsabilidades durante esta etapa. La reglamentación busca establecer procedimientos para prevenir pasivos ambientales y sociales, así como brindar un marco de actuación para las autoridades y los titulares mineros.
El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace tres semanas en la zona norte de Venezuela ascendió este miércoles a 4.829, luego de que las autoridades sumaran 95 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas que quedaron sin vivienda en 17.907, según el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Asimismo, hay 20.857 personas en 106 campamentos transitorios, uno menos que el reportado este martes, según este nuevo balance.Desde que ocurrieron los terremotos, el pasado 24 de junio, se han presentado 1.284 réplicas. La más reciente que fue percibida por la población tuvo una de magnitud 3,9 y ocurrió el pasado viernes en Naiguatá, estado de La Guaira, la región más afectada por los sismos.Según este balance, hay unos 856 edificios afectados y 190 colapsados.El Gobierno informó el fin de semana sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que puedan ser 25.000. Según dijo Jorge Rodríguez el sábado, la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas esta semana.En medio de este proceso, el Gobierno y un grupo opositor -encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera- han establecido un plan de trabajo que comenzará el próximo 1 de agosto para el "fortalecimiento de la democracia" y para enfrentar "las consecuencias del doblete sísmico".
Un venezolano de 45 años murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Georgia, en el sur de Estados Unidos, según informó este miércoles dicha dependencia, con lo que suman 22 migrantes fallecidos en condiciones similares en lo que va de 2026.El hombre, identificado como Jesús Manuel Arenas Silva, murió el lunes de un supuesto paro cardíaco mientras las autoridades lo trasladaban entre centros de detención en Georgia, reveló el ICE en un comunicado.Los agentes encontraron inconsciente a Arenas Silvas cerca de las 7:46 horas (11:46 GMT) cuando iba en un autobús del Centro de Detención del Condado de Irwin en Ocilla hacia el Centro de Procesamiento de Folkston D. Ray, por lo que pidieron asistencia médica, de acuerdo con el relato de ICE.Los servicios de emergencia transportaron al venezolano al Hospital del Condado de Irwin, donde lo declararon muerto menos de una hora después, a las 8:31 horas (14:31 GMT)."Se sospecha que la causa de muerte fue un paro cardíaco. La causa oficial está pendiente de un examen médico posterior", señaló el ICE.Con este deceso, suman 22 migrantes muertos bajo custodia del ICE en lo que va del año tras los 33 decesos de 2025, la mayor cifra en dos décadas, con base en el recuento de la organización National Immigration Project.En este contexto, la tasa de mortalidad de migrantes detenidos por el ICE está en su nivel más alto en más de una década y se ha más que duplicado desde que comenzó la segunda presidencia de Donald Trump, afirmó la asociación Human Rights Watch en un reciente informe.El fallecimiento del venezolano trasciende en medio protestas por las muertes de la última semana de dos hombres por disparos de agentes del ICE cuando conducían: el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, padre de tres hijos, el 7 de julio en Texas, y el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26, este lunes en Maine.Además, un mexicano murió este martes atropellado tras huir de un operativo migratorio en Florida.El ICE sostuvo que Arenas Silva recibió atención médica y revisiones de salud mientras estuvo en custodia, además de indicar que entró a Estados Unidos "de manera ilegal y sin inspección" en octubre de 2021 bajo la Administración de Joe Biden (2021-2025) por la frontera.Un juez de inmigración en Atlanta había ordenado en abril pasado su expulsión a Venezuela.
La tranquilidad del municipio de Mercaderes, en el sur del Cauca, se vio interrumpida este miércoles luego de que se registraran intensos enfrentamientos entre presuntos integrantes del ELN y otra estructura armada ilegal que opera en la región. Los combates, ocurridos hacia el mediodía, generaron momentos de angustia entre los habitantes y motivaron una rápida reacción de la Fuerza Pública para evitar que la confrontación se extendiera.De acuerdo con información preliminar, la disputa estaría relacionada con el control territorial y las rutas utilizadas para el narcotráfico, una problemática que desde hace varios años alimenta la presencia y el accionar de diferentes organizaciones armadas en esta zona estratégica del departamento del Cauca.A través de un comunicado, el Ejército Nacional confirmó que desplegó tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 4, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, para fortalecer la presencia institucional en el sector y adelantar operaciones militares orientadas a restablecer la seguridad y proteger a la población civil.Las operaciones continúan en el área mientras las autoridades mantienen un dispositivo de control para evitar nuevos enfrentamientos y verificar posibles afectaciones derivadas de los combates. Hasta el momento, no se ha entregado un balance oficial sobre víctimas o personas lesionadas, mientras avanzan las labores de verificación en la zona.
