Este martes, 16 de noviembre, se adelantó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los tres imputados por el delito de acceso carnal violento en concurso con acto sexual violento agravado, registrados en un hogar de paso del ICBF en Valledupar.
Se trata de tres personas que funjían como directivas de la fundación Fundinaj y que en convenio con el ICBF albergaban 70 niños para el restablecimiento de sus derechos.
Durante la diligencia judicial, la Fiscalía aportó material probatorio que demostraría la presunta autoría de vejámenes sexuales contra menores.
Es por eso que el ente investigador solicitó medida de aseguramiento intramural contra los tres procesados.
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Se trata de Rober Fernández Tovar, su esposa Rosa Virginia Laguna y Lenin Fernández Tovar; representante legal, directora y coordinador respectivamente de la fundación Fundinaj.
Según la Fiscalía, es la medida que corresponde si se tiene en cuenta que, presuntamente, representan un peligro para la sociedad, y que tendrían la infraestructura física, es decir la fundación, para continuar cometiendo estos actos.
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Yessenia Mazeneth, representante de la Fiscalía, señaló que la menor que denunció el caso ingresó a la fundación el 7 de mayo del 2020, porque su padre biológico presuntamente la abusaba, sin embargo, según la denuncia, entrar a la fundación habría sido su “peor desgracia”.
De acuerdo con el ente acusador, la pequeña entró a la fundación el 7 de mayo de 2020 porque habían rumores que su padre biológico la abusaba.
No obstante, afirman que en noviembre comenzaron los abusos y aseguraron que la pequeña les relató que la obligaron a ver sus relaciones sexuales, además videos pornográficos.
Añaden que en una oportunidad fue llevada a un motel donde tuvo que sostener encuentros sexuales, además que fue llevada a Cartagena donde le propusieron hacer un trío.
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El ente investigador señaló que, según la investigación, los actos se cometieron entre noviembre del 2020 y febrero del presente año, periodo que se convirtió en una pesadilla para la menor.
Llama la atención que, además de la menor, se realizaron otras entrevistas a testigos, que terminaron, según la investigación, siendo victimas de los procesados.
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Los testimonios dan cuenta que todos los trabajadores de la fundación conocían la situación, y que el modo de operar el mismo; someter, presuntamente, a las menores, obligarlas a tener relaciones con ellos, ingerir licor, entre otros actos abusivos.
Con este y otros relatos de testigos y posibles victimas, la Fiscalía, sustentó en la diligencia judicial que los imputados representan un peligro para la sociedad.
Además, la Fiscalía indicó que contra los procesados cursa otra investigación asociada a estos actos, razón por la cual los calificó como reincidentes.
Concluyó la representante del ente investigador que los tres imputados “Sabían que estaban cometiendo un delito".
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"Actuaron con dolo, ejerciendo, presuntamente, violencia psicológica y física. Lo que hicieron fue re victimizar a las menores, esto tendiendo en cuenta que el objeto de la Fundación era brindar protección y acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual", insistió.
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