Son, al menos, cuatro los casos relevantes que hoy mantienen en alerta a la secretaría de Transparencia del Gobierno Nacional, luego de que el despacho culminara la audiencia de víctimas de la corrupción en Soledad, Atlántico, y determinara que en el departamento se vive una especie de “carnaval de impunidad” frente a algunos de ellos.
El primer caso que mantiene preocupado al despacho involucra al Hospital Metropolitano de Barranquilla tras la pérdida de $14.000 millones de pesos, cuyo proceso no ha tenido avances significativos desde el pasado mes de septiembre en la Fiscalía 17 Seccional Delegada para la Seguridad Territorial.
Andrés Idarraga, secretario de Transparencia, hizo un llamado a la Contraloría General de La Nación para revisar el presunto hallazgo fiscal, toda vez que ya se contaría con el material probatorio necesario para avanzar en este caso que, según él, “aún está en la impunidad”.
"Este caso ha conllevado a la detención de un fiscal, de dos jueces, hasta de un exrector de una universidad, pero que sigue la investigación desde septiembre del año pasado. Le hemos estado solicitando a la Fiscalía que ante la cantidad de material probatorio, pueda avanzar de manera rápida en este caso, que aún está en impunidad"
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Así mismo, Idarraga pidió a la Procuraduría General de La Nación que se pronuncie sobre las presuntas faltas disciplinarias de los funcionarios públicos involucrados en el posible detrimento patrimonial del Hospital Metropolitano de Barranquilla.
Otro caso se encuentra vinculado a la población con discapacidad y sus cuidadoras quienes, pese a contar con órdenes judiciales, no reciben atención médica, pero estos cobros, al parecer, sí se estarían haciendo efectivos, pese a las 12 tutelas interpuestas hasta ahora por la presunta vulneración de sus DD.HH.
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Finalmente, otros dos procesos están relacionados con trabajadores de la Drummond, teniendo en cuenta que, pese a que juntas médicas certificaron pérdida de la capacidad laboral superior al 50% para un gran número de ellos, aún no han sido reconocidas.
También resalta el proceso que se adelanta por la extinta Reynolds donde, presuntamente, hubo una venta simulada de una entidad financiera que los tendría “despojados”.
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