El presidente Abelardo De La Espriella anunció que la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana será la secretaria de Transparencia de la Presidencia y asumirá sus funciones el 8 de octubre, cuando termina su periodo en la Corte.“Con la magistrada Lombana vamos a estructurar y articular un bloque de búsqueda contra la corrupción, con toda la capacidad institucional del Estado para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos”, señaló De La Espriella.Es importante recordar que recientemente se generó una polémica con la magistrada Lombana que llevó a que otros magistrados le trasladaran a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara una solicitud del abogado de la senadora Martha Peralta, quien pedía indagar las actuaciones de Lombana cuando Peralta fue conducida y detenida temporalmente con el fin de que asistiera a su indagatoria.Otra polémica se dio tras el allanamiento ordenado por la magistrada a la casa en Barranquilla del exministro del interior Armando Benedetti. En ese momento el entonces funcionario denunció presuntas irregularidades y excesos durante el proceso.“Vamos por todos los que se hayan atrevido a tocar la plata del pueblo colombiano. En este Gobierno, la corrupción no tendrá escondite, privilegios ni impunidad. Los recursos públicos son sagrados y se respetan”, agregó el presidente De La Espriella.
A pocos días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, las campañas de Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda ya reportan sus movimientos financieros en la plataforma Cuentas Claras, herramienta oficial de seguimiento a los ingresos y gastos electorales. Un informe de Transparencia por Colombia revela que, hasta el 18 de junio, ambas candidaturas habían registrado ingresos por 27.500 millones de pesos y gastos por más de 13.309 millones."La financiación de la política sigue siendo uno de los principales riesgos de corrupción y captura del Estado a nivel global; por ello, conocer cómo se financian quienes aspiran a gobernar es una condición fundamental para garantizar una competencia electoral en condiciones de equidad", se menciona en el comunicado.Los datos muestran que la totalidad de los recursos reportados hasta ahora proviene de créditos otorgados por entidades financieras. La campaña de Abelardo De La Espriella informó un préstamo por 17.500 millones de pesos con el Banco GNB Sudameris, mientras que la de Iván Cepeda registró un crédito por 10.000 millones de pesos con la Cooperativa Financiera JFK.El reporte también evidencia que ninguna de las dos campañas ha registrado recursos provenientes de anticipos estatales, mecanismo de financiación pública contemplado en la legislación electoral. De esta manera, al igual que ocurrió durante la primera vuelta, las candidaturas han sostenido su operación principalmente mediante endeudamiento financiero.En cuanto al destino de los recursos, la publicidad electoral concentra la mayor parte de las inversiones realizadas, lo que representa el 95 % de todos los gastos reportados que incluye pautas en medios de comunicación, cuñas radiales, publicidad en televisión, vallas, impresos e incluso campañas digitales en plataformas como Google y Meta.El mayor desembolso registrado corresponde a la campaña de Abelardo De La Espriella, que reportó un pago de 6.487 millones de pesos a la empresa Industrial Party S.A.S. por conceptos relacionados con propaganda electoral. Dentro de este mismo componente también aparecen inversiones en publicidad digital, que representan cerca del 10 % del gasto total destinado a promoción de campaña.Los gastos administrativos se encuentran el segundo ítem más importante, con una participación cercana al 4 % del total reportado. En esta ítem figuran pagos a asesores y equipos de trabajo. El mayor registro también corresponde a la campaña de De la Espriella, que informó un pago de 357 millones de pesos a la firma Huella Electoral S.A.S.Por su parte, los gastos de transporte representan el 1,2 % de los recursos ejecutados e incluyen desplazamientos aéreos y terrestres. En este apartado solo aparece la campaña de Iván Cepeda, cuyo mayor pago fue de 66 millones de pesos a Juan Pablo Duarte Parra. Mientras tanto, los gastos relacionados con actos públicos apenas alcanzan el 0,1 % del total y fueron reportados únicamente por la campaña de De la Espriella.Transparencia por Colombia señaló que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar el acceso completo a la información financiera de las campañas y corregir dificultades detectadas en la consulta pública de algunos registros.
La Agencia Nacional de Infraestructura publicó una carta asegurando que no existe ninguna ilegalidad sobre la entrega de bienes inmuebles por parte de entidades territoriales para la construcción del proyecto de la Variante Accenorte, tras las declaraciones del secretario de Transparencia el pasado 27 de agosto en una rueda de prensa. Sin embargo, como respuesta a esto, la Secretaría de Transparencia asegura que se mantiene en esta posición, ya que existe la documentación y análisis jurídico sobre el proyecto.En una lista de cinco puntos, la Secretaría de Transparencia resalta que los puntos preocupantes con respecto a la obra fueron expuestos ante el presidente de la ANI, Óscar Torres, y el equipo jurídico. Aspectos que también fueron revelados en un documento de prensa el pasado 30 de julio, solicitando además información adicional.Entre tanto, en el documento que responde a la ANI, la Secretaría de Transparencia asegura que no se precisó que la entrega de bienes en Chía, Cundinamarca, fuera ilegal, sino que se cuestiona que los predios mencionados están destinados para obras locales del POT, pero estos fueron entregados para proyectos nacionales. Asimismo, hace referencia al convenio 019 del 2017, en el que se habla de la entrega gratuita de predios, que, en vez de firmar un convenio que mejoraría las condiciones de costo para la adquisición, en palabras de la Secretaría de Transparencia, se hizo una redistribución de recursos para cubrir mayores cantidades de obra no previstas ni planificadas.“Desconociendo lo establecido en el contrato de concesión sobre el manejo de remanentes. Además, el convenio se firmó sin que existiera validación técnica de la interventoría sobre los diseños de detalle”, detalla la Secretaría de Transparencia.Por su parte, en la comunicación emitida por la Secretaría de Transparencia, confirman que los resultados de esta indagatoria pueden conllevar decisiones judiciales y administrativas, confirmando nuevamente que la cesión predial efectuada no goza de la naturaleza jurídica para ser adjudicada a este proyecto al norte de Bogotá.
Recientemente la Secretaría de Transparencia de la Presidencia mencionó al expresidente del Senado, Juan Diego Gómez, en una supuesta cadena de corrupción en el Puerto de Barranquilla. Según la información que se dio a conocer, algunos dineros producto de los sobornos serían entregados a un miembro de la Policía y al mismo Gómez.Vale la pena recalcar que dentro de este presunto entramado estaría vinculado Diego Marín, alias 'Papá Pitufo', nombre que puso en alerta al exsenador del Partido Conservador que emitió un comunicado en el que denuncia públicamente que la Presidencia y la Secretaría de Transparencia están realizando una campaña de desprestigio en su contra. Precisamente en medio de los argumentos dados por Gómez, encabeza el hecho que, “no tengo, ni he tenido jamás, relación alguna con el ciudadano Diego Marín”.Por su parte, el expresidente del Senado manifestó que no ha recibido dineros provenientes de uniformados de la Policía, expresando que la denuncia recién conocida es una acción calumniosa e injuriosa. A su vez y ante los fuertes señalamientos confirmó que está dispuesto a colaborar con las autoridades correspondientes para brindar su testimonio frente a la situación denunciada.Gómez llama a lo que está pasando como “otro show mediático”, ya que expresó que es conocida su oposición con la izquierda y, además, mencionó las denuncias que en su momento hizo en contra de la campaña del ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro. En este sentido Gómez insistió que se dio cuenta del hecho por medio de la información de la Secretaría de Transparencia considera que, “no es la vía legal para notificar a un ciudadano sobre una presunta investigación”.Por último, el exsenador expresó que en manos de su abogado quedan las acciones penales y civiles correspondientes sobre este presunto caso de corrupción.
Según la investigación, la directora de la AUNAP será investigada por presuntas irregularidades que comprometen un monto de $15.000 millones, destinados a mejorar la productividad de las comunidades pesqueras del país.El convenio en cuestión fue diseñado con el objetivo de beneficiar a las comunidades pesqueras, pero, según los resultados, los procedimientos realizados no solo carecían de transparencia, sino que además incumplieron los estándares legales y administrativos requeridos. Uno de los puntos es que los contratos fueron adjudicados de manera directa, sin la debida licitación, lo que contraviene las normativas sobre la contratación pública.La denuncia que dio origen a la polémica , surgió a partir de alertas en medios de comunicación, que expusieron presuntos hechos de corrupción. De acuerdo con la Secretaría de Transparencia, incluso al momento de firmar el convenio, la entidad no tenía claridad sobre quiénes serían los beneficiarios de los recursos.Andrés Idarraga, secretario de Transparencia, señaló que la falta de control en la entrega de los recursos y la ausencia de licitación formal son elementos clave dentro de este proceso. En declaraciones recientes, Idarraga expresó que la Secretaría no tolerará ninguna irregularidad y que, dado el monto involucrado, es fundamental que las autoridades correspondientes actúen con rapidez.Como parte de las medidas que se están tomando, la Secretaría de Transparencia ha puesto la situación en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, solicitando que se investigue a fondo el posible desvío de recursos. Además, se ha pedido a la Contraloría General de la República que verifique si existió pérdida de recursos provenientes del Sistema General de Regalías, con el fin de garantizar que los fondos públicos sean utilizados de manera adecuada.
El Departamento Administrativo de Presidencia informó que el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, recibió amenazas de muerte en su casa a través de una corona fúnebre.La amenaza fue rechazada por el Gobierno nacional que destacó que estas amenazas “no detendrán la misión de descubrir y exponer actos de corrupción que están alejados de este Gobierno".Desde la Presidencia están llamando a la ciudadanía a apoyar esta investigación, suministrando información a las autoridades que les permitan dar con los responsables de estas amenazas.Estos hechos se dan después de que la Secretaría de Transparencia llamara a las demás entidades del estado a presentar los casos de corrupción que se hallan reportado en los últimos 6 años.El nombre de Andrés Idárraga estuvo en la lupa pública al haber sido mencionado por Olmedo López, quien afirmó que el secretario actuó como facilitador de reuniones, sin embargo, el funcionario aclaró que su única función fue ayudar a conectar a los alcaldes y gobernadores con la antigua cabeza de la Unidad de Gestión del Riesgo.
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia puso en conocimiento de la Fiscalía conductas que involucran al viceministro de Conectividad, Gabriel Jurado, así como a otros servidores y contratistas del Ministerio de las TIC, para que se adelanten las indagaciones pertinentes.La oficina a cargo de Andrés Idárraga también solicitó a la Procuraduría investigar hechos relacionados con una denuncia que señala una presunta contratación irregular por 5.000 millones de pesos en el Ministerio de las TIC, vinculada a estudios de conectividad encargados al Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Cintel). Según la denuncia, estos estudios habrían sido innecesarios, ya que habían sido donados previamente por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.El encargado de aprobar los estudios que Cintel debía entregar al Ministerio de las TIC sería un asesor del viceministro de Conectividad, quien podría tener un conflicto de interés, dado que habría estado vinculado a la empresa que recibió el millonario contrato.En un documento de 19 páginas, la Secretaría de Transparencia expuso los indicios encontrados, entre ellos la presunta ocultación de la participación de José Manuel Acosta.“No se comprende el motivo por el cual el viceministro, presuntamente, quiso ocultar la participación del señor José Manuel Acosta (asesor y gerente a cargo del proyecto) en las reuniones, lo que podría ser indicio de una presunta irregularidad en torno a ello”, dice el documento.
El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, quien se vio involucrado en el escándalo de corrupción de la UNGRD, pero tras una conversación con el presidente Gustavo Petro se quedó en su cargo, se refirió a las delaciones del exdirector de la Unidad que salpican a funcionarios del Gobierno del presidente Petro.El funcionario pidió mayor celeridad a la Fiscalía e invitó a López a mostrar las pruebas de sus acusaciones. “Lo que queremos es que destape todas sus cartas y no dé a pocos porque sentimos que no hay una respuesta frente a la denuncia que pudimos contra él. Si tienes pruebas contra un funcionario público, que las ponga sobre la mesa (…) lo que queremos es que los cuente todos y de una vez, que avance más la justicia y cese el show”, dijo Idárraga.En medio del escándalo de corrupción que rodea al Gobierno, la Secretaría de Transparencia y el Dapre trabajan en presentar un decreto para la estrategia de lucha contra este tipo de casos. El secretario anunció que también buscan proponer al Congreso medidas para ajustar contratación pública y logra que sea “más transparente”.Cabe mencionar que Andrés Idárraga fue uno de los señalados en el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El presidente Gustavo Petro le solicitó su carta de renuncia a él y a la consejera para las regiones en ese momento, Sandra Ortiz; sin embargo, aunque Ortiz sí salió de su cargo, Idárraga se mantuvo.
En medio del escándalo de corrupción que estalló en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo tras las revelaciones realizadas por Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector de la entidad, aparecen nombres de dos alcaldes y varios contratistas de Santander.Sneyder Pinilla Álvarez fue alcalde de Sabana de Torres, entre 2026 y 2019. Después trabajó como asesor en la Alcaldía de Girón, la Gobernación de Santander y el Invías, en temas de infraestructura, ya que es ingeniero civil.El congresista santandereno, Fabián Diaz, denunció que, desde la UNGRD, Sneyder Pinilla Álvarez, habría logrado que un millonario contrato fuera adjudicado para obras de mitigación en Sabana de Torres, donde fue alcalde, en plena época electoral en 2023.Pinilla Álvarez logró ser alcalde de Sabana de Torres con el apoyo del partido conservado y el Clan Aguilar, según fotografías de la época que circulan en redes sociales.“Si Sneyder Pinilla, exsubdirector Ungrd, pretende obtener un principio de oportunidad, debe delatar a sus patrones, no a unos simples firmones”, afirmó el senador Fabían Díaz. Veedores y sectores políticos de Santander han señalado que el actual alcalde de Sabana de Torres, Darío Buchenicow Caballero, salió electo con el apoyó del cuestionado exalcalde y exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla.El mandatario aparece en una lista de invitados a una reunión que, al parecer privado, que organizó Pinilla en Barranquilla, con unas 70 personas donde había varios alcaldes del país.Darío Buchenicow Caballero, también sostuvo una reunión en un restaurante, en ese entonces, con el director de la UNGRd, Olmedo López, Sneyder Pinilla, Fabián Oviedo, excandidato a la Alcaldía de Bucaramanga, y otras dos personas.Sneyder Pinilla aparece en varias fotografías en fiestas y de tipo social con el alcalde de Sabana de Torres.“Aquí en Sabana de Torres se habla de que el alcalde recibió el apoyo directo del exalcalde Sneyder Pinilla, quien estuvo todo el fin de semana de elecciones en el municipio”, dijo un dirigente comunal de Sabana de Torres.Blu Radio buscó al alcalde de Sabana de Torres, Darío Buchenicow Caballero, a través de uno de sus asesores para preguntarle sobre su cercanía y nexos con Sneyder Pinilla, pero hasta el momento no han dado respuesta a los interrogantes.El otro alcalde que aparece es el de Barrancabermeja, Jhonatan Vásquez, quien fue referenciado en un cruce de mensajes por Whatsapp entre el exdirector de la Ungrd, Olmedo López y el exsecretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga.La defensa de Olmedo López entregó otras conversaciones de Whatsapp en donde este aparece pidiéndole que atienda al alcalde de Barrancabermeja (Jhonatan Vásquez) en la entidad, siendo esto un posible delito por tráfico de influencias.“La intención inicial es que por favor escuches al alcalde electo de Barrancabermeja. Desde recepción han llamado 1.000 veces hace 40 minutos”, dice un mensaje de Idárraga a López.Veedores cuestionan el proceder de Andrés Idárraga, al llevar a varios alcaldes a la Ungrd para que hablaran con Olmedo López, cuando esa no era su misión desde la Oficina de Transparencia.Cuestionan contratos con empresas de Santander para atender emergencias en CórdobaDos millonarios contratos entregados por Olmedo López y Sneyder Pinilla, cuando eran altos funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo a empresarios de Santander están siendo investigados tras ser cuestionados en el proceso de adjudicación.El primer es el contrato por más de $129.000 millones para contener las inundaciones en la región de La Mojana, en el sector de ‘caregato’. El ganador fue el consorcio RGC conformado por las empresas de Santander, Petrobalin, Valco Holding, EBM Construcciones e Interventorías y Contrusego.“Son empresas muy cercanas a cuestionados políticos de Santander y al Clan Aguilar”, dijo un veedor ciudadanoSobre este contrato el director actual de la UNGRD, Carlos Carrillo, señaló que “se le seguirá pagando al Consorcio RCG en la medida que la interventoría lo permita, para la ejecución de obras complementarias, que deben completar la interventoría para noviembre de 2024 dentro del presupuesto asignado previamente. La UNGRD ha destinado, hasta el momento, casi $26 mil millones para la zona”, dijo el funcionario.El segundo contrato cuestionado para Córdoba fue a la empresa santandereana Maquisabana Rentall S.A.S, registrada en Cámara de Comercio de Barrancabermeja y que tiene como domicilio el municipio de Sabana de Torres, la misma localidad de la que fue alcalde el exdirector de UNGRD, Sneyder Pinilla.Según reposa en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, la empresa Maquisabana Rentall SAS, no estaría habilitada para prestar el servicio de transporte de carga.El contrato de alquiler de carrotanques fue por $6.500 millones y por un período de tres meses para abastecer a las poblaciones con problemas de agua, debido a la intensa sequía en el departamento de Córdoba.Dice el documento de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja que “la persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga”.Presidente Petro anticipa que más funcionarios saldrán por polémica de carrotanquesLo anterior, según líderes sociales de Sabana de Torres, pone en duda si la empresa podía prestar este servicio y, más allá de esto, si detrás de la contratación estaría el exalcalde y exdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, pues la empresa Maquisabana Rentall SAS tiene como domicilio principal una dirección de ese municipio, como fecha de matrícula aparece el 23 de mayo de 2023 y la última renovación fue el 9 de febrero de 2024.“Lo que pasa en Sabana de Torres hay que enlazarlo con el tema de contratistas, de empresas ficticias, los recursos que se están utilizando, los recursos que se están invirtiendo porque la plata que dicen que hubo en Sabana de Torres por $12.000 millones de pesos donde están. Sabana de Torres requiere un Jarillón en el río Lebrija y arreglo de vías y eso en donde está que las obras no se ven”, denunció el líder social y exconcejal de Sabana de Torres, Pablo Avendaño.Al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, le han cuestionado el nombramiento de Ana María Martínez, exesposa de Sneyder Pinilla, como gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio en Barrancabermeja. El exdiputado de Santander, Ferley Sierra, pidió su renunciaTras los cuestionamientos a la gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, el gobernador de Santander la respaldo."Toda mi solidaridad con la doctora Ana María, quien tiene todos los méritos profesionales para el cargo que hoy ostenta. No podemos permitir que políticos machistas sigan invisibilizando a las mujeres", dijo.“Mi nombre es Ana María Martínez Galvis soy administradora financiera especialista en gerencia financiera y gerencia de proyectos, actualmente soy la gerente del Hospital Regional de Magdalena Medio de Barrancabermeja, yo quiero alzar la voz como mujer, como madre y como profesional que soy ante los múltiples señalamientos y juzgamientos que se me vienen haciendo en redes sociales y quiero decirles a las mujeres se les debe catalogar por su profesionalismo, por su idoneidad y si estoy en ese hospital no es por cuotas políticas ni por nadie”, dijo Martínez.
El lío de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira no termina.Este 29 de febrero, el secretario de Transparencia de Presidencia, Andrés Idárraga, radicó una denuncia penal contra el director de la UNGRD, Olmedo López, sus dos subdirectores y varios empresarios vinculados al contrato de los 40 carrotanques.El secretario dice que, para ellos, es claro que hay una red de contratistas que pudieron haber concertado ese contrato por más de 46.000 millones de pesos.El funcionario también procedió a hacer una denuncia por los mismos hechos ante la Procuraduría y la Contraloría; agregó que el objetivo es que se aclare lo que ocurrió con la compra de estos vehículos que comenzaron cómo una iniciativa para llevar agua al departamento, pero terminaron en una polémica por presuntos sobrecostos y retrasos para que entraran en operación.Esto ocurre luego de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ratificará que Olmedo López continuaría en frente de la entidad, a pesar de los rumores sobre su salida.Le puede interesar:
Un nuevo hecho de violencia con arma de fuego se registró en el municipio de Roldanillo, norte del Valle del Cauca. El ataque, ocurrido en el barrio San Sebastián, dejó como saldo una persona fallecida y un menor de edad lesionado, lo que generó preocupación entre los habitantes de este sector.De acuerdo con el reporte preliminar entregado por el Departamento de Policía Valle, las víctimas se encontraban en este sector cuando fueron interceptadas por varios sujetos que, al parecer, las atacaron con arma de fuego. En medio de la agresión, una de las personas recibió impactos que le ocasionaron la muerte, mientras que el menor resultó herido."Es de esclarecer que se perpetúa el sicariato de una persona mayor de edad de sexo masculino y un daño colateral contra un menor de edad. Es de resaltar que se amplía y se ejecuta el despliegue de todas las actividades institucionales para dar con los móviles irresponsables de este lamentable caso", dijo el mayor Hans Alberto Cardona Bedoya, comandante (e) de Distrito de Policía Roldanillo.Tras lo ocurrido, el adolescente fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Por ahora, las autoridades no han entregado información adicional sobre su estado de salud ni han precisado las circunstancias que rodearon el ataque."La Policía Nacional rechaza categóricamente todo acto de violencia que atente contra la vida y la integridad de las personas, especialmente cuando pone en riesgo a niños, niñas y adolescentes", dice un comunicado emitido por la institución.El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, que buscan establecer qué motivó esta agresión, determinar si las víctimas habían recibido amenazas y establecer las identidades de los responsables. Asimismo, se adelantan las labores de recolección de información y verificación de los elementos que permitan reconstruir lo sucedido.Este nuevo episodio de violencia genera preocupación por la afectación a la población civil, especialmente por la presencia de un menor de edad entre las víctimas. La Policía Nacional hizo un llamado a los habitantes de Roldanillo para que suministren cualquier información que permita avanzar en el esclarecimiento de este caso y facilitar la identificación de los responsables.
La pérdida de cabello no es un problema exclusivo de los adultos. La alopecia puede comenzar desde los 16 años y estar relacionada con factores que van más allá de la genética y los cambios hormonales. La alimentación, los hábitos de vida, algunas enfermedades y las deficiencias vitamínicas también pueden influir en el crecimiento capilar.La doctora Paula Andrea Villarreal, tricóloga con maestría en Cirugía Capilar y directora médica de Capilix, advierte sobre la importancia de identificar el origen de la caída antes de iniciar cualquier tratamiento. Uno de los errores frecuentes, señala, es recurrir a productos que se promocionan en redes sociales sin contar con una valoración profesional.Esta práctica puede generar gastos innecesarios, resultados que no corresponden con las necesidades del paciente y expectativas difíciles de cumplir. Por eso, el diagnóstico temprano es fundamental para determinar qué tipo de alopecia presenta cada persona y cuál es el abordaje indicado.¿Qué puede causar alopecia desde la adolescencia?Aunque la genética y las alteraciones hormonales suelen relacionarse con la pérdida capilar, no son los únicos factores que deben evaluarse. La especialista explica que también es necesario revisar la alimentación, los antecedentes médicos, los hábitos cotidianos y posibles deficiencias de vitaminas.Incluso el consumo de suplementos, como la creatina, puede hacer parte de los aspectos que se revisan durante la consulta. Por esta razón, no se recomienda comenzar tratamientos por cuenta propia sin conocer qué está provocando la caída.¿Cuáles son las señales de alerta de la pérdida de cabello?La alopecia no siempre se manifiesta con una caída abundante. Entre las señales que pueden indicar un problema están el ensanchamiento de la línea media, el retroceso de las entradas y la disminución del volumen en la coronilla.De acuerdo con Villarreal, existen alrededor de 100 tipos de alopecia, por lo que identificar cuál está presente resulta determinante para orientar el tratamiento. La valoración médica y el análisis microscópico del cuero cabelludo permiten estudiar las características del cabello y complementar el diagnóstico.¿La alopecia también afecta la salud emocional?La pérdida capilar puede tener consecuencias que van más allá de la apariencia. Según la experiencia clínica de la doctora, puede afectar la autoestima, las relaciones personales y las actividades cotidianas. Evitar fotografías, dejar de asistir a reuniones o utilizar accesorios para ocultar zonas despobladas son algunas de las situaciones que pueden reflejar ese impacto.La especialista también señala que no todas las personas son candidatas a un implante capilar. Antes de considerar una cirugía, deben evaluarse la severidad de la alopecia, la disponibilidad de la zona donante, las enfermedades de base y las expectativas del paciente.
La esperanza de encontrarlo con vida terminó en tragedia. Carlos Arturo Gómez Pico, de 40 años, murió luego de ser arrastrado por las aguas de la quebrada La Ruitoca, en Girón, durante la madrugada del sábado.Según las primeras versiones, el hombre se movilizaba en su motocicleta e intentaba atravesar un puente sobre la quebrada cuando fue sorprendido por una creciente súbita. Las fuertes lluvias habrían provocado un aumento considerable del caudal, haciendo que la corriente lo arrastrara.La emergencia puso en marcha un operativo de búsqueda en el que participaron organismos de socorro, unidades de la Policía, Bomberos, Defensa Civil y residentes de la zona, quienes recorrieron diferentes puntos del afluente con la esperanza de ubicarlo.El sargento Carlos Portilla, del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, señaló: "Después de varias horas de labores, el cuerpo fue encontrado en la vereda Barbosa, cerca de la finca Los Mantilla, en jurisdicción de Girón".La recuperación no fue sencilla. La fuerza del agua y las condiciones del terreno obligaron a los bomberos de Floridablanca a extender sus trabajos hasta altas horas de la noche.La motocicleta en la que se desplazaba también fue localizada a pocos metros del punto donde habría ocurrido el accidente.Más allá de la emergencia, la noticia golpeó especialmente a los habitantes del corregimiento de Acapulco, donde Carlos Arturo era conocido cariñosamente como 'Pico' y era apreciado por sus vecinos.Su muerte deja un profundo dolor entre familiares, amigos y miembros de una comunidad que hoy lamenta su partida.
El Consejo de Estado condenó en segunda instancia a la Policía Nacional por las graves lesiones físicas y mentales que sufrió un niño de cuatro años, luego de que una auxiliar de enfermería de la Clínica de la Policía de Envigado le aplicara incorrectamente una inyección de dipirona en 2008.De acuerdo con el proceso, el 9 de junio de 2008 el menor fue llevado al servicio de urgencias por presentar fiebre y dolor generalizado. Durante la atención recibió media ampolla de dipirona en el glúteo derecho, procedimiento que terminó ocasionándole una lesión permanente en el nervio ciático.La familia tuvo que acudir a una acción de tutela para conseguir una valoración especializada, pues la clínica no tenía contratos vigentes con neurólogos. Casi tres meses después, se estableció que la inyección había sido aplicada fuera de la zona segura del glúteo.Las consecuencias fueron devastadoras para el menor de edad, ya que en 2010, Medicina Legal determinó que el menor presentaba deformidad física y perturbación funcional permanentes. Quedó con cojera, dificultades para apoyar el talón derecho y dolor crónico.Posteriormente, los peritajes de la Universidad CES documentaron afectaciones en su salud mental, relacionadas con el sufrimiento prolongado y la dependencia a medicamentos opioides. El abogado Javier Villegas demostró durante el proceso la responsabilidad de la institución por una falla en la prestación del servicio médico."Sin la aplicación indebida de la inyección, el daño no se había producido. El daño sufrido por el menor fue cierto, personal y permanente. No se redujo a la lesión del nervio siático derecho, sino que además comprende la deformidad física y la perturbación funcional del órgano de la locomoción y el dolor crónico", explicó el abogado. Hay que mencionar que el Consejo de Estado rechazó los argumentos de la Policía Nacional, que atribuía parte de las complicaciones al supuesto incumplimiento de las recomendaciones médicas por parte de la madre.Como consecuencia de los tratamientos, los padres tuvieron que vender su vivienda y el pequeño establecimiento comercial del que obtenían su sustento económico. Incluso, la madre llegó a encadenarse en el Palacio de Justicia y en La Alpujarra para reclamar atención y apoyo.
Viajar en TransMilenio implica cumplir varias reglas de convivencia para evitar molestias a los demás pasajeros. Una de las recomendaciones que ha dejado el sistema es que sus usuarios utilicen audífonos al escuchar música o consumir contenido desde el celular, pues reproducir sonidos a alto volumen puede perturbar la tranquilidad de quienes viajan en el bus.Aunque esta indicación aparece entre las restricciones y recomendaciones para los usuarios, el comportamiento también está contemplado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. De esa manera, el artículo 146 establece medidas frente a las conductas que afectan la tranquilidad de otras personas en los sistemas de transporte público.Así pueden multar a los pasajeros bullososEn sus recomendaciones, TransMilenio ha sido enfático en evitar el volumen alto de los dispositivos electrónicos y utilizar audífonos para escuchar música. La medida busca que los usuarios puedan realizar sus desplazamientos sin tener que escuchar el contenido que reproducen los demás.La situación se puede presentar cuando una persona utiliza el parlante de su celular, una bocina o un bafle para escuchar música o ver videos al interior del sistema de transporte masivo y en las estaciones.Debido a ello, el artículo 146 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana contempla medidas frente a comportamientos que afectan la tranquilidad de los demás pasajeros en los sistemas de transporte masivo.Esta es la fuerte multa que le cobraríanLa conducta de perturbar la tranquilidad de los demás pasajeros por medio de actos molestos puede dar lugar a una multa general tipo uno, correspondiente a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes. Es decir, $233.454.La aplicación de esta sanción depende de las circunstancias del comportamiento y de la valoración de la autoridad competente. Por eso, escuchar música sin audífonos no debe entenderse automáticamente como motivo de una multa: debe establecerse si la conducta constituye una perturbación de la convivencia.Además de esta restricción, TransMilenio contempla otras conductas que afectan el servicio y a sus usuarios, como las riñas, el hurto, la evasión del pago del pasaje y las ventas dentro del sistema.La recomendación para quienes utilizan el transporte público es respetar las indicaciones de convivencia y mantener el volumen de sus dispositivos en un nivel que no afecte a los demás.