Alcalde en Nariño pide al Gobierno comisión para frenar desplazamientos masivos en la región

"Los problemas no se solucionan con balas, ni mucho menos poniendo en riesgo la vida de comunidades vulnerables como los indígenas Awa", dijo el alcalde de Ricaurte, Nariño, Eder Burgos, quien llegó a Pasto para denunciar que cuatro semanas después del desplazamiento de más de 3.000 indígenas debido a la intensidad de los combates entre estructuras armadas ilegales, no ha recibido ningún apoyo por parte del Gobierno nacional.Burgos aseguró que solo la gobernación de Nariño y la Defensoría del Pueblo regional han estado pendientes de la situación, hablando con las comunidades de los resguardos Chagui-Chimbuza, Las Vegas, El Palmar y Magui. Sin embargo, manifestó que su municipio, al ser de categoría sexta, no cuenta con suficientes recursos para suplir las necesidades de las comunidades desplazadas."El panorama es desgarrador, no tenemos recursos para ayudar a estas comunidades y lo peor es que cada día llegan más indígenas, especialmente niños, niñas, adultos mayores y mujeres, que arriesgando su vida logran huir de sus resguardos ante la intensidad de la confrontación armada", sostuvo el mandatario municipal.Según el burgomaestre local, a su despacho llegan todos los días denuncias de los comuneros de los resguardos indígenas Awa, donde dicen que cada día la situación se agrava más debido a los fuertes combates. Además, se suma la siembra de minas antipersonal adoptada por los grupos armados ilegales para impedir que entren o salgan personas de esos sectores limítrofes entre los municipios de Ricaurte y Barbacoas, en el piedemonte costero nariñense.Por esta razón, el mandatario municipal salió de su población para hacer un vehemente llamado al Gobierno nacional para que adopte medidas urgentes de seguridad que permitan salvaguardar la vida e integridad de los pobladores de la zona rural que no han podido salir y se encuentran confinados desde hace casi cuatro semanas.La población indígena Awa en Nariño se enfrenta a una tragedia humanitaria como consecuencia de los combates entre grupos armados ilegales que han ocupado sus territorios durante más de cuatro semanas debido a la disputa del dominio territorial. "El día 10 de junio de 2023, mediante el comunicado 001 emitido por este resguardo, denunciamos los hechos victimizantes por los cuales nos vemos afectados debido a los combates entre los grupos armados ilegales del ELN, la nueva marquetalia y la columna Urias Rendón", manifestaron por medio de un comunicado los indígenas, señalando que estas actividades generan, entre otros, amenazas a líderes indígenas, riesgo de reclutamiento y deserción escolar.Los más de 3.000 indígenas que lograron salir en medio del fuego cruzado se encuentran en albergues improvisados en donde están hacinados, dijo el mandatario municipal, quien aseguró que las comunidades indígenas esperan la adopción de medidas por parte del Gobierno nacional que les garanticen la seguridad para su retorno.“No es justo que se sigan violando los derechos humanos de estas comunidades a pesar que existen alertas tempranas que emitió la defensoría del pueblo”, aseguro Burgos, tras advertir que es urgente que el Gobierno central nombre una comisión de alto nivel para que se inicie cuanto antes un diálogo con estos grupos y evitar una masacre en la zona por culpa de los campos minados o las balas perdidas que ponen en riesgo la vida de centenares de familias que no lograron salir de la zona.Por su parte, Carlos Alberto Ortiz, gobernador gayor del Resguardo Chaguí Chimbuza Vegas San Antonio, solicitó en un mensaje a los grupos armados y al Gobierno nacional "que respeten (el) territorio, dejen en paz (a los habitantes)" pidió al Gobierno nacional que atienda esta situación de emergencia.