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Ambulancias estarían practicando piques ilegales por atender pacientes Soat: Personería de Tuluá

Las autoridades adelantan investigaciones sobre varias empresas de ambulancias.

Atacan ambulancia en Turbo, Antioquia.jpeg
Ambulancia.
Foto: referencia.

Toda una alteración de orden público se ha desatado en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, por cuenta de la competencia de ambulancias por la atención de personas que resultan heridas en accidentes de tránsito.

Según la Personería municipal, a bordo de estos vehículos se están practicando piques ilegales con el fin de llegar primero. En medio de la velocidad e imprudencias viales que se cometen también han protagonizado accidentes.

"Inician una carrera loca por las calles y llegan a un sitio a atender un accidente hasta seis ambulancias al mismo tiempo. Tuluá no tiene calles preferenciales y eso hace más complicado el desplazamiento. Existe una competencia por recoger al cliente y no al paciente. Esto se ha convertido como en una guerra del centavo", dijo José Martín Hincapié, personero delegados para los derechos humanos.

"Hoy las ambulancias se ubican en diferentes sitios y no hay un despacho único y el gran riesgo es que estos vehículos que tienen una preferencia y que hacen que los ciudadanos lo respetemos, está perdiendo su importancia y preferencia porque se supone que va a salvar vidas pero ahora es un vehículo de carreras", manifestó el personero.

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A esto se suma que se estarían pagando hasta $80.000 a las personas que reporten el accidente a los conductores de ambulancias y en algunas oportunidades, los paramédicos inclusive se han enfrentado a golpes.

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"Y es que si el accidente lo ven seis ciudadanos, entonces cada uno llama a una empresa diferente y por eso llegan todas, generando un alto nivel de riesgo para los ciudadanos. Además, tenemos quejas de que el interés es agotar el SOAT por encima inclusive del sistema de atención de seguridad social, Esto es un entramado delicado que nos preocupa", agregó Hincapié.

Desde la dependencia se adelantan investigaciones sobre unas cinco empresas dedicadas a este servicio, con el fin de sancionarlas. Advierten, además, que las autoridades locales deben tomar el control de la situación, para prevenir una tragedia.

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