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Más de 400 personas se desplazan huyendo de la violencia el Pacífico nariñense

Las familias salen con sus pocos enseres tratando de hacerle quite a las balas tras los fuertes enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

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Blu Radio. Desplazados / Foto referencia: AFP

En medio del fuego cruzado, unas 406 personas, entre ellos decenas de niños y personas de la tercera edad, tuvieron que abandonar en las últimas horas sus viviendas en zona rural del municipio de Olaya Herrera, Nariño.

Lo hicieron tras quedar en la mitad de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan el dominio territorial de una amplia zona del Pacífico nariñense.

Cruz Dalmiro Olmedo Torres, alcalde de Satinga, dijo que los informes preliminares indican que los contactos entre estructuras armadas ilegales Oliver Sinisterra y otros grupos disidentes de las Farcobligaron al desplazamiento de más de 100 familias.

Los afectados son los habitantes de las veredas bocas de Barro, Alto San Antonio y Palmita de Coco, a orillas de la quebrada Prieta, en donde los combates son intensos y están causando mucho pánico entre la comunidad.

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El mandatario local insistió que ellos quieren otra manera de vivir, pero que el recrudecimiento de los enfrentamientos los pone en peligro.

Tenemos muchas necesidades. Sabemos lo que Colombia está viviendo hoy con el COVID-19 y con estos problemas será imposible que nuestros niños vuelvan a las aulas a través del programa de alternancia, pero esto es imposible porque muchos de los enfrentamientos se están dando precisamente muy cerca a las humildes casas de esas veredas
dijo Olmedo Torres.

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Una situación similar se vive en otros municipios del Pacífico sur de Nariño, en donde la tensión persiste.

El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, manifestó su preocupación por la situación y pidió de los organismos internacionales hacer un acompañamiento a estas comunidades.

De acuerdo a los más recientes informes, la presencia de actores armados ilegales, en algunas zonas como el Pacífico y la cordillera occidental en Nariño, “tienen consecuencias devastadoras, como reclutamientos forzados de menores, homicidios, desplazamientos, confinamientos y ataques y amenazas contra las autoridades y los líderes étnicos".

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