La Policía y el Ministerio de Defensa se niegan a pagar la indemnización a las familias de los diputados del Valle del Cauca que fueron asesinados 5 años después de que fueran secuestrados el 11 de abril del 2002 a manos de las extintas FARC.
En septiembre del 2020 el Consejo de Estado emitió una sentencia para que la Nación pagara 23.000 millones de pesos como forma de reparación a las familias que dependían económicamente de los diputados, teniendo en cuenta, también la responsabilidad por no brindar la seguridad necesaria de los asambleístas.
Sin embargo, la Nación a través de una tutela pidió que se eliminara este fallo de la indemnización.
“La Policía no ha entregado el dinero, por el contrario, inició fue una acción de tutela, pidiendo que se deje sin valor la sentencia condenatoria, esto ya lo contestamos porque es absolutamente temeraria le estamos pidiendo al Gobierno que desista de esa tutela”, manifestó Héctor Carvajal, abogado de las víctimas.
Anotó también qué “eso implica que en este país es más importante beneficiar y conceder auxilio a los victimarios, como ocurre aquí, que incluso se les dieron hasta curules a ex guerrilleros que se acogieron a la justicia y mientras tanto a las familiares de las víctimas se hace hasta lo imposible para no pagarles esta indemnización”
Diana Carolina Charry Sánchez, hija del diputado Carlos Alberto Charry, otra de las víctimas de este crimen, manifestó que tras casi 14 años de lucha con el Estado exigen que se cumpla este fallo.
“Venimos batallando con esta situación que fue tan dolorosa para nosotros, que significó la perdida de nuestros familiares, realmente seguimos en la lucha de exigir que este fallo sea una realidad para nosotros como víctimas del conflicto", dijo
Hay varios fallos de acción de reparación directa donde es clara la responsabilidad del Estado por una falla en el servicio, en cuanto a la garantía de seguridad, no nos queda otro camino que seguir
añadió.
Por el momento, las familias esperan el desenlace de este capítulo más que se le sumó a su dolor por la pérdida de sus seres queridos.
Este fallo, al que se niegan a acatar la Policía y el Ministerio de Defensa, también contiene un acto público de aceptación de responsabilidad y petición de perdón.
Vea el informe realizado por Noticias Caracol aquí:
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