Tras una visita a Buenaventura, Juliette de Rivero, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, advirtió que “las redes de corrupción y los grupos armados afectan la economía de subsistencia de la población”.
Sumado a que están siendo vulnerados los derechos a la seguridad alimentaria y a la salud de la población.
La representante de la ONU aseguró que las niñas y mujeres, “en particular las jefas de hogar, se ven afectadas porque reciben ingresos precarios y son víctimas de extorsión, abuso y otras formas de violencia de género”, mientras que, también hay un alto nivel riesgo reclutamiento forzado para los niños y jóvenes.
Solo este año 2021 la oficina recibió 41 reportes de homicidio, 13 de desaparición forzada y más de 8000 casos de desplazamiento forzado en la ciudad de Buenaventura.
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos solicitó la ‘acción concertada entre el Gobierno Nacional, departamental y local, con autoridades estatales, para desmantelar las redes criminales, las estructuras de corrupción’, y de igual forma reforzar el cumplimiento de los derechos y los acuerdos del Paro Cívico y el Acuerdo de Paz.