Por presuntas irregularidades en la ejecución de un millonario convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Bucaramanga y la empresa Telebucaramanga para llevar conectividad e internet a instituciones educativas del municipio en el año 2016, la Contraloría General de la República, en un fallo de primera instancia, halló un aparente daño fiscal de $851 millones.
Según la gerencia departamental colegiada de Santander, de la Contraloría General de la República, la exsecretaria de Educación, Ana Leonor Rueda, el supervisor del contrato, Luis Miguel Castañeda, y los exfuncionarios de Telebucaramanga, Javier Pérez Osorio y Daniel Andrés Román serían responsables (solidarios) de los hallazgos fiscales del hecho investigado.
El convenio era para “Aunar esfuerzos para conectar a través de tecnologías ADSL, fibra óptica, y radios de enlaces las instituciones educativas oficiales del municipio de Bucaramanga y montar dos laboratorios en primera infancia, con el fin de ampliar la cobertura de conectividad, garantizando el suministro del servicio dentro del programa de Conexión Total del Ministerio de Educación”.
Para la Contraloría “existió una disposición ineficiente de los recursos del SGP destinados para la conectividad para la vigencia de 2016”, porque Telebucaramanga tenía previsto ejecutar la totalidad del servicio en el primer mes del convenio.
En el documento en poder de Blu Radio, la Contraloría argumentó que existe el posible daño fiscal porque “no se suspendió oportunamente el convenio durante el receso escolar, por lo cual se considera un detrimento en el patrimonio del Estado, al efectuar un pago por un servicio que no se cumplió con las finalidades para las cuales había sido contratados”.
El entre de control señaló que imputó cargos por responsabilidad fiscal contra dos exfuncionarios de la Alcaldía de Bucaramanga y dos de la antigua empresa Telebucaramanga por presuntas irregularidades halladas en un convenio firmado en 2016 para llevar internet a colegios públicos.
Los implicados en este fallo de la Contraloría General de la República podrán apelar la decisión de primera instancia tomada por la gerencia del ente de control en Santander.
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