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A solo tres minutos del casco urbano de Tibú, en la zona del Catatumbo, disidencias de las Farc instalaron un retén, detuvieron vehículos, dialogaron con los viajeros y retaron a la fuerza pública de ese municipio.
Enrique Pertuz, presidente del Comité Departamental de Paz, en diálogo con Sala de Prensa Blu, habló sobre la situación de violencia en Tibú, Norte de Santander.
“La que se vive en esta región es difícil y compleja. Hoy hay que decirle la opinión pública que no hay Estado. La presencia que hay del Ejército se dedica a cuidarle el oleoducto de Caño Limón y la policía permanece encerrada y acantonada en las estaciones”, contó.
Según Pertuz, el control de seguridad en el municipio va más ligado a los grupos armados por la falta de fuerza pública.
“El control lo tienen el ELN y las disidencias de las FARC, que son las que imponen el horario de los negocios, del tránsito tanto terrestre como fluvial, también en medidas sociales y económicas. Las comunidades siempre buscan acudir a los grupos ilegales porque tampoco creen en el Estado”.
Sobre la seguridad, el presidente del Comité Departamental de Paz aseguró que por más que haya consejos de seguridad, nunca se le da una salida eficaz.
“En ese municipio se han hecho cualquier cantidad de consejos de seguridad donde, con presencia desde el presidente de la República, el ministro de Defensa el mismo fiscal, pero siempre las soluciones son la misma, ofrecimiento de recompensa y aumento de fuerza pública, pero no sirve para nada”, comentó.
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Para Pertuz, en ese departamento la población vive realidades complejas, evidenciando desplazamiento y maltratos a mujeres.
“En el Catatumbo, hoy en día, los habitantes tienen miedo. En el 2021 fueron asesinadas 13 mujeres y más de 50 mujeres tuvieron que salir de ese municipio amenazadas por tener contacto con la Policía”, mencionó.
Asimismo, Enrique mencionó que, por más que la fuerza pública haga presencia, la comunidad no confía en esas medidas de seguridad.
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“La fuerza pública existe ahí y hace ese acto de presencia, pero más allá de eso, las comunidades no ven ningún tipo de garantías de seguridad por parte de las autoridades”, finalizó.
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