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El Tribunal Administrativo de Santander ordenó suspender el proceso de construcción de la nueva cárcel del municipio de San Gil, luego de fallar una acción popular interpuesta por el personero Farley Parra Rodríguez, contra la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, (USPEC), por la vulneración de los derechos de los habitantes de los barrios aledaños al sitio donde se pretende realizar las obras del moderno centro penitenciario.
“Evitar la violación de las normas de uso de suelo, la consumación de un daño fiscal, la vulneración de los derechos colectivos y por no contar con disponibilidad de servicios públicos”, fueron los argumentos del Tribunal Administrativo para imponer la medida cautelar.
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Farley Parra Rodríguez, Personero de San Gil, señaló que las obras se suspenden hasta que haya un fallo de segunda instancia.
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La inversión para la construcción de la nueva cárcel de San Gil, Santander, es cercana a los 63 mil millones de pesos.
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