La denuncia que originó la investigación disciplinaria al gobernador Mauricio Aguilar la radicó el pasado 19 de agosto el representante a la Cámara Fabián Díaz Plata. Esto, por estar presuntamente manipulando pruebas y realizar acciones para favorecer a su hermano, el excongresista Richard Aguilar, detenido por su presunta participación en una red de corrupción mientras se desempeñó como gobernador de Santander.
Díaz denunció ante la Procuraduría que en la sede de la Gobernación de Santander se perdió, de manera muy curiosa, una caja completa de expedientes que podrían comprometer a Richard Aguilar con actuaciones ilegales.
También denunció que el gobernador Mauricio Aguilar habría enviado documentación falsa a la Corte Suprema de Justicia, relacionada con la adición del contrato para el reforzamiento de la Villa Olímpica que serviría de prueba en el proceso contra su hermano Richard Aguilar.
Además, afirma que la contratación por parte de la Gobernación de Santander de los abogados Iván Cancino y Sócrates Alan Saavedra, en la actualidad defensores de confianza de Richard Aguilar, lo que, según el denunciante, “configuraría un conflicto de interés en la gobernación de Santander, en tanto, está contratando a los abogados que están actuando en el proceso del exgobernador”.
Luego de analizar la denuncia, la procuradora primera para la vigilancia administrativa, Sonia Patricia Téllez, decidió iniciar la respectiva investigación en la que impartió 11 solicitudes, entre ellas, las respuestas de la Gobernación de Santander a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema dentro del proceso contra Richard Aguilar y un certificado sobre los contratos con los abogados Cancino y Saavedra, dando a conocer valor, objeto y plazo de ejecución.
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