Tres documentos que debían reposar en el proceso de aprobación y viabilización del contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga son, según la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, los que habrían sido falsificados en la Gobernación de Santander, en la actual administración de Mauricio Aguilar.
Se trata del concepto favorable de Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte, para la adición en dinero del contrato de obra No. 0766 de 2015 de reforzamiento del estadio de Bucaramanga; la solicitud de concepto favorable al Comité Consultivo del Departamento Nacional de Planeación; y el certificado de movilidad reducida de la Secretaría de Infraestructura de Santander.
Los mismos documentos que miembros de la Unidad de Apoyo Investigativo del CTI adscritos a la Corte Suprema de Justicia, no encontraron durante la diligencia de inspección que realizaron el 14 de diciembre de 2020, pero que semanas después a ésta, aparecieron.
De acuerdo con la Corte, los documentos fueron remitidos vía correo electrónico el 15 de enero de 2021 a la unidad de investigación de CTI, por el secretario de Planeación de la época, Javier Orlando Acevedo Beltrán.
“Aparecieron milagrosamente siendo remitidos en formato electrónico, lo que permitió a los investigadores develar, a través de la herramienta Microsoft Word 2016 denominada metadatos, que fueron creados exprofeso en 2020 y 2021”, confirma la Corte Suprema de Justicia.
Los investigadores también establecieron que, en el caso del concepto favorable de Coldeportes, el documento enviado en enero del 2021, fue creado por autor desconocido el 18 de diciembre de 2020, pero otro documento de ‘similares características’ fue enviado el 30 de marzo de 2021 por el Ministerio del Deporte, antes Coldeportes, con fecha de creación el 2 de diciembre de 2014.
“Se trata de dos versiones del mismo documento contentivo del concepto favorable para la aprobación del adicional, uno proveniente del Ministerio del Deporte con fecha 2 de diciembre de 2015, y otro sin fecha, proveniente de la actual administración del gobernador Mauricio Aguilar”, sostiene la Corte.
Y agrega, “a sencillo examen visual de características particulares, se aprecia que, a pesar de los esfuerzos para hacer idéntico la versión del documento de la actual administración departamental con aquella indubitada del Ministerio del Deporte, antes Coldeportes, no lo logran”.
Respecto a los otros dos documentos enviados por la Secretaría de Planeación en enero de 2021, el concepto favorable del Comité Consultivo y el certificado de movilidad reducida de la Secretaría de Infraestructura, arrojaron según el examen de metadatos que la creación fue el día 15 de enero de 2021, la misma fecha de envío a la unidad investigativa.
Para la Corte Suprema de Justicia los documentos son de “fraudulenta creación reciente”.
Otro hecho relacionado con perdida de documentos es, según las pruebas que obran en el proceso del exgobernador de Santander, Richard Aguilar, que el 25 de junio de 2021 la coordinadora del Grupo de Administración de Documentos de la Gobernación de Santander entregó a los funcionarios de la policía judicial de la Corte una certificación sobre el extravío de una caja con los nueve libros radicadores de resoluciones del despacho de la gobernación de los años (2013 – 2017).
“Hecho que demuestra que en la actualidad se sigue ‘extraviando’, destruyendo u ocultando evidencia documental sobre la cual, antes de su desaparición, la Corte ha manifestado interés en obtener para efectos de la investigación”, indica la Corte.
Por estos hechos, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por presuntamente manipular el material probatorio y realizar acciones que estarían favoreciendo a su hermano Richard Aguilar Villa, quien está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia.
En dicha investigación la Procuraduría busca establecer si por parte de Mauricio Aguilar, se presentó una falta por ocultamiento de documentos, presunto envío de documentos falsos a la Corte Suprema de Justicia y presunto conflicto de intereses en la Gobernación de Santander al contratar a los abogados que están actuando en el proceso del exgobernador Richard Aguilar.
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