Un grupo de diputados, concejales, ediles, dirigentes y militantes del Partido Liberal en Santander le solicitarán formalmente al expresidente César Gaviria Trujillo, jefe de la colectividad, que no se otorgue el aval liberal para el Senado al exgobernador Richard Aguilar Villa. Blu Radio conoció una carta que será enviada a la Dirección Nacional Liberal donde varios dirigentes del partido en Santander expresan su inconformismo por la posible llegada de Aguilar Villa a las toldas rojas. En la misiva se asegura que el exgobernador de Santander y exsenador, ha estado involucrado en múltiples escándalos de corrupción relacionados con contrataciones irregulares, obras inconclusas, sobrecostos y presuntas redes clientelistas.Entre los proyectos cuestionados mencionan el Corredor Agroforestal, las remodelaciones del Estadio Alfonso López y los contratos de acueductos municipales que, según los denunciantes, han dejado pérdidas millonarias y afectan a varias provincias del departamento.Los militantes liberales señalaron que respaldar a Aguilar sería una incoherencia política y ética para el liberalismo santandereano.“Otorgar un aval a quien ha combatido nuestras ideas, representa estructuras cuestionadas y ha sido símbolo del clientelismo que combatimos, sería un profundo error histórico y una herida a la militancia”, se lee en la carta.El diputado liberal por Santander, Francisco González, cuestionó la posible llegada de Richard Aguilar al partido. "La mayoría del liberalismo santandereano. Esperamos que no se le de el aval a Richard Aguilar. No ha hecho liberalismo en el departamento. No nos parece ni coherente ni junto que se le permita su llegada. El no ha hecho ni construido ningún merito", aseveró."Las bases liberales en su gran mayoría lo que siente es que está llegando una persona que no tiene ningún merito y si nos genera un desgaste. No entendemos cual puede ser la sumatoria que le va hacer Ricard Aguilar al liberalismo santandereano", afirmó en Blu Radio el diputado González. La carta de los liberales de Santander resalta la autoridad moral del expresidente César Gaviria y lo insta a preservar la esencia del liberalismo.“Otorgar un aval a quien ha sido antagonista del liberalismo santandereano traicionaría nuestra identidad histórica. Esta decisión no solo protegerá la integridad del partido: enviará un mensaje claro de que el liberalismo no está dispuesto a sacrificar su esencia a cambio de votos”, concluyen la misiva. Actualmente el exgobernador de Santander, Richard Aguilar, sigue siendo investigado por presuntas irregularidades en contratos durante su administración La colectividad roja en Santander espera que la dirección nacional tome una decisión que, según expresaron, será clave para mantener la coherencia, la transparencia y la credibilidad del Partido Liberal en la región.
El excongresista santandereano Edwin Ballesteros Archila será llevado a juicio por presuntas irregularidades en la celebración de contratos durante su gestión como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (ESANT) entre noviembre de 2013 y enero de 2016.La Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación en mayo de 2022, imputándole delitos como concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho.Entre las acusaciones, se destaca el testimonio de Lenin Pardo, contratista y esposo de Claudia Yaneth Toledo Bermúdez, exsecretaria de Infraestructura de Santander, quien afirmó que Ballesteros habría recibido $600 millones para direccionar contratos durante su gestión en la ESANT.“Entonces delante mío, Octavio Reyes (contratista de las obras de reforzamiento de la villa olímpica Alfonso López de Bucaramanga) le dice a Julián Jaramillo que necesitaba que lo contactara con Richard Aguilar o que, a través de uno de nosotros, le lleváramos la razón de que le devolviera los $600 millones que Octavio le había hecho llegar a través de su amigo Edwin Ballesteros, que necesitaba recuperarlo, en vista de que no le habían cumplido con las promesas que le habían hecho a cambio de ese compromiso económico. Es ahí cuando me entero por el mismo Octavio Reyes que él en el año 2015 le había entregado a Edwin Ballesteros la suma de 600 millones de pesos que eran para Richard Aguilar”, señala el informe de la Corte Suprema de Justicia que inicialmente investigo a Ballesteros Archila en su calidad de congresista. Con la acusación en firme, se espera que en abril de 2025 inicien las audiencias preparatorias del juicio oral contra el excongresista de Santander Edwin Ballesteros.Mientras avanza el proceso judicial contra Ballesteros, el exgobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, recobró su libertad en noviembre de 2022 por vencimiento de términos en el proceso que se le sigue por presuntas irregularidades en la contratación de obras durante su administración.
Este martes 26 de septiembre el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, arremetió contra Jaime Andrés Beltrán, Horacio José Serpa y Fabián Oviedo, candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga, y los tildó de “políticos hipócritas”.Según el mandatario, los candidatos se han ensañado contra la familia Aguilar, pero han buscado el apoyo de Hugo Aguilar, condenado por parapolítica, y Richard Aguilar, procesado por presunta corrupción.“Hay unos candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga que hay que invitarlos para que vayan al polígrafo a ver si no han buscado a mi padre y mi hermano para que los apoyen. Vienen a ser supuestamente sinceros y honestos cuando ahí sí quieren ocultar estos respaldos que ellos han buscado, no a mí, pero sí a los miembros de mi familia porque yo no puedo participar en estas contiendas, solo generar garantías”, dijo.“Se han venido ensañando con la familia Aguilar y por eso el llamado al doctor Jaime Andrés, al doctor Horacio José y al doctor Fabián Oviedo que se sometan al polígrafo si no es verdad lo que estoy diciendo, han buscado a mi padre y mi hermano para que reciban ese apoyo político. Hay que ser honestos, transparentes, pero la invitación es que dejen ese discurso populista que lo único que generan es más odio y rencor en la ciudadanía”, agregó.En el debate del pasado domingo, transmitido en vivo por Noticias Caracol, los candidatos mencionados por el gobernador negaron que han buscado apoyo de la familia Aguilar.“Estos señores que están a mi lado sí han negado los apoyos de clanes, de personas non santas en cada una de sus campañas. Yo fui al polígrafo, el pastor Beltrán tiene el apoyo de Aguilar, el señor Fabián tiene el apoyo de Cárdenas. Yo no tengo nada que esconder”, dijo Horacio José Serpa, candidato por el Partido Liberal.Por su parte, el candidato Jaime Andrés Beltrán, avalado por el partido Colombia Justa y Libres, también negó que ha buscado el apoyo de Hugo Aguilar y Richard Aguilar.“Llevo 12 años batallando la independencia, nunca recibí apoyo por parte de ellos (familia Aguilar) cuando era concejal y hace cuatro años, cuando me lancé a la Alcaldía, los derroté. Aquí voy solo y ahora que voy liderando las encuestas todos me atacan diciendo que ellos están acá”, dijo el candidato Jaime Andrés Beltrán.El candidato Fabián Oviedo también negó el apoyo que, según el gobernador, buscó en la familia Aguilar.“Mi independencia no es negociable, yo no negocio mi independencia con nadie (…) No soy megacontratista, no tengo nadie que me esté dando dineros en mi campaña”, señaló el candidato.Desde el minuto 41, en el siguiente video, puede encontrar las respuestas de los candidatos:
Por un año fue prolongado por la Fiscalía General de la Nación el acuerdo judicial con los esposos Claudia Toledo y Lenin Pardo, por ser los principales testigos contra el exgobernador de Santander, Richard Aguilar, investigado por presuntos hechos de corrupción.EL fiscal general Francisco Barbosa, firmó la resolución 0384 de 2023, con la cual prolongó por un año más el principio de oportunidad pactado con la exsecretaria de Infraestructura de la Gobernación de Santander, Claudia Toledo y su esposo, Lenin Pardo, como testigos claves en el proceso penal que se adelanta en contra del exgobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, por presuntos hechos de corrupción en varios contratos millonarios.Por esta decisión de la Fiscalía de prolongar el acuerdo, el juicio penal por hechos de corrupción, celebración indebida de contratos, falsedad en documentos públicos y concierto para delinquir, contra los esposos Toledo y Pardo, queda suspendido y supeditado a la eficacia del material probatorio y testimonial que aporten en contra del exsenador Richard Aguilar Villa.Tanto Toledo como Pardo habían sido condenados a 50 y 38 meses de prisión, penas que fueron cumplidas en su propio domicilio, por lo cual, al terminar la condena, quedaron en libertad, confirmó su abogado, Jaime Lombana.“Ya ellos tienen su pena cumplida y ya se encuentran en libertad, fueron leales y transparentes con la administración de justicia. Con la verdad se demostró claramente que había un contubernio para ocultar unos hechos de corrupción que se habían dado en la contratación del departamento de Santander, y por eso hoy se les reconoce los beneficios y una pena cumplida”, aseguró Lombana.La pareja de esposos que, además de pagar la pena, tuvo que pagar una multa de aproximadamente 60 millones de pesos por su complicidad en los hechos de corrupción en la contratación de varias obras públicas.
La Fiscalía General de la Nación acusó a tres exfuncionarios y a un contratista de la Gobernación de Santander por presuntas irregularidades y hechos de corrupción en proyecto para el reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga.El caso está relacionado con el escándalo por el cual también es investigado, por la Corte Suprema de Justicia, el exgobernador de Santander Richard Aguilar.Según la investigación de la Fiscalía, el contratista Octavio Reyes tuvo que entregar $4.374 millones en dádivas a varios funcionarios de la Gobernación de Santander para que la adjudicaran el contrato por $22.000 millones.Los acusados son la supervisora del contrato Ana Lucia Wandurraga Ballesteros, el abogado Edgar Fabián Baéz Ariza y el asesor jurídico Sergio Andrés Pitta, quienes deberán responder por los delitos de celebración indebida de contratos, prevaricato por omisión y concusión.Al contratista Octavio Reyes la Fiscalía lo acusaron por el delito de peculado por apropiación tras comprobar que se quedó irregularmente con $1.889 millones del contrato adjudicado en 2015 en el gobierno de Richard Aguilar.“El contratista, al parecer, obtuvo información privilegiada que le permitió mejorar su oferta y ajustarla al pliego de condiciones. Le habrían reconocido anticipos y adiciones por actividades que nunca se realizaron y por subcontratar empresas que no participaron en el proyecto”, señaló Eduardo Alirio Calderón, director especializado contra la corrupción de la Fiscalía.Según el ente acusador, el dinero que recibió la contratista luego de adulterar los documentos ascendió a 4.312 millones de pesos, los cuales habrían sido utilizados por los integrantes de la unión temporal para el presunto pago de dádivas a funcionarios que direccionaron la contratación.El pasado 23 de enero un juez de Bucaramanga condenó a Paula Marcela Moreno Martínez, por ser la responsable del delito de falsedad ideológica en documento privado. “La mujer, entre 2015 y 2016, fungió como representante legal suplente de la unión temporal favorecida con el contrato suscrito en 2015, por un valor total de 22.000 millones de pesos. En la investigación se constató que emitió 19 órdenes de pago en favor de subcontratistas para compra de materiales y otras actividades que nunca se ejecutaron, pero que sirvieron para sustentar el desembolso de un millonario anticipo”, explicó Edward Calderón, director Especializado contra la Corrupción de la Fiscalía.Es importante recordar que el exgobernador de Santander Richard Aguilar fue salpicado en este caso de corrupción y enviado a la cárcel el 28 de julio del 2021. Sin embargo, en la noche del viernes 11 de noviembre, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó liberar al exmandatario por vencimiento de términos.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
En un comunicado, la Gobernación de Santander confirmó que Luz Yolima Herrera Martínez, jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio del Interior, asume desde este viernes como gobernadora ad hoc de Santander para “garantizar transparencia” en el caso que se adelanta contra el exgobernador Richard Aguilar, hermano del actual mandatario, Mauricio Aguilar.“En aras de garantizar transparencia y objetividad de las investigaciones contra el exgobernador del período 2012 – 2015 (Richard Aguilar), el actual mandatario Mauricio Aguilar Hurtado declaró en junio de 201 su impedimento en el proceso penal, teniendo en cuenta su grado de parentesco”, dice el comunicado.El 30 de noviembre de 2021 fue nombrado el entonces secretario general del Ministerio del Interior, Luis Fernando Pinzón Gallo, quien se posesionó en la Asamblea departamental.“Dando continuidad a este proceso, esta cartera, en remplazo, designó a la jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio del Interior”, agrega el comunicado.El gobernador Mauricio Aguilar continuará con sus funciones normales “y únicamente se abstendrá de realizar actuaciones en el proceso judicial del investigado, Richard Aguilar Villa”.Proceso contra Richard AguilarRichard Aguilar, quien quedó en libertad por vencimiento de términos, enfrenta un proceso por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.Además, Aguilar Villa está señalado de actos de corrupción en los contratos de la construcción del estadio de Bucaramanga y el Plan de Alimentación Escolar (PAE). Asimismo, la Fiscalía indicó en su momento que organizó una "empresa criminal" para favorecer a conocidos, amigos y familiares con contratos millonarios mientras estaba en la Gobernación.
Según lo explicó la Fiscalía General de la Nación la primera condena por participar en el entramado de corrupción detectado en el proceso de contratación de las obras de remodelación de la Villa Olímpica de Bucaramanga, Santander, fue en contra de Paula Marcela Moreno Martínez, quien fue declarada responsable del delito de falsedad ideológica en documento privado. El caso que fue conocido mediáticamente por la fallida remodelación del estadio de fútbol Alfonso López.“La mujer, entre 2015 y 2016, fungió como representante legal suplente de la unión temporal favorecida con el contrato suscrito en 2015, por un valor total de 22.000 millones de pesos. En la investigación se constató que emitió 19 órdenes de pago en favor de subcontratistas para compra de materiales y otras actividades que nunca se ejecutaron, pero que sirvieron para sustentar el desembolso de un millonario anticipo”, explicó Edward Calderón, director Especializado contra la Corrupción de la Fiscalía.Según el ente acusador el dinero que recibió la contratista luego de adulterar los documentos ascendió a 4.312 millones de pesos, los cuales habrían sido utilizados por los integrantes de la unión temporal para el presunto pago de dádivas a funcionarios que direccionaron la contratación.“En ese sentido, un juez penal de conocimiento de Bucaramanga condenó a Paula Marcela Moreno Martínez a 38 meses de prisión, pero con ocasión a su aceptación de cargos la pena es de 19 meses y le impuso una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena. Adicionalmente, le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena”, agregó Calderón.Es importante recordar que el exgobernador de Santander Richard Aguilar fue salpicado en este caso de corrupción y enviado a la cárcel el 28 de julio del 2021. Sin embargo, en la noche del viernes 11 de noviembre, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó liberar al exmandatario por vencimiento de términos. Le puede interesar:
El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, terminó aprovechando políticamente la discrepancia entre partidos políticos que avalaron a Carlos Román, destituido como alcalde de Girón por doble militancia, y terminó dejando en el cargo a un hombre de su entera confianza en víspera de las elecciones de 2023.Javier Orlando Acevedo había sido nombrado alcalde designado de Girón el pasado 24 de octubre, pero ahora será el mandatario titular del municipio que en los últimos años ha estado salpicado en hechos de presunta corrupción y caos político.Mediante una resolución, Aguilar Hurtado extendió hasta el 31 de diciembre de 2023 la designación de su amigo Javier Acevedo como alcalde de Girón.Los partidos políticos que avalaron a Carlos Román pasaron los nombres de cinco personas para su reemplazo y no tres como dice la ley. En tal sentido, la administración departamental decide no aceptar la terna."Esto fue aprovechado por el gobernador para ratificar a Javier Acevedo", señaló el veedor ciudadano Mauricio Gómez."La terna se debe componer siempre de tres candidatos plenamente habilitados para ejercer el cargo al cual se postulan, ya que, si uno de ellos presenta alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento legal para ser nombrado en el cargo la terna se desintegra", señala la resolución firmada por el gobernador Mauricio Aguilar.Dice la resolución 27040 de la Gobernación de Santander que "una vez analizada la hoja de vida del ciudadano Javier Orlando Acevedo, este despacho concluye que cumple con las calidades y cualidades para ser designado como alcalde de Girón". Cabe recordar que Javier Acevedo sale "salpicado" en la investigación de la Corte de Suprema de Justicia contra el exgobernador de Santander, Richard Aguilar, por presuntos hechos de corrupción.Según la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en la Gobernación de Santander se "habrían falsificado" documentos cuando Javier Acevedo era el secretario de Planeación en 2020.Se trata del concepto favorable de Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte, para la adición en dinero del contrato de obra No. 0766 de 2015 de reforzamiento del estadio de Bucaramanga. La solicitud de concepto favorable al Comité Consultivo del Departamento Nacional de Planeación y el certificado de movilidad reducida de la Secretaría de Infraestructura de Santander.Estos documentos no fueron encontrados durante la diligencia de inspección realizada por miembros de la Unidad de Apoyo Investigativo del CTI adscritos a la Corte Suprema de Justicia el 14 de diciembre de 2020.Le puede interesar:
Según confirmó el Juzgado 4 penal del circuito de Bucaramanga, la exsecretaria de infraestructura de Santander Claudia Toledo y su esposo, Lenin Pardo, testigos claves contra el exgobernador de Santander Richard Aguilar en un proceso por posibles irregularidades en contratación pública, quedaron en libertad por pena cumplida.Tanto Toledo como Pardo habían sido condenados a 50 y 38 meses de prisión, penas que fueron cumplidas en su propio domicilio, por lo cual, al terminar la condena, quedaron en libertad, confirmó su abogado, Jaime Lombana.“Ya ellos tienen su pena cumplida y ya se encuentran en libertad, fueron leales y transparentes con la administración de justicia. Con la verdad se demostró claramente que había un contubernio para ocultar unos hechos de corrupción que se habían dado en la contratación del departamento de Santander, y por eso hoy se les reconoce los beneficios y una pena cumplida”, aseguró Lombana.La pareja de esposos que, además de pagar la pena, tuvo que pagar una multa de aproximadamente 60 millones de pesos por su complicidad en los hechos de corrupción en la contratación de varias obras públicas, se encontraba con detención domiciliaria y con permiso para poder trabajar en Bucaramanga de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.“Yo creo que es muy lamentable lo que ocurrió en el departamento de Santander, los que somos de esa tierra queremos que los recursos públicos sean invertidos de manera transparente y de manera objetiva para el bienestar de las familias de esa región del país”, agregó el abogado Lombana.El Juez 12 con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga fue el encargado de otorgar el principio de oportunidad presentado por la Fiscalía para que Toledo y Pardo continuaran colaborando con la justicia y entregando pruebas que a la postre terminaron con la captura del exgobernador de Santander Richard Aguilar.También es importante señalar que, hace poco, el exgobernador de Santander y exsenador Richard Aguilar quedó en libertad por vencimiento de términos en el proceso que se le sigue por presuntos hechos de corrupción en contratos de construcción del estadio de Bucaramanga y el Plan de Alimentación Escolar (PAE).Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Luego de conocerse que Richard Aguilar, exgobernador de Santander, quedará en libertad por vencimiento de términos, veedores como Ramiro Vásquez explicaron que la decisión los sorprendió, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos por los que está siendo acusado el exmandatario departamental.“Lamentablemente esa es la justicia colombiana, favorece a los corruptos y castiga a los ciudadanos de bien. Y lo digo así porque esto es un castigo, recursos que son de nosotros los santandereanos fueron dilapidados por este señor y ahora lo premian sacándolo de la cárcel”, aseguró Vásquez.El exgobernador Aguilar enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado.“Los abogados del exgobernador alargaron y alargaron y los jueces no tienen la verraquera para decir: 'no más dilaciones' y 'esto se va porque se va'. Pero vaya que uno se robe una pasta de caldo knorr y en media hora ya está pagando condena”, denunció Vásquez.Es importante señalar que el veedor fue el primero en denunciar al exgobernador por los presuntos actos de corrupción en la remodelación del estadio departamental Alfonso López, casa del Atlético Bucaramanga y la villa deportiva aledaña. Además, también lo denunció por las obras del tercer carril que no han sido entregadas formalmente y en las cuales hace falta construir un puesto de salud.La Fiscalía explicó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que Aguilar y funcionarios de la Gobernación de Santander pactaron porcentajes para la adjudicación de contratos en el departamento.Según las investigaciones, las irregularidades se presentaron en seis contratos; el primero y más llamativo para el reforzamiento del estadio de fútbol, adecuación de piscinas y el Coliseo Vicente Díaz Romero, de los cuales se apropiarían de aproximadamente $9.886.000.000.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las posibles causas por las que se cayó el impuesto a las iglesias en la reforma tributaria:
El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE. UU., John Ratcliffe, mantuvo este jueves una reunión en La Habana con representantes del Ministerio del Interior de la isla, informaron las autoridades cubanas.En un comunicado difundido en medios oficiales, el Gobierno cubano que "en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales, en aras de contribuir al diálogo político entre ambas naciones, como parte de los esfuerzos por afrontar el escenario actual".La nota explicó que la "dirección de la revolución", una denominación que incluye al expresidente Raúl Castro y otros líderes que no obligatoriamente ocupan cargos en el Gobierno, "aprobó la realización de esta visita", que apuntan que fue solicitada por representantes de la administración del presidente de EE. UU., Donald Trump.Las autoridades cubanas indicaron que sus representantes en el encuentro aportaron elementos que "permitieron demostrar categóricamente" que la isla "no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU. ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo"."Una vez más se evidenció que la isla no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas; ni existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio, y nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra EE. UU. ni permitirá que desde Cuba se actúe contra otra nación", subraya el texto.El comunicado concluye diciendo que en el encuentro ambas partes mostraron su interés "en desarrollar la cooperación bilateral entre los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional".Las relaciones bilaterales se encuentran en uno de los momentos de mayor tensión en décadas, con las amenazas de agresión militar de EE. UU. a la isla, un escenario posible tras lo sucedido en Venezuela e Irán. Trump habló recientemente de "tomar" Cuba "casi de inmediato".Washington lleva desde enero presionando al Gobierno cubano para que implemente reformas profundas en su sistema económico y en su régimen político, a lo que La Habana se niega alegando que esos ámbitos quedan dentro de la soberanía nacional y no son negociables.Para aumentar la presión sobre la isla, Washington ha impuesto un bloqueo petrolero que está ahondando la crisis energética que ya sufría Cuba, y ha publicado una Orden Ejecutiva que amplía aún más la maraña de décadas de sanciones económicas, financieras y comerciales sobre la isla, incluyendo las medidas extraterritoriales.Ambos países han iniciado un diálogo, con al menos una reunión física el 10 de abril en La Habana, pero del que hasta ahora no han trascendido avances ni detalles.
Al menos seis integrantes de las disidencias de las Farc habrían muerto este jueves en medio de combates que sostiene el Ejército Nacional contra miembros de la estructura Ismael Ruiz, en la vereda Mazamorra, zona rural del municipio de Belalcázar, Cauca, en límites con el departamento del Huila.Según información preliminar, la operación militar se desarrolló tras labores de inteligencia que permitieron ubicar a este grupo armado ilegal, señalado de estar al mando de alias ‘Fernando Gómez’, quien al parecer sería uno de los presuntos disidentes abatidos. Gómez había asumido el mando de la estructura, luego de la muerte en combates de alias ‘Libardo’, registrada en julio de 2025. Sus integrantes serían responsables de intimidaciones y extorsiones contra campesinos, comerciantes y transportadores en varios municipios del Huila.Acciones militares continuaránEl Ejército Nacional confirmó los hechos a través de su cuenta oficial en X y señaló que las acciones militares continúan en la zona para consolidar el área, verificar la situación, establecer plenamente la identidad de los disidentes muertos y garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes del occidente del Huila.
Los abogados penalistas Felipe Alzate y Simón Hernández radicaron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas amenazas, seguimientos, hostigamientos e intentos de infiltración relacionados, según indicaron, con el ejercicio de su actividad profesional y la representación de víctimas y procesados en distintos casos judiciales.De acuerdo con la denuncia presentada por los juristas, los hechos habrían comenzado desde el año pasado, luego de asumir la representación legal de varias víctimas dentro de procesos de alto perfil.En un comunicado público, los abogados aseguraron que las presuntas actuaciones intimidatorias representarían una afectación directa al ejercicio independiente de la profesión y al derecho de defensa.“Ningún abogado puede ser objeto de perfilamiento por cumplir con su deber profesional, por asumir una causa, por representar los intereses de sus clientes o por acudir ante las autoridades competentes en defensa de los derechos que le han sido confiados”, señalaron Alzate y Hernández.En el mismo documento, agregaron que “permitir que la intimidación condicione o limite el ejercicio libre e independiente de la profesión implicaría una afectación directa al derecho de defensa, debido proceso e incluso al acceso que debe tener cualquier ciudadano a la administración de justicia”.Los penalistas denunciaron haber sido víctimas de mensajes intimidatorios directos, seguimientos en entornos laborales y presuntos perfilamientos. Según indicaron, también existirían intentos de terceros por acceder a información sensible relacionada con su actividad profesional y los procesos judiciales que adelantan.Los abogados participan actualmente en varios casos de relevancia pública. Entre ellos aparece la representación de Beatriz Niño como presunta víctima del exembajador Daniel Garcés, la defensa del exalcalde William Dau y el litigio relacionado con el lote donde está ubicado el denominado Palo del Ahorcado.La denuncia también advierte que las presuntas intimidaciones no solo habrían afectado a los juristas, sino que se extenderían a familiares y personas de su entorno laboral.
En un contexto en el que las familias buscan mayor tranquilidad financiera y herramientas para enfrentar los desafíos del día a día, los seguros de vida y salud han ganado protagonismo como parte de la planeación del bienestar. Más que una respuesta ante situaciones inesperadas, hoy estas soluciones se consolidan como mecanismos de acompañamiento que permiten prevenir riesgos, acceder a atención oportuna y proteger la estabilidad económica del hogar.La tendencia es evidente en América Latina. Según MAPFRE Economics, el mercado asegurador de la región alcanzó en 2024 un volumen de primas por USD 215.100 millones, lo que representó un crecimiento del 5,8 %. El ramo de Vida fue el de mejor desempeño, con un incremento cercano al 9 %, superando al segmento de seguros generales.Este comportamiento refleja un cambio en la percepción de las personas frente al seguro. Cada vez más hogares consideran que proteger la salud y asegurar el futuro financiero son decisiones fundamentales para garantizar la continuidad de sus proyectos personales, educativos y patrimoniales.En ese sentido, los seguros de vida ofrecen respaldo económico en situaciones como fallecimiento, invalidez o pérdida de la capacidad de generar ingresos. Su función principal es brindar apoyo para que la familia pueda mantener su estabilidad y cumplir sus metas aun en circunstancias complejas.Por su parte, los seguros de salud permiten acceder a consultas médicas, especialistas, orientación y servicios complementarios que facilitan el cuidado integral de las personas. Además de atender enfermedades, promueven hábitos preventivos y ayudan a tomar decisiones oportunas sobre el bienestar.En Colombia, esta mayor conciencia también se ha traducido en un crecimiento sostenido del sector. Datos de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) muestran que los ramos de Salud y Vida registraron aumentos del 21 % y 14 %, respectivamente, impulsados por el interés de los ciudadanos en proteger su patrimonio y su calidad de vida.La presidenta de Suramericana, Juana Francisca Llano, señaló que “los seguros están dejando de ser instrumentos exclusivamente reactivos para convertirse en habilitadores del bienestar”. Según explicó, el objetivo es anticipar riesgos y ofrecer soluciones ajustadas a las necesidades de las personas en cada etapa de la vida.Actualmente, la compañía acompaña a más de 20,5 millones de clientes en la región mediante un portafolio de seguros de vida, salud y generales. Solo en 2025, los seguros voluntarios representaron el 85 % de sus ingresos, una cifra que evidencia cómo los usuarios están tomando decisiones de protección de manera consciente y planificada.A la hora de elegir un seguro, expertos recomiendan evaluar las necesidades particulares de cada familia, revisar las coberturas, analizar los beneficios de prevención y considerar el respaldo de la aseguradora. Más allá del costo, lo importante es contar con una solución que ofrezca acompañamiento y reduzca la incertidumbre frente a los riesgos que pueden afectar el presente y el futuro del hogar.
La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, la estilista de 52 años que fue vista por última vez después de someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, sigue generando interrogantes. En las últimas horas se conoció un video grabado por una de sus amigas en el que se observa el delicado estado de salud en el que se encontraba pocas horas antes de perderse todo rastro de ella.Yulixa ingresó en la mañana del miércoles al centro Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, para practicarse una lipólisis láser. Según sus allegados, el procedimiento duró más de lo previsto y, cuando pudieron verla, notaron que presentaba síntomas alarmantes.Ante la preocupación por su estado, decidieron grabar un video que hoy se ha convertido en una de las principales evidencias del caso. En las imágenes, Yulixa aparece acostada, vestida con una sudadera y una camiseta negra, mientras respira con dificultad. En el fondo se escucha a una mujer que le dice: “Respire bien, respire normal”.Vea el video en el minuto 1:02Según el testimonio de sus acompañantes, la mujer tenía episodios de palidez y, por momentos, parecía desmayarse. A pesar de ello, el personal del centro aseguró que su estado obedecía a los efectos de la sedación y les pidió que esperaran a que descansara.Las amigas de Yulixa incluso pagaron una habitación para que permaneciera en observación y dejaron ropa y artículos personales para acompañarla durante la noche. Sin embargo, cuando regresaron al establecimiento, la mujer ya no estaba.“Llegamos aquí y duramos como media hora pidiendo explicaciones. Lo que nos dicen es que a las 7:30 p. m. los médicos la sacaron porque ella manifestó querer salir del lugar por sus propios medios”, relató una de sus allegadas.Esa versión ha sido cuestionada por quienes la vieron por última vez, pues aseguran que Yulixa no estaba en condiciones de caminar o abordar un vehículo sin asistencia.En medio de la búsqueda, familiares y amigos recorrieron hospitales como el Hospital de Meissen, Hospital El Tunal, Hospital de Kennedy y Hospital de Bosa, así como estaciones de Policía, sin encontrar información sobre su paradero.Durante la inspección adelantada por la Policía Nacional de Colombia y el GAULA, también fue hallada otra mujer de 34 años que se recuperaba sola de un procedimiento estético en el segundo piso del inmueble.