Este martes 26 de septiembre el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, arremetió contra Jaime Andrés Beltrán, Horacio José Serpa y Fabián Oviedo, candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga, y los tildó de “políticos hipócritas”.Según el mandatario, los candidatos se han ensañado contra la familia Aguilar, pero han buscado el apoyo de Hugo Aguilar, condenado por parapolítica, y Richard Aguilar, procesado por presunta corrupción.“Hay unos candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga que hay que invitarlos para que vayan al polígrafo a ver si no han buscado a mi padre y mi hermano para que los apoyen. Vienen a ser supuestamente sinceros y honestos cuando ahí sí quieren ocultar estos respaldos que ellos han buscado, no a mí, pero sí a los miembros de mi familia porque yo no puedo participar en estas contiendas, solo generar garantías”, dijo.“Se han venido ensañando con la familia Aguilar y por eso el llamado al doctor Jaime Andrés, al doctor Horacio José y al doctor Fabián Oviedo que se sometan al polígrafo si no es verdad lo que estoy diciendo, han buscado a mi padre y mi hermano para que reciban ese apoyo político. Hay que ser honestos, transparentes, pero la invitación es que dejen ese discurso populista que lo único que generan es más odio y rencor en la ciudadanía”, agregó.En el debate del pasado domingo, transmitido en vivo por Noticias Caracol, los candidatos mencionados por el gobernador negaron que han buscado apoyo de la familia Aguilar.“Estos señores que están a mi lado sí han negado los apoyos de clanes, de personas non santas en cada una de sus campañas. Yo fui al polígrafo, el pastor Beltrán tiene el apoyo de Aguilar, el señor Fabián tiene el apoyo de Cárdenas. Yo no tengo nada que esconder”, dijo Horacio José Serpa, candidato por el Partido Liberal.Por su parte, el candidato Jaime Andrés Beltrán, avalado por el partido Colombia Justa y Libres, también negó que ha buscado el apoyo de Hugo Aguilar y Richard Aguilar.“Llevo 12 años batallando la independencia, nunca recibí apoyo por parte de ellos (familia Aguilar) cuando era concejal y hace cuatro años, cuando me lancé a la Alcaldía, los derroté. Aquí voy solo y ahora que voy liderando las encuestas todos me atacan diciendo que ellos están acá”, dijo el candidato Jaime Andrés Beltrán.El candidato Fabián Oviedo también negó el apoyo que, según el gobernador, buscó en la familia Aguilar.“Mi independencia no es negociable, yo no negocio mi independencia con nadie (…) No soy megacontratista, no tengo nadie que me esté dando dineros en mi campaña”, señaló el candidato.Desde el minuto 41, en el siguiente video, puede encontrar las respuestas de los candidatos:
Por un año fue prolongado por la Fiscalía General de la Nación el acuerdo judicial con los esposos Claudia Toledo y Lenin Pardo, por ser los principales testigos contra el exgobernador de Santander, Richard Aguilar, investigado por presuntos hechos de corrupción.EL fiscal general Francisco Barbosa, firmó la resolución 0384 de 2023, con la cual prolongó por un año más el principio de oportunidad pactado con la exsecretaria de Infraestructura de la Gobernación de Santander, Claudia Toledo y su esposo, Lenin Pardo, como testigos claves en el proceso penal que se adelanta en contra del exgobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, por presuntos hechos de corrupción en varios contratos millonarios.Por esta decisión de la Fiscalía de prolongar el acuerdo, el juicio penal por hechos de corrupción, celebración indebida de contratos, falsedad en documentos públicos y concierto para delinquir, contra los esposos Toledo y Pardo, queda suspendido y supeditado a la eficacia del material probatorio y testimonial que aporten en contra del exsenador Richard Aguilar Villa.Tanto Toledo como Pardo habían sido condenados a 50 y 38 meses de prisión, penas que fueron cumplidas en su propio domicilio, por lo cual, al terminar la condena, quedaron en libertad, confirmó su abogado, Jaime Lombana.“Ya ellos tienen su pena cumplida y ya se encuentran en libertad, fueron leales y transparentes con la administración de justicia. Con la verdad se demostró claramente que había un contubernio para ocultar unos hechos de corrupción que se habían dado en la contratación del departamento de Santander, y por eso hoy se les reconoce los beneficios y una pena cumplida”, aseguró Lombana.La pareja de esposos que, además de pagar la pena, tuvo que pagar una multa de aproximadamente 60 millones de pesos por su complicidad en los hechos de corrupción en la contratación de varias obras públicas.
La Fiscalía General de la Nación acusó a tres exfuncionarios y a un contratista de la Gobernación de Santander por presuntas irregularidades y hechos de corrupción en proyecto para el reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga.El caso está relacionado con el escándalo por el cual también es investigado, por la Corte Suprema de Justicia, el exgobernador de Santander Richard Aguilar.Según la investigación de la Fiscalía, el contratista Octavio Reyes tuvo que entregar $4.374 millones en dádivas a varios funcionarios de la Gobernación de Santander para que la adjudicaran el contrato por $22.000 millones.Los acusados son la supervisora del contrato Ana Lucia Wandurraga Ballesteros, el abogado Edgar Fabián Baéz Ariza y el asesor jurídico Sergio Andrés Pitta, quienes deberán responder por los delitos de celebración indebida de contratos, prevaricato por omisión y concusión.Al contratista Octavio Reyes la Fiscalía lo acusaron por el delito de peculado por apropiación tras comprobar que se quedó irregularmente con $1.889 millones del contrato adjudicado en 2015 en el gobierno de Richard Aguilar.“El contratista, al parecer, obtuvo información privilegiada que le permitió mejorar su oferta y ajustarla al pliego de condiciones. Le habrían reconocido anticipos y adiciones por actividades que nunca se realizaron y por subcontratar empresas que no participaron en el proyecto”, señaló Eduardo Alirio Calderón, director especializado contra la corrupción de la Fiscalía.Según el ente acusador, el dinero que recibió la contratista luego de adulterar los documentos ascendió a 4.312 millones de pesos, los cuales habrían sido utilizados por los integrantes de la unión temporal para el presunto pago de dádivas a funcionarios que direccionaron la contratación.El pasado 23 de enero un juez de Bucaramanga condenó a Paula Marcela Moreno Martínez, por ser la responsable del delito de falsedad ideológica en documento privado. “La mujer, entre 2015 y 2016, fungió como representante legal suplente de la unión temporal favorecida con el contrato suscrito en 2015, por un valor total de 22.000 millones de pesos. En la investigación se constató que emitió 19 órdenes de pago en favor de subcontratistas para compra de materiales y otras actividades que nunca se ejecutaron, pero que sirvieron para sustentar el desembolso de un millonario anticipo”, explicó Edward Calderón, director Especializado contra la Corrupción de la Fiscalía.Es importante recordar que el exgobernador de Santander Richard Aguilar fue salpicado en este caso de corrupción y enviado a la cárcel el 28 de julio del 2021. Sin embargo, en la noche del viernes 11 de noviembre, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó liberar al exmandatario por vencimiento de términos.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
En un comunicado, la Gobernación de Santander confirmó que Luz Yolima Herrera Martínez, jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio del Interior, asume desde este viernes como gobernadora ad hoc de Santander para “garantizar transparencia” en el caso que se adelanta contra el exgobernador Richard Aguilar, hermano del actual mandatario, Mauricio Aguilar.“En aras de garantizar transparencia y objetividad de las investigaciones contra el exgobernador del período 2012 – 2015 (Richard Aguilar), el actual mandatario Mauricio Aguilar Hurtado declaró en junio de 201 su impedimento en el proceso penal, teniendo en cuenta su grado de parentesco”, dice el comunicado.El 30 de noviembre de 2021 fue nombrado el entonces secretario general del Ministerio del Interior, Luis Fernando Pinzón Gallo, quien se posesionó en la Asamblea departamental.“Dando continuidad a este proceso, esta cartera, en remplazo, designó a la jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio del Interior”, agrega el comunicado.El gobernador Mauricio Aguilar continuará con sus funciones normales “y únicamente se abstendrá de realizar actuaciones en el proceso judicial del investigado, Richard Aguilar Villa”.Proceso contra Richard AguilarRichard Aguilar, quien quedó en libertad por vencimiento de términos, enfrenta un proceso por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.Además, Aguilar Villa está señalado de actos de corrupción en los contratos de la construcción del estadio de Bucaramanga y el Plan de Alimentación Escolar (PAE). Asimismo, la Fiscalía indicó en su momento que organizó una "empresa criminal" para favorecer a conocidos, amigos y familiares con contratos millonarios mientras estaba en la Gobernación.
Según lo explicó la Fiscalía General de la Nación la primera condena por participar en el entramado de corrupción detectado en el proceso de contratación de las obras de remodelación de la Villa Olímpica de Bucaramanga, Santander, fue en contra de Paula Marcela Moreno Martínez, quien fue declarada responsable del delito de falsedad ideológica en documento privado. El caso que fue conocido mediáticamente por la fallida remodelación del estadio de fútbol Alfonso López.“La mujer, entre 2015 y 2016, fungió como representante legal suplente de la unión temporal favorecida con el contrato suscrito en 2015, por un valor total de 22.000 millones de pesos. En la investigación se constató que emitió 19 órdenes de pago en favor de subcontratistas para compra de materiales y otras actividades que nunca se ejecutaron, pero que sirvieron para sustentar el desembolso de un millonario anticipo”, explicó Edward Calderón, director Especializado contra la Corrupción de la Fiscalía.Según el ente acusador el dinero que recibió la contratista luego de adulterar los documentos ascendió a 4.312 millones de pesos, los cuales habrían sido utilizados por los integrantes de la unión temporal para el presunto pago de dádivas a funcionarios que direccionaron la contratación.“En ese sentido, un juez penal de conocimiento de Bucaramanga condenó a Paula Marcela Moreno Martínez a 38 meses de prisión, pero con ocasión a su aceptación de cargos la pena es de 19 meses y le impuso una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena. Adicionalmente, le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena”, agregó Calderón.Es importante recordar que el exgobernador de Santander Richard Aguilar fue salpicado en este caso de corrupción y enviado a la cárcel el 28 de julio del 2021. Sin embargo, en la noche del viernes 11 de noviembre, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó liberar al exmandatario por vencimiento de términos. Le puede interesar:
El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, terminó aprovechando políticamente la discrepancia entre partidos políticos que avalaron a Carlos Román, destituido como alcalde de Girón por doble militancia, y terminó dejando en el cargo a un hombre de su entera confianza en víspera de las elecciones de 2023.Javier Orlando Acevedo había sido nombrado alcalde designado de Girón el pasado 24 de octubre, pero ahora será el mandatario titular del municipio que en los últimos años ha estado salpicado en hechos de presunta corrupción y caos político.Mediante una resolución, Aguilar Hurtado extendió hasta el 31 de diciembre de 2023 la designación de su amigo Javier Acevedo como alcalde de Girón.Los partidos políticos que avalaron a Carlos Román pasaron los nombres de cinco personas para su reemplazo y no tres como dice la ley. En tal sentido, la administración departamental decide no aceptar la terna."Esto fue aprovechado por el gobernador para ratificar a Javier Acevedo", señaló el veedor ciudadano Mauricio Gómez."La terna se debe componer siempre de tres candidatos plenamente habilitados para ejercer el cargo al cual se postulan, ya que, si uno de ellos presenta alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento legal para ser nombrado en el cargo la terna se desintegra", señala la resolución firmada por el gobernador Mauricio Aguilar.Dice la resolución 27040 de la Gobernación de Santander que "una vez analizada la hoja de vida del ciudadano Javier Orlando Acevedo, este despacho concluye que cumple con las calidades y cualidades para ser designado como alcalde de Girón". Cabe recordar que Javier Acevedo sale "salpicado" en la investigación de la Corte de Suprema de Justicia contra el exgobernador de Santander, Richard Aguilar, por presuntos hechos de corrupción.Según la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en la Gobernación de Santander se "habrían falsificado" documentos cuando Javier Acevedo era el secretario de Planeación en 2020.Se trata del concepto favorable de Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte, para la adición en dinero del contrato de obra No. 0766 de 2015 de reforzamiento del estadio de Bucaramanga. La solicitud de concepto favorable al Comité Consultivo del Departamento Nacional de Planeación y el certificado de movilidad reducida de la Secretaría de Infraestructura de Santander.Estos documentos no fueron encontrados durante la diligencia de inspección realizada por miembros de la Unidad de Apoyo Investigativo del CTI adscritos a la Corte Suprema de Justicia el 14 de diciembre de 2020.Le puede interesar:
Según confirmó el Juzgado 4 penal del circuito de Bucaramanga, la exsecretaria de infraestructura de Santander Claudia Toledo y su esposo, Lenin Pardo, testigos claves contra el exgobernador de Santander Richard Aguilar en un proceso por posibles irregularidades en contratación pública, quedaron en libertad por pena cumplida.Tanto Toledo como Pardo habían sido condenados a 50 y 38 meses de prisión, penas que fueron cumplidas en su propio domicilio, por lo cual, al terminar la condena, quedaron en libertad, confirmó su abogado, Jaime Lombana.“Ya ellos tienen su pena cumplida y ya se encuentran en libertad, fueron leales y transparentes con la administración de justicia. Con la verdad se demostró claramente que había un contubernio para ocultar unos hechos de corrupción que se habían dado en la contratación del departamento de Santander, y por eso hoy se les reconoce los beneficios y una pena cumplida”, aseguró Lombana.La pareja de esposos que, además de pagar la pena, tuvo que pagar una multa de aproximadamente 60 millones de pesos por su complicidad en los hechos de corrupción en la contratación de varias obras públicas, se encontraba con detención domiciliaria y con permiso para poder trabajar en Bucaramanga de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.“Yo creo que es muy lamentable lo que ocurrió en el departamento de Santander, los que somos de esa tierra queremos que los recursos públicos sean invertidos de manera transparente y de manera objetiva para el bienestar de las familias de esa región del país”, agregó el abogado Lombana.El Juez 12 con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga fue el encargado de otorgar el principio de oportunidad presentado por la Fiscalía para que Toledo y Pardo continuaran colaborando con la justicia y entregando pruebas que a la postre terminaron con la captura del exgobernador de Santander Richard Aguilar.También es importante señalar que, hace poco, el exgobernador de Santander y exsenador Richard Aguilar quedó en libertad por vencimiento de términos en el proceso que se le sigue por presuntos hechos de corrupción en contratos de construcción del estadio de Bucaramanga y el Plan de Alimentación Escolar (PAE).Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Luego de conocerse que Richard Aguilar, exgobernador de Santander, quedará en libertad por vencimiento de términos, veedores como Ramiro Vásquez explicaron que la decisión los sorprendió, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos por los que está siendo acusado el exmandatario departamental.“Lamentablemente esa es la justicia colombiana, favorece a los corruptos y castiga a los ciudadanos de bien. Y lo digo así porque esto es un castigo, recursos que son de nosotros los santandereanos fueron dilapidados por este señor y ahora lo premian sacándolo de la cárcel”, aseguró Vásquez.El exgobernador Aguilar enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado.“Los abogados del exgobernador alargaron y alargaron y los jueces no tienen la verraquera para decir: 'no más dilaciones' y 'esto se va porque se va'. Pero vaya que uno se robe una pasta de caldo knorr y en media hora ya está pagando condena”, denunció Vásquez.Es importante señalar que el veedor fue el primero en denunciar al exgobernador por los presuntos actos de corrupción en la remodelación del estadio departamental Alfonso López, casa del Atlético Bucaramanga y la villa deportiva aledaña. Además, también lo denunció por las obras del tercer carril que no han sido entregadas formalmente y en las cuales hace falta construir un puesto de salud.La Fiscalía explicó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que Aguilar y funcionarios de la Gobernación de Santander pactaron porcentajes para la adjudicación de contratos en el departamento.Según las investigaciones, las irregularidades se presentaron en seis contratos; el primero y más llamativo para el reforzamiento del estadio de fútbol, adecuación de piscinas y el Coliseo Vicente Díaz Romero, de los cuales se apropiarían de aproximadamente $9.886.000.000.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las posibles causas por las que se cayó el impuesto a las iglesias en la reforma tributaria:
En la noche de este viernes, 11 de noviembre, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó liberar al exgobernador de Santander Richard Aguilar, quien había sido capturado el 28 de julio del 2021, por vencimiento de términos.Vale recordar que Aguilar enfrentaba un proceso por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.Además, Richard Aguilar estuvo señalado de actos de corrupción en los contratos de la construcción del estadio de Bucaramanga y el Plan de Alimentación Escolar (PAE). Asimismo, la Fiscalía indicó en su momento que organizó una "empresa criminal" para favorecer a conocidos, amigos y familiares con contratos millonarios mientras estaba en la Gobernación.La boleta de libertad No. T-12 -2066 DMHH fue enviada al Centro de Reclusión Militar EJEPO, Batallón de Policía Militar N°. 13 General Tomás Cipriano Mosquera luego de la decisión que tomó la magistrada de la Sala Penal Alexandra Ossa.Le puede interesar:
En polémica terminó la decisión del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, tras designar como alcalde encargado del municipio de Girón, al ingeniero Javier Orlando Acevedo Beltrán, salpicado en la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia por presunta corrupción al exsenador Richard Aguilar, hermano del actual mandatario departamental. Mauricio Gómez, veedor ciudadano de Girón, cuestionó la decisión del gobernador Aguilar. "No entendemos como el gobernador nombró a Javier Acevedo, quien está salpicado y cuestionado por posible falsificación de documentos en la investigación contra Richard Aguilar. Me parece que es una designación desafortunada", aseguró el veedor. Cabe recordar que tres documentos que debían reposar en el proceso de aprobación y viabilización del contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga son, según la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, los que habrían sido falsificados en la Gobernación de Santander, cuando Javier Acevedo, era el secretario de Planeación en 2020. Se trata del concepto favorable de Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte, para la adición en dinero del contrato de obra No. 0766 de 2015 de reforzamiento del estadio de Bucaramanga; la solicitud de concepto favorable al Comité Consultivo del Departamento Nacional de Planeación; y el certificado de movilidad reducida de la Secretaría de Infraestructura de Santander.Estos documentos no fueron encontrados durante la diligencia de inspección realizada por miembros de la Unidad de Apoyo Investigativo del CTI adscritos a la Corte Suprema de Justicia, el 14 de diciembre de 2020.Según la Corte Suprema de Justicia, posterior a la deligencia del CTI los documentos fueron remitidos vía correo electrónico el 15 de enero de 2021, por el secretario de Planeación de la época, Javier Orlando Acevedo Beltrán.“Aparecieron milagrosamente siendo remitidos en formato electrónico, lo que permitió a los investigadores develar, a través de la herramienta Microsoft Word 2016 denominada metadatos, que fueron creados exprofeso en 2020 y 2021”, confirma la Corte Suprema de Justicia.Y agrega, “a sencillo examen visual de características particulares, se aprecia que, a pesar de los esfuerzos para hacer idéntico la versión del documento de la actual administración departamental con aquella indubitada del Ministerio del Deporte, antes Coldeportes, no lo logran”.“Se trata de dos versiones del mismo documento contentivo del concepto favorable para la aprobación del adicional, uno proveniente del Ministerio del Deporte con fecha 2 de diciembre de 2014, y otro sin fecha, proveniente de la actual administración del gobernador Mauricio Aguilar”, sostiene la Corte.Respecto a los otros dos documentos enviados por el secretario de Planeación de la época, Javier Acevedo, la Corte señala que "el concepto favorable del Comité Consultivo y el certificado de movilidad reducida de la Secretaría de Infraestructura, arrojaron según el examen de metadatos que la creación fue el día 15 de enero de 2021, la misma fecha de envío a la unidad investigativa".Para la Corte Suprema de Justicia los documentos son de “fraudulenta creación reciente”.Cabe recordar que la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por presuntamente manipular el material probatorio, falsedad en documentos y realizar acciones que estarían favoreciendo a su hermano Richard Aguilar Villa, quien está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia, por presuntos hechos de corrupción.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.
La prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y la deportación de otros veedores aumentaron este viernes la tensión antes de las presidenciales del fin de semana, en las que Nicolás Maduro busca un tercer mandato.Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro."El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar", relató Moscoso en una rueda de prensa. "Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!".Fox, en tanto, lo consideró una "mala señal".El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada."Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. "Acá no van a venir a joder", agregó.Diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron después su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas."Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable", dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.Consultado sobre el caso de los expresidentes del Grupo IDEA, un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato solicitó al gobierno venezolano "reconsiderar esta decisión y permitir una mayor presencia internacional".Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.Todo listo Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude."Tenemos todo listo", dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios."¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro".González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados en las urnas.Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia"."Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.Detenciones masivas La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas."Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.