¿Crisis financiera podría acabar con Metrolínea?
Las directivas del Sistema de Transporte Masivo de Bucaramanga reconocieron que pasan por su peor momento administrativo y financiero.
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La empresa del Sistema de Transporte Masivo, Metrolínea, enfrenta deudas judiciales y con dos empresas operadoras cercanas a los $400.000 millones. Esto ha llevado la ha una crisis financiera con cuentas difíciles de pagar.
BLU Radio conoció el informe de Metrolínea en el que relacionan las condenas judiciales pendientes de pago que suman $219.110 millones, más $120.000 pendientes por definirse en los estrados.
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A estas deudas judiciales se le debe sumar que a la fechan están generado otros $62.475 en intereses por mora en el pago de la deuda inicial al 31 de octubre de 2018.
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El caso más llamativo de estos altos pasivos judiciales o arbitrales es el conocido como PQP, un laudo que se falló en última instancia a favor del contratista y que tiene a la entidad con un saldo en rojo por $143.000 millones.
De acuerdo con el cronograma de pago pactado entre Metrolínea y Estaciones de Metrolínea (contratista que ganó la demanda), la entidad transportadora debió cancelar la primera cuota de su deuda, el pasado 9 de septiembre de 2017. Sin embargo, no pudo cumplir con la obligación por falta de liquidez, lo que ha acarreado intereses por $40.775 millones en tan solo dos años.
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Metrolínea adeuda, además, más de $35.000 millones a las dos operadoras Metrocinco Plus y Movilizamos, empresas que tienen deudas con los bancos por $120.000 millones, por la compra de la primera flota de 236 buses entre articulados, padrones y alimentadores.
La gerente de Metrolínea, Laura Rodríguez Cardozo, aseguró en diálogo con BLU Radio que “en su administración no será liquidada la empresa”.
“Es muy triste que una inversión millonaria, de casi medio billón de pesos, que realizó el estado para la creación de Metrolínea, esté en riesgo por deudas de fallos judiciales (…) que ganaron contratistas, que no terminaron las obras. Eso es injusto para la ciudad”, manifestó la funcionaria.
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Hace algunos días, la empresa de transporte suscribió un contrato con la abogada Alba María Rueda para prestar asesoría jurídica relacionada con la implicación de un posible proceso de disolución o entrar en Ley 550.
A lo que la gerente, Laura Rodríguez, respondió que lo que se busca es “explorar escenarios jurídicos y financieros pasa salir de la crisis financiera que afronta la empresa”.
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El panorama es incierto para el Sistema de Transporte Masivo, las deudas ponen en duda su continuidad. En sus estados contables se observan pasivos mayores a $120.000 millones, comparado con activos de $13.000 millones.
Eso conduce a prever el peor de los escenarios si se tiene en cuenta que, a partir del segundo semestre del 2018, debió asumir sus propios compromisos financieros y amortizar sus créditos.