Con el inicio de las vacaciones de mitad de año en colegios, instituciones técnicas y universidades, Metrolínea anunció ajustes temporales en la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga.La medida comenzó a regir este 16 de junio y se mantendrá hasta el próximo 4 de agosto, periodo en el que históricamente se registra una reducción significativa en la cantidad de pasajeros que utilizan el sistema para desplazarse hacia centros educativos.Según informó la entidad, durante estas semanas se implementarán cambios en los horarios de cierre de operación en días hábiles con el propósito de ajustar la oferta de transporte a la demanda real de usuarios que se presenta durante el receso académico.La decisión busca optimizar los recursos operativos del sistema sin afectar la prestación del servicio para los ciudadanos que continúan utilizando el transporte masivo para desplazarse a sus lugares de trabajo, diligencias personales o actividades comerciales.Metrolínea hizo un llamado a los usuarios para que programen con anticipación sus viajes y consulten los horarios de funcionamiento durante esta temporada, especialmente quienes utilizan el servicio en las últimas horas de la noche.La empresa explicó que el personal operativo trabajará de manera articulada con los coordinadores del Transporte Público Convencional (TPC) para garantizar una adecuada finalización de las jornadas y mantener la conectividad en los diferentes municipios del área metropolitana.El anuncio se produce en momentos en que el sistema busca mantener la estabilidad de la operación y responder a las variaciones en la demanda de pasajeros, una situación que suele presentarse cada año durante los periodos de vacaciones estudiantiles.Las autoridades de transporte reiteraron que estos ajustes son temporales y que, una vez finalice el receso académico y se retomen las actividades en colegios y universidades, la operación regresará a sus condiciones habituales.Metrolínea agradeció la comprensión de los ciudadanos y reiteró su compromiso de seguir prestando un servicio seguro, eficiente y oportuno para los habitantes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
La crisis que atraviesa Metrolínea sumó un nuevo capítulo. Los veedores ciudadanos Ramiro Vásquez Giraldo e Ismael Orozco Sánchez interpusieron una acción de tutela contra los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, así como contra la gerencia de Metrolínea, al considerar que no han recibido respuestas oportunas y de fondo sobre la situación que enfrenta el Sistema Integrado de Transporte Masivo.Los accionantes aseguran que el pasado 14 de mayo radicaron una solicitud de información relacionada con la operación, funcionamiento, sostenibilidad y diversos hechos asociados al sistema de transporte, sin que hasta la fecha hayan obtenido respuestas completas por parte de los integrantes de la junta directiva y la administración de Metrolínea.Según la tutela, los veedores consideran vulnerado su derecho fundamental de petición y el acceso a información pública, al señalar que los alcaldes metropolitanos, en su calidad de miembros de la junta directiva de Metrolínea, también deben responder por las decisiones y la situación actual del sistema."Por la serie de sucesos que han acaecido últimamente en Metroruina, porque los incendios, nadie responde por los incendios, se han perdido un poco de buzos que que debieron haber sido chatarrizados en un debido proceso y eso nunca lo hicieron, no se sabe quién responde por ellos. En la carta que nosotros le mandamos a los alcaldes solicitándole, ahí están las preguntas que le estamos haciendo, ninguno ha querido responder", dijo el veedor, Ramiro Vásquez. Dentro de los documentos allegados al proceso, la Alcaldía de Floridablanca informó que gran parte de la información requerida corresponde directamente a Metrolínea S.A., argumentando que la empresa es la responsable de la operación, los contratos de concesión, la sostenibilidad financiera y los procesos administrativos relacionados con el servicio de transporte masivo. Por esta razón, trasladó la solicitud a la entidad para que emitiera una respuesta de fondo.Sin embargo, los veedores consideran insuficiente esa respuesta y sostienen que tanto los alcaldes como la gerencia del sistema deben rendir cuentas a la ciudadanía sobre el manejo de Metrolínea, especialmente en momentos en que el modelo enfrenta dificultades financieras, reducción de rutas, problemas operativos y cuestionamientos sobre su viabilidad futura."El único que respondió y de mala manera, fue el alcalde de Floridablanca que le dio traslado para que no responda al Tránsito de Bucaramanga. Pero es que resulta que Metrolínea, la junta directiva, son los cuatro alcaldes, Florida, Piedecuesta, Girón y Bucaramanga y ellos son los jefes del gerente de Metrolínea. Entonces, el director del tránsito de Florida no tiene nada que ver con Metrolínea. Él es un agente de tránsito, no tiene nada que ver", señaló Vasquez. La acción judicial fue radicada este 9 de junio en el Palacio de Justicia de Bucaramanga y busca que se ordene a los mandatarios locales y a la gerencia del sistema responder de manera clara, completa y oportuna las inquietudes formuladas por los ciudadanos.La situación se presenta en medio de la incertidumbre que rodea a Metrolínea desde hace varios años. El sistema, que fue concebido para transformar la movilidad del área metropolitana de Bucaramanga, enfrenta una compleja crisis financiera y operativa que ha derivado en la salida de operadores, disminución de frecuencias y reiterados llamados de distintos sectores para definir un plan de salvamento o una alternativa de transporte para miles de usuarios.
En un operativo entre la Policía y la Alcaldía de Floridablanca fue capturado un hombre señalado de presuntamente integrar una red delincuencial dedicada al hurto y comercialización ilegal de elementos pertenecientes a la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metrolínea.La captura se produjo en flagrancia en un taller de ornamentación ubicado en Floridablanca, donde las autoridades adelantaban labores de inteligencia y seguimiento relacionadas con el robo de materiales de las estaciones del sistema de transporte.Según informó el gerente de Metrolínea, Emiro Castro, el detenido sería el administrador del establecimiento comercial donde fueron halladas varias piezas pertenecientes a la infraestructura del SITM.“En un trabajo articulado entre la Alcaldía de Floridablanca y la Policía Nacional dieron captura a un sujeto presuntamente perteneciente a una banda criminal dedicada al desmantelamiento y comercialización de los elementos de las estaciones del sistema de transporte masivo del área metropolitana de Bucaramanga”, señaló Castro.El gerente agregó que durante el operativo se logró recuperar una importante cantidad de elementos hurtados de las estaciones de Metrolínea.“Fueron muchísimas piezas de las estaciones las que se recuperaron en ese taller y la captura que hoy en este momento está siendo judicializada ante un juez de control de garantías. Esperamos y seguimos trabajando de la mano de la Policía Nacional del municipio de Floridablanca para recuperar los elementos que pertenecen al sistema”, añadió.De acuerdo con el comunicado emitido por Metrolínea, las investigaciones permitieron identificar que los materiales hurtados estaban siendo trasladados y almacenados en el taller de ornamentación intervenido por las autoridades.Durante el procedimiento fueron recuperadas 95 tejas tipo sándwich de lámina galvanizada pertenecientes a las cubiertas de estaciones, nueve rieles de construcción en hierro, dos andamios y 32 varillas de hierro de una pulgada.Las autoridades indicaron que este resultado representa un avance importante frente a las acciones criminales que durante los últimos años han afectado gravemente la infraestructura del sistema de transporte masivo.Metrolínea recordó que el sistema ha sido víctima constante de hechos de vandalismo, quema de buses, daños a estaciones y desmantelamiento de estructuras por parte de redes organizadas dedicadas al hurto de estos elementos.El capturado deberá responder ante las autoridades judiciales por el delito de receptación, mientras avanzan las investigaciones para determinar si existen más personas vinculadas a esta estructura delincuencial.
Un nuevo episodio de vandalismo volvió a golpear la debilitada infraestructura de Metrolínea en Bucaramanga. La estación de Provenza amaneció prácticamente destruida luego de un violento ataque registrado durante la noche, en el que desconocidos destrozaron vidrios, estructuras metálicas y diferentes zonas del lugar.Las imágenes del hecho evidencian la magnitud de los daños en la estación ubicada sobre la autopista a Floridablanca, ventanales reducidos a escombros, piezas metálicas averiadas y múltiples afectaciones que dejaron fuera de servicio parte de este concurrido punto del sistema de transporte masivo.El gerente de Metrolínea, Emiro Castro, rechazó lo ocurrido y aseguró que este tipo de hechos se han vuelto recurrentes: “Este domingo sufrimos este daño en la estación, este tipo de actos, que venimos sufriendo, afecta la operación del sistema, afecta a nuestros trabajadores y, sobre todo, a los usuarios”, señaló el directivo.De acuerdo con información preliminar, dentro de la estación fue encontrado un martillo que, al parecer, habría sido utilizado para causar los daños contra la infraestructura pública.El nuevo ataque generó indignación y preocupación entre usuarios y habitantes del área metropolitana, quienes denuncian el abandono del sistema, la falta de vigilancia y los constantes actos vandálicos que han venido deteriorando varias estaciones de Metrolínea.No es la primera vez que el sistema resulta blanco de este tipo de hechos. En los últimos meses se han reportado hurtos, incendios y daños estructurales en diferentes portales y estaciones, una situación que profundiza aún más la crisis que enfrenta el transporte masivo en Bucaramanga.Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre las pérdidas económicas ni se reportan personas capturadas por este nuevo ataque.Mientras avanzan las investigaciones, ciudadanos y usuarios exigen mayores medidas de seguridad y presencia de las autoridades para frenar los ataques contra la infraestructura pública y evitar que Metrolínea siga quedando a merced del vandalismo.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad especial por tres meses al exdirector de Operaciones de Metrolínea S.A., Hermes Fuentes Vásquez, tras encontrarlo responsable de irrespetar y maltratar verbalmente a una contratista de la entidad en Bucaramanga.La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, que estableció que los hechos ocurrieron durante 2023, cuando el entonces funcionario sostuvo un altercado verbal con una colaboradora y, en medio de la discusión, golpeó el escritorio mientras se dirigía de forma irrespetuosa hacia ella.Según el fallo disciplinario, la conducta del exdirectivo vulneró el deber funcional de tratar con respeto y rectitud a las personas relacionadas con el servicio público, además de afectar principios fundamentales como la moralidad administrativa y la dignidad humana.El Ministerio Público calificó la falta como grave, cometida a título de culpa gravísima.Aunque inicialmente la sanción consistía en suspensión e inhabilidad especial por tres meses, esta fue convertida en una multa económica debido a que Hermes Fuentes Vásquez ya no se encuentra vinculado laboralmente a Metrolínea S.A.La suma que deberá pagar corresponde al equivalente de tres meses del salario que devengaba para la época de los hechos, es decir, cerca de 23 millones de pesos.El caso ya había generado atención desde 2024, cuando la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el entonces directivo por presuntas conductas irrespetuosas e intimidantes dentro de la entidad de transporte masivo.La decisión vuelve a poner en el centro de la polémica a Metrolínea, sistema que en los últimos años ha enfrentado múltiples cuestionamientos por su crisis financiera, operativa y administrativa en el área metropolitana de Bucaramanga.
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte, SNTT de Colombia, denunció el grave deterioro, abandono e inseguridad que enfrenta el Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metrolínea, en el área metropolitana de Bucaramanga. A través de una comunicación enviada a entidades nacionales, departamentales y municipales, el sindicato advirtió sobre posibles riesgos para usuarios y trabajadores, así como un eventual detrimento patrimonial por el estado de la infraestructura del sistema.La organización sindical señaló que estaciones, portales y zonas de acceso del sistema presentan problemas de vandalismo, hurtos y presencia permanente de habitantes de calle y delincuencia común. Entre los puntos críticos mencionados están las estaciones de Provenza, San Mateo, los portales de Girón, Piedecuesta, Norte y UIS, donde incluso se han registrado incendios recientes y daños a la infraestructura pública.Según el documento, los usuarios que utilizan las rutas complementarias y el esquema transitorio SITME deben exponerse diariamente a condiciones inseguras para movilizarse. El sindicato advirtió que algunas estaciones se encuentran deterioradas y sin condiciones mínimas de salubridad, vigilancia y mantenimiento, mientras que trabajadores de taquillas y personal administrativo también enfrentan riesgos durante sus jornadas laborales.El sindicato de Metrolínea aseguró que la crisis financiera se ha agravado por retrasos en la transferencia de recursos por parte de entidades territoriales. En particular, mencionó dificultades relacionadas con el Convenio Interadministrativo 119 de 2025, firmado entre la Alcaldía de Bucaramanga y el Área Metropolitana de Bucaramanga para financiar la primera fase de transición del sistema con recursos superiores a los 8.300 millones de pesos.De acuerdo con el sindicato, los retrasos en el desembolso de recursos han generado problemas en el pago de salarios y honorarios de conductores y personal operativo, situación que ha provocado suspensiones parciales del servicio y protestas laborales.La denuncia también cuestiona la falta de voluntad política y la ausencia de metas claras sobre Metrolínea en algunos planes de desarrollo municipales, lo que, según el sindicato, dificulta la obtención de recursos para garantizar la sostenibilidad del sistema de transporte masivo.En el documento, el SNTT pidió a la Procuraduría abrir investigaciones disciplinarias por posibles omisiones de funcionarios públicos y solicitó a la Contraloría adelantar auditorías e investigaciones fiscales por el deterioro de la infraestructura financiada con recursos públicos. Además, pidió a la Policía Metropolitana reforzar la seguridad en estaciones y portales, y a los concejos municipales y la Asamblea de Santander realizar debates de control político sobre la crisis del sistema.La organización sindical también solicitó a las alcaldías del área metropolitana y al Área Metropolitana de Bucaramanga garantizar recursos para cubrir el déficit operativo de Metrolínea y adoptar medidas contra el transporte informal y la piratería.La crisis de Metrolínea se mantiene como uno de los principales desafíos de movilidad en Bucaramanga y su área metropolitana. Durante los últimos años, el sistema ha enfrentado problemas financieros, reducción de flota, cierre de estaciones y dificultades operativas que han afectado a miles de usuarios en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
La Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, asumió la investigación para esclarecer las causas del incendio que destruyó 24 buses del sistema de transporte masivo Metrolínea en el Portal de Girón, en el área metropolitana de Bucaramanga.La emergencia se registró en la noche del miércoles y obligó a la intervención del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, que logró controlar las llamas luego de varias horas de trabajo. Las autoridades confirmaron que los vehículos afectados pertenecían a la empresa Metrocinco Plus, operadora que se encuentra en proceso de liquidación.De acuerdo con la información preliminar, los buses permanecían estacionados en el portal y estaban bajo custodia de la Superintendencia de Sociedades, entidad que adelanta el proceso relacionado con la liquidación de la compañía transportadora.Desde Metrolínea se indicó que, por ahora, no existen conclusiones sobre el origen de la conflagración. “Desconocemos las causas”, señalaron las autoridades mientras avanzan las inspecciones técnicas y judiciales en el lugar de los hechos.La empresa de transporte masivo informó además que esperará los reportes oficiales del Cuerpo de Bomberos y del CTI antes de emitir nuevos pronunciamientos sobre lo ocurrido.El incendio generó preocupación entre ciudadanos y usuarios del sistema de transporte, debido al impacto visual de las llamas y la destrucción total de varios articulados y padrones que hacían parte de la flota estacionada en el portal.Metrolínea aclaró que los vehículos afectados no eran de su propiedad y que, por tanto, no existe afectación sobre activos o pólizas de la entidad. Asimismo, reiteró su disposición de colaborar con las autoridades para determinar qué provocó la emergencia.
Un grave incendio se registró en las últimas horas en inmediaciones de la estación de Metrolínea en el municipio de Girón, donde varios buses que se encontraban en proceso de chatarrización resultaron afectados por las llamas.La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, que lograron controlar el fuego y evitar que se extendiera a otras zonas cercanas. Hasta el momento, las autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas.De acuerdo con los reportes preliminares, al menos diez vehículos que estaban bajo custodia de la Superintendencia de Sociedades sufrieron daños por el incendio. Estos automotores hacían parte del proceso de desintegración y permanecían estacionados en el lugar.Habitantes y testigos señalaron que esta sería la tercera emergencia similar que se presenta en esta zona en los últimos meses, situación que ha generado preocupación entre la comunidad y las autoridades locales.Las primeras hipótesis apuntan a que las llamas habrían sido provocadas por personas consumidoras de estupefacientes que frecuentan el sector, aunque las causas exactas aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.El hecho vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones por el estado de abandono de algunas áreas asociadas al sistema Metrolínea, especialmente tras la crisis financiera y operativa que enfrenta el transporte masivo en Bucaramanga y su área metropolitana. En varios puntos, ciudadanos han denunciado problemas de inseguridad, vandalismo y ocupación indebida de espacios.Mientras avanzan las investigaciones, organismos de socorro y autoridades locales evalúan los daños ocasionados por la conflagración y las medidas necesarias para evitar que este tipo de emergencias se repitan.
Un hombre de 21 años fue capturado por las autoridades señalado de provocar el incendio de un bus del antiguo operador del sistema de transporte masivo Metrolínea, en hechos ocurridos en el portal ubicado en el municipio de Girón.De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el caso se registró en el anillo vial, en sentido sur-norte, cuando la central de radios alertó sobre un incendio que comprometía un vehículo de servicio público de una de las empresas que operaba el sistema de transporte.Al llegar al lugar, los uniformados evidenciaron que el automotor estaba siendo consumido por las llamas, por lo que se activó la atención de la emergencia. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca hicieron presencia para controlar el fuego y evitar que la situación generara mayores afectaciones.Según explicó el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la rápida reacción de los uniformados y la información suministrada por la comunidad fueron clave para dar con el presunto responsable.Con el señalamiento directo de varios ciudadanos, los policías desplegaron un operativo de búsqueda dentro de las instalaciones del portal, logrando ubicar al sospechoso, quien se encontraba oculto en el lugar. Posteriormente, fue interceptado y capturado.El joven deberá responder por los delitos de incendio y daño en bien ajeno. Tras su detención, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de presentarlo ante un juez que definirá su situación judicial.Cabe recordar que a mediados de febrero también se registró la quema de 15 buses alimentadores y otros seis registraron afectaciones parciales tras el incendio ocurrido en el portal de Girón, vehículos del antiguo operador Metro Cinco Plus.En su momento el gerente de Metrolínea, Emiro Castro, explicó que, según la información preliminar entregada por el CTI de la Fiscalía y el Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, la conflagración habría sido provocada.“Estamos recibiendo información del CTI y la Fiscalía, así como del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, que hizo presencia anoche, y nos indican que fue un incendio provocado en un grupo de buses alimentadores”, señaló.
Una nueva controversia rodea al sistema de transporte masivo de Bucaramanga, luego de que circulara en redes sociales un video grabado en una estación de Metrolínea que habría sido utilizada para la producción de contenido para adultos.La situación fue denunciada por el concejal Diego Lozada quién cuestionó la falta de control en la infraestructura fuera de servicio y advirtió que el abandono ha facilitado hechos delictivos “nos preocupa que estas estaciones se estén convirtiendo en escenarios de desidia, primero fueron atracos, luego las viviendas de habitantes de calle y ahora grabaciones de contenido para adultos”, afirmó.En un llamado puntual a las autoridades e incluso al gerente dle sistema el cabildante agregó que se han dedicado al prestamo de buses pero que pasa con la seguridad del sistema y lo que está generando estos entornos de abandono lo que resulta realmente preocupante para la población.Tras la polémica, Metrolínea emitió un comunicado en el que rechazó categóricamente lo ocurrido y aclaró que los hechos no se registraron en una estación en funcionamiento ni durante la operación del servicio.“La conducta no ocurrió en una estación activa del sistema, ni durante la prestación del servicio de transporte masivo. Se trata de una infraestructura que se encuentra fuera de operación desde hace varios años”, señaló la entidad.Según el ente gestor, estas estaciones cerradas han sido blanco recurrente de ocupaciones indebidas, vandalismo, consumo de sustancias psicoactivas y otros comportamientos ilegales.Además, advirtió que la falta de vigilancia permanente y de acompañamiento institucional ha facilitado este tipo de situaciones.“Metrolínea, como ente gestor, no cuenta con facultades de policía ni fuerza coercitiva”, explicó la empresa, al tiempo que pidió mayor presencia de la Fuerza Pública y de las autoridades municipales para proteger el patrimonio público.La entidad solicitó acciones urgentes de control, vigilancia y judicialización frente a quienes utilicen estos espacios para actividades irregulares, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la infraestructura del sistema.El caso reabre el debate sobre la seguridad y el estado de varias estaciones fuera de operación en el área metropolitana, mientras usuarios y autoridades piden soluciones estructurales para evitar nuevos episodios.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.
En confusos hechos, un escolta privado asesinó a un subintendente de la Dijín en una serviteca del municipio de Caucasia. El señalado victimario fue capturado y le incautaron la pistola.Un nuevo hecho violento que ahora es materia de investigación se registró en las últimas horas contra un miembro de la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño.Se trata del subintendente Gabriel Antonio Bohórquez adscrito a la Grupo Antiterrorismo de la Dijín, quien fue atacado con arma de fuego por parte de un escolta privado cuando se encontraba en una serviteca del barrio El Triángulo en el municipio de Caucasia.Según el reporte preliminar, la víctima, de 37 años de edad, estaba en este lugar acompañado de otro uniformado realizando el cambio de aceite de una camioneta de la institución. Posteriormente, al lugar llegaron tres personas con el propósito de efectuar mantenimiento a un vehículo y el señalado victimario accionó su arma cuando se percató que los policías estaban armados.Posterior a los hechos las autoridades lograron establecer que las tres personas prestaban servicios de seguridad a un funcionario logístico de una compañía textil que había retirado 112 millones de pesos en efectivo y se dirigía al municipio de Vegachí. El reporte es de Jhoan Oderis Montes, alcalde de Caucasia.“Se presentó un intercambio de disparos y, desafortunadamente, costó la vida de un miembro de la fuerza pública. Esto debido a confusiones. Queremos dar ese parte de tranquilidad a la comunidad en donde estamos trabajando por la seguridad y mantener el orden de nuestro municipio", aseguró.En el lugar fue capturado el hombre responsable de disparar contra el intendente Bohórquez, quien llevaba 16 años y nueve meses de servicio en la Policía, así como le fue incautada una pistola Córdova calibre nueve milímetros.
El jugador venezolano del Atlético Bucaramanga, Leonardo Flores, hizo un llamado a los santandereanos para que continúen apoyando la campaña de recolección de ayudas destinadas a los damnificados por los terremotos que sacudieron a Venezuela.Desde el centro de acopio, ubicado en la calle 18 #21-52 de Bucaramanga, el futbolista agradeció la solidaridad que ha recibido la iniciativa y aseguró que las donaciones siguen siendo fundamentales para atender la emergencia."Quería agradecerles a todos por su granito de arena, por el apoyo que nos han brindado. Las personas que quieran seguir ayudando y colaborando con la causa, sabiendo la devastación que ocurrió en Venezuela, pueden acercarse y hacer su donación", expresó Flores.El jugador invitó a la ciudadanía a llevar agua, alimentos no perecederos y otros insumos de primera necesidad. Además, indicó que el punto de recolección permanecerá habilitado las 24 horas del día para facilitar la entrega de ayudas.Flores reiteró que cada aporte representa una esperanza para miles de familias que hoy enfrentan las consecuencias del desastre natural y agradeció nuevamente el respaldo de los bumangueses a esta causa humanitaria.
