La crisis de Metrocinco Plus, uno de los operadores del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga, llegó al escenario disciplinario. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra dos exgerentes de Metrolínea, por presuntas irregularidades en el seguimiento y vigilancia del contrato de concesión suscrito con esta empresa.Las investigadas son Emilce Delina Jaimes Caballero, quien estuvo al frente de Metrolínea durante 2022, y Yolima Espinel Blanco, gerente de la entidad en 2023.De acuerdo con el Ministerio Público, se busca establecer si las exfuncionarias incumplieron sus deberes al no adoptar oportunamente las medidas administrativas y contractuales necesarias para exigir el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por Metrocinco Plus S. A.La investigación está relacionada con el contrato de concesión 001 del 19 de enero de 2008, cuyo objeto era garantizar la prestación del servicio público de transporte masivo en el área metropolitana de Bucaramanga bajo condiciones de continuidad, calidad y permanencia.El organismo de control busca determinar si durante sus respectivas administraciones las exgerentes omitieron acciones de vigilancia y control que permitieran exigir al concesionario el cumplimiento de sus compromisos contractuales y adoptar medidas frente a las dificultades que afectaban la operación.La Procuraduría calificó provisionalmente las conductas investigadas como faltas graves cometidas a título de culpa gravísima.Metrocinco Plus fue uno de los operadores encargados de prestar el servicio de transporte dentro del sistema Metrolínea. Sin embargo, la empresa atravesó una profunda crisis financiera y operativa que terminó afectando la prestación del servicio y dejando de circular sus buses.La situación hizo parte de las dificultades estructurales del sistema de transporte masivo de Bucaramanga, que durante años ha enfrentado problemas financieros, reducción de flota, incumplimientos operativos y dificultades para garantizar la cobertura y continuidad del servicio.El proceso disciplinario busca establecer si las anteriores administraciones de Metrolínea actuaron oportunamente frente a las obligaciones del concesionario y si la falta de medidas de control contribuyó a que se prolongara la crisis contractual y operativa.La formulación de cargos no constituye una declaración de responsabilidad disciplinaria. Las dos exgerentes tendrán la oportunidad de ejercer su defensa dentro del proceso.La ministra de Transporte, Elsa Noguera, confirmó que se gestionará una posible financiación para impulsar la recuperación de Metrolínea. "Es necesario", dijo. El Área Metropolitana de Bucaramanga planteó ante el Gobierno Nacional alternativas para atender las dificultades de Metrolínea, relacionadas con la falta de buses, el deterioro de estaciones y las limitaciones en la prestación del servicio.
El municipio de Bucaramanga podrá acceder a recursos de la Nación para apoyar la renovación de la flota de Metrolínea, luego de una reunión que sostuvieron en Bogotá el alcalde Cristian Portilla, el gerente de Metrolínea, Emiro Arias, la directora del Área Metropolitana de Bucaramanga, Alix Johana Rojas, y el jefe de Gobernanza de la Alcaldía, John Manuel Delgado con la ministra de Transporte, Elsa Noguera.Según explicó el mandatario local, uno de los principales resultados del encuentro fue el acuerdo para modificar, en diciembre, el convenio vigente entre la Nación y el municipio, con el propósito de habilitar inversiones que contribuyan a fortalecer la operación del sistema de transporte masivo.Portilla señaló que las inversiones que actualmente adelanta la Alcaldía para recuperar las estaciones de Metrolínea permitirán compensar la deuda que tiene el municipio con la Nación. Este avance facilitaría la modificación del convenio y la gestión de recursos para incorporar nuevos buses a la flota.El alcalde también indicó que buscará que la sostenibilidad de los sistemas de transporte masivo quede incluida como una meta en el Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de garantizar el respaldo a Metrolínea y a otros sistemas de transporte público del país."La estrategia contempla dos frentes: recuperar la infraestructura que se encuentra deteriorada y fortalecer la flota para mejorar la prestación del servicio", señaló Portilla.De acuerdo con el mandatario, la meta es que, una vez finalizadas las obras en las estaciones, desde enero se pueda contar con buses que contribuyan a mejorar la movilidad de los usuarios de Bucaramanga y su área metropolitana.“En tan solo dos meses se ha logrado lo que en cuatro años no se pudo lograr”, afirmó Portilla al referirse a los avances alcanzados en las gestiones ante el Gobierno nacional.Con estos compromisos, la Administración Municipal busca avanzar en la recuperación de Metrolínea y ofrecer mejores condiciones de transporte a los ciudadanos.
Con láminas de zinc comenzaron a cercar las 12 estaciones de Metrolínea que serán intervenidas en Bucaramanga, como parte del proyecto de recuperación de la infraestructura del sistema de transporte masivo, avalado por la Alcaldía de Bucaramanga y contratado por $11.950 millones.Los cerramientos delimitan las zonas donde se ejecutarán las obras, abarcando la mitad de la vía en la que están ubicadas por lo que se prevé congestión vehicular en el centro de Bucaramanga, dichas zonas buscan mejorar las condiciones físicas y tecnológicas de las estaciones.La intervención contempla trabajos en las redes eléctricas, adecuaciones en taquillas, recuperación de fachadas y accesos, además de la instalación de nuevos elementos para modernizar la infraestructura.El proyecto incluye estaciones ubicadas en distintos puntos de la ciudad, entre ellas Quebradaseca, Chorreras, San Mateo, Parque Estación UIS, La Isla y varios puntos de Provenza. Las intervenciones buscan recuperar espacios que presentan deterioro y mejorar sus condiciones para una eventual reactivación del servicio.Entre las obras previstas están la adecuación de tableros eléctricos, redes internas y sistemas de comunicaciones, así como la instalación de paneles y el mejoramiento de estructuras metálicas. También se contempla la recuperación de taquillas y otros espacios necesarios para el funcionamiento de las estaciones.La inversión supera los $11.900 millones y hace parte de las acciones para recuperar la infraestructura de Metrolínea en Bucaramanga, con el inicio de los cerramientos se prepara el terreno para las intervenciones, mientras la ciudad mantiene el reto de avanzar en la recuperación del sistema de transporte masivo y las condiciones necesarias para volver a poner en funcionamiento su corredor.
La Alcaldía de Bucaramanga anunció que en los próximos días comenzarán los trabajos de recuperación de dos estaciones y algunos vagones del sistema de transporte masivo Metropolitano Metrolínea, como parte de las acciones planteadas por la administración para mejorar la movilidad en la ciudad.El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, informó que el contrato para adelantar estas obras ya fue adjudicado y que próximamente comenzarán las intervenciones en la infraestructura.“Ya ha sido adjudicado y en los próximos días comenzaremos con la recuperación de cerca de dos estaciones y vagones”, señaló el mandatario, quien aseguró que el objetivo es mejorar las condiciones del sistema y la prestación del servicio a los usuarios.Portilla incluyó la recuperación de la infraestructura de Metrolínea dentro de una serie de acciones que, según explicó, hacen parte de la estrategia de la administración para enfrentar los problemas de movilidad de Bucaramanga.Entre las medidas mencionó el fortalecimiento del control operativo, la organización de las ciclorutas y la infraestructura para los ciclistas, así como la implementación de las zonas de estacionamiento regulado, además de las intervenciones en el sistema de transporte masivo.El alcalde también hizo énfasis en la necesidad de mejorar el comportamiento de los ciudadanos en las vías. Dijo que, además de las obras y los controles, se requiere una mayor cultura ciudadana para respetar las normas de tránsito.“Una cultura de orden, una cultura de respeto, de no pasarnos el semáforo en rojo, de no montar la moto por la peatonal, de transitar con los documentos en regla”, manifestó.La administración municipal espera que la recuperación de las estaciones contribuya a mejorar las condiciones de la infraestructura de Metrolínea y hace parte de las acciones que se proyectan para fortalecer el sistema de transporte y la movilidad en Bucaramanga.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Fabricio López Barón, quien se desempeñaba como secretario general de Metrolínea S.A. y fue supervisor de dos contratos de vigilancia y seguridad privada suscritos durante 2023, por un valor conjunto de $1.359 millones.La investigación es adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga y busca establecer si el funcionario habría incumplido sus deberes de vigilancia y control sobre los contratos celebrados con la Cooperativa de Vigilancia de Santander, Coopvigsan CTA.De acuerdo con el organismo de control, López Barón presuntamente no habría exigido al contratista la calidad de los servicios contratados para garantizar la seguridad de la infraestructura de Metrolínea y prevenir hechos como hurtos y actos de vandalismo.Los dos contratos fueron suscritos en 2023. El primero tuvo un valor de aproximadamente $1.011 millones, mientras que el segundo alcanzó los $347 millones. En ambos documentos, López Barón figuraba como supervisor.La Procuraduría busca determinar si estas presuntas omisiones pudieron vulnerar los principios de responsabilidad y moralidad de la función pública. De manera provisional, calificó la conducta investigada como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.El proceso disciplinario se conoce en medio del deterioro que presenta buena parte de la infraestructura del sistema. Un informe de la Dirección de Operaciones de Metrolínea, con fecha del 9 de enero de 2026 y citado dentro del expediente, señala que 26 de las 33 estaciones del sistema aparecían vandalizadas y 24 estaban fuera de servicio.Además, documentos oficiales de Metrolínea muestran el deterioro de varias estaciones, algunas de las cuales requieren recuperación de sus sistemas eléctricos, obras civiles, puntos de datos y otros componentes.La situación también ha afectado a los portales. En septiembre, Metrolínea reconoció públicamente el deterioro y vandalismo de infraestructura que permanece fuera de operación desde hace varios años. En el caso del portal de Piedecuesta, incluso, se ha reportado el robo de elementos como el ascensor.En el portal de Girón, que permanece fuera de servicio, también se han registrado incendios de vehículos que permanecían estacionados en el lugar, según la información aportada para esta investigación.El pliego de cargos no constituye una sanción ni determina la responsabilidad disciplinaria del funcionario. Se trata de una etapa del proceso en la que López Barón podrá presentar sus descargos y controvertir las pruebas que hacen parte del expediente.
Una nueva polémica se abrió en Bucaramanga por la adjudicación de un contrato cercano a los 12 mil millones de pesos para recuperar cinco estaciones de Metrolínea, que permanecen deterioradas desde los actos de vandalismo registrados en 2021.Aunque la Administración municipal sostiene que las estaciones son bienes públicos que deben ser recuperados, veedores han cuestionado la destinación de estos recursos, teniendo en cuenta que Metrolínea atraviesa un proceso de liquidación y actualmente no cuenta con los buses que originalmente utilizaban esta infraestructura.El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, defendió la decisión y aseguró que la recuperación de las estaciones responde, entre otras razones, a requerimientos realizados por la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte.“Tenemos unas estaciones de Metrolínea o de transporte masivo que hace cerca de seis años las vandalizaron, las acabaron. Esas estaciones son bienes inmuebles de uso público y de propiedad del municipio y están totalmente deterioradas”, explicó el mandatario.Portilla señaló que el contrato de obra ya fue adjudicado y que actualmente avanza el proceso para contratar la interventoría, antes de iniciar las obras de recuperación de la infraestructura.Sin embargo, el alcalde reconoció que la restauración de las estaciones debe estar acompañada de una alternativa para garantizar su utilización.Por eso, según explicó, la Administración municipal adelanta mesas de trabajo con las empresas de transporte público colectivo del área metropolitana para buscar su integración al sistema.La propuesta consiste en que, una vez recuperadas las estaciones, estas puedan ser utilizadas bajo un modelo mixto de transporte metropolitano, en el que participarían empresas locales y se mantendría el uso del carril exclusivo.“Eventualmente, una vez recuperadas las estaciones, que esperamos recuperar desde aquí a diciembre, en enero, ese carril exclusivo pueda volver en funcionamiento con un sistema mixto de transporte metropolitano”, indicó Portilla.El mandatario agregó que el propósito es que las estaciones vuelvan a contar con vigilancia, taquilla, sistemas de recaudo y tecnología, además de buses de las empresas transportadoras locales.Mientras la Alcaldía plantea esta alternativa para darle nuevamente utilidad a la infraestructura, los cuestionamientos de los veedores se concentran en la viabilidad de invertir cerca de 12.000 millones de pesos en estaciones que permanecen sin el servicio de transporte masivo para el que fueron construidas.La discusión, por ahora, está ligada al futuro de Metrolínea y a si la recuperación de estas estaciones estará acompañada de un modelo de transporte que permita garantizar su funcionamiento y evitar que vuelvan a quedar abandonadas.
El deterioro de la infraestructura de Metrolínea continúa generando preocupación entre los usuarios del sistema de transporte público en Bucaramanga, debido a que varios portales y estaciones llevan más de seis años afectados por el abandono y el vandalismo.En medio de los cuestionamientos por el estado de estos espacios, usuarios han denunciado el robo y deterioro de elementos de la infraestructura. “Se robaron hasta un ascensor”, es una de las expresiones que se han escuchado frente a la situación, mientras crece el llamado a recuperar y poner nuevamente en funcionamiento estos espacios.Ante los señalamientos, Metrolínea S.A. aclaró que los vehículos que permanecen ubicados en los portales de Girón y Piedecuesta no son de propiedad de la empresa.Según la entidad, estos automotores pertenecieron al concesionario Metro Cinco Plus S.A., sociedad que actualmente se encuentra en liquidación judicial por orden de la Superintendencia de Sociedades.La entidad de vigilancia realizó los días 30 y 31 de marzo de 2026 una diligencia de secuestro de bienes dentro del proceso de liquidación. Por esta razón, los vehículos se encuentran sujetos a las decisiones que adopte el liquidador designado.Metrolínea explicó que, al no tener derechos de propiedad sobre estos automotores, tampoco cuenta con facultades para retirarlos, disponer de ellos o enajenarlos, debido a que hacerlo podría constituir una interferencia en el proceso judicial que actualmente está en curso.La empresa aseguró que esta situación jurídica no significa que exista inacción. Metrolínea indicó que ha solicitado formal y reiteradamente a la Superintendencia de Sociedades y al liquidador el retiro de los vehículos de los portales.La compañía manifestó que continuará insistiendo en esta solicitud con el propósito de recuperar la disponibilidad de la infraestructura y avanzar en las acciones necesarias para mejorar las condiciones de estos espacios.De manera paralela, Metrolínea informó que ha reforzado la protección de sus portales mediante cerramientos perimetrales, coordinación con las autoridades y la presentación de denuncias penales relacionadas con los hechos de vandalismo registrados.La empresa señaló que respeta las competencias de las autoridades judiciales, fiscales y administrativas y pidió que se esclarezcan integralmente los hechos que han afectado la infraestructura del sistema.La situación de los portales y estaciones hace parte de la compleja crisis que ha enfrentado Metrolínea y el sistema de transporte masivo del área metropolitana de Bucaramanga durante los últimos años. El deterioro de infraestructura, los actos de vandalismo, los vehículos abandonados y los problemas asociados a los antiguos concesionarios han generado cuestionamientos de usuarios y autoridades.Mientras avanzan los procesos judiciales relacionados con los bienes de los concesionarios, Metrolínea sostiene que continuará realizando las gestiones administrativas y legales que estén dentro de sus competencias para recuperar sus espacios y mejorar las condiciones de seguridad de la infraestructura.
El Tribunal Administrativo de Santander confirmó la sanción por desacato contra el gerente de Metrolínea, Emiro José Castro Meza, por el incumplimiento de las medidas cautelares que buscaban garantizar la seguridad y el cerramiento del abandonado Portal de Floridablanca, conocido como Papi Quiero Piña. Al mismo tiempo, revocó las sanciones que habían sido impuestas al alcalde de Floridablanca y al subcomandante de la Policía de ese municipio.La decisión resolvió la consulta sobre la sanción impuesta inicialmente por el Juzgado Once Administrativo Oral de Bucaramanga, que había multado con tres salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno de los tres funcionarios por el presunto incumplimiento de las órdenes judiciales.El origen del proceso está en las condiciones de abandono del Portal de Floridablanca. En diciembre de 2025, el juzgado ordenó a Metrolínea podar la maleza, garantizar el cierre total del inmueble, implementar vigilancia permanente las 24 horas y presentar informes que acreditaran el cumplimiento de estas medidas.Posteriormente, en enero de 2026, las medidas fueron ampliadas y se ordenó al alcalde de Floridablanca, en su condición de primera autoridad de policía, coordinar con la Policía Nacional la vigilancia y presencia institucional permanente en los alrededores y zonas externas del portal. La responsabilidad por la custodia y el control del interior del inmueble continuó en cabeza de Metrolínea.Aunque Metrolínea presentó evidencias de trabajos de poda, limpieza, reparación del cerramiento y traslado de materiales, el Tribunal concluyó que estas acciones fueron insuficientes para demostrar el cumplimiento integral de las órdenes.Una inspección realizada el pasado 5 de agosto encontró que el predio permanecía abierto y accesible al público, con amplios sectores del cerramiento destruidos, colapsados o inexistentes. También se evidenció la presencia de habitantes de calle y consumidores de sustancias psicoactivas, ausencia de vigilancia privada permanente, falta de mecanismos efectivos de control de acceso, maleza, residuos y condiciones de insalubridad.Para el Tribunal, “las actuaciones realizadas por Metrolínea fueron esfuerzos parciales o temporales que no permitieron cumplir una orden que exigía medidas permanentes y efectivas de cerramiento, control de acceso y vigilancia”.Además, la Sala encontró que el gerente conocía las órdenes judiciales y que la propia empresa reconoció que no había podido mantener la vigilancia permanente debido a restricciones financieras. Sin embargo, consideró que esa circunstancia no constituía una imposibilidad absoluta que justificara el incumplimiento.Incluso, el 17 de junio, durante una audiencia de pacto de cumplimiento, el juzgado había advertido sobre el incumplimiento y la posibilidad de imponer sanciones. Pese a ello, en la inspección de agosto persistían las mismas condiciones de abandono, acceso irrestricto y falta de vigilancia.La situación fue diferente para el alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez Carvajal, y el subcomandante de la Estación de Policía, Andrés Ernesto Puentes Parra.Aunque el alcalde no presentó una respuesta formal al requerimiento, el expediente contenía múltiples informes de la Policía, elaborados entre febrero y julio de 2026, que daban cuenta de visitas de vigilancia, control y seguimiento en los alrededores y zonas externas del portal.El Tribunal consideró que estas actuaciones demostraban que la orden sí había sido ejecutada dentro del ámbito de competencia de estas autoridades. Además, precisó que la obligación de la Alcaldía y de la Policía era de medio y no de resultado.
Un incendio registrado en la noche del lunes en las instalaciones de Metrolínea, en el municipio de Girón, dejó al menos siete buses afectados y únicamente daños materiales, según el reporte entregado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca.El sargento Carlos Portilla, supervisor de Operaciones del organismo de socorro, explicó que hacia las 8:12 de la noche recibieron el reporte sobre una columna de humo grande y espesa que provenía del sector del Anillo Vial, donde están ubicadas las instalaciones de Metrolínea.De inmediato, una máquina de la estación de Girón se desplazó al lugar y confirmó que se trataba de un incendio que comprometía varios buses. Ante la magnitud de la emergencia fueron movilizadas unidades de las estaciones Central, Zona Franca y Girón.En total, cuatro máquinas extintoras, una ambulancia y diez unidades bomberiles participaron en las labores para controlar y liquidar las llamas.Los bomberos también realizaron una búsqueda para establecer si había personas dentro de las instalaciones. Sin embargo, no encontraron víctimas ni personas que requirieran atención durante la emergencia.“Al momento, lo que se logró encontrar son daños materiales”, señaló el sargento Portilla, quien indicó que aproximadamente siete buses resultaron afectados por la conflagración.Una vez controlado el incendio, los organismos de socorro solicitaron la presencia de la Policía para realizar la entrega del lugar y permitir el inicio de las investigaciones correspondientes. Las autoridades deberán establecer las causas que originaron el fuego.El Cuerpo de Bomberos hizo además un llamado a la comunidad para reportar de manera inmediata cualquier incendio o la presencia de personas dentro de estas instalaciones, teniendo en cuenta que, según el organismo, en días anteriores se han presentado situaciones en las que personas han quedado atrapadas en el lugar.Los reportes de emergencia pueden realizarse a través de las líneas 119, 675 0665 y 675 0666, con el propósito de facilitar una respuesta oportuna y evitar que las llamas se propaguen a otros vehículos o generen una emergencia de mayor magnitud.
El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga sancionó por desacato a tres funcionarios por el incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas para proteger el inmueble donde permanece inconcluso el Portal de Metrolínea de Floridablanca, conocido como Papi Quiero Piña.La decisión establece una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los sancionados: Emiro José Castro Meza, representante legal de Metrolínea S.A.; José Fernando Sánchez Carvajal, alcalde de Floridablanca, y Andrés Ernesto Puentes Parra, subcomandante de la Estación de Policía de Floridablanca.El proceso se originó en una acción de defensa de derechos e intereses colectivos presentada por Marco Antonio Velásquez, quien solicitó la protección de derechos relacionados con el ambiente sano, la moralidad administrativa, la seguridad y salubridad pública y la defensa del patrimonio público, ante el abandono del proyecto del Portal de Floridablanca, inconcluso desde 2012.El juzgado había ordenado desde diciembre de 2025 y enero de 2026 la adopción de medidas para proteger el inmueble. A Metrolínea le correspondía realizar la poda de la maleza, garantizar el cierre total del acceso y disponer de vigilancia permanente las 24 horas.Por su parte, al alcalde de Floridablanca y a la Policía Nacional se les ordenó coordinar acciones para garantizar vigilancia y presencia permanente en los alrededores y zonas externas del portal, además de presentar informes semanales con registro fotográfico.Sin embargo, una inspección realizada el pasado 5 de agosto por la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación de Santander evidenció que las medidas no se estaban cumpliendo.Según el informe citado por el juzgado, el predio permanecía abierto, sin portones de seguridad, cerrojos ni vigilancia privada, lo que permitía el ingreso de peatones y vehículos. Además, buena parte del cerramiento perimetral estaba destruido, colapsado o había desaparecido.Durante la inspección también se encontró presencia de personas en condición de habitabilidad de calle y consumidores de sustancias psicoactivas dentro de la estructura. El despacho judicial además evidenció la sustracción progresiva de elementos metálicos y de madera de la obra, así como una proliferación extrema de maleza, acumulación de escombros y condiciones de insalubridad.Frente a los argumentos presentados por los funcionarios, el juzgado concluyó que existió un incumplimiento de las órdenes judiciales, al considerar que los involucrados conocían las medidas y no demostraron una imposibilidad absoluta para ejecutarlas.En el caso de Metrolínea, el representante legal argumentó limitaciones financieras para mantener el servicio de vigilancia privada. Sin embargo, el despacho señaló que la falta de presupuesto no justificaba suspender unilateralmente una orden judicial vigente. Las acciones de poda y reparaciones parciales realizadas fueron consideradas insuficientes.Respecto al alcalde de Floridablanca, el juzgado determinó que, como máxima autoridad de Policía del municipio, no garantizó materialmente la vigilancia y presencia permanente en las zonas externas del predio.En cuanto al subcomandante de la Estación de Policía de Floridablanca, el despacho concluyó que los informes periódicos enviados por la institución no reemplazaban la obligación de desplegar acciones reales y permanentes para impedir el ingreso de terceros y el consumo de sustancias dentro del inmueble.El juzgado también recordó que, durante una audiencia realizada el 17 de junio, los funcionarios habían sido advertidos directamente sobre el saqueo del predio y la falta de respuesta efectiva. Pese a esa advertencia, la situación persistió hasta la inspección de agosto.Para Marco Antonio Velásquez, demandante dentro del proceso, la decisión evidencia el deterioro que ha sufrido el inmueble y el presunto detrimento de los recursos públicos invertidos en una obra que permanece inconclusa.“Lo único que se encontró fue un detrimento, un daño patrimonial a los dineros del pueblo del Área Metropolitana”, señaló Velásquez, quien insistió en que las autoridades deberán cumplir las órdenes de cerramiento, sellamiento y vigilancia.El Portal de Floridablanca, conocido como Papi Quiero Piña, permanece como uno de los proyectos inconclusos del sistema de transporte metropolitano, con una estructura que, según las autoridades judiciales, continúa expuesta al deterioro, el vandalismo y el ingreso no autorizado.
Este miércoles, 11 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación continuará con la diligencia de indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dentro de la investigación que busca establecer su presunta vinculación con hechos relacionados con las masacres de La Granja y El Aro, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la conformación de un grupo paramilitar en Antioquia, entre ellos el denominado Bloque Metro.La diligencia es adelantada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y hace parte de un expediente en el que Uribe, quien también fue gobernador de Antioquia, es investigado por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida agravado y concierto para delinquir agravado, además de hechos relacionados con la presunta conformación de organizaciones armadas paramilitares.La primera sesión de la indagatoria se realizó el pasado 4 de septiembre en el Búnker de la Fiscalía General de la Nación. En esa oportunidad, el expresidente se refirió a los señalamientos que lo relacionan con el denominado “Petro-uribismo” y rechazó que existieran acuerdos o favorecimientos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.A su llegada a la Fiscalía, Uribe aseguró: “Ahora me acusan de "Petro-uribismo" para sembrar desconfianza en nuestros compañeros de lucha. Para esto no ha importado nuestra oposición sin declives con la nación. Al Gobierno Petro la combatimos mirando a los ojos y sin pretensiones de pactos o favorecimientos. Elegimos un presidente del Senado con condiciones de patriota”.Durante esa primera jornada, el exmandatario también hizo referencia a las actuaciones y señalamientos relacionados con el expresidente Gustavo Petro y sostuvo que, frente a cualquier ciudadano, debía garantizarse el debido proceso.“A pesar que esta acusación también está basada en los señalamientos y movidas del expresidente Petro, frente a él, como frente a cualquier ciudadano, acusado con o sin justicia, prefiero mi adhesión a las mismas garantías constitucionales que para mi reclamo, en lugar de caer en la rabiosa actitud del ‘diente por diente o del ojo por ojo’”, afirmó Uribe.La investigación tiene antecedentes en denuncias iniciadas desde el año 2000 y en una compulsa de copias ordenada en noviembre de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, durante el proceso relacionado con el asesinato de Jesús María Valle.Dentro del expediente también se analiza la posible omisión de deberes de protección a la población civil durante la administración de Uribe como gobernador de Antioquia. De igual manera, se investigan los señalamientos relacionados con un presunto fomento y apoyo al Bloque Metro en la hacienda Las Guacharacas y una eventual responsabilidad en la promoción o formación de organizaciones armadas paramilitares.
Coomeva Cooperativa recibió en Madrid el reconocimiento Trayectoria Excelente del Premio Iberoamericano de la Calidad, durante la clausura del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, realizado el pasado 4 de noviembre en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.La cooperativa colombiana fue distinguida junto con la Alcaldía de Málaga y el Banco Santander España, en un evento que congregó a destacados líderes gubernamentales y empresariales de Iberoamérica. El reconocimiento fue recibido por Francisco Parmenio Echeverri, presidente del Consejo de Administración de Coomeva, en una ceremonia presidida por el rey Felipe VI de España y mandatarios de la región.Esta distinción, coordinada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y gestionada por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ), destaca a organizaciones que han obtenido el galardón Oro en dos o más ediciones del Premio Iberoamericano de la Calidad, como evidencia de la excelencia, sostenibilidad y continuidad de sus modelos de gestión.Para Coomeva, que obtuvo el reconocimiento Oro en 2016, esta nueva distinción representa un respaldo internacional a la solidez de su modelo organizacional y al aporte del cooperativismo colombiano al desarrollo empresarial y social.Alfredo Arana, presidente ejecutivo del Grupo Coomeva, destacó la importancia de este logro: “Es un hito que una empresa colombiana, y máxime de índole cooperativa, reciba este reconocimiento por la trayectoria en su gestión, esto demuestra nuestro compromiso con la mejora continua en cada uno de nuestros procesos”.Con este reconocimiento, Coomeva fortalece su posicionamiento internacional y ratifica su compromiso con la calidad, la innovación y la mejora continua, consolidándose como referente del modelo cooperativo colombiano.
Una llamada a la línea de emergencias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Rafael alertó sobre la desaparición de un menor en las aguas del balneario El Castillito. De inmediato se desplegó un operativo de rescate en este municipio del Oriente antioqueño, pero lamentablemente el joven, de 17 años, perdió la vida por inmersión.Hasta el sitio se desplazaron cuatro unidades de bomberos equipadas con trajes de buceo, chalecos salvavidas y herramientas de seguridad acuática. Al llegar a la zona, los familiares y acompañantes informaron que el adolescente había ingresado al río aproximadamente 40 minutos antes y que, transcurrido ese tiempo, perdieron todo contacto visual con él, lo que motivó el inicio inmediato de las maniobras de búsqueda subacuática.Debido a la profundidad y al ancho del cauce en esa zona del balneario, el personal de rescate capacitado tuvo que realizar tres inmersiones consecutivas hasta lograr la localización del cuerpo sin vida del joven. Tras el hallazgo bajo el agua, los rescatistas procedieron con las maniobras técnicas de extracción hacia la orilla del río.Las operaciones de recuperación se adelantaron en coordinación con efectivos de la Policía Nacional, quienes asumieron la custodia del sitio y apoyaron el posterior traslado del cadáver hacia la morgue municipal de San Rafael. Las autoridades locales iniciaron los trámites correspondientes para formalizar la entrega del cuerpo a sus familiares.
En Medellín, un conflicto ocurrido durante una fiesta desencadenó el desplazamiento forzado de una pareja en el sector de Cándamo, barrio Buenos Aires. Las agresiones e intimidaciones comenzaron luego de que un hombre bailara con la compañera sentimental de un presunto integrante del grupo delincuencial 'Caicedo', hecho que derivó en agresiones físicas y la exigencia de un millón de pesos a la víctima para abandonar la zona.De acuerdo con las investigaciones del caso, los hechos de violencia y las amenazas constantes se prolongaron por varios días, obligando al afectado y a su pareja a dejar su lugar de residencia. Tras la salida de los habitantes, la vivienda fue ocupada por la estructura ilegal que delinque en la comuna 9 de la capital antioqueña."Presuntos integrantes de esta estructura delictiva le exigieron que se fuera del lugar. Cuando la víctima llegó a su vivienda, varios de los sospechosos ingresaron por la fuerza, entre ellos alias Guajiro, alias Legal o el Calvo y alias Frito. En el sitio volvieron a golpearlo y ocasionaron múltiples daños en las puertas y enseres de su propiedad", afirmó el fiscal del casoPosteriormente, las autoridades hicieron efectiva la captura de Edison Pino Beitar, conocido con el alias de 'Tuerto', a quien se le atribuye la participación directa en las presiones contra la pareja. Las indagaciones señalan que el procesado formaría parte de la organización desde comienzos de 2024, coordinando el cobro de extorsiones a comerciantes, la venta ilegal de lotes, la distribución de estupefacientes y la imposición de cobros por conexiones irregulares a servicios públicos en las comunas Villahermosa, Buenos Aires y La Candelaria."Era el encargado de cobrar las famosas multas a los ciudadanos que no cumplían las normas impuestas por este grupo delincuencial. Asimismo, ejecutaba las agresiones contra quienes no pagaban estas exigencias, a quienes golpeaban y desplazaban del barrio, sumado a su responsabilidad en el cobro de extorsiones al sector comercial", agregó.Tras ser presentado ante las autoridades judiciales, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó a Pino Beitar los delitos de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado. Pese a que el procesado no aceptó los cargos presentados por el ente investigador, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario.
El Festival Disonarte 2026 será el escenario de la última presentación de Monsieur Periné en Colombia antes de su separación. La agrupación colombiana se despedirá del público del país el próximo domingo 15 de noviembre, durante la segunda jornada del evento, que tendrá lugar en el Complejo Cultural Panóptico de Ibagué, Tolima.El festival, en su edición número doce, se realizará los días 14 y 15 de noviembre y reunirá diferentes propuestas musicales que abarcan géneros como rock, pop, indie, reggae, ska, electrónica, jazz, fusión y música tradicional. Entre los artistas invitados también se encuentran The Mills, El Kalvo, Sr. Moskato, Enkelé y la Sonora Barón, agrupación chilena.Para la organización de Disonarte, recibir a Monsieur Periné en esta presentación de despedida representa un momento especial para la historia del festival y para la escena musical de la región.“Es un honor y un momento profundamente emotivo para el festival. Sabemos lo que significa Monsieur Periné para la cultura nacional y que elijan nuestra casa para cerrar este ciclo en Colombia ratifica a Disonarte como un puente vital para la circulación de los grandes exponentes de la música latinoamericana”, señaló Yeison Gómez, director del evento.Además de reunir artistas nacionales e internacionales, Disonarte busca fortalecer la circulación y proyección de los proyectos musicales que se desarrollan en la capital musical del país. Para esta edición, la organización recibió más de 60 propuestas locales y, después de un proceso de curaduría, seleccionó diez agrupaciones de la ciudad.Se trata de Afro Fresh, Ensamble Cantaima, Senseless, Atrapamoskas Ska, Zentrópico, Común Desigual, Ocobo, The Other Room y Mr. Bufus, que tendrán la oportunidad de compartir escenario con los demás artistas de la programación.La apuesta del festival también contempla espacios de formación y relacionamiento para los músicos de la región, entre ellos Mercados Disonare y ENDI, iniciativas que buscan conectar a los artistas con agentes de la industria musical, promotores y actores de la circulación cultural en Colombia y otros países.En cuanto a la programación, la primera jornada, el sábado 14 de noviembre, contará con The Mills, El Kalvo, Sr. Moskato, Común Desigual, Ocobo, The Other Room, Lu Lozano y Zentrópico, además de las presentaciones audiovisuales de VJ Paola Balam y Ftzstudio.El domingo 15 de noviembre será el turno de Monsieur Periné, junto con la Sonora Barón, Enkelé, Afro Fresh, Cantaima, Atrapamoskas, Senseless y Mr. Bufus.Las entradas se venden por jornadas independientes, por lo que quienes deseen asistir los dos días deberán adquirir una boleta para cada fecha. El evento está habilitado para mayores de 12 años y los menores de edad deberán ingresar acompañados de un adulto responsable, quien también deberá contar con su respectiva entrada.
