Consejo de Estado niega ponencia que buscaba tumbar destitución de Petro
Este martes en la noche se conoció que el Consejo de Estado negó la ponencia del magistrado Guillermo Vargas que pretendía favorecer los intereses del...
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Este martes en la noche se conoció que el Consejo de Estado negó la ponencia del magistrado Guillermo Vargas que pretendía favorecer los intereses del alcalde Gustavo Petro al considerar que la Procuraduría sí es competente para destituir al mandatario distrital.
Según las primeras informaciones, tras un debate de cerca de once horas, el Consejo de Estado llegó a la conclusión que la Procuraduría sí tiene competencia para destituir e inhabilitar funcionarios elegidos por voto popular. En el caso del mandatario capitalino, la sanción tiene que ver con presuntas falencias que se habrían cometido en la implementación del nuevo esquema de aseo en Bogotá.
La presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, aclaró que el alcalde Petro podrá seguir en el cargo mientras se estudian otras 21 tutelas que reposan en el alto tribunal y que fueron concedidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a ciudadanos inconformes con la determinación del Ministerio Público.
La decisión del Consejo de Estado pasaría a revisión de la Corte Constitucional que podría tener la palabra final en un procedimiento que podría durar hasta tres meses.
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Así mismo, la decisión del alto tribunal se conocerá una vez el nuevo magistrado ponente presente el documento que será analizado por los 25 miembros de la Sala Plena. La redacción de la nueva ponencia, esta vez contra los intereses del alcalde Petro, puede tardar ocho días.
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Cabe recordar que el alcalde Petro tiene otros caminos jurídicos por medio de los cuales pretende evita su destitución. En estos momentos hay 350 tutelas que serán falladas por el Consejo Superior de la Judicatura de forma unificada. Esto se suma a la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita medidas cautelares que le ordenen al Estado colombiano suspender la destitución del mandatario capitalino mientras el organismo internacional evalúa el caso de fondo.