En el primer día del Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), La presidenta ejecutiva de la asociación, Adriana Guillén, advirtió que las deudas del sistema de salud con prestadores, EPS y gestores farmacéuticos ascienden a $3,5 billones, de los cuales $2,8 billones corresponden a cartera vencida.
Guillén explicó que la asociación trabaja con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda para identificar alternativas que permitan cubrir esos compromisos sin comprometer recursos presupuestales que son escasos.
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Frente a esta situación, la ministra de Salud, Ana María Vesga, reconoció que las obligaciones con las cajas de compensación hacen parte de la deuda general del sistema de salud, que también involucra a las aseguradoras y los prestadores.
“Lo que hemos planteado es esa senda de ajuste de la Unidad de Pago por Capitación y de la revisión de lo que ha sido la financiación en los últimos años para buscar mecanismos de financiación que permitan pagar entre todos, incluidas las cajas de compensación”, afirmó la jefa de la cartera de salud.
La ministra señaló que la búsqueda de mecanismos de financiación contempla a los distintos actores del sistema, en medio de la revisión de los recursos destinados a garantizar su funcionamiento y atender las obligaciones pendientes.
Asocajas plantea revisar la focalización de los subsidios
Guillén también planteó la necesidad de revisar la focalización de los subsidios que entregan estas entidades, con el propósito de garantizar que los recursos lleguen a los trabajadores de menores ingresos.
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La dirigente explicó que el incremento del 23 % del salario mínimo ha generado cambios en las categorías de afiliación y, por tanto, en la distribución de los subsidios.
Según indicó, el aumento de los ingresos ha llevado a que trabajadores que antes no recibían determinados beneficios pasen a categorías que sí tienen acceso a ellos, mientras otros afiliados cambian de categoría. Como resultado, señaló que la categoría B pasó de 350.000 a 126.000 personas, mientras que la categoría A aumentó su número de afiliados.
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Ante este panorama, Guillén sostuvo que es necesario evaluar si los recursos se están distribuyendo de manera adecuada y si los trabajadores que cambiaron de categoría requieren mantener la misma proporción de subsidios.
“Nosotros aquí en el Congreso lo que queremos plantear es cómo refocalizar esos subsidios para que lleguen realmente a los trabajadores de menores ingresos”, afirmó.
Revisión de los subsidios para adultos mayores
Otro de los asuntos planteados por Guillén fue la necesidad de adaptar los beneficios de las cajas de compensación a los cambios demográficos de los hogares colombianos.
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La dirigente señaló que la proporción de familias biparentales con hijos ha disminuido: pasó del 57 % en 2015 al 47 %, con una tendencia a acercarse al 45 %. Al mismo tiempo, han aumentado los hogares monoparentales y las familias sin hijos.
Por esta razón, propuso revisar la distribución de la cuota monetaria para que una mayor proporción pueda beneficiar a los adultos mayores. También planteó que este subsidio pueda concurrir con el programa Colombia Mayor, con el objetivo de contribuir a que más personas alcancen la línea de pobreza.
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Cajas podrían trasladar hasta 500.000 millones de pesos para afectados por el terremoto
Guillén explicó que las cajas de compensación familiar dispondrían de 350.000 millones de pesos provenientes de sus fondos para apoyar la reconstrucción y reparación de viviendas afectadas por el terremoto, así como la adquisición de vivienda y el acceso a subsidios de arrendamiento.
Sin embargo, la presidenta ejecutiva de Asocajas señaló que los recursos que las cajas podrían trasladar para atender la emergencia alcanzarían incluso los $500.000 millones.
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Guillén explicó que los recursos destinados a atender la emergencia pueden concurrir con otros subsidios del Estado o de donantes, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
Además, señaló que las personas que perdieron su empleo pueden acceder al mecanismo de protección al cesante y que, una vez agotado ese subsidio, podrían recibir un auxilio extraordinario de $800.000, siempre que cumplan las condiciones previstas. Este último beneficio no es acumulable con el subsidio al cesante.
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La presidenta ejecutiva señaló que estos apoyos buscan contribuir a la recuperación de las zonas afectadas y respaldar a los trabajadores que perdieron sus empleos mientras avanza la reactivación económica.