Durante el Congreso Nacional de Asocajas, en Cartagena, La ministra de Salud, Ana María Vesga, presentó los avances del plan de choque para resolver los pendientes en la entrega de medicamentos y la realización de procedimientos médicos, y expuso los principales problemas financieros y operativos que enfrenta el sistema de salud.
La funcionaria también alertó sobre el rezago de trámites en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y pidió establecer mecanismos para evitar que las deudas del sector continúen acumulándose.
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Plan de choque va en un 51% de avance
Con corte al 14 de octubre, el plan de choque registra un avance del 42,89 % en la entrega de medicamentos reportados como pendientes, con 12.514.638 unidades dispensadas. De acuerdo con el Ministerio de Salud, el 51 % de los pacientes identificados con medicamentos pendientes ya cuenta con el cierre de sus casos.
Durante su intervención, Vesga precisó que la meta contempla la dispensación de 29 millones de unidades de medicamentos y que, hasta ese momento, 307.000 personas habían recibido atención, de una meta de 602.000 pacientes.
La ministra explicó que los resultados en medicamentos avanzan más rápido que los de procedimientos médicos, debido a que resolver una entrega puede ser más sencillo que habilitar nuevamente un servicio de salud.
En procedimientos, el plan registra un avance del 13 %, con cerca de 434.000 procedimientos resueltos y 229.000 pacientes beneficiados.
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El plan comenzó el 20 de septiembre y tiene una duración de tres meses. Según la funcionaria, contempla una población identificada de 1,6 millones de personas y cuenta con recursos asegurados en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), mediante el mecanismo de giro directo a los prestadores.
“Los recursos están asegurados en ADRES. Se pagan de manera directa al prestador a través de lo que llamamos el giro directo. Es decir, es un recurso asegurado para cada colombiano que tiene en esa categorización tratamientos o medicamentos pendientes”, explicó
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La ministra insistió en que uno de los principales objetivos del plan de choque es evitar que los pacientes vuelvan a quedar sin medicamentos o procedimientos una vez termine la estrategia.
“Lo que no nos puede ocurrir acá es que nosotros ponemos unos recursos a disposición del asegurador a través de la ADRES, se pagan las atenciones a través del mecanismo de giro directo, pero con cada EPS hay un convenio de desempeño y, repito, un pacto de no repetición”, afirmó.
Vesga advirtió que los pacientes deben tener continuidad en sus tratamientos, incluso después de que finalice el plan. “Ese paciente tiene que tener continuidad en la atención, porque sería fatal que lo atendiéramos durante tres meses y en enero lo soltáramos”, señaló.
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Para verificar que esto se cumpla, explicó que la Superintendencia Nacional de Salud y las secretarías departamentales participan en el seguimiento a la población priorizada.
La ministra también sostuvo que resolver los casos pendientes de pacientes de alto costo puede aliviar la presión sobre las EPS intervenidas y permitir que otros usuarios accedan a los servicios.
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“Yo lo llamo la olla express. Estas EPS tienen una situación de presión muy fuerte, y particularmente con estos pacientes que son de alto costo. Cuando nosotros le reducimos la presión a esa olla express, lo que hacemos es que le damos aire para que el resto de la población, de menor costo su atención, pueda volver a ser atendida”, explicó.
Sin embargo, Vesga cuestionó el manejo de los recursos en algunas EPS intervenidas y relacionó esa situación con la acumulación de deudas y pendientes de atención.
Según afirmó, durante los periodos de intervención ha habido “arbitrariedad, opacidad y, hay que decirlo, falta de transparencia en el uso de los recursos”. Y agregó que estas entidades concentran una parte importante de la cartera y de las quejas, los reclamos y las tutelas relacionadas con la prestación de servicios.
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Invima: más de 16.000 trámites represados
Otro de los asuntos expuestos por la ministra fue la situación del Invima, entidad encargada de evaluar y vigilar medicamentos, dispositivos médicos y otros productos sujetos a control sanitario.
Vesga señaló que la institución enfrenta un rezago significativo, tanto en la atención de solicitudes como en sus sistemas de información. Según la funcionaria, actualmente hay más de 16.000 trámites atrasados.
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“Tenemos una represa enorme de atenciones, pero sobre todo un rezago en sistemas, en información en la entidad. Tenemos más de 16.000 trámites atrasados”, afirmó.
La ministra aseguró que la dirección del instituto cuenta con una ruta de trabajo para enfrentar la acumulación de solicitudes y avanzar hacia una entidad con mayor capacidad de respuesta.
La meta, explicó, es que el Invima no se convierta en una barrera para el acceso a nuevas tecnologías, sino que agilice los procesos sin comprometer los controles sanitarios.
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“Una agencia moderna, una agencia competitiva que no sea la talanquera o la barrera de acceso a la innovación, sino que realmente trabaje para que tengamos en el país acceso a medicamentos novedosos, seguros y efectivos”, señaló.
MinSalud pide mejorar los controles sobre los pagos
Además de resolver los casos acumulados, Vesga planteó la necesidad de mejorar los mecanismos de control sobre los recursos y la facturación del sistema, para evitar que se repitan los problemas de pagos que han afectado la prestación de los servicios.
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“Necesitamos articular las fuentes de información del sistema. Cada peso, y lo ha dicho el presidente, el sistema no puede girar cheques en blanco”, sostuvo.
La ministra explicó que los pagos deben estar respaldados por facturas auditadas y servicios efectivamente prestados. Según indicó, las dificultades en la relación entre aseguradoras, prestadores y proveedores, sumadas a problemas de auditoría, anticipos y glosas, han contribuido al desorden financiero del sector.
“Factura que se presta, factura que se audita, factura que se revisa, si es el caso, y factura que se paga”, resumió Vesga, quien relacionó los problemas de cartera con el cierre progresivo de servicios de salud.
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El Ministerio continuará verificando que los cierres reportados por las EPS correspondan a medicamentos efectivamente entregados y procedimientos realizados. El seguimiento al plan se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2026, con énfasis en los pacientes de mayor riesgo y los territorios con más pendientes.
La ministra pide ajustar la UPC
Durante el Congreso Nacional de Asocajas, Vesga también se refirió a la situación financiera del sistema de salud y a las deudas acumuladas con hospitales y prestadores. La funcionaria advirtió que cerca de la mitad de la población colombiana está afiliada a una EPS intervenida y señaló que se necesita una hoja de ruta para establecer cómo se pagarán los pasivos del sector.
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“Lo que hemos encontrado es que tenemos un sistema desfinanciado, tenemos un sistema con altas deudas, EPS intervenidas, que cerca de la mitad del país está en una EPS intervenida”, aseguró.
Ante este panorama, la ministra planteó tres medidas: establecer una ruta para el pago de las obligaciones acumuladas, ajustar correctamente la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y revisar los modelos de contratación para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
“El sistema tiene que recuperarse, pero no para volver a hacer lo que era. Necesitamos transparencia, necesitamos eficiencia, necesitamos que gastemos mejor cada peso que se invierte en el sistema de salud”, afirmó.
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Vesga también insistió en la necesidad de revisar periódicamente la UPC, el valor que reconoce el sistema por cada afiliado para financiar la atención en salud, y ajustar los recursos de acuerdo con los riesgos de la población. Según explicó, este mecanismo permitiría identificar oportunamente las necesidades de financiación y evitar que el déficit se acumule hasta el final del año.
“Necesitamos trabajar las poblaciones en función del riesgo. Y, segundo, necesitamos mecanismos que nos permitan revisar periódicamente esa UPC para poder ir calibrando y no llegar al final de año con la tronera, que es lo que normalmente nos sucede”, señaló.
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Gobierno trabaja con el Banco Mundial para establecer el rezago financiero
La ministra indicó que el Gobierno trabaja con el apoyo del Banco Mundial para establecer la magnitud del desfinanciamiento y determinar el rezago financiero del sistema. Según explicó, ese diagnóstico sería un punto de partida para definir cómo se atenderán progresivamente las obligaciones acumuladas.
Vesga sostuvo que el reconocimiento de la insuficiencia de la UPC es fundamental para activar mecanismos financieros que permitan inyectar liquidez al sector, entre ellos la titularización y los descuentos sobre obligaciones.
“Yo lamento decirles que la única forma que hay en que el Estado reconozca los pasivos es a través del reconocimiento de la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación. Eso activa inmediatamente la posibilidad de acceso a los mercados financieros con mil formas que conocemos, de titularización, de descuentos, en donde podemos efectivamente ingresar liquidez al sistema”, explicó.
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La funcionaria advirtió que este reconocimiento es necesario para avanzar en la búsqueda de soluciones a las deudas que las EPS mantienen con hospitales y otros prestadores.
“Sin que eso suceda, no hay forma de que el Estado saque un cheque para pagar las obligaciones entre privados”, afirmó.