Contraloría pide a Gobierno justificar los 8.68 billones que busca recaudar en emergencia económica

La Contraloría General de la República le está pidiendo al gobierno nacional los soportes que justifiquen el gasto de 8.68 billones de pesos asociados a la emergencia económica y advierte que los recursos deben ser ejecutados a través de un Plan de Acción Específico por cuenta de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres.A inicios de febrero el gobierno nacional decretó la emergencia económica por cuenta de las fuertes lluvias en el norte del país que han dejado a más de 335 mil personas afectadas, en su mayoría en el departamento de Córdoba."Para efectos de diseñar e implementar el plan de vigilancia y control fiscal del recaudo, destinación y uso de los recursos de esta Emergencia Económica, Social y Ecológica, la Contraloría solicitará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la UNGRD y a los demás Ministerios de los sectores involucrados, los soportes que explican satisfactoriamente la necesidad de recaudar hasta $8,68 billones y la forma en que se decidió distribuirlos entre la UNGRD y los demás ministerios de los sectores afectados", señaló la entidad en un comunicado.El ente de control le advirtió al gobierno que mover recursos del presupuesto hacia la UNGRD podría dejar programas desfinanciados y por eso es clave establecer desde ya cómo es que se van a reponer esos dineros.Además, la Contraloría le pide al gobierno que no traslade recursos de los fondos de energía hacia la UNGRD porque esa unidad no tiene "la experticia ni estructura organizacional para gestionar el diseño, ejecución e interventoría" de las obras para reparar la infraestructura eléctrica dañada.La entidad también cree que cambiar las reglas de operación de los embalses puede llevar al riesgo de que las hidroeléctricas terminen incumpliendo sus contratos de venta de energía, esto en relación con uno de los 18 decretos de la emergencia que le permite al gobierno modificar las obligaciones ambientales de esta clase de empresas.La Contraloría le pide además a la Dian que exista rigurosidad en el recaudo de los nuevos impuestos, entre ellos el impuesto al patrimonio.El impuesto al patrimonio para empresas se empezará a cobrar este 1 de abril y el Consejo Gremial, en representación de más de 30 gremios, viene advirtiendo que podría causar un "deterioro económico sin precedentes" por lo que ya pidió su suspensión en la Corte Constitucional.