Fueron identificados los cuatro mineros que perdieron la vida en una emergencia registrada en una mina de carbón ubicada en la vereda El Carmen, en el municipio de Landázuri, Santander.Las víctimas fueron identificadas como Óscar Jhovanny Dávila Quiguanas, de 49 años; Michel Dávila Díaz, de 19; Jorge Mosquera, de 65, y Leonardo Antonio Vargas Hernández, de 21 años, de nacionalidad venezolana.Tras la emergencia, la comunidad y los bomberos voluntarios iniciaron las labores de rescate de los cuerpos, con el apoyo de un equipo de salvamento y seguridad minera de la Agencia Nacional de Minería y de la empresa Invercoa.El Cuerpo Técnico de Investigación dispuso el traslado de los cuerpos al municipio de Cimitarra, donde se adelantarán los actos urgentes y las diligencias judiciales correspondientes.Por su parte, el propietario de la mina asumió la responsabilidad y la logística del traslado de las víctimas, mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas técnicas de la detonación.Este es el segundo accidente minero mortal registrado en Landázuri durante 2026. El pasado 9 de junio, dos mineros murieron en un derrumbe ocurrido en el corregimiento de Plan de Armas, cerca del cementerio de este centro poblado ubicado en la Serranía Yaríguies. La situación de la minería de carbón en este municipio de Santander genera preocupación por la recurrencia de emergencias y las condiciones en las que se desarrollan algunas explotaciones.Entre el 8 de noviembre de 2023 y el 24 de septiembre de 2026 se han registrado al menos 11 incidentes en minas de carbón en Landázuri, que han dejado un saldo de 18 personas fallecidas y 15 heridas.De acuerdo con la información suministrada, casi la totalidad de las explotaciones de carbón en el municipio se realizaría de manera ilegal, sin títulos mineros ni licencia ambiental.Las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la emergencia en la vereda El Carmen y determinar las responsabilidades correspondientes.
Un avión de la aerolínea española Iberia que volaba de Madrid a Olso tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia este martes en el aeropuerto de Bruselas tras detectar humo a bordo."Hemos recibido información del avión de que había humo a bordo y pidieron aterrizar en Bruselas. El avión aterrizó de forma segura", indicó a EFE una portavoz del aeropuerto de Bruselas.La misma fuente confirmó que no hay "heridos graves"."Iberia pondrá otro avión para continuar" hacia Oslo, que saldrá esta misma tarde hacia las 17.00 hora local (15.00 GMT), agregó la portavoz, quien añadió que el aeropuerto no ofrecerá más detalles y en adelante será Iberia quien gestione la comunicación.Por el momento se desconoce qué causó el humo que forzó al piloto a dirigirse al aeropuerto más cercano.
Un total de 16 personas perdieron la vida producto de un incendio ocurrido en un hogar para adultos mayores en el sur de Chile, informaron este sábado las autoridades del país.El siniestro afectó el establecimiento de larga estadía para adultos mayores El Edén, ubicado en la Villa Comuy, uno 740 kilómetros al sur de Santiago, en la región de La Araucanía.Las llamas, según antecedentes preliminares, se habrían iniciado durante la noche y expandido rápidamente a través del inmueble, cuyos 26 ocupantes tuvieron dificultades para evacuar debido a problemas de movilidad."Fallecieron 16 personas, cuyos cuerpos fueron calcinados producto de las llamas, logrando en ese momento rescatarse a otros diez adultos que estaban al interior por una dependiente que trabajaba en el centro", señaló el fiscal Jorge Granada, que asumió la investigación del caso.Los equipos de emergencia aún trabajan en el sitio del suceso para establecer la dinámica de los hechos, identificar a las personas fallecidas y terminar las circunstancias que produjeron la tragedia.El delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic, señaló que el recinto estaba bajo sumarios desde al menos siete años, y había sido cerrado por multas tras corrobarse una serie de infracciones.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este sábado apoyo de análisis forense a Nepal con un valor de un millón de dólares para identificar a las víctimas de las riadas en Nepal que han dejado más de 1.300 muertos y cerca de 5.000 desaparecidos desde el 26 de agosto.La dependencia indicó en un comunicado que la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado aprobó dicho monto para apoyar a la Policía de Nepal "para identificar las necesidades de mayor prioridad, incluidos los kits de análisis de ADN"."Especialistas forenses del FBI también trabajan con la Policía de Nepal para apoyar la identificación de víctimas de desastres y dar experiencia humanitaria especializada, ayudando a las autoridades a identificar a las víctimas y dar respuestas a las familias de los ciudadanos estadounidenses y de todas las víctimas", explicó.Con este apoyo suman más de 5 millones de dólares que el Gobierno estadounidense ha ofrecido a Nepal, según detalló el Departamento de Estado, que hasta el martes pasado contabilizaba 70 estadounidenses desaparecidos, de acuerdo con medios de EE.UU.Los recursos incluyen, según el comunicado, 3 millones de dólares mediante el Programa Mundial de Alimentos en comida y logística para hasta tres meses de alimentación de emergencia a los 10.000 hogares afectados por la catástrofe.También contemplan 685.000 dólares en refugio, agua e higiene mediante la agencia Catholic Relief Services (CRS) y 365.000 dólares para rubros similares a través de las organizaciones Jhpiego, FHI-360 y UNICEF.Además, el Departamento de Estado reportó que el Ejército estadounidense ha entregado 5.000 suministros especializados para la recuperación de víctimas de desastres, 500 botiquines de primeros auxilios, camillas y cargadores frontales para apoyar las operaciones de búsqueda lideradas por Nepal."Esta es una operación en rápida evolución y estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios locales en el terreno para adaptarnos a las condiciones a medida que cambian", concluyó el comunicado.
El sector industrial movilizó $218.230 millones a través de la alianza Empresas Unidas por Colombia a la Solidaridad, para contribuir a la atención de la emergencia causada por el terremoto. Así lo confirmó la ANDI, que detalló que $18.950 millones fueron recibidos a través de la Fundación ANDI y $130.680 millones fueron aportados por empresas aliadas de la Asociación.En materia humanitaria, la ANDI también confirmó la donación de más de 5 millones de kilogramos de ayudas, de los cuales 4,3 millones ya fueron entregados. Estas donaciones en especie han beneficiado a 29.682 familias en 35 municipios de los cinco departamentos más afectados por el sismo.Le puede interesar: Un mes después del terremoto: estas siguen siendo las zonas más afectadas en ColombiaEl sector industrial también ha destinado recursos para apoyar al sistema de salud. La alianza donó $3.135 millones en medicamentos, insumos y dispositivos médicos para atender la emergencia. Según la ANDI, la movilización de estos recursos ha permitido apoyar la recuperación temprana, así como acciones orientadas a la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas.Finalmente, la ANDI informó que está implementando la estrategia “Donación inteligente de transporte de ayudas humanitarias”, que busca aprovechar la capacidad de transporte de las empresas afiliadas a la Asociación para llevar las ayudas humanitarias hasta las zonas afectadas por el terremoto.
La Alcaldía de Cali mantiene el acompañamiento a las familias de Altos de Santa Elena, tras la emergencia registrada en este sector de la ciudad. Desde el pasado 10 de agosto, las autoridades adelantan acciones de atención humanitaria y seguimiento a las necesidades de los habitantes que permanecen en la zona.Entre las medidas implementadas se encuentra la instalación de nueve baños portátiles y la entrega de más de 200 mercados a las familias, como parte de la atención que se viene brindando desde el inicio de la emergencia.“Esta atención ha permitido presentarles la oferta que se ha dispuesto en cada uno de los puntos de albergue gestionados por la comunidad, con el propósito de trasladar a las personas que estaban identificadas en sus edificaciones con los puntos rojo, naranja o amarillo. Hay que resaltar que no se ha escatimado en esfuerzos y que, día a día, desde las 8 de la mañana, estamos haciendo presencia con todas las dependencias de la Secretaría, pero también con todas las secretarías, para brindar esta atención y para identificar los casos de niños y niñas de primera infancia, en asocio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y verificar cualquier situación de emergencia o alerta”, dijo Nigeria Rentería, secretaria de Bienestar Social.Le puede interesar: Antioquia brindará asesoría técnica a Aguadas, Caldas, para la reconstrucción tras el terremotoAdemás, las autoridades mantienen activo durante todo el día un Puesto de Mando Unificado, PMU, destinado exclusivamente a la atención de este sector, desde donde se coordinan las acciones de las diferentes dependencias de la Administración Distrital.“Lo más importante es que todos los días vienen a hacernos el aseo y la desinfección de todos los baños. Todos los días, entre las 7:30 y 8:00 de la mañana, están aquí en el carro haciendo la desinfección y realizando la limpieza de los baños”, manifestó Marly Garcés, habitante de Altos de Santa Elena.La Alcaldía aseguró que la atención en Altos de Santa Elena no se ha detenido y que continuará haciendo seguimiento a las condiciones del sector mientras avanza el proceso de recuperación. Las acciones incluyen atención humanitaria, saneamiento, alimentación, caracterización y acompañamiento permanente a las familias.
Al cumplirse un mes del sísmico terremoto del pasado 10 de agosto, las autoridades territoriales y gubernamentales han presentado un panorama crítico de los daños y los inmensos desafíos económicos que implica la reconstrucción. El saldo de la emergencia abarca cientos de víctimas mortales, cientos de miles de familias afectas e infraestructura colapsada en departamentos como Valle del Cauca, Risaralda y Chocó.Valle del Cauca: miles de viviendas destruidas y aulas temporales en carpasEl Valle del Cauca registra una de las situaciones más graves, con un saldo de 223 personas fallecidas, 314.798 afectados y 151.000 familias golpeadas por la tragedia. De acuerdo con la gobernación, el evento dejó 87.000 viviendas averiadas, 24.000 colapsadas y 220 escuelas destruidas. Para mitigar la interrupción escolar, cerca de 15.000 estudiantes están asistiendo a clases en carpas.La gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, explicó en Mañanas Blu, que se ha implementado un esquema de autoconstrucción asistida en municipios como Roldanillo. La mandataria señaló: "no los vamos a dejar Solos damos los materiales, pero además tenemos el maestro de obra, el alcalde pone el oficial y la gente, los dueños de la casa también colaboran y aportan en esa construcción de su casa". Asimismo, subrayó la dimensión humana de la respuesta institucional: "no se trata solo de levantar paredes, es hacer también una reconstrucción de sueños, de esperanzas". No obstante, admitió la limitación financiera local: "se nos agota la capacidad nuestra, no da para poder hacer todo lo que se generó".Pereira y Cali: desafíos urbanos y sobrecostos billonariosEn Risaralda, la ciudad de Pereira reporta 109 fallecidos, 110.000 personas damnificadas y 24.000 viviendas desalojadas debido a daños estructurales graves. El alcalde de la capital risaraldense, Mauricio Salazar, destacó la actitud de la población afirmando: "Acá los pereiranos lo que tenemos es amor por esta ciudad y por supuesto que nos caracteriz nos caracteriza el civismo lideraz la resiliencia". No obstante, advirtió que la reconstrucción local requerirá alrededor de 10 billones de pesos y puntualizó: "las posibilidades reales de reconstrucción están en manos del gobierno nacional a través del Fondo Milagro".Por su parte, la ciudad de Cali enfrenta la atención de más de 40.000 familias damnificadas y la evaluación de más de 100 edificios evacuados, con un presupuesto estimado para la reconstrucción urbana entre 10 y 15 billones de pesos. El alcalde Alejandro Eder enfatizó la complejidad del proceso manifestando que "esto es una maratón de 4 años por lo menos", mientras confirmó que "en Cali seguimos distribuyendo 20 toneladas diarias de ayuda humanitaria".Quibdó y Chocó: estabilización del terreno y golpe al comercioEn el departamento de Chocó se confirmaron 13 personas muertas tras el sismo, junto con delicados procesos de remoción en masa y laderas fracturadas. En Quibdó, el impacto económico alcanza a más de 600 comerciantes y negocios afectados, lo que derivó en la suspensión de los eventos artísticos y culturales de las fiestas patronales de San Pacho.El alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, precisó las urgencias técnicas requeridas antes de levantar edificaciones: "antes de empezar a reconstruir como tal, debemos estabilizar la ciudad". Igualmente, hizo un llamado para disponer de maquinaria pesada y personal capacitado, remarcando que "este es el momento de construir bien, de que podamos levantar las las viviendas que sean sismos resistentes".Escuche aquí la entrevista:
Un mes después de que un terremoto de 7,4 grados en Colombia causara 331 muertos, 4.500 heridos, al menos 111 desaparecidos y 466.700 afectados, persisten las necesidades sanitarias, de salud mental y alojamiento en las comunidades más afectadas, advirtió la Cruz Roja.Aunque las operaciones de rescate han concluido en la mayoría de las zonas, "las personas afectadas por el terremoto necesitan atención sanitaria para prevenir complicaciones derivadas de enfermedades crónicas o de interrupciones en los calendarios de vacunación", indicó en un comunicado la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).También requieren apoyo psicosocial para ayudarles a afrontar las consecuencias del trauma, y acceso a alimentos, productos de higiene y otros bienes esenciales, agregó la federación."A medio y largo plazo las comunidades afectadas necesitarán apoyo para recuperar sus medios de vida, reconstruir su resiliencia y reforzar la preparación ante futuras emergencias y desastres", indicó FICR.En el mes transcurrido desde el terremoto, 1.844 voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja Colombiana distribuyeron más de 3.600 toneladas de ayuda humanitaria y llevaron a cabo más de 5.300 intervenciones para brindar apoyo sanitario.La federación internacional hizo en agosto un llamamiento de emergencia por valor de 25 millones de francos suizos (30 millones de dólares) para ampliar la capacidad de la Cruz Roja Colombiana sobre el terreno.
Para centralizar la atención financiera se creó el Fondo Milagro (Decreto 1379), un patrimonio autónomo administrado por una fiduciaria pública bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera, con auditoría internacional y de la Contraloría General.El fondo reunirá recursos del presupuesto nacional, donaciones, créditos, regalías y aportes territoriales o privados. Los dineros permanecerán en una cuenta única nacional y se girarán directamente a los proveedores o beneficiarios finales tras comprobar la entrega de bienes o servicios.El Gobierno justificó la medida al señalar que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y el Fondo Adaptación carecen de personería jurídica o de diseño institucional para esta escala de crisis.Para garantizar la ejecución de obras, el Decreto 1389 habilita el esquema de Obras por Impuestos en todos los municipios declarados en emergencia, eliminando el requisito previo de pertenecer a zonas ZOMAC o PDET.Las empresas con ingresos anuales desde 33.610 UVT (aproximadamente $1.760 millones de pesos) podrán destinar hasta el 50 % de su impuesto de renta a la construcción directa de viviendas, colegios, hospitales o vías.La Agencia de Renovación del Territorio (ART) evaluará y aprobará la viabilidad de los proyectos en un plazo de 15 días hábiles, asegurando que al menos el 35 % de los recursos aprobados por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) se destine obligatoriamente a los municipios de categorías 5 y 6, considerados los más pequeños y vulnerables.El Decreto 1381 autoriza a cualquier alcaldía o gobernación del país a girar dinero a las zonas golpeadas por el terremoto, algo que antes la ley prohibía.Esta medida responde a una gran desigualdad: mientras los municipios no afectados tienen guardados $924.000 millones de pesos en sus fondos de desastres, cada pueblo destruido apenas cuenta, en promedio, con $605 millones. Con esta norma, las regiones con más recursos podrán enviar ayuda económica directa a los territorios que no tienen dinero para reconstruirse.Asimismo, el Decreto 1382 permite a los municipios afectados reorientar rentas específicas hasta 2027, condonar intereses tributarios, pedir créditos por el 15 % de sus ingresos corrientes y modificar presupuestos sin pasar por concejos o asambleas durante 2026. Entre octubre de 2026 y diciembre de 2027, el 100 % de la sobretasa al ACPM recaudada en la zona golpeada se quedará en sus territorios, junto con un porcentaje transferido desde Bogotá y departamentos con mayores ingresos.En salud e infraestructura hospitalaria, la UNGRD reportó 404 centros asistenciales afectados en 185 municipios. El Decreto 1383 otorga 30 días hábiles para acreditar requisitos y 45 días hábiles para solicitar el retiro de recursos del FONPET (Fondo Nacional de Pensiones Territoriales). Esto permite cubrir nóminas pensionales en 89 municipios pendientes y tramitar excedentes en otros 61. Por primera vez, los municipios podrán destinar excedentes del sector salud de este fondo para reconstruir hospitales públicos.En educación, el Ministerio de Educación registró, al 3 de septiembre de 2026, 5.309 sedes dañadas en 423 municipios, que atienden a 1.147.369 estudiantes. Los decretos 1386, 1387 y 1388 autorizan dictar clases en espacios alternos seguros, facultan la reorganización del calendario escolar sin alterar el cierre del año ni los salarios docentes, y suspenden durante 2026 los descuentos por inconsistencias en el reporte del sistema de matrícula (SIMAT) si la falla fue causada por el sismo.Para el servicio de energía, la Superintendencia de Servicios Públicos reportó 1,5 millones de usuarios afectados. Según la firma XM, la falta de suministro alcanzó el 100 % en Chocó, 82 % en Caldas, Quindío y Risaralda, 70 % en Valle del Cauca y 44 % en Cauca y Nariño. El Decreto 1380 autoriza al FONDES a entregar aportes no reembolsables por una sola vez a empresas mixtas que atiendan más del 90 % de los municipios afectados de un departamento, cubran más del 50 % de esa entidad y tengan más de la mitad de su demanda regulada expuesta a la bolsa hasta abril de 2027. Los desembolsos deberán aprobarse en 90 días y ejecutarse en un año.Según el último consolidado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el sismo deja 331 muertos, 4.505 heridos, 1.284.185 personas afectadas, 36.326 viviendas destruidas y 202.002 averiadas en 476 municipios.Los 11 decretos de emergencia económica benefician a 476 municipios de todo el país declarados en calamidad, de los cuales 423 registraron daños en colegios y 185 en infraestructura de salud.La cobertura territorial del paquete normativo se concentra especialmente en el suroccidente y el Eje Cafetero, abarcando departamentos golpeados como Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, además de incluir una transferencia de recursos desde Bogotá y de las gobernaciones con mayores ingresos hacia los municipios más pequeños de categorías 5 y 6….
Un incendio forestal que afectó una amplia zona montañosa del municipio de Ábrego, Norte de Santander, fue controlado luego de arrasar con más de 2.000 hectáreas de vegetación, aunque las autoridades locales estiman que la afectación podría acercarse a las 3.000 hectáreas.El alcalde de Ábrego, Húber Darío Sánchez, confirmó que el origen de la emergencia estaría relacionado con una quema realizada por un campesino que perdió el control sobre el fuego.“Este incendio fue provocado, pero por un campesino que logró hacer una quema, pero no la pudo controlar”, explicó el mandatario local.Las llamas se extendieron rápidamente por la zona montañosa y generaron una emergencia que requirió la participación de organismos de socorro, autoridades, voluntarios y habitantes de la comunidad, quienes trabajaron para contener el avance del incendio.El incendio provocó un fuerte impacto sobre la fauna y la flora de la región. Además, las llamas afectaron acueductos veredales y destruyeron un restaurante. Una vez controlada la emergencia, las autoridades iniciaron la evaluación de los daños ocasionados por el fuego, especialmente sobre los ecosistemas y las fuentes de abastecimiento de agua de las comunidades rurales.La emergencia vuelve a poner sobre la mesa el riesgo de realizar quemas agrícolas sin las medidas de prevención necesarias, especialmente durante periodos de altas temperaturas y condiciones secas, cuando el fuego puede propagarse rápidamente.Las autoridades locales hicieron un llamado a la comunidad para evitar quemas que puedan convertirse en incendios de grandes proporciones y afectar tanto a los ecosistemas como a las familias que habitan en las zonas rurales.
El Hospital Internacional de Colombia (HIC) incorporó las Meta Glasses, unos lentes inteligentes que permiten conectar en tiempo real al neurólogo con el equipo médico que atiende a un paciente con un posible ataque cerebrovascular (ACV).La herramienta busca reducir los tiempos de respuesta durante una emergencia en la que cada minuto puede ser determinante. A través de una cámara, micrófono y sistema de audio, el especialista puede observar desde un dispositivo móvil lo que ocurre frente al paciente y orientar al personal de urgencias durante la valoración.“Cuando se activa un código de ataque cerebrovascular y el neurólogo no está físicamente en la institución, las Meta Glasses nos permiten hacer una valoración directa del paciente de manera remota”, explicó el doctor Tony Álvarez, neurólogo líder del Centro de Excelencia en ACV del HIC.El procedimiento comienza cuando una persona llega al hospital con síntomas que podrían corresponder a un ACV. El equipo de urgencias activa el protocolo y, cuando es necesario, establece la comunicación con el neurólogo mediante los lentes.De esta manera, el especialista puede acompañar de forma remota la evaluación mientras el paciente avanza por las diferentes áreas de atención. La tecnología adquiere especial utilidad durante las noches y madrugadas, cuando el neurólogo puede iniciar el acompañamiento a distancia mientras se desplaza hacia la institución para realizar la valoración presencial.El HIC aclaró que las Meta Glasses no sustituyen la valoración neurológica presencial, sino que permiten adelantar el acompañamiento especializado y apoyar la toma de decisiones desde los primeros minutos de la emergencia.Según las cifras entregadas por el HIC, en Colombia se presentan aproximadamente 50.000 eventos cerebrovasculares cada año, asociados a cerca de 15.000 muertes.En el Hospital Internacional de Colombia se atienden entre 600 y 800 pacientes con enfermedades cerebrovasculares anualmente. Cerca del 80% corresponde a ACV isquémicos.El hospital cuenta además con un Centro de Excelencia en Ataque Cerebrovascular, integrado por profesionales de diferentes áreas que trabajan bajo un protocolo coordinado para responder a este tipo de emergencias.Entre los principales síntomas de un ACV están la dificultad repentina para hablar o entender, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, alteraciones de la visión, problemas para caminar o mantener el equilibrio y un dolor de cabeza intenso y súbito.Ante la aparición de estos signos, el llamado de los especialistas es actuar inmediatamente y acudir a un centro especializado, debido a que la rapidez en el diagnóstico y tratamiento puede ser determinante para el pronóstico del paciente.
La planta de importación de gas de Cartagena, Spec, sufrió un daño en uno de los 4 trenes de la unidad flotante FSRU.Como consecuencia, la capacidad de importación en Spec se reduce de unos 465 millones de pies cúbicos por día a unos 400, sin embargo, la infraestructura continuará operando."La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informa que, como resultado de una condición operativa imprevista en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), se realizan trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes para restablecer plenamente su capacidad en los próximos siete días", señaló la compañía en un comunicado.El daño coincide con un momento en el que el país tiene poco margen de maniobra para atender sus propias necesidades de gas natural y de generación de energía eléctrica en medio del fenómeno de El Niño, y Spec es por ahora la única planta de importación de gas de importancia en operación.La planta de importación de gas de Cartagena fue construida para importar gas ocasionalmente, durante momentos como el fenómeno de El Niño, y su objetivo inicial era atender únicamente a las plantas de generación de energía térmica. El problema es que la producción de gas nacional de Colombia ha caído con fuerza desde 2024. El país necesita importar gas natural para atender la demanda de hogares, pequeños comercios y vehículos.Según el Gestor del Mercado del Gas, durante septiembre el país importó a través de la planta de Spec el 39% de su consumo total de gas natural. Pero esta cifra podría crecer incluso más si continúa la sequía y debe aumentar la generación de energía con gas.El análisis indica que, si no entran a operar los 3 nuevos proyectos de importación de gas natural, el país podría tener un faltante de hasta 46 GBTUD en marzo próximo.Los proyectos en construcción en la actualidad son Puerto Bahía, la regasificadora del Pacífico y la ampliación de la capacidad de Spec.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
