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La Contraloría General de la República ha encendido las alarmas frente a un borrador de decreto del Gobierno Nacional que busca trasladar cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones (AFP) hacia Colpensiones.
Según David Fernández, contralor delegado para el sector trabajo, existe un riesgo inminente de que estos recursos, que corresponden al ahorro individual de miles de colombianos, terminen financiando el gasto corriente del Estado en lugar de ser resguardados para el pago de futuras jubilaciones.
La cifra en disputa no es menor: los 25 billones de pesos representan aproximadamente el 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. El traslado de tal cantidad de recursos implicaría que las administradoras privadas tendrían que liquidar una serie de contratos de inversión para hacer efectiva la transferencia a la entidad pública, lo cual generaría implicaciones fiscales que el ente de control ya se encuentra estudiando.
La preocupación central de la Contraloría radica en que, a diferencia de los fondos privados, en Colpensiones no existe actualmente una estructura de ahorro real para estos recursos específicos. "Nos preocupa que ese dinero de las personas que se van a pensionar esté en riesgo y se utilice quizás para gasto diferente al ahorro individual", advirtió Fernández.
El conflicto surge en el marco del artículo 76 de la ley actual, conocido como la "ventana de oportunidad", que ha permitido que cerca de 119,000 personas soliciten su traslado al régimen público. De este grupo, unas 22,000 ya han cumplido los requisitos de pensión, lo que representa un monto estimado de 5 billones de pesos.
No obstante, el contralor delegado señaló que existe un impedimento constitucional para trasladar la totalidad de los 25 billones de pesos de manera inmediata.
Según las fuentes, la ley y el reciente decreto 1225 son claros: hasta que no se cree formalmente el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo —previsto en la reforma pensional (Ley 2381)—, las AFP deben seguir administrando esos recursos para garantizar que no se "esfumen" en necesidades operativas del Gobierno.
La advertencia de la Contraloría también tiene un componente demográfico y de sostenibilidad a largo plazo. El ente de control recordó que el sistema pensional ya presenta un déficit y que las proyecciones para el año 2036 son preocupantes. En esa fecha, se espera que la pirámide poblacional se invierta, lo que significará más pensionados y menos personas aportando al sistema.
Ante este panorama, la Contraloría enfatiza que los ahorros individuales son de naturaleza parafiscal y deben ser salvaguardados estrictamente para su fin original.
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