El proyecto de ley de jurisdicción agraria está a punto de hundirse en medio de una pelea que se está subiendo cada vez más de tono entre el Gobierno de Colombia, la Corte Suprema de Justicia, los productores agrícolas y el Congreso de la República. Para la administración de Gustavo Petro, quienes se están oponiendo a su proyecto representan el poder de "gamonales, terratenientes" y son gente que no debería llamarse a sí misma demócrata.
Mientras tanto, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los críticos de la iniciativa advierten que aquí se quiere dejar a los jueces agrarios de adorno y concentrar poder en el Gobierno, abriéndole paso a decisiones arbitrarias.
En el centro de la pelea hay millones de hectáreas de tierras baldías que el Gobierno necesita para sacar adelante su promesa de hacer una reforma agraria. La disputa está en pleno desarrollo y aquí están las claves para entender la pelea.
¿El Gobierno busca un poder excesivo? La polémica por el artículo 9
Hoy en día, los procesos sobre baldíos tienen que pasar por un juez de la República, algo que para el Gobierno es engorroso y, en la práctica, ha hecho más lenta la reforma agraria. Por eso, en el artículo 9 del proyecto quieren que se le dé a la Agencia Nacional de Tierras la tarea de decidir todos los procesos relacionados con los baldíos de la Nación, mientras que los jueces agrarios entrarían al tema únicamente cuando exista una oposición. La lista incluye la "recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa".
Sin embargo, esa propuesta genera una enorme resistencia, incluso de los propios magistrados.
"Al atribuir a la Agencia Nacional de Tierras el trámite predominante de procedimientos que inciden directamente en derechos subjetivos consolidados, como la recuperación de baldíos, la reversión de adjudicaciones o la extinción de dominio agrario, el proyecto debilita el control judicial especializado que, precisamente, justifica la creación de esta jurisdicción. No se trata de desconocer las facultades administrativas de la ANT, se trata de garantizar que el juez agrario sea el eje central del control sobre decisiones que afecten derechos fundamentales vinculados a la tierra", explicó la magistrada Martha Patricia Guzmán.
Las críticas de los magistrados van en línea con las advertencias de los gremios del sector, que temen que darle superpoderes a la Agencia de Tierras puede prestarse para actuaciones arbitrarias.
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"Si una entidad del Gobierno tiene todo el poder de investigar y tomar las decisiones de la tierra en Colombia, los ciudadanos quedarán totalmente vulnerables frente al poder excesivo del Gobierno nacional. Por eso, es necesario que se respete el acuerdo de paz, que se respete lo que ha dicho la Corte Constitucional y que se brinden las garantías judiciales y el debido proceso a todos los colombianos. La justicia rural la deben definir los jueces de la República y no el Gobierno nacional", explicó el presidente de la SAC, Jorge Bedoya.
No puede llamarse demócrata quien quiere detener la reforma agraria: la defensa del Gobierno
En un discurso el jueves, el presidente Gustavo Petro dijo que la Corte "ha cerrado el camino de la reforma agraria". Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, escribió en sus redes sociales: "No puede llamarse demócrata quien quiere detener la reforma agraria o quien facilita las lógicas de acaparamiento y concentración". Para rematar, el presidente de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, aseguró que "al poder gamonal y terrateniente" le molestan las facultades administrativas de su entidad y no quieren que se usen.
Vale recordar que el Gobierno prometió en su Plan de Desarrollo entregar 1,5 millones de nuevas hectáreas de tierra a través del Fondo de Tierras de la reforma agraria, usando mecanismos como la venta voluntaria de tierras por parte de quienes tienen la tierra en Colombia. A finales de marzo, el Fondo de Tierras tenía apenas 763.545 hectáreas, de las cuales entregó poco más de 303.000.
En un panorama de dificultades para sacar adelante la reforma, los baldíos no son un tema menor. El propio Harman dijo recientemente que el Gobierno tiene identificadas 2,85 millones de hectáreas con una "presunta" condición de baldíos y, mientras esa condición no se aclare, el Gobierno no puede comprarlas ni hacer nada con ellas. El Gobierno pretende aclararlas por sí mismo y ponerle el acelerador al proceso.
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Aunque el centro de la polémica es el artículo 9, el Gobierno ha incluido varios artículos que les atribuyen a los jueces el deber de defender la soberanía alimentaria y otros objetivos de política pública en un proyecto de ley que, en realidad, debería concentrarse en el procedimiento legal.
¿Para dónde va la pelea? El Gobierno se acerca a una nueva derrota
Si la ley de jurisdicción agraria no está aprobada para cuando acaben las sesiones ordinarias, se hundirá por tiempos, y ese parece ser el escenario.
En la Cámara de Representantes, donde el Gobierno tiene una mayoría cómoda, no se ha votado ni siquiera el primer artículo porque no había quórum suficiente. Se necesitan 94 representantes presentes en la sesión para que la votación sea válida, pero ayer solo estaban 61 y por eso se suspendió el conteo. La discusión quedó aplazada para el próximo martes.
Sin embargo, lo más retador para el Gobierno será lograr mayorías en el Senado, que ha hundido varias iniciativas clave, incluyendo dos reformas tributarias.
La ley de jurisdicción agraria se perfila como una derrota más para el Gobierno en el Congreso. Si se hunde, la reforma agraria llegará al final del mandato con resultados muy por debajo de lo prometido: menos de la mitad de las hectáreas comprometidas entregadas y 2,85 millones de hectáreas de baldíos sin resolver. El siguiente Gobierno heredará no solo el debate, sino también las tensiones entre el Ejecutivo, la justicia y el sector productivo sobre quién debe tener el poder de decidir el futuro de la tierra en Colombia.
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