El Gobierno nacional obligará a los fondos privados de pensiones a trasladar a Colpensiones unos 25 billones de pesos en ahorro de algunos afiliados y les da un mes para cumplir la orden. Aquí le explicamos si sus ahorros se ven afectados y qué pasará con ellos.
No es para todos los afiliados: solo para quienes ya se fueron a Colpensiones
La orden implica que se van a mover ahorros de afiliados que usaron la oportunidad de traslado entre regímenes de pensiones, algo que afecta a unas 127 mil personas en un sistema con unos 18 millones de afiliados que están activos y aportan para pensión.
Es decir, solo se van a mover recursos de hombres mayores de 52 años y mujeres de 47 años que se hayan trasladado desde un fondo privado de pensiones hacia Colpensiones en los últimos meses. Si usted es menor o ya estaba en Colpensiones, no se verá afectado con esta decisión.
Por qué el Gobierno quiere los recursos
El Gobierno ha dicho en distintas oportunidades que está recibiendo una importante presión financiera por el hecho de tener que pagar pensiones a personas que usaron la oportunidad de traslado, pero sin tener el respaldo de sus ahorros en el sistema privado.
Sin embargo, apenas una quinta parte de los que se han trasladado han consolidado su derecho a pensión: unas 19.000 personas.
¿Qué va pasar con los ahorros?
El Gobierno le dio un plazo de 30 días a los fondos privados de pensiones para mover los recursos hacia Colpensiones. Podrán hacerlo en efectivo, en títulos de deuda pública o en otras inversiones 'admisibles' para Colpensiones.
Es decir, Colpensiones se queda con los recursos y los puede usar para pagar las pensiones de cualquier afiliado porque el régimen de prima media no funciona con base en cuentas individuales.
¿Por qué esto es polémico?
En primer lugar porque estamos hablando de recursos que fácilmente podrían ser equivalentes a una reforma tributaria y que llegarían a las arcas del Gobierno en plena campaña electoral.
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En segundo lugar, la reforma pensional explícitamente prohibía mover esos ahorros hasta el momento en que esas personas acudan al sistema a reclamar su pensión.
En tercer lugar, autoridades como la Contraloría o el Banco de la República han dicho que esta decisión es inconveniente tanto para los pensionados como para las arcas públicas.
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