El país que decidió prohibir los juegos de azar en línea: hay adicción y ruina
El mercado indio de juegos en línea es uno de los más grandes del mundo.
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El parlamento de India ha aprobado una nueva ley que prohíbe los juegos de azar en línea, una medida significativa que busca abordar los altos costos sociales asociados con esta actividad.
La legislación, conocida como la ley sobre la "promoción y regulación de los juegos en línea", fue ratificada por ambas cámaras del Parlamento el jueves por la noche.
La prohibición afecta a una amplia gama de plataformas, incluyendo sitios de póker en línea y aquellos especializados en deportes virtuales, como los "fantasy sports".
Estas últimas, incluyendo aplicaciones populares de críquet (el deporte principal del país), incluso patrocinan la liga india de críquet (IPL) y el equipo nacional.
Las cifras del gobierno revelan la magnitud del problema, indicando que aproximadamente un tercio de la población del país, unas 450 millones de personas, pierde un total de 2.300 millones de dólares al año en aplicaciones de juegos de azar.
El gobierno indio ha justificado la ley argumentando que busca "reducir la adicción, la ruina y la angustia social causadas por plataformas de juego depredadoras que prosperan con falsas promesas de enriquecimiento rápido".
Además, la medida se invoca como parte de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El primer ministro Narendra Modi ha enfatizado que la nueva ley "fomentará los e-sports y los juegos sociales en línea" mientras "protege al mismo tiempo a nuestra sociedad de los efectos nocivos de los juegos de azar en línea".
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Las penas por ofrecer juegos de azar en línea son severas, contemplando hasta cinco años de prisión para cualquier particular o empresa que incumpla la normativa. Sin embargo, la ley establece excepciones para los e-sports y los juegos educativos, que, según el gobierno, serán promovidos dentro de la economía digital.
Aunque el mercado indio de juegos en línea es uno de los más grandes del mundo, los defensores de la prohibición han insistido en que los costos sociales, vinculados a adicciones y suicidios, son inaceptablemente altos.
Por otro lado, los actores de este sector habían solicitado una regulación y tributación en lugar de una prohibición total, advirtiendo que millones de jugadores podrían recurrir a sitios offshore y operadores no regulados para evadir la ley.