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La firma de la reforma laboral, si bien representa un alivio para millones de trabajadores en Colombia, también podría generar impactos negativos en algunos sectores. Uno de los más afectados sería el de la vigilancia privada, especialmente en conjuntos residenciales.
Desde julio de 2025, los vigilantes comenzarán a experimentar ajustes en la forma como se les calcula el salario, debido a la entrada en vigor de la nueva normativa laboral sancionada por el presidente Gustavo Petro el pasado 25 de junio.
Esta ley modifica las condiciones de contratación y liquidación salarial en sectores con jornadas extensas, como lo es la seguridad privada, que agrupa a más de 1.200 empresas en el país. Según el Ministerio de Trabajo, el objetivo es reconocer de forma más justa el tiempo y esfuerzo de los trabajadores en estos oficios.
Uno de los cambios más relevantes tiene que ver con los recargos nocturnos, dominicales y festivos. La ley establece que la jornada diurna será de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., y la nocturna, de 7:00 p.m. a 6:00 a.m. Esta última tendrá un recargo del 35 %, que entrará en vigencia a partir de enero de 2026.
En cuanto al recargo dominical y festivo, la reforma establece una implementación escalonada:
Esto significa que, desde julio de 2025, los vigilantes verán un aumento aproximado del 5 % en su salario, en comparación con el recargo vigente del 75 %.
Aunque la ley ya está en marcha, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada aún no ha emitido la resolución con las nuevas tarifas para los servicios de vigilancia. Sin embargo, desde el gremio ECOS, su presidente José Saavedra confirmó que las empresas empezarán a aplicar los recargos dominicales y festivos, como lo indica la ley, mientras esperan la resolución oficial.
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Esto implica que las tarifas del servicio de seguridad privada subirán en los próximos meses, lo que podría impactar directamente a los conjuntos residenciales y sus residentes.
Tal como se advirtió antes de aprobarse la reforma, los mayores afectados por el alza en los costos laborales serán los residentes de conjuntos. Las administraciones deberán ajustar sus presupuestos para cubrir las nuevas tarifas, lo que se traducirá en cuotas de administración más altas.
El incremento en el servicio de vigilancia representa un golpe al bolsillo para miles de hogares en Bogotá y otras ciudades, donde la seguridad privada es una necesidad permanente. Por ahora, las administraciones deberán estar atentas a la resolución oficial para definir los nuevos valores, mientras que los residentes deben prepararse para asumir ese costo adicional.
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