Los inquilinos de viviendas en Bogotá no tendrán que asumir la nueva sobretasa que se incorporará al impuesto predial para financiar la modernización del alumbrado público de la ciudad. Así lo dio a conocer la Alcaldía de Bogotá durante la discusión de la reforma tributaria impulsada por el alcalde Carlos Fernando Galán.Con 24 votos a favor, el Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo 724 de 2026, con el que la administración busca fortalecer las finanzas de la capital y destinar recursos a diferentes proyectos de inversión. Uno de los componentes de la modernización del sistema contempla el uso de tecnología LED, sensores, telegestión y monitoreo remoto.El nuevo cobro impactará a determinados predios de la ciudad desde enero de 2027 y estará incluido en la liquidación anual del impuesto predial. Sin embargo, la Alcaldía confirmó que no llegará un cobro adicional en la factura mensual de energía.La medida está dirigida a los estratos 4, 5 y 6, de acuerdo con las condiciones establecidas en el acuerdo. Para quienes viven en una vivienda en arriendo, el Distrito explicó que el cobro no se trasladará a una nueva tarifa mensual en el recibo de servicios públicos.¿Los inquilinos tendrán que pagar la sobretasa del alumbrado público?La Alcaldía de Bogotá explicó que las personas que viven en arriendo no deberán asumir la sobretasa, debido a que el mecanismo está vinculado a la liquidación anual del impuesto predial y no corresponde a la factura de energía.“El cobro estaría relacionado con la liquidación del impuesto predial cada año y no con la factura mensual del servicio de energía o luz”, explicó la administración distrital.La aclaración busca diferenciar este nuevo mecanismo de un cobro mensual asociado al consumo de electricidad. La financiación de la modernización del alumbrado quedará vinculada al impuesto predial, bajo las condiciones establecidas para cada tipo de predio.De acuerdo con la Alcaldía, los recursos permitirán avanzar en la transformación del sistema de iluminación de Bogotá y en la incorporación de herramientas como sensores, sistemas de telegestión y monitoreo remoto, que también estarían orientados a apoyar aspectos relacionados con la seguridad y la movilidad.¿Quiénes sí tendrán que pagar la nueva sobretasa en Bogotá?La sobretasa está contemplada para predios de los estratos 4, 5 y 6 y se reflejará en el impuesto predial correspondiente a 2027, según las condiciones establecidas en el Acuerdo 724 de 2026.La Alcaldía explicó que el cobro tiene en cuenta la capacidad de pago de los propietarios y, al mismo tiempo, establece diferentes situaciones en las que una vivienda o predio puede quedar exento.Entre ellas están las viviendas de estratos 1, 2 y 3, siempre que el valor del cálculo de su impuesto predial sea de hasta 20.000 UVT, equivalentes aproximadamente a $1.047 millones en 2026, según la información entregada por la administración.El acuerdo también contempla hogares que se encuentran en condiciones de pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad.¿Qué otros propietarios pueden quedar exentos de la sobretasa?Otra de las condiciones establecidas contempla a determinados propietarios de predios comerciales o de viviendas de estratos 4, 5 y 6. Si al menos uno de los propietarios aparece registrado en los grupos A, B o C del Sisbén o en el RUI, podría quedar exento del pago de la obligación tributaria.De esta forma, el nuevo cobro no se aplicaría de manera general a todos los inmuebles de los estratos 4, 5 y 6, pues existen condiciones de exclusión relacionadas con la situación económica de los propietarios y las características del predio.La sobretasa hace parte de la reforma tributaria aprobada por el Concejo y está relacionada con el propósito de financiar la modernización del alumbrado público de Bogotá. Para los inquilinos, la principal aclaración de la Alcaldía es que no tendrán un nuevo cobro mensual en la factura de energía por este concepto.
Tender la ropa en el balcón puede parecer una práctica cotidiana en muchos lugares. Sin embargo, en edificios y conjuntos residenciales esta conducta puede estar regulada por las normas de cada copropiedad.En Colombia, la Ley 675 de 2001, que regula el régimen de propiedad horizontal, establece una serie de reglas generales de convivencia, pero no prohíbe expresamente colgar prendas en balcones o ventanas.La posibilidad de hacerlo depende, en buena medida, del reglamento de propiedad horizontal de cada edificio o conjunto. Debido a esto, pueden establecerse condiciones para el uso de los espacios privados y restricciones relacionadas con comportamientos que puedan afectar la convivencia de los habitantes.¿Qué dice la Ley 675 sobre colgar la ropa en el balcón?El artículo 18 de la Ley 675 establece que los propietarios deben utilizar sus bienes privados de acuerdo con su naturaleza, destinación y con lo establecido en el reglamento de propiedad horizontal.También señala que deben abstenerse de realizar actos que comprometan la seguridad o solidez del edificio, así como aquellos que generen ruidos, molestias o que perturben la tranquilidad de los propietarios u ocupantes.Debido a ello, la ley no señala una prohibición específica sobre tender la ropa en un balcón, sino que la regulación puede variar de acuerdo con las disposiciones adoptadas por cada copropiedad.Según lo establecido en la Ley 675, las obligaciones no pecuniarias previstas en la ley o en el reglamento pueden dar lugar a sanciones, siempre y cuando se respete el procedimiento correspondiente.¿De cuánto puede ser la multa por colgar la ropa?El artículo 59 establece que las multas por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias pueden ser sucesivas mientras continúe la conducta. Cada multa no puede superar el equivalente a dos veces las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor y, en total, no puede superar diez veces ese valor.Esto no significa que exista una multa nacional específica por tender ropa. El monto dependerá del reglamento de la copropiedad y del procedimiento aplicado.Además, cualquier sanción debe respetar el debido proceso, el derecho de defensa, la contradicción y la impugnación. Por ello, antes de asumir que está prohibido o permitido, conviene revisar el reglamento de propiedad horizontal del edificio o conjunto.
Los conjuntos residenciales concentran diferentes actividades necesarias para su funcionamiento, desde la vigilancia y el aseo hasta el mantenimiento, la jardinería y los servicios técnicos. Estas labores implican riesgos que deben ser identificados y gestionados por las administraciones y las empresas encargadas de contratar al personal.Según cifras del Consejo Colombiano de Seguridad correspondientes a 2025, en Colombia se registraron 534.444 accidentes laborales, 10.294 enfermedades laborales calificadas y 438 muertes de origen laboral. El mismo informe señala que, en promedio, más de 1.460 personas sufren diariamente accidentes relacionados con el trabajo.En el caso de las propiedades horizontales, Jenny Carolina Rueda Montes, docente del Programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fundación Universitaria Horizonte, identifica diferentes situaciones que pueden representar un peligro durante las jornadas laborales.¿Cuáles son los principales riesgos laborales en conjuntos residenciales?Entre los riesgos se encuentran las caídas desde escaleras o durante trabajos en alturas, los accidentes eléctricos y la manipulación de productos químicos. También están el levantamiento de cargas, las labores de mantenimiento de ascensores, las superficies húmedas y los factores asociados con las condiciones psicosociales.Los riesgos de seguridad pueden ocasionar golpes, cortes, atrapamientos, caídas y descargas eléctricas. Dependiendo de la gravedad del accidente, estas situaciones pueden generar discapacidades permanentes o pérdida de capacidad laboral.También existen riesgos biomecánicos relacionados con movimientos repetitivos, posturas forzadas, manipulación de cargas y permanencia prolongada de pie. Estas condiciones pueden generar lumbalgias, desgarros y fatiga, además de enfermedades como hernias discales, tendinitis y síndrome del túnel carpiano.Otro factor está relacionado con la exposición a desinfectantes, pinturas, solventes, fertilizantes y plaguicidas. Dependiendo de la sustancia y del nivel de exposición, estos productos pueden provocar intoxicaciones, quemaduras o dermatitis, mientras que una exposición prolongada puede relacionarse con enfermedades respiratorias.¿Quién debe garantizar la seguridad de los trabajadores?La prevención requiere la participación de la administración, el consejo de administración y las empresas contratistas.La administración debe gestionar y supervisar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), mientras que el consejo de administración tiene entre sus funciones respaldar la asignación de recursos financieros, técnicos y humanos.Por su parte, los contratistas deben garantizar la protección de sus trabajadores, cumplir las normas laborales y coordinar las medidas de prevención con la copropiedad.¿Cómo prevenir accidentes laborales en una propiedad horizontal?Entre las medidas planteadas están las inspecciones periódicas, la capacitación del personal, la entrega de Elementos de Protección Personal (EPP), el mantenimiento preventivo y la señalización de áreas que puedan representar un peligro.También se recomienda establecer protocolos para el manejo de residuos y sustancias químicas, fortalecer las pausas activas y capacitar a los trabajadores sobre la manipulación de cargas.Las copropiedades también deben contar con planes de emergencia y verificar que las empresas contratistas mantengan vigentes las afiliaciones y los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral, incluida la ARL, EPS y AFP.
Las herramientas digitales comienzan a facilitar el seguimiento de pagos, cartera y gastos en edificios y conjuntos, donde buena parte de la información todavía se maneja en archivos separados y sin ningún tipo de sincronización.Para muchos residentes, las cuentas del conjunto solo vuelven a ser importantes al momento de una asamblea, aparece una cuota extraordinaria o aumenta el valor de la administración.Detrás de esos se encuentran los pagos a proveedores, cartera, contratos, fondos comunes, conciliaciones bancarias y presupuestos. El problema es que en algunas copropiedades esa información sigue repartida entre hojas de cálculo, o documentos que, curiosamente, no siempre son coinciden entre sí. Ese manejo empieza a cambiar con la llegada de plataformas diseñadas específicamente para propiedad horizontal, que buscan concentrar en un mismo sistema la información administrativa, contable y financiera del conjunto.“En muchas copropiedades el problema no es que falte información, sino que está fragmentada. El administrador trabaja con un archivo, el contador con otro y el consejo recibe una fotografía cuando el mes ya terminó”, explicó Daniel Laverde, vocero de Properix, plataforma colombiana especializada en gestión de ´propiedad horizontal.Ya no se debe esperar hasta fin de mes para conocer las cuentasCuando la administración del conjunto y contabilidad trabajan sobre la misma información, es posible revisar durante el mes cómo va el presupuesto, cuánto se ha recaudado, qué pagos siguen pendientes o qué tan alta está la cartera. Al mismo tiempo, el residente tendrá la posibilidad de consultar las finanzas de su conjunto con más facilidad y de manera ágil. Por ejemplo, un estado de cuenta, confirmar que un pago quedó registrado o entender el origen de un cobro, consultas que hasta ahora dependían de revisar arcvhivos manualmente. También permite dejar registro de pagos a proveedores, conciliaciones, comprobantes y movimientos de los distintos fondos de la copropiedad. Esa trazabilidad puede resultar útil cuando el consejo de administración o los mismos propietarios necesitan revisar qué pasó con determinado gasto.“Digitalizar no significa trasladar el mismo desorden de una carpeta física a una pantalla. El verdadero cambio ocurre cuando cada recaudo, conciliación, comprobante y movimiento de fondos deja una trazabilidad verificable”, agregó Laverde.Tecnología y cuotas de administraciónTener las cuentas organizadas también es importante cuando se empieza a pensar en cuánto deben pagar los propietarios. La Ley 675 de 2001 regula la propiedad horizontal en Colombia y establece las responsabilidades de las asambleas, administradores y demás órganos encargados de manejar las copropiedades.Durante 2026, los ministerios de Vivienda y Trabajo dejaron en claro que el aumento de la cuota de administración no aumenta automáticamente porque suba el salario mínimo o el IPC, sino que el valor debe partir del presupuesto de ingresos y gastos aprobado por la Asamblea General de Copropietarios y de las necesidades reales de cada edificio o conjunto.Precisamente por esta razón es que contar con información más actualizada sobre gastos, deudas y recursos disponibles puede hacer más fácil explicar por qué se propone un aumento o por qué se necesita una cuota extraordinaria.Una plataforma tampoco arregla una mala administraciónSi un presupuesto está mal hecho o faltan soportes, llevar esa misma información a una plataforma digital no solucionará el fondo del asunto, todavía se requiere orden y rigurosidad en los procesos. Antes de adoptar este tipo de herramientas, las copropiedades deben definir quién registra los movimientos, quién los revisa, qué información puede consultar cada persona y cómo se conservarán los soportes.La diferencia está en que, cuando esos procesos funcionan, la tecnología puede hacer más fácil seguirles la pista, y para quienes pagan administración todos los meses, eso se traduce en poder entender, por fin, qué está pasando con la plata del conjunto.
Los propietarios de apartamentos y casas en conjuntos residenciales podrían tener nuevas garantías frente a las sanciones por no asistir a las asambleas generales. Un proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República plantea modificar varios artículos de la Ley 675 de 2001, conocida como la Ley de propiedad horizontal, con el objetivo de establecer límites a las multas, fortalecer el debido proceso y ampliar las posibilidades para justificar una ausencia.La propuesta corresponde al proyecto de ley 031 de 2026 y busca equilibrar la obligación de participar en las decisiones de la copropiedad con la protección de los derechos de los residentes. De aprobarse, las administraciones ya no podrían imponer sanciones económicas sin cumplir un procedimiento previo y sin brindar la posibilidad de presentar una justificación.¿Qué cambios propone el proyecto para las multas en conjuntos residenciales?Actualmente, la Ley 675 de 2001 permite imponer multas, publicar a los infractores e, incluso, restringir el uso de algunos bienes comunes no esenciales cuando un propietario no asiste a la asamblea general.El proyecto de ley propone modificar esas disposiciones para que las sanciones tengan condiciones claras y respeten el debido proceso. Entre los principales cambios se encuentran:Las multas tendrían límites definidos.Se exigiría un procedimiento previo antes de imponer cualquier sanción.Los propietarios tendrían derecho a presentar explicaciones antes de que se tome una decisión.Se reforzaría el acceso a la información y la rendición de cuentas por parte de la administración.La iniciativa también incorpora principios como la buena fe, la dignidad humana, la transparencia, la proporcionalidad y la protección de los derechos de los copropietarios.¿Cuándo se podría justificar la ausencia a una asamblea?Uno de los cambios más importantes se encuentra en el artículo 39 de la Ley 675. El proyecto establece que el propietario podrá informar previamente que no asistirá o presentar una excusa dentro de los cinco días hábiles siguientes a la reunión.Además, contempla situaciones en las que la justificación podría presentarse incluso después de ese plazo, siempre que exista una razón válida, entre ellas:Enfermedad.Fuerza mayor o caso fortuito.Obligaciones laborales inaplazables.Deber de cuidado de un familiar.Calamidad doméstica.Problemas de conectividad en reuniones virtuales.Defectos en la convocatoria.¿Qué pasaría con las asambleas virtuales en propiedad horizontal?El proyecto también busca dar un mayor respaldo jurídico a las reuniones virtuales y mixtas, una modalidad que ha ganado espacio en los últimos años.La propuesta pretende facilitar la participación de quienes no pueden asistir presencialmente por razones laborales, familiares o de movilidad. Asimismo, busca brindar mayor seguridad jurídica a las decisiones tomadas durante estas reuniones y reducir los conflictos relacionados con la validez de las actas y los procedimientos.Si la iniciativa supera su trámite en el Congreso y es sancionada como ley, los conjuntos residenciales tendrían nuevas reglas para imponer sanciones y organizar sus asambleas, con un mayor énfasis en las garantías de los propietarios.Preguntas frecuentes¿Se eliminarán las multas por faltar a las asambleas de conjuntos?No de forma automática. El proyecto de ley propone limitar las sanciones y exigir que exista un debido proceso antes de imponer una multa.¿Quiénes podrían justificar su ausencia a una asamblea?Los propietarios que acrediten situaciones como enfermedad, fuerza mayor, obligaciones laborales, calamidad doméstica, deber de cuidado o problemas de conectividad, entre otras circunstancias razonables previstas en el proyecto.¿Las asambleas virtuales seguirán siendo válidas?Sí. La iniciativa busca fortalecer el reconocimiento jurídico de las reuniones virtuales y mixtas para facilitar la participación de los copropietarios y dar mayor seguridad a las decisiones que allí se adopten.
La inquietud de que una persona pueda convertirse en propietaria de una vivienda luego de haberla ocupado suele ser un tema que genera cientos de dudas entre arrendatarios, así como entre los dueños de estos inmuebles. Si bien es un hecho que en Colombia existe una figura legal para solicitar el reconocimiento de la propiedad, este no es un proceso automático y exige que se cumplan requisitos estrictos.Se trata de la llamada prescripción extraordinaria del dominio, un mecanismo jurídico por el cual una persona tiene la capacidad de pedir ante un juez que se le reconozca la propiedad de un inmueble cuando ha ejercido la posesión por un largo periodo y bajo determinadas condiciones.Sin embargo, expertos recuerdan que pagar arriendo por varios años no convierte automáticamente a nadie en propietario y tampoco garantiza el éxito de una reclamación judicial.Esto pide la ley para el reconocimiento de una viviendaUno de los requisitos fundamentales es que se pueda demostrar una posesión continua, pública y pacífica durante por lo menos una década.Es decir, que la ocupación no puede haber sido clandestina, violenta ni interrumpida. Adicionalmente, se debe acreditar que actuó como si fuera la propietaria del inmueble.Entre las acciones que podrían servir como prueba se encuentran:Realizar mejoras en la vivienda.Asumir gastos de conservación.Pagar servicios públicos.Cubrir impuestos relacionados con el inmueble.Administrar la propiedad como si fuera propia.La clave está en demostrar que existió una verdadera posesión y no simplemente una permanencia derivada de un contrato de arrendamiento.Necesita una demanda judicial; de lo contrario, no valeLa prescripción extraordinaria del dominio debe ser analizada por un juez civil, quien evaluará las pruebas presentadas por quien reclama la propiedad.Durante el proceso, el propietario original tiene derecho a defenderse y controvertir la solicitud. Si logra demostrar que nunca abandonó el dominio sobre el inmueble o que no se cumplen los requisitos legales, la pretensión puede ser rechazada.Por esta razón, los especialistas recomiendan reunir pruebas sólidas y contar con asesoría jurídica antes de iniciar cualquier actuación judicial.Ley 820 de 2003: obligaciones y causales para terminar un contratoMientras la prescripción extraordinaria aplica en situaciones excepcionales, la mayoría de relaciones entre propietarios e inquilinos continúan reguladas por la Ley 820 de 2003.La norma establece obligaciones para ambas partes. Los arrendatarios deben pagar oportunamente el canon y los servicios públicos, mientras que los propietarios están obligados a entregar y conservar el inmueble en condiciones adecuadas.Cuando existen incumplimientos graves, el dueño puede acudir a mecanismos legales para recuperar la vivienda mediante una acción de restitución, proceso que incluso puede terminar en un desalojo autorizado por un juez.
Los ascensores son una herramienta indispensable para miles de personas que viven en conjuntos residenciales en Colombia, especialmente cuando los edificios son considerablemente altos. Sin embargo, detrás de estos crece una alarma por la preocupación relacionada con la seguridad de los residentes y las decisiones de los administradores.Según afirman expertos, existen copropiedades que estarían contratando servicios de mantenimiento muy económicos, situación que afectaría el funcionamiento de los equipos e incrementaría el riesgo de fallas dentro de edificios residenciales.Mantenimiento barato de ascensores preocupa a conjuntos residencialesEntre los problemas que más se reportan se encuentran sensores que fallan, puertas que se abren inesperadamente, movimientos bruscos e interrupciones del servicio. Aunque muchas veces estas situaciones parecen menores, especialistas aseguran que pueden convertirse en un peligro para quienes usan estos equipos diariamente.De acuerdo con lo revelado por la directora ejecutiva de Estilo Ingeniería, Liney Malaver, la empresa dedicada al mantenimiento y modernización de ascensores señaló que un servicio podría costar entre $500.000 y $1.500.000 mensuales, dependiendo de la referencia del equipo, del número de unidades que haya en el edificio y el desgaste. Sin embargo, la vocera apunta que se han encontrado "adminsitraciones que contratan servicios de hasta $200.000, lo que podría comprometer los sistemas de seguridad el funcionamiento del equipo".“La reducción excesiva de costos termina comprometiendo los sistemas de seguridad”, aseguró Malaver.Empresas sin experiencia estarían ingresando a conjuntos residencialesOtro de los puntos que preocupa al sector es la contratación de compañías con poca experiencia o sin personal certificado para intervenir equipos de transporte vertical.De acuerdo con especialistas, algunas empresas ofrecen precios bajos sacrificando procesos técnicos, revisiones preventivas y protocolos de seguridad exigidos para este tipo de maquinaria.Mientras en centros comerciales y edificios corporativos existen controles más estrictos y auditorías frecuentes, en algunos conjuntos residenciales las decisiones terminan determinadas por el presupuesto disponible.Expertos recomiendan reforzar controles en ascensoresLos especialistas insisten en que las administraciones deben priorizar la seguridad sobre el ahorro económico. Además, recomiendan verificar que las empresas contratadas cuenten con certificaciones, personal especializado y experiencia comprobada.También aconsejan exigir reportes detallados de mantenimiento, mantener actualizados los registros técnicos y realizar inspecciones preventivas periódicas para detectar fallas antes de que se conviertan en emergencias.
En Colombia, vivir en un conjunto residencial se ha convertido en una de las opciones más comunes para quienes quieren independizarse o tener vivienda propia. Sin embargo, buscar un lugar donde vivir con mayor seguridad ha llevado a que muchas administraciones opten por implementar sistemas adicionales como las cercas eléctricas, una medida que puede ser efectiva, pero que necesita cumplir algunas reglas.Y es que la instalación de cercas eléctricas en conjuntos residenciales está regulada por la Resolución 90708 de 2013, expedida por el Ministerio de Minas y Energía. La norma fija varios parámetros que buscan evitar la presencia de riesgos para residentes, visitantes e incluso transeúntes.Entre los puntos más importantes de la norma, se establece que los impulsos eléctricos no pueden superar los 10.000 voltios y que deben contar con una duración máxima de 10 milisegundos. Estas condiciones están diseñadas para reducir la posibilidad de lesiones graves en caso de contacto accidental.Adicionalmente, la norma exige que estos sistemas estén correctamente diseñados para evitar descargas peligrosas, bajo estándares técnicos que minimicen cualquier incidente.Voltaje máximo permitido de 10.000 voltiosImpulsos con duración máxima de 10 milisegundosSistema debe cumplir condiciones técnicas de seguridad¿Cómo se deben instalar las cercas eléctricas en conjuntos?Más allá del componente técnico, la regulación busca aumentar la prevención. Uno de los requisitos más visibles es la señalización obligatoria. Las cercas eléctricas deben contar con avisos claros, permanentes y ubicados cada cinco metros para advertir sobre el riesgo.Por otra parte, la instalación de estos sistemas se debe hacer dentro de los límites del conjunto residencial. Es decir, no puede invadir el espacio público ni afectar zonas externas, algo que sí puede generar conflictos cuando no se respeta.A esto se suman exigencias relacionadas con la seguridad operativa, como los sistemas de puesta a tierra y mecanismos de protección frente a descargas atmosféricas, que ayudan a evitar fallas eléctricas o accidentes.Por qué estos sistemas necesitan normas de seguridadEl uso de cercas eléctricas responde a una necesidad real de seguridad, pero también implica riesgos si no se manejan de manera correcta. Por eso, la normativa busca equilibrar la protección de los residentes con la seguridad de quienes circulan cerca del conjunto residencial.Por lo tanto, esto obliga a que los administradores tomen decisiones frente a estos temas y contraten personal capacitado para la instalación. No se trata solo de poner una barrera, sino de garantizar que su funcionamiento no represente un peligro.De esa manera, usar cercas eléctricas es una alternativa válida para reforzar la seguridad; sin embargo, su uso no es libre, sino que debe acatar las normas correspondientes, por lo que en Colombia la regulación no solo es obligatoria, sino un tema clave para evitar situaciones de riesgo.
Para quienes viven en conjuntos residenciales, esto implica tener que asumir una serie de costos al mes importantes; entre ellos se encuentra la cuota de administración, misma que para muchos genera una serie de preocupaciones en el bolsillo. Pese a ello, no todos los cobros se deben aplicar de la misma manera para todos los residentes de la propiedad horizontal.De hecho, una reciente revelación del Ministerio de Vivienda abrió un debate sobre la responsabilidad de los propietarios frente a algunos gastos, especialmente sobre quienes viven en el primer piso.Resulta que la discusión gira en torno al mantenimiento de los ascensores, un servicio que entra dentro de las zonas comunes, pero que en esencia no beneficia a todos por igual; ante ello, la normativa podría generar excepciones si se cumplen algunas condiciones que podrían aliviar el bolsillo de miles de colombianos.¿Quiénes viven en el primer piso no pagarían mantenimiento de ascensores?Resulta que la disputa aparece por el uso real del servicio. De acuerdo con lo explicado por el Ministerio, la excepción se debe aplicar porque quienes viven en el primer piso no necesitan el ascensor para movilizarse al interior del conjunto, así como tampoco para acceder a su vivienda ni a otras zonas comunes como parqueaderos o depósitos.La entidad se pronunció en 2024, luego de varias consultas de ciudadanos sobre cómo se deben aplicar los cobros en estos casos. Y es que, si bien los ascensores son bienes comunes, el Ministerio señala que su mantenimiento no siempre debe ser asumido por todos los propietarios.¿Cómo eximirse de pagar el mantenimiento de ascensores? Esto debe saberResulta que, más allá de la probable exención de pago, el tema realmente se debe tomar con “pinzas”. No solamente basta con vivir en el primer piso para no pagar el mantenimiento de los ascensores, sino que se deben cumplir varias condiciones y analizar la manera en la que se estructura el conjunto.No usar el ascensor para ingresar a la vivienda o zonas comunesVerificar lo que establece el reglamento interno del conjuntoTener en cuenta que la decisión puede depender de la asamblea de copropietariosTenga en cuenta que la decisión de interpretación se basa en el artículo 29 de la Ley 675 de 2001, misma que regula la propiedad horizontal en el país. Adicionalmente, en el caso de que se presenten desacuerdos, los residentes tienen la posibilidad de acudir a la justicia ordinaria para buscar una solución al conflicto.
Vivir en conjunto residencial obliga a los residentes a cumplir con ciertas reglas, especialmente con lo relacionado con la cuota de administración. En Colombia, este modelo de convivencia se regula por la Ley 675 de 2001 y ha sido interpretado por la Corte Constitucional, que ya definió hasta dónde pueden llegar las sanciones a quienes las incumplen.En ese orden de ideas, se ha reiterado que los residentes en mora podrían enfrentar restricciones en sus propios conjuntos. Sin embargo, las medidas no son arbitrarias y deben cumplir algunos criterios legales.Residentes podrían perder serviciosAnte ello, las copropiedades tienen la facultad de limitar el acceso a algunos espacios cuando un residente no está al día con sus pagos. De hecho, las restricciones se enfocan en bienes comunes no esenciales, como una forma de incentivar el cumplimiento de las obligaciones económicas.Entre las principales se encuentran: restricción al uso de zonas sociales, recreativas y espacios comunes no esenciales. Estas decisiones están contempladas en el reglamento interno del conjunto y deben ser conocidas por todos los residentes.Corte Constitucional pone límites en sancionesEso sí, la Corte Constitucional ha establecido que la autonomía de los conjuntos residenciales no es absoluta. En fallos como la Sentencia T-633 de 2003, avaló que los morosos puedan ser excluidos de las asambleas, siempre que esta decisión esté sustentada en las normas internas.De igual manera, el alto tribunal insiste en que cualquier sanción debe ser proporcional y respetar principios como el debido proceso. Eso quiere decir que no basta solo con imponer restricciones, sino que es necesario garantizar que estas sean justas y estén debidamente justificadas.Restricciones no pueden afectar derechos fundamentalesUno de los puntos más importantes es que ninguna medida puede poner en riesgo las condiciones mínimas de vida de los residentes. Esto implica que los servicios esenciales no pueden ser suspendidos bajo ninguna circunstancia.En esa línea, la Corte ha reiterado que se deben analizar casos particulares, especialmente cuando hay personas en condición de vulnerabilidad. La idea es encontrar un equilibrio entre la convivencia, el cumplimiento de las normas y la protección de los derechos básicos.
Estos fueron los invitados en la emisión del lunes festivo, 22 de noviembre de 2026:Sergio Ospina: Creador de contenido, comunicador social y embajador de Lego en Colombia (@reinodelcoleccionista), experto en coleccionismo y cultura del jugueteRodrigo Fernández de Paredes: Especialista peruano presente en la feria Inmersia en Medellín, enfocado en la humanización de la tecnología y la experiencia del clienteValentina Santa: Gerente general de Nexa (sector BPO), experta en servicio al cliente e integración de la inteligencia artificial con el talento humanoEdward Rodríguez: CEO de 1111 Energy, dedicado al desarrollo de proyectos de energía solar y soluciones de transición energética ante el fenómeno del NiñoCarolina Fierro: Politóloga y presidenta ejecutiva de GEM (Gremio de Electromovilidad), encargada de articular la regulación e infraestructura para vehículos eléctricosLorena Rodríguez: Gerente de responsabilidad social de Huawei Colombia, impulsora del talento digital a través de la competencia Huawei ICT CompetitionCarlos Ruiz: Gerente de proyectos de Corferias, entrevistado sobre la participación de marcas y novedades tecnológicas en el Salón del Automóvil 2026
A diez años de la firma del acuerdo de paz con las Farc, Colombia sigue enfrentando el debate sobre los alcances de la negociación, los compromisos pendientes y la posibilidad de avanzar en nuevos procesos que permitan reducir la violencia. En ese contexto, durante una entrevista en la Sala de Prensa de Blu Radio, monseñor Héctor Fabio Henao y el expresidente Juan Manuel Santos analizaron los resultados del pacto y los retos que enfrenta el país.En medio de la discusión sobre si el presidente Abelardo De La Espriella podría impulsar otro gran acuerdo de paz, Santos recordó el proceso de renegociación que se llevó a cabo después del plebiscito de 2016 y la participación de dirigentes políticos que promovieron el rechazo al acuerdo inicial.“Durante 45 días estuvimos renegociando el acuerdo, 60 enmiendas, de las cuales se incorporaron 58. O sea, ellos fueron artífices de un acuerdo que yo reconozco que quedó mejor que el primero”, señaló el exmandatario, al cuestionar las razones políticas que, a su juicio, mantienen las críticas al pacto.Santos defendió los resultados del acuerdo de pazEl expresidente también destacó la permanencia de la mayoría de los antiguos integrantes de las Farc que firmaron el acuerdo dentro del proceso de reincorporación, y sostuvo que el compromiso adquirido por la antigua guerrilla se ha cumplido.“Lo que firmamos con las Farc se ha venido cumpliendo por parte de ellos. Firmamos con 13.000 miembros de las FARC y de ellos más de 11.000 hoy siguen acogidos al acuerdo”, afirmó Santos.Sin embargo, reconoció que la implementación ha tenido dificultades, particularmente en territorios donde persisten condiciones de inseguridad y donde las medidas contempladas en el acuerdo no se han desarrollado completamente.Monseñor Héctor Fabio Henao destacó avances, pero advirtió sobre pendientesPor su parte, monseñor Héctor Fabio Henao planteó la necesidad de hacer una evaluación equilibrada de los diez años del acuerdo, sin desconocer tanto las transformaciones que produjo como los compromisos que todavía no se han materializado.“Lo primero que habría que decir es que el acuerdo produjo transformaciones que son reales. Miles de personas dejaron las armas y se mantienen en esa actitud”, explicó, al destacar los cambios que experimentaron algunas comunidades después de la reducción de los enfrentamientos.No obstante, advirtió que la implementación ha avanzado más lentamente de lo esperado y que en diferentes regiones del país continúa la violencia, lo que representa uno de los principales desafíos para consolidar los resultados del proceso.Las víctimas siguen esperando verdad y reparaciónHenao también puso el foco en las víctimas del conflicto armado y en la necesidad de que la implementación permita avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido, la reparación y las garantías de no repetición.“Muchas víctimas todavía esperan respuesta. Hay familias que siguen buscando sus seres queridos desaparecidos, comunidades que reclaman la reparación que nunca les ha llegado y que sea más efectiva”, señaló.El delegado de la Iglesia Católica insistió en que el proceso de reconciliación requiere reconocer el sufrimiento de las comunidades y atender sus demandas, especialmente en los territorios que todavía enfrentan las consecuencias de la violencia.
El senador del Centro Democrático planteó alternativas para aumentar el recaudo y aliviar la presión fiscal del país sin trasladar el mayor peso de los nuevos impuestos a los colombianos. Entre sus propuestas están reducir el gasto público y modificar algunos cobros tributarios.La discusión de la reforma tributaria sigue generando posiciones encontradas en el Congreso, especialmente por los impuestos que podrían encarecer productos y servicios. Aunque el Gobierno ha anunciado ajustes a algunas de sus propuestas iniciales, todavía hay disposiciones que generan preocupación entre distintos sectores políticos y económicos.En entrevista con Sala de Prensa, el senador Andrés Forero, del Centro Democrático, explicó cuáles son los puntos que todavía considera inconvenientes y presentó algunas alternativas para conseguir recursos sin afectar de manera considerable el bolsillo de los ciudadanos.Uno de los asuntos que más preocupa al congresista es el incremento del impuesto al carbono, que tendría repercusiones en sectores como la industria, la construcción, el sector ladrillero y los tiquetes aéreos. También cuestionó la intención de ampliar los cobros parafiscales a trabajadores que ganan desde dos salarios mínimos, cuando actualmente se aplican a partir de los diez."Nosotros estamos tratando de dar alternativas al Gobierno para que el impacto en el bolsillo de los colombianos sea el menor posible", aseguró Forero.Menos gasto público y nuevos impuestos a plataformasComo primera alternativa, el senador propuso profundizar el recorte del gasto estatal mediante la fusión o eliminación de entidades que tienen funciones duplicadas. Según explicó, el Gobierno contempla reducir 12,2 billones de pesos para 2027, pero ese monto podría aumentar.De acuerdo con los cálculos presentados por el exdirector de la Dian Lisandro Junco, que hizo parte de los análisis del Centro Democrático, una reorganización de cerca de 48 entidades permitiría alcanzar un recorte de 20,4 billones de pesos. Esto representaría 8,2 billones adicionales frente a la meta planteada por el Ejecutivo.Otra propuesta consiste en modificar el cobro del IVA del 19 % a las plataformas digitales de juegos de suerte y azar, de manera que no se afecte su operación y se evite que los usuarios migren hacia empresas que no tributan en Colombia.Además, Forero planteó extender ese mismo impuesto a plataformas de alquiler turístico como Airbnb. Según indicó, esta medida podría generar entre 700.000 millones y un billón de pesos anuales y ayudaría a equilibrar las condiciones frente al sector hotelero formal.Venta de acciones de Ecopetrol, otra alternativaEl congresista también mencionó la posibilidad de enajenar una parte de los activos del Estado. En particular, se refirió al 8 % de las acciones de Ecopetrol, operación que, según sus estimaciones, podría representar entre 8 y 10 billones de pesos.Finalmente, Forero señaló que los tiempos legislativos todavía permiten avanzar con la discusión de la reforma, aunque cuestionó la falta de acercamientos del Gobierno con los ponentes para construir acuerdos."Los tiempos sí darían si hay un compromiso claro del Gobierno nacional de sacar el proyecto adelante", concluyó.Para el senador, el desafío está en conseguir los recursos que necesita el país sin recurrir a medidas que terminen trasladando una carga excesiva a los hogares y a las empresas.
El delantero del Bayern Jamal Musiala, de 23 años, sufrió el pasado lunes un nuevo "episodio de ausencia", debido a una disfunción neurológica tratada desde hace varios meses, confirmó este domingo la agencia SID, filial alemana de la AFP.En agosto, durante la pretemporada, Jamal Musiala había sufrido dos mareos en el transcurso de dos partidos.Tras el segundo, en Heidenheim, había revelado que padecía una "disfunción neurológica" que puede provocar "episodios de ausencia breves y temporales, fácilmente tratables" y que no representan "ningún riesgo adicional para la salud".El Bayern, al tanto de la situación desde "hace ya algún tiempo", según el entrenador Vincent Kompany, había explicado que estas dos "ausencias" se debían a la adaptación a su tratamiento farmacológico.Desde entonces, Musiala ha tenido otras dos ausencias, la última hace seis días, el lunes, que también se explica por la adaptación de su tratamiento.Tras este ajuste, Musiala se encuentra bien y tuvo minutos el viernes contra el Colonia, dos meses después de una rotura muscular, el 24 de septiembre con la selección alemana.También debería estar disponible para el partido del Bayern en Lille el miércoles en la Champions League.La situación de Musiala, joya del Bayern y que en febrero de 2025 prorrogó su contrato hasta el verano de 2030, es objeto de intensos debates en la dirección del club de Múnich.El presidente del consejo de administración, Jan-Christian Dreesen, el presidente de honor, Uli Hoeneß, y el miembro del consejo de supervisión, Karl-Heinz Rummenigge, han expresado en los últimos días dudas acerca de que Musiala recupere completamente su nivel.Incluso Rummenigge ha llegado a plantear la idea de revisar el salario de Musiala, uno de los más elevados del club.
Un estudio realizado por la firma Datexco estima que los propietarios y conductores de taxi en Medellín habrían dejado de recibir cerca de $7,53 billones durante los últimos nueve años, como consecuencia de los cambios en los hábitos de movilidad y la expansión del transporte mediante plataformas digitales. El análisis dimensiona el impacto económico de la competencia para un gremio que advierte dificultades para mantener la sostenibilidad de su actividad.La afectación también se refleja en los ingresos individuales de quienes dependen de este servicio. Según las estimaciones, un propietario de taxi habría dejado de recibir cerca de $150 millones durante ese periodo, equivalentes a $1,3 millones mensuales. En el caso de los conductores-propietarios, la pérdida estimada asciende a $174 millones en nueve años, aproximadamente $1,6 millones al mes. Por su parte, los conductores que no son propietarios habrían dejado de percibir unos $120 millones, es decir, cerca de $1,2 millones mensuales.Las cifras ponen sobre la mesa la preocupación del sector por la sostenibilidad económica del servicio público individual de transporte, en un mercado donde conviven diferentes modalidades de movilidad que, según el gremio, operan bajo condiciones regulatorias distintas.El estudio, indican desde la consultora, busca dimensionar las consecuencias para las familias que dependen de esta actividad y para quienes han invertido su patrimonio en la adquisición de vehículos de servicio público.Para desarrollar el análisis, quienes hicieron el estudio realizaron 27.977 encuestas efectivas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. De ese total, 2.401 entrevistas estuvieron dirigidas específicamente a propietarios y conductores de taxi. El trabajo de campo se extendió durante seis meses, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, e incluyó puntos de concentración de taxistas como terminales de transporte, aeropuertos, hospitales, hoteles y empresas afiliadoras.De momento y ante lo que consideran competencia desleal, se prevén nuevas manifestaciones del gremio taxista en la capital antioqueña.