De acuerdo al ministro, las organizaciones participantes en estas protestas, se fundamentan en el supuesto incumplimiento en la firma de proyectos por 250 mil millones, pero que están suscritos en su gran mayoría, 70 están pendientes de revisión por parte de las comunidades. Además, más de 81 mil millones ya fueron invertidos en 73 proyectos, 44 mil millones para compras de tierras para 24 proyectos y 140 proyectos adicionales.
Iragorri aclaró que los puntos en los que se espera reactivar cuando antes el diálogo y propiciar acuerdos son:
- Territorios: Las organizaciones sociales quieren definir cuál va a ser el uso del suelo donde hay poblaciones indígenas.
- Economía propia contra el despojo: El reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos y que se les consulte previamente para todas las inversiones en lo rural donde haya presencia de los indígenas.
- Minería: Buscan que se declare en suspenso todos los títulos mineros otorgados en la historia de Colombia mientras exista una nueva política para el sector minero.
- En derechos políticos: Derogación de la Ley de seguridad ciudadana.
- En temas de paz: Quieren que se involucre directamente a los movimientos sociales como parte de la negociación de La Habana.
- Derechos sociales: Exigen que todos los colombianos en lo rural tengan acceso a los servicios básicos del Estado; se han hecho mucho avances, pero no los tienen en cuenta.
- Relación campo ciudad: Se oponen la venta de ETB.
- Cultivos ilícitos: No quieren fumigación ni erradicación manual de estos cultivos.
Respecto al desarrollo del paro agrario, el ministro confirmó que hay 11 departamentos donde se están llevando a cabo las protestas y que este martes se han agudizado las acciones violentas; le aseguró a las organizaciones participantes que se respetará su derecho a movilizarse, pero también que se garantizará la no afectación de quienes no están participando de ella.
Son 13 las organizaciones que marchan en estas jornadas, pero son dos las que están haciendo la mayor cantidad de movilizaciones: la población indígena, dirigidas por la ONIC, y el Congreso de los Pueblos. El ministro dijo que tiene “la confianza de que esos movimientos no se dejarán influenciar o infiltrar por organizaciones ilegales como el ELN”.
El alto funcionario dijo que la información recibida de los departamentos donde tiene influencia esa guerrilla, se están repartiendo panfletos donde se exige la obligatoria participación a estos eventos so pena de una multa de 2 millones de pesos.
Para finalizar, Iragorri dijo que el Gobierno tiene las puertas abiertas, “dialoguemos y lleguemos a acuerdos. Ojala sea una protesta pacífica, queremos que exista la alternativa de la concertación y que no lleguemos a acciones violentas por defender a terceros”.
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