Los líos de los laboratorios que eran de los hermanos Rodríguez Orejuela

Los antiguos Laboratorios Kresfor, que en su momento pertenecieron a los hermanos Rodríguez Orejuela y que actualmente están en manos del Estado a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) afrontan un grave problema.La compañía, que siempre fue rentable, producía medicamentos que se vendían en la cadena Drogas La Rebaja, también de los señalados narcotraficantes del cartel de Cali. Paralelamente existían otras compañías titulares de los registros y marcas de los medicamentos. Sin embargo, hacia 1995 la sociedad fue incluida en la lista Clinton y tiempo después surge esa idea, que vino de los hermanos Rodríguez, para que la compañía pasará a manos de los trabajadores a través de un esquema de cooperativas, que entre otras derivó en una serie de investigaciones e imputaciones después de que se conociera que a los laboratorios, y después a las cooperativas, habría entrado dinero de los Rodríguez. Esa primera cooperativa se llamaba Farmacoop.Después de que se decantara el tema vinieron cambios en el manejo. Ya hacía 2004, la Fiscalía había entregado el laboratorio en custodia a la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y esta a su vez a un depositario.Pero atrás existía un problema porque había empleados de por medio, más de 500, y una operación que rescatar. Por eso los empleados decidieron tomar la operación y nació una figura para entregarles en arrendamiento dicha operación por 10 años. Y lo hicieron a través de una firma que llamaron Laboratorios Coaspharma. Pero esa vez, ese acompañamiento fue hecho por la Supersolidaria, la antigua DNE, el Ministerio de Trabajo y la embajada de Estados Unidos. Inclusive la empresa fue retirada de la lista Clinton.El problema, que es una “bomba” de tiempo, consiste en que a Coaspharma la Sociedad de Activos Especiales (SAE) le otorgó el contrato de arrendamiento por 10 años con una serie de compromisos: pagar un canon de arrendamiento, que anda por los 3.000 millones de pesos al año, un plan de inversiones de 32.000 millones de pesos, duplicar los 40.000 millones de valoración de la compañía y mantener las marcas y registros.Coaspharma cumplió: pagó 33.000 millones de pesos en pago de arriendos de los activos productivos; 27.000 millones de pesos en impuestos que antes del contrato no se pagaban porque pasó de cooperativa a S.A.S; 40.000 millones de pesos en inversiones que quedan en las empresas arrendadas y 10.000 millones en arriendos a inmuebles de la SAE adicionales al contrato de los activos.Adicionalmente, la valoración de la compañía sobrepasó el doble y llegó a los 116.000 millones calculados por una banca de inversión que la SAE contrató y sobre la que gastó recursos importantes para que concluyera que tan acertada había sido la administración de Coaspharma.Asimismo, el número de registros y marcas paso de 300 a 500, mientras que los empleados aumentaron de 670 a 850. Actualmente, la facturación está por el orden de los 150.000 millones, pero ya pasaron los 10 años del contrato y en 2018 se sentaron la SAE, el depositario, los arrendatarios y pactar nuevas condiciones.Coaspharma aceptó esas nuevas condiciones y a último momento la SAE y el depositario, Humberto Martínez, decidieron no renovarlo. El contrato venció en mayo de 2019, ya va para el año, y no ha habido renovación, pero tampoco otra medida. Para Coaspharma el contrato siguió, para el depositario, no; y de no llegar a un acuerdo en 15 días el tema va a ir a un tribunal de arbitramento.Quien estaba sacando ese tema adelante era la vicepresidenta de sociedades de la SAE, Jenny Sandoval, quien se fue de la entidad. Camila Gutiérrez es la nueva encargada, pero no ha dado resultados en el tema de Coaspharma.Vea aquí: Hubo presiones a cambio de no procesar a mis familiares, dice Rodriguez OrejuelaEl asunto es más de fondo, la SAE, al mando de María Victoria Torres, parece no tomar decisiones y no avanza en todos esos activos que tiene y el de Coaspharma puede ser ejemplo de ello.Coaspharma está valorada en 116 mil millones de pesos y sin decisiones de fondo el laboratorio puede perder su valor rápidamente. El resultado podría ser daño patrimonial al Estado.