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“No es la llave mágica”: Anif propone vender ISA, pero insiste en que la prioridad es recortar gasto

El presidente de Anif, José Ignacio López, dijo que vender ISA podría dejar entre $12 y $15 billones, pero advirtió que solo es un paliativo frente a la crisis fiscal.

Logo de ISA, empresa colombiana de infraestructura energética, sobre una imagen de una subestación eléctrica de alta tensión al atardecer.
magen corporativa de ISA, empresa colombiana especializada en transmisión de energía eléctrica y desarrollo de infraestructura.

El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, afirmó en Mañanas Blu que la venta de ISA podría ser una salida de corto plazo para aliviar las finanzas públicas, pero fue enfático en que no resuelve el problema fiscal del país. Según dijo, la discusión de la Ley de Rescate Económico debe concentrarse en recortes adicionales del gasto público y en medidas permanentes que reemplacen los ingresos que se perderían si el Congreso no aprueba los cambios al IVA.

“No es la llave mágica que nos soluciona el problema”, advirtió López, quien pidió no caer en la tentación de pensar que la enajenación de activos de la Nación hace innecesario un ajuste de fondo.

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El proyecto de Ley de Rescate Económico fue radicado en la Cámara de Representantes por el Gobierno de Abelardo de la Espriella y hoy se discute en el Congreso. Se identifica como el Proyecto 477 y lo radicaron el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el vicepresidente José Manuel Restrepo.

Venta de ISA: un “segundo mejor” ante la crisis fiscal

Para el presidente de Anif, un problema fiscal se presenta cuando el Gobierno tiene más gastos que ingresos. Por eso, en su opinión, la solución debe pasar por conseguir más recursos o reducir gastos: “Vender activos no es la solución para un problema fiscal”.

Aun así, López considera que la situación es tan compleja que tiene sentido analizar la venta de ISA. “Eso no es una solución definitiva, es un paliativo”, explicó, y la describió como una alternativa de “segundo mejor”, como la llaman los economistas.

De acuerdo con los estimativos de Anif, la operación podría representar entre $12 y $15 billones, es decir, unos 4.000 millones de dólares. El cálculo depende de la prima de control que pague un comprador, un valor que, según López, es difícil de determinar en este tipo de transacciones.

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El dirigente gremial explicó que ISA es una compañía multilatina con presencia en varios países y que su exposición a mercados como Perú y Chile es mayor que la que tiene en Colombia. Añadió que el retorno sobre el patrimonio de la empresa fue del 12,8 % en el primer trimestre, mientras que el Gobierno colombiano se está endeudando a tasas cercanas al 13 %, lo que, a su juicio, justifica analizar la operación desde el punto de vista financiero.

Ecopetrol: una decisión distinta que Anif no descarta

Sobre la posibilidad de vender una parte de Ecopetrol, López señaló que el análisis es diferente porque la petrolera opera mayoritariamente en el país: “Es una empresa que para la actividad colombiana es estratégica”.

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El presidente de Anif recordó que, por ley, el Gobierno podría vender un remanente de su participación, que estimó en cerca del 8,8 %. Según una cifra preliminar que dijo que debía revisar, esa venta podría representar entre $6 y $7 billones. Sobre esa posibilidad, aseguró: “Yo no lo descartaría”. También insistió en que tampoco resolvería el problema fiscal.

El IVA y la desconfianza en el Estado

López explicó que Anif respalda la iniciativa del Gobierno, pero reconoció que no hay ambiente político para el aumento del IVA, pues la mayoría de los partidos ya anunció que no apoyará esa medida. Según sus cálculos, el componente representaría alrededor de 1,2 puntos del PIB.

Sobre la propuesta de ampliar el impuesto y devolverlo a los hogares más vulnerables, el economista identificó dos resistencias. La primera es técnica: existen dudas sobre la capacidad del Estado para proteger a esos hogares, especialmente en escenarios de informalidad. La segunda es política y está ligada a los escándalos de corrupción. En sus palabras: “La ciudadanía ve hoy en día con mucha desconfianza el Estado”.

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Anif también cuestionó la no exoneración del pago de parafiscales a los empleadores. “Esa medida nos parece que puede ser perjudicial para la creación de empleo formal”, afirmó López, quien pidió modularla.

Pensiones altas, subsidio al diésel y recorte de nómina

Como alternativas, López enumeró propuestas que él mismo reconoció como impopulares. La primera es un impuesto a las pensiones altas. Según dijo, en Colombia hay mesadas que pueden llegar a $43 millones, dado que el máximo permitido es de 25 salarios mínimos.

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La segunda es el desmonte gradual del subsidio al diésel, por el que, según sus cálculos, el Gobierno gastará este año entre $13 y $14 billones, una cifra que varía con el precio internacional del combustible y la tasa de cambio. El Ejecutivo ya ha dado pasos en esa dirección, como el decreto con el que eliminó el subsidio al diésel para uso industrial.

Anif también propone un recorte de la nómina estatal que no se limite a ministerios y entidades del Ejecutivo, sino que incluya a organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría. Esta postura coincide con lo que el gremio ya había planteado: que la ley de rescate fiscal debe priorizar recortes de gasto.

La brecha de $25 a $30 billones

El presidente de Anif calculó que, si no se aprueba el IVA, será necesario cerrar una brecha de entre $25 y $30 billones con medidas de carácter recurrente. Por eso pidió que los actores de la discusión sean propositivos: “Si vamos a jugar un juego responsable en lo fiscal, no simplemente hay que decir no me gusta X o Y medida”.

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López advirtió que el país necesita una ley que mejore el déficit fiscal en unos dos puntos del PIB el próximo año y en cerca de cuatro puntos hacia 2030. De lo contrario, según dijo, el Estado tendría dificultades para cumplir sus funciones básicas: “Eso también nos va a golpear a todos”.

La discusión se da después de que el Congreso aprobó el presupuesto de 2027 por $634,95 billones. Ahora el Gobierno busca sacar adelante la Ley de Rescate Económico antes de que termine la legislatura.

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