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"Preocupa aumento de bloqueos en sector petrolero": gremio de vigilancia privada

Según la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), se registraron 1.056 bloqueos a las operaciones de la industria en 2022, con un promedio de 2,9 bloqueos diarios.

361005_Producción de petróleo // Foto: AFP
Producción de petróleo
Foto: AFP

La Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (CONFEVIP) manifestó su preocupación por el aumento del 36% en los bloqueos registrados en el sector petrolero entre 2021 y 2022, así como por las 8 voladuras de oleoductos ocurridas este año.

Ante esta situación, representantes del gremio se reunieron con empresarios del sector para analizar y confrontar la creciente amenaza a la seguridad, la cual proviene de las disidencias de las FARC, grupos armados ilegales, delincuencia común y bloqueos por parte de las comunidades.

Según la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), se registraron 1.056 bloqueos a las operaciones de la industria en 2022, con un promedio de 2,9 bloqueos diarios. Los departamentos más afectados por esta problemática fueron Santander, Meta, Casanare, Putumayo y Arauca, con un incremento del 36% en comparación con el año anterior.

Miguel Ángel Díaz, presidente de CONFEVIP, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a diversas autoridades, como el Ministerio de la Defensa, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y las Personerías, para que se garantice la libertad de empresa y de operación en el país.

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"No solamente el sector petrolero se está viendo afectado por bloqueos, sino también por el orden público y la seguridad", dijo Díaz.

Según las cifras de la Asociación Colombiana de Petróleo, hasta abril de 2023 se han reportado ocho voladuras de oleoductos, una toma de instalaciones en Caquetá y el secuestro de un contratista de una empresa del sector en Puerto Gaitán. Además, se han presentado panfletos y extorsiones en Arauca, Meta y Casanare por parte de grupos armados ilegales.

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Uno de los eventos más recordados es el ocurrido a principios de marzo en Los Pozos, Caquetá, donde manifestantes incendiaron la instalación petrolera de Emerald Energy, asesinaron a un policía y mantuvieron secuestrados a 78 uniformados durante más de un día. Esta acción no solo afectó a la industria, ya que Emerald Energy tuvo que cesar sus operaciones en el lugar, sino también a la comunidad en general.

Alrededor de 450 personas contratadas directamente en áreas como transporte, metalmecánica, obras civiles, seguridad y producción perdieron sus empleos, y si se consideran los empleos indirectos, la cifra puede llegar a 1.500 o 2.000 puestos de trabajo.

Andrés Villada Ocampo, operador de producción de Emerald Energy, quien trabajó durante 8 años en la compañía, relata que les notificaron la finalización de sus contratos debido a problemas de seguridad, ya que no se podía transportar el crudo y todas las operaciones quedaron restringidas.

Ocampo expresó así su preocupación: "No sabemos qué hacer, el gobierno no nos ha tenido en cuenta para nada, no nos han informado, no sabemos si nos van a indemnizar, nuestros ahorros ya se están agagotando por los compromisos bancarios".

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Estas situaciones tienen un impacto considerable en las regiones y en el país en general, ya que se ven afectados los ingresos fiscales derivados de la inversión en el sector y las regalías provenientes de la producción de hidrocarburos. Esto genera preocupación tanto para el gremio de la seguridad privada como para Miguel Ángel Díaz, presidente de CONFEVIP, quien destaca que "en todos estos escenarios, el perjudicado es el pueblo, el empleado, la persona que trabaja en estas zonas y con estas empresas".

Además, hizo un llamado a brindar condiciones de seguridad que permitan el funcionamiento ordenado de las empresas en cumplimiento de la Constitución.

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