La Contraloría General de la República declaró de impacto nacional la investigación por irregularidades financieras en la Fiduprevisora y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).
En entrevista con Mañanas Blu, la contralora delegada para la Economía y las Finanzas Públicas, Jenny Lindo, explicó el alcance de esta figura legal dentro del organismo de control.
La declaratoria implica que la indagación pasa de manera inmediata a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, dependencia encargada de asumir los procesos de mayor relevancia e intensidad en el país.
Esta medida busca acelerar los tiempos del proceso y profundizar en el rastro de los recursos. Lindo sostuvo que esta figura "va a permitir que la investigación sea mucho más corta, más profunda y con una custodia de la información mucho más garantista".
La actuación fiscal se originó tras una función de advertencia dirigida al exministro de Hacienda Germán Ávila durante las últimas cinco semanas del gobierno nacional anterior.
Mediante labores de Policía Judicial, la entidad detectó que las transferencias presupuestales pasaron de un promedio habitual de 30 o 35 billones de pesos a un total de 64 billones de pesos en dicho periodo.
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Dentro de ese paquete de giros, la Contraloría identificó pagos por 4.4 billones de pesos destinados a contratistas del FOMAG que no cuentan con soportes ni evidencias en las matrices financieras.
La funcionaria aclaró que la declaratoria de impacto nacional impone una reserva legal que impide revelar identidades específicas de directivos o personas naturales involucradas.
Hay unos indicios de que efectivamente, como no encontramos los soportes y las evidencias, por ejemplo, de este caso del FOMAG de los 4.4 billones de pesos, pues sin duda tenemos que ya entrar a verificar la legalidad de estos pagos
La indagación busca reconstruir la ruta del dinero, la cual inicia en el Ministerio de Hacienda, pasa a la Fiduprevisora y culmina en los contratistas privados.
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Frente al procedimiento, la funcionaria recordó que los investigados tienen derecho a presentar descargos, versiones libres y pruebas para demostrar si los giros ejecutados corresponden a servicios efectivamente prestados.
Asimismo, la Contraloría señaló que la responsabilidad fiscal en este tipo de expedientes no se limita a los servidores públicos, sino que puede extenderse a los contratistas particulares que administraron dichos fondos.