La decisión obedece a que, este homicidio está relacionado con el exterminio del Movimiento Político Acción Comunitaria, que deja al menos hasta ahora varias víctimas: Noel Emiro Omeara Carrascal, su hijo Manuel Guillermo Omeara Miraval, y el atentado y posterior muerte de Héctor Álvarez Sánchez.
Para la Comisión existen varios indicios de responsabilidad de agentes estatales y miembros de grupos paramilitares, "el Estado no logró acreditar que hubiese investigado de manera seria, oportuna y exhaustiva tales indicios. La Comisión también determinó que las demoras en que ha incurrido el Estado han tenido como consecuencia que algunos de los presuntos autores ya hayan fallecido y que, a más de 21 años de ocurridos los hechos, no exista a la fecha conocimiento de la verdad sobre los hechos", declara la decisión.
Por estos hechos, la Comisión recomienda al Estado de Colombia que repare integralmente a los familiares de Noel Emiro Omeara Carrascal, Manuel Guillermo Omeara Miraval y Héctor Álvarez Sánchez tanto por el daño material como inmaterial sufrido a raíz de los hechos, incluyendo las medidas de compensación, satisfacción y rehabilitación pertinentes; que lleve adelante una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta de los hechos con el objeto de esclarecer los hechos y establecer y, de ser el caso, sancionar la responsabilidad intelectual y material de las personas que participaron en los hechos.
Asimismo, la CIDH recomendó a Colombia adoptar las medidas necesarias para evitar que se repitan hechos como los de este caso, incluyendo el fortalecimiento de los mecanismos de protección de familiares y testigos en el marco de las investigaciones por violaciones de derechos humanos.
El Movimiento de Acción Comunitaria fue una iniciativa de los campesinos de Aguachica que querían lograr algunos escaños a su favor y quitarles algo de poder a los partidos Conservador y Liberal; en efecto en su corta vida alcanzó la Alcaldía en 1992 con Manuel Claro Santiago y eligió al concejal Elibardo Galvis.