A juicio un excontralor por presuntas irregularidades en sentencia contra el Estado

Nelson Izáciga León, excontralor delegado para Infraestructura Física, Telecomunicaciones y Desarrollo Territorial, fue acusado por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia como presunto autor responsable de los delitos de falsedad ideológica y prevaricato por acción.
 
Los hechos están relacionados con la investigación que adelanta la Fiscalía por el caso de Conigravas S.A., uno de los procesos más polémicos, debido a que se persigue el pago de más de 150.000 millones de pesos.
 
Las investigaciones se remontan al año 1983, cuando el extinto Ministerio de Obras Públicas celebró un contrato para la construcción de una vía de 23 kilómetros, proyecto terminado unilateralmente por parte de dicho ministerio, lo que ocasionó que las constructoras iniciaran un proceso ante el Tribunal Administrativo de Antioquia para el pago de daños y los costos en que habían incurrido.
 
Por este proceso, el Tribunal falló a favor de los demandantes concediendo una conciliación en 1998 por una suma superior 25.000 millones. Sin embargo, los acreedores adelantaron un segundo proceso al considerar que los términos económicos de la conciliación no se cumplieron.
 
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Por su parte, las constructoras en la demanda advirtieron que el Estado les adeudaba los intereses de las sumas reconocidos en la resolución de pago, demanda conciliada en 2005 y que, según las sugerencias hechas por el Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario, equivalen a cerca de 74.000 millones de pesos.
 
Según el fiscal del caso, cuando ya parecía que todo iba a acabar, y el Estado colombiano daría fin a esta millonaria demanda en su contra. “Y subsanar además los errores cometidos en el pasado, el procesado Nelson Izáciga León emitió un oficio a la oficina de Crédito Público del Ministerio de Hacienda con el fin de que suspendieran el pago de la segunda conciliación, bajo el argumento de que la Contraloría investigaba la validez de los títulos con los que los demandantes habían iniciado la demanda ejecutiva”, manifestó el ente de acusador.
 
En la audiencia pública, el fiscal agregó que dicha entidad sólo investigaba el posible daño fiscal causado por no pago de los dineros adeudados a Conigravas y otros, lo cual alertó a los funcionarios de Crédito Público y llevó a que no fueran emitidos los títulos con los que se iba a pagar dicha deuda.
 
La Fiscalía sostiene que “Nelson Izáciga fue más allá de inventarse una supuesta indagación e inició, de manera totalmente injustificada y sin suficientes elementos de prueba, un nuevo proceso. Ya no sólo por la validez de los títulos, sino por los dineros embargados al Invías”.
 
Como elementos materiales de prueba, la Fiscalía cuenta con documentos y testimonios de abogados y otros profesionales de la Contraloría que le advirtieron que dicho proceder era ilegítimo, y que por ser un pago que había sido ordenado por una autoridad judicial debía adelantarse la acción de repetición y no la acción fiscal.
 
El delegado del ente acusador indicó que todas estas irregularidades son la causa de que dicha deuda siga en cabeza del Estado colombiano y que sea por ello, imposible adelantar con éxito las respectivas acciones penales y de repetición frente a quienes decidieron tramitar las conciliaciones en 1998 y en 2006 y determinar si, en efecto, la resolución de pago faltó a lo acordado por las partes ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
 
Finalmente, después escuchar a los testigos y demás pruebas que serán debatidos en juicio, “la Fiscalía espera probar la responsabilidad del señor Izáciga León y, reiterar, como ya lo ha hecho en otros casos, que los funcionarios públicos deben ceñir sus acciones a los postulados consagrados en la Constitución y la ley”, concluyó el Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
 
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