Un juez de control de garantías envió a la cárcel al alcalde de Villa de Leyva, Boyacá, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, señalado por la Fiscalía de presuntos actos de corrupción relacionados con trámites urbanísticos de un proyecto inmobiliario en ese municipio.
La decisión judicial se produjo luego de que un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputara los delitos de concusión y prevaricato por acción, cargos que no fueron aceptados por el mandatario.
De acuerdo con la investigación, la Fiscalía recopiló elementos materiales probatorios que vincularían al alcalde con supuestas exigencias económicas y otros beneficios para facilitar permisos y requerimientos administrativos relacionados con una licencia de urbanismo y construcción.
Según el ente acusador, el 8 de junio de 2025 Gamboa Chaparro habría solicitado a la representante legal de la empresa Inversiones San Jacinto Nelvic S.A.S. contratar a una persona específica para prestar asesorías orientadas a gestionar trámites ante la administración municipal.
La investigación señala además que posteriormente el mandatario habría pedido aumentar el salario de esa persona recomendada, quien permaneció vinculado durante 11 meses y recibió pagos cercanos a los 48 millones de pesos.
La Fiscalía sostuvo que el 4 de marzo de 2026 el alcalde presuntamente solicitó a la empresaria 112 millones de pesos, equivalentes al 20 % del valor fijado para la ampliación de una licencia de construcción. Esa petición, según el expediente, habría sido realizada mediante mensajes de voz. Posteriormente, en una llamada telefónica, habría retirado la exigencia económica.
Dos días después, el 6 de marzo, Gamboa Chaparro expidió una resolución que, según la Fiscalía, habría representado una retaliación luego de que la empresaria no accediera a las presuntas exigencias. El ente acusador indicó que el mandatario se encontraba en un posible conflicto de intereses y que la actuación habría constituido una desviación de poder.
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Como consecuencia de esa decisión, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción del proyecto inmobiliario.
Adicionalmente, el inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio impuso a los representantes del proyecto una multa cercana a los 232 millones de pesos.
Durante las audiencias, la defensa del alcalde aseguró que los audios y demás pruebas aportadas dentro del proceso estarían presuntamente alterados, afirmación que, según indicó, estaría sustentada en un supuesto peritaje técnico.
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Sin embargo, la juez de garantías consideró procedente imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el mandatario mientras avanza el proceso judicial.
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