La situación judicial del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, se complica tras la nueva imputación adelantada este miércoles por parte de la Fiscalía, que esta vez lo vincula a presuntas irregularidades en la contratación pública entre 2024 y 2025.
Según la investigación el mandatario y una particular, identificada como María Luisa Pedraza Canaria, habrían liderado un esquema de direccionamiento de contratos en la empresa Ecovivienda donde Krasnov delegó funciones propias de la administración pública a esta persona sin que existiera un vínculo formal con el municipio, es decir, sin estar contratada.
Pedraza, dice la acusación, habría intervenido directamente en procesos contractuales: firmó contratos sin cumplir los procedimientos legales, seleccionó contratistas que no reunían los requisitos exigidos y coordinó reuniones para acelerar pagos, incluso cuando las obras no presentaban los avances pactados.
Incluso, habría dado instrucciones sobre contratación de personal dentro de la entidad.
Por estos hechos, un fiscal de Boyacá imputó a los implicados delitos como interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública, usurpación de funciones públicas y asociación para cometer delitos contra la administración pública.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
La nueva imputación se da luego de la acusación que hizo la Fiscalía el pasado martes, en un caso en el que investigan la posible utilización de contratos de prestación de servicios para favorecer intereses particulares, entre ellos la vinculación de un abogado que habría intervenido en un proceso judicial que buscaba anular la elección del mandatario.
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