La Fiscalía tiene pendiente la acusación por el delito de tráfico de influencias de servidor público a Ricardo Roa, dentro de una investigación que tiene origen en la compra del apartamento 901 ubicado en el barrio El Chicó, en Bogotá.
La defensa de Roa sustentará una solicitud de nulidad del proceso mientras que la diligencia se retomará el próximo 25 de noviembre.
En la diligencia de hoy, el Juez de conocimiento aprobó la solicitud de la representación legal de Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, de ser reconocido como víctima en el proceso “una relación de subordinación, y así la señal de la experiencia, puede constituir un factor objetivo para inferir presión o temor reverencial en un subalterno o en una persona que se encuentre en un nivel inferior que otra en una organización. Y no quiere decir el despacho que esto le ha ocurrido necesariamente, es una posibilidad. Si esto sucedió, será el desarrollo probatorio del juicio el que nos lo indicará. Sin embargo, esta situación sí resulta, o se elige una circunstancia plausible para reconocer al señor Rojas, Luis Enrique Rojas, como víctima dentro de la presente actuación”
De acuerdo con el ente acusador, Roa habría utilizado de manera indebida su posición como máxima autoridad ejecutiva de Ecopetrol para favorecer intereses particulares, en contravía de los deberes propios de su cargo. La investigación señala que esa presunta influencia se habría ejercido en relación con decisiones y oportunidades de negocio dentro de Hocol, una filial de la compañía estatal.
Según lo expuesto por la Fiscalía, Ricardo Roa habría solicitado a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, que se generaran oportunidades de negocio para Juan Guillermo Mancera. En particular, el interés estaría relacionado con la adjudicación de un proyecto de regasificación a la empresa GAXI ESP S.A.S., de propiedad de Mancera.
Para el ente investigador, la intervención de Roa en ese asunto habría constituido una influencia indebida sobre el presidente de Hocol, orientada a favorecer los intereses de Mancera. La Fiscalía sostiene que la relación entre ambos no solo era cercana, sino que además existía una negociación comercial previa entre los dos, vinculada a la compra de un inmueble en la capital del país.
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El caso se centra en la compraventa del apartamento 901 del edificio Entre Parques, ubicado en el sector de El Chicó, en Bogotá. Según la investigación, Ricardo Roa adquirió el inmueble y Juan Guillermo Mancera “actuó como intermediario y garante del pago en cuotas del inmueble, pactadas sin intereses. Los pagos realizados a Pricenton International, propietaria del apartamento, se efectuaron con posterioridad a la celebración del negocio jurídico y a través de la empresa Innova Mercadeo, de Juan Guillermo Mancera”.
De acuerdo con los datos presentados por el ente acusador, el inmueble fue adquirido por Roa por 1.800 millones de pesos, a pesar de que su valor comercial estimado era de 2.727.569.550 pesos. Esto significa que el precio pactado en la negociación se ubicó un 34 % por debajo del valor de mercado, con una diferencia cercana a 927 millones de pesos.
La Fiscalía considera que ese beneficio en el precio y en las condiciones de pago habría estado relacionado con la influencia que Roa presuntamente ejerció para favorecer los intereses empresariales de Mancera dentro de Hocol. En ese sentido, el ente acusador sostiene que el presidente de Ecopetrol habría utilizado su investidura para intervenir en asuntos que podían beneficiar a una persona con la que mantenía una relación comercial directa.
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