La Fiscalía General de la Nación imputó a siete personas, entre ellas el empresario y líder gremial Arvey Duque Villamizar, por su presunta participación en un entramado de exportaciones ficticias que, de acuerdo con la investigación, habría permitido justificar el ingreso a Colombia de más de 425.000 millones de pesos de posible origen ilícito entre 2020 y 2023.
Duque fue capturado en Cúcuta, Norte de Santander, y posteriormente trasladado al Búnker de la Fiscalía en esa ciudad, donde se adelantaron los trámites correspondientes a su judicialización. Las capturas fueron realizadas en Cúcuta e Ipiales, Nariño, en un operativo desarrollado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo del Ejército Nacional.
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El director especializado contra los delitos fiscales, Leonardo Quevedo, aseguró que la investigación está relacionada con supuestas operaciones de exportación de cargamentos de aceite de palma, soya y sus derivados que figuraban como enviados hacia Ecuador a través del puente internacional de Rumichaca, pero que, de acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, no habrían cruzado la frontera.
La hipótesis de las autoridades apunta a que estas operaciones habrían servido para justificar el ingreso de dinero a Colombia y presentarlo como pagos derivados de ventas al exterior. Los recursos, según la Fiscalía, habrían provenido de Estados Unidos, España, Panamá y Perú y posteriormente ingresado al país como reintegros correspondientes a las supuestas exportaciones.
En el entramado investigado estarían involucradas cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas. Las primeras habrían aparecido como exportadoras, mientras que la agencia se habría encargado de tramitar las declaraciones y demás documentos que respaldaban las operaciones.
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Uno de los elementos centrales de la investigación está relacionado con funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en Ipiales, quienes, de acuerdo con la Fiscalía, habrían certificado falsamente la salida de las mercancías del territorio nacional.
Entre los siete capturados se encuentran Arvey Duque Villamizar, representante legal de su comercializadora C.I. Empaquetadora del Norte, que habría figurado como exportadora; Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay, funcionarios de la DIAN en Ipiales señalados de certificar la salida de las cargas; además de Emir Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de dos comercializadoras internacionales.
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La Fiscalía indicó que las personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías, quien impartió legalidad a los procedimientos de captura. Posteriormente, el ente acusador les imputó, de acuerdo con la responsabilidad individual atribuida a cada uno, los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, ambos agravados, además de falsedad ideológica en documento público.
La investigación fue adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, en articulación con la Policía Fiscal y Aduanera, POLFA, y la DIAN.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los documentos que acreditaban la supuesta salida de los productos habrían permitido soportar operaciones comerciales que en realidad no correspondían a mercancías que hubieran salido del país. De esta manera, los recursos provenientes del exterior habrían sido registrados como reintegros derivados de exportaciones.
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Las indagaciones también involucran posibles irregularidades en procesos de exportación asociados con C.I. Empaquetadora del Norte, una de las empresas relacionadas con Duque y dedicada al procesamiento de arroz, granos, azúcar y aceite.
El empresario Duque Villamizar también es reconocido por promover el proyecto agroindustrial RefiNorte, ubicado en la zona franca de El Zulia, y por su papel como interlocutor en iniciativas relacionadas con integración económica e intercambio mercantil con Venezuela durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
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La Fiscalía informó además que, a partir de los elementos materiales probatorios obtenidos durante la investigación, remitió información a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para que se evalúen actuaciones sobre bienes y activos que estarían relacionados con las actividades ilícitas investigadas.