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Capturan a seis miembros de la Policía por demolición de supuesta casa de vicio en Pereira

El derrumbe de la casa en Pereira ocurrió en marzo de 2022 e hizo parte del programa del Ministerio de Defensa contra la lucha del microtráfico; los dueños de la vivienda denunciaron que no era una “olla de vicio”.

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Indigentes en casa de Pereira //
Fotos captura imágenes videos Ministerio de Defensa

Un operativo de la Policía Nacional, ocurrido el pasado 18 de marzo de 2022 en Pereira, fue motivo para que se diera la captura de varios miembros de la institución un año después, entre ellos, el comandante encargado de la Policía de Cúcuta, el coronel Carlos Andrés García Suarez, en compañía de mayor César Alfonso Bohórquez Salcedo y otros cuatro más.

Fueron detenidos por las presuntas irregularidades cometidas en un operativo que se llevó a cabo en Pereira, cuando se adelantó un proceso de demolición de una casa ubicada en el centro, la cual, supuestamente, era usada para vender drogas.

Ocurrió en el periodo de mando del exministro de Defensa Diego Molano, como parte del programa de lucha contra el microtráfico en le país; luego de esta demolición, los dueños de esa vivienda salieron a denunciar que no existía ningún expendio de drogas, sino que ya había una decisión de derribarla.

En su momento, la familia dueña del inmueble aseguró que lo que había era una orden de derribamiento emitida por la inspección de la Policía, bajo el argumento de amenaza de ruinas, pero no por las investigaciones que la relacionaban con venta de drogas, como lo expuso entonces el coronel García Suarez.

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Además del coronel Carlos Andrés García Suarez y el mayor César Alfonso Bohórquez, fueron detenidos el mayor Wilmer Delgado Herrera, el comandante Héctor Julián Botero Sánchez, el teniente Jarrixon Peralta Sánchez y el subintendente Rutber Vega Ramírez.

Ahora, están a disposición del juez 167 de instrucción penal militar y policial, pues esta no fue una orden expedida por la justicia ordinaria, sino por la justicia penal militar, que los acusa de, al menos, cinco delitos: falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, abuso de autoridad, prevaricato por omisión y destrucción y/o ocultamiento.

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