Capturan por chuzadas a fiscal especializado Fabio Augusto Martínez

Una nueva captura se conoce en el proceso que llevó la Fiscalía por la supuesta red de chuzadas que operaba desde Cali e Ipiales, Nariño. El CTI de la Fiscalía capturó en la sede central de la entidad en Bogotá al fiscal 32 Especializado contra las Organizaciones Criminales, Fabio Augusto Martínez Lugo.Según las investigaciones, el funcionario judicial habría ordenado irregularmente controlar -desde la Sala Diamante- las comunicaciones de directivos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) y del presidente para Latinoamérica del Grupo Enel - Codensa.Esta sala es de donde autoridades interceptan líneas teléfonicas legalmente con la autorización de los jueces de garantías.“De esta manera, Martínez Lugo habría vulnerado la intimidad de los representantes del sindicato de aviadores y del directivo de Enel–Codensa, y constituyó una modalidad ilícita de espionaje corporativo”, dijo la vicefiscal María Paulina Riveros. Por los hechos será imputado por concierto para delinquir, prevaricato por acción, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de comunicaciones.Sobre este episodio de chuzadas que vincula a funcionarios de la entidad, BLU Radio había revelado que la Fiscalía indagaba las secciones presuntamente irregulares de Luis Carlos Gómez Góngora, quien laboraba como investigador del CTI y coordinaba con la Sala Diamante, y a Roberto Montenegro, otro funcionario del CTI. Incluso, Gómez Góngora, exfuncionario encargado de coordinar la sala de interceptaciones de la Fiscalía General de la Nación, fue judicializado y cobijado con medida de aseguramiento el 17 de diciembre de 2018.Este miércoles, durante la audiencia de acusación, Gómez Góngora aceptó cargos por los delitos de falsedad ideológica en documento público en concurso con fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.Según la Fiscalía, a la fecha ha judicializado a 121 funcionarios de la entidad “por apartarse de los principios de legalidad y trasparencia que rigen la administración de justicia”.