En medio de las solicitudes judiciales por el gobierno se suma la petición del ministro de Justicia y del Derecho, Iván Alfonso Cancino González, solicitó formalmente a la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo Garzón, profundizar la investigación por el magnicidio del exsenador Miguel Uribe Turbay. La petición busca esclarecer todos los aspectos del crimen y determinar quiénes lo planearon, financiaron y ordenaron.
“La investigación no puede darse por esclarecida únicamente con la identificación de quienes ejecutaron materialmente el homicidio. Colombia necesita conocer toda la verdad: quién dio la orden, quién la transmitió, quién consiguió el dinero, quién facilitó la ejecución y si alguien se valió de su posición o de recursos públicos para hacer posible este asesinato”, señaló Iván Cancino por medio del comunicado.
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La solicitud se conoció después de que María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, divulgara el 15 de octubre de 2026 mensajes que, según explicó, recibió y entregó a las autoridades. En esas comunicaciones se menciona a Luis Alberto Albán Urbano, conocido como ‘Marcos Calarcá’, y se habla de un posible atentado y de una supuesta orden originada en el Senado.
Por una parte, el primer punto pide a la Fiscalía comprobar la autenticidad de los mensajes, chats, correos, fotografías y advertencias divulgados por María Claudia Tarazona. La investigación deberá establecer su origen, fechas, remitentes y destinatarios, además de contrastarlos con otras pruebas para determinar su valor dentro del proceso.
Lo que lleva a que se investigue la posible relación de Luis Alberto Albán Urbano, alias ‘Marcos Calarcá’, con la preparación del magnicidio. También propone remitir la información pertinente a la Corte Suprema de Justicia para que determine si le corresponde fuero constitucional en su condición de excongresista.
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En otro punto, el ministro solicitó verificar la identidad, ubicación y posible participación de Enrique Marulanda. Asimismo, pide examinar sus eventuales vínculos con alias ‘John 40’, la minería ilegal y posibles fuentes de financiación, sin asumir que estas conexiones estén demostradas.
Otro aspecto clave es determinar si servidores públicos o particulares con acceso a información institucional pudieron facilitar el atentado o incurrir en omisiones penalmente relevantes. Asimismo, la Fiscalía deberá verificar la versión sobre una supuesta orden originada en el Congreso, sin dar por demostrada esa hipótesis antes de contar con evidencia suficiente.
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El Ministerio solicita, además, revisar las amenazas, alertas y solicitudes de protección presentadas antes del atentado, comparándolas con las respuestas de las autoridades. El propósito es establecer si hubo fallas institucionales o conductas que deban investigarse y determinar si las advertencias previas fueron atendidas oportunamente.
Pero para ello, desde el gobierno se pide proteger a testigos, fuentes e investigadores, preservar las pruebas que puedan perderse y establecer si existen otros delitos.
Finalmente, el Ministerio solicita a la Fiscalía informar, respetando la reserva legal, si estas líneas de investigación ya hacen parte del expediente y qué dependencia coordina su desarrollo.
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El Ministerio de Justicia insiste en que el magnicidio debe esclarecerse hasta sus últimas consecuencias, sin condenar a nadie a partir de titulares ni convertir versiones periodísticas en sentencias.