Caso ‘Ñeñe Hernández’: policías que chuzaron a sus colegas se declararon inocentes

El mayor de la Policía Yeferson Fabián Tocarruncho Parra y el sargento Wadith Miguel Velásquez García se declararon inocentes de los cargos imputados por la Fiscalía tras supuestamente haber interceptado a cinco de sus subordinados en medio de la investigación que llevaban por la muerte de Óscar Rodríguez, en la que fue interceptado legalmente el ‘Ñeñe’ Hernández.Además, durante la audiencia, el fiscal Daniel Hernández reveló los hechos por los que citó a imputación de cargos al mayor de la Policía Yeferson Fabián Tocarruncho y del sargento de la Policía Wadith Miguel Velásquez, acusados de interceptar a cinco de sus subordinados en medio de la investigación que llevaban por el homicidio de Óscar Rodríguez, proceso en el que se investiga a ‘Marquitos’ Figueroa.Le puede interesar: ‘Ñeñepolítica’: ‘Marquitos’ Figueroa pidió trato como víctima en caso contra policíasSegún Hernández, el mayor Tocarruncho y el sargento Velásquez hacían parte de la Unidad de Vida de la Dijín, tenían un grupo de trabajo de cinco policías en Cali y el mayor comandaba el equipo.Según el relato del ente acusador, todo inició cuando tres de los cinco uniformados hicieron un allanamiento en un domicilio de Cali el 25 de mayo del 2018. Luego, el mayor Tocarruncho recibió una llamada en la que le informaban que los uniformados habían robado un dinero en la diligencia.Después de esa llamada, según la Fiscalía, el mayor Tocarruncho ordenó al sargento Velásquez que interceptara a los cinco uniformados y no abrieron un proceso formal por ese posible hurto en contra de los policías. Al contrario, Velásquez aprovechó la confianza que le tenía la fiscal Jenny Ladino, quien llevaba el caso por el homicidio de Óscar Rodríguez, para ingresar ilegalmente los números en ese proceso.¿Cómo lo hicieron?La Fiscalía reveló que, un día después del allanamiento, el sargento Velásquez recibió una llamada de alias ‘Penca’, en la cual relacionaba al ‘Ñeñe’ Hernández con el homicidio de Óscar Rodríguez y con la organización de ‘Marquitos’ Figueroa, por lo que le facilitó el número de celular del ‘Ñeñe’.Aprovechando la situación, aseguró el fiscal Hernández, el sargento Velásquez utilizó el formato de fuente no formal y adicionó a la información entregada por alias ‘Penca’ los números de sus cinco compañeros de Cali y los calificó como integrantes de la organización con los alias de ‘El Doctor’, ‘El Calvo’, ‘El Propio’, ‘El Rolo’ y ‘El Valluno’. En ese momento también se interceptó legalmente la línea del ‘Ñeñe’ Hernández.Explicó Hernández, que la fiscal Ladino, por la confianza que le tenía al sargento Velásquez, le firmó la autorización de las interceptaciones. Ese 26 de mayo del 2018 ingresaron ilegalmente los teléfonos y estuvieron interceptados mes y medio.Le puede interesar: Legalizan capturas de investigadores del caso ‘Ñeñe’ HernándezAseguró el delegado del ente acusador que en varias oportunidades el analista de la sala de interceptaciones de la Dijín, le dijo al sargento Velásquez que los números pertenecían a cinco policías y que, aunque tuvo la posibilidad de retractarse, se mantuvo la orden de interceptación, argumentando que era orden del mayor Tocarruncho.A pesar de que las líneas fueron interceptadas en el 2018, la fiscal Jenny Ladino supo de esa ilegalidad hasta el 27 de mayo de este año.“Lo primero mayor es que usted es determinador de la conducta, usted generó y reforzó la idea criminal, usted quería saber si sus compañeros eran o no corruptos, si habían robado ese dinero en el allanamiento y debió abrir una investigación por los hechos, pero determinó hacer la actividad ilegalmente. Llevó a que en el caso conocido como ‘Ñeñe’ Hernández, que en realidad es el caso del homicidio de Rodríguez Pomar, se ingresaran los cinco números de sus compañeros. El sargento es autor material de los hechos”, sentenció el fiscal Hernández.Por los hechos, la Fiscalía les imputó cargos a los dos policías por los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público y uso ilícito de comunicaciones que, según el fiscal, daría una pena entre 5 y 12 años de prisión.