Hace poco más de un mes la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en decisión mayoritaria decidió acusar a cinco congresistas y un excongresista que hicieron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público salpicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
De los seis, dos fueron capturados por orden de la misma Corte: Wadith Manzur y Karen Manrique quienes el 8 de marzo habían sido reelectos como congresistas, fueron privados de su libertad hasta tanto avance el proceso en su contra.
Se conoció el salvamento de voto de los magistrados Marco Antonio Rueda y César Reyes quienes se apartaron de la decisión de sus colegas allí en la Sala de Instrucción y detallaron punto por punto el por qué de su desacuerdo con el llamado a juicio y captura de los congresistas.
Para Reyes y Rueda, no toda interacción política entre el Ejecutivo y el Legislativo puede ser considerada automáticamente como un acto ilícito. “Al igual que sostuvimos frente a los cupos indicativos o partidas de desarrollo regional, en lo que denotamos nuestra coherencia, que las negociaciones políticas entre el ejecutivo y los miembros del legislativo en desarrollos de las relaciones inter-orgánicas establecidas en el ordenamiento jurídico corresponden a una consecuencia del diseño estructural del Estado y, en específico, de la adopción para el de un sistema de democracia representativa”, señalaron ambos togados.
Ahora, sobre las capturas de Manzur y Manrique, ambos magistrados coincidieron en que ya se habían reunido para definir la situación jurídica de todos los parlamentarios presuntamente involucrados y la decisión fue no imponer medida de aseguramiento, sin embargo, unos meses después la misma Sala de Instrucción sesionó de manera extraordinaria y decidió enviar a la cárcel a dos de ellos.
“La medida de aseguramiento se decreta ahora sin que surgieran en realidad hechos ni pruebas novedosas”, señalaron los magistrados.
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Los congresistas están siendo investigados por la presunta comisión del delito de cohecho impropio porque presuntamente habrían comprometido su función en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de dádivas.
El proceso judicial detalla que, durante el segundo semestre de 2023, los procesados habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda. El objetivo era emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito de interés para dicha cartera.
En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar según la tesis de la Corte Suprema de Justicia.
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